Norma Patricia Burgos Garza

Expediente 1270/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1270/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • Norma Patricia Burgos Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. Causa estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintinueve de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. III. Archivo y destino archivístico. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 20 fracción IV del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula.

  2. Principal

    101. PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **************, respecto de los actos que reclamó de la Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegado Regional del Estado de Querétaro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que se especificaron en el considerando segundo, con base en los razonamientos expuestos en el diverso tercero de este fallo. 102. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege (vicios de fondo) a ***********, en contra de los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de este fallo, esto es, el Gerente de Recaudación Fiscal de la Delegación Regional Querétaro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Notificadores comisionados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por las razones y fundamentos detallados en el correlativo sexto y para los efectos descritos en el séptimo de la presente sentencia.

  3. Principal

    En Santiago de Querétaro, Querétaro, a las nueve horas del seis de octubre de dos mil veintitrés, la suscrita Mariana del Carmen Domínguez Olán, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, hago constar que quedó debidamente notificada por lista, a la parte QUEJOSA de la resolución de 29 DE SEPTIEMBRE del presente año, en términos de los artículos 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho; contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo *******. En atención al contenido del escrito inicial presentado por la parte quejosa, se procede a su estudio, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: [.] El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. [.] V. Acto reclamado. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: [.] VI. Análisis de improcedencia. En la especie, se advierte la actualización de manera notoria y manifiesta, de una hipótesis de improcedencia dado que la resolución reclamada tiene injerencia sobre una decisión jurisdiccional intraprocesal, cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio de la hoy parte quejosa, por lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario que disponen lo siguiente:[...] De tal precepto, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los "actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: i) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. ii) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estableció que dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. En el caso, los actos reclamados lo constituyen los autos de trece y veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el expediente laboral *************, en los que la autoridad responsable en el primero ordenó suspender el procedimiento en lo principal con el objeto de resolver el incidente de acumulación de autos, por tratarse de una determinación que amerita un previo y especial pronunciamiento, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual, en ese mismo auto se señalaron las "NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS"; y en el segundo se citó a los integrantes del tribunal responsable para la emisión de la resolución inherente al incidente de acumulación. Sn embargo, tales actos por el momento no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que no afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, en virtud de que nada se decidió sobre el fondo de la controversia, tampoco se determinó sobre algún derecho de la parte quejosa, ni se le afectó en forma actual y presente. No es obstáculo para considerar lo anterior, lo alegado por la quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable suspendió el procedimiento, que no lo resolvió en la actuación de veintiocho del mes y año en curso, y que ello produce una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la simple suspensión y el que al día de hoy no hubiere resuelto dicha incidencia, no pueden considerarse como de ejecución irreparable. En efecto, el hecho de que la autoridad Jurisdiccional hubiera suspendido el procedimiento y que llegada el día de la audiencia esto es, el día veintiocho de septiembre del año en curso, ello no es de forma indefinida, ni por un tiempo indeterminado, pues se insiste, en el primer auto impugnado se señalaron las "NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS"; para la reanudación del mismo y la resolución de la incidencia planteada; y si bien la data antes apuntada representa un plazo levemente mayor al previsto en el segundo párrafo del artículo 763 de la Ley de Federal del Trabajo, y que llegada la audiencia no se emitió la resolución respectiva, por sí solo no hace procedente el amparo, ni puede considerarse como ejecución irreparable, pues por la simple violación a los términos procesales establecidos en las leyes, no se considerará de forma automática que se transgrede el artículo 17 constitucional, sino sólo cuando el retardo en el procedimiento sea ocasionado por la propia autoridad y sin justificación alguna. Conforme a lo anterior y analizado el artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltarán a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramiten ni resuelvan los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación, como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006-SS en sesión de siete de marzo de dos mil siete. En efecto, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, particularmente en materia laboral, el más alto Tribunal del País ha establecido que la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede de momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. En vinculación con lo anterior, en cuanto a los términos y plazos establecidos en las leyes procesales, no puede admitirse como válida, la interpretación tendente a su inobservancia de manera reiterada y deliberada, pues ello implicaría la también inaceptable postura de hacer irrelevante la garantía de celeridad en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 Constitucional; tales conclusiones resultarían más absurdas a la luz de la exposición de motivos de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y en las que se reafirmaron los principios que rigen el juicio ordinario laboral, como el de celeridad, economía, concentración y sencillez en el proceso, así como los términos en los que éste se substanciará. En este sentido, a fin de armonizar la inexorable observancia de los derechos fundamentales del gobernado, con relación a la justificación que aducen los órganos labores respecto a la excesiva carga de trabajo a la que están sometidos, es preciso acudir a la normatividad internacional, en la que se obtiene que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6° del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, establece como uno de los elementos del debido proceso, que los tribunales decidan los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo [.] Conforme a esas ideas, el "plazo razonable", debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y correlativamente como uno de los deberes más intensos del Juez, no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa sino fundamentalmente cualitativa. De modo que, el método para determinar el cumplimiento o el incumplimiento por el Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en tiempo razonable, se traduce en un test de sentido común, de sensata apreciación, en cada caso concreto, de ciertas y propias modalidades del asunto. De esta manera, a partir de la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el estado mexicano cuenta con un catálogo afinado de derechos y garantías que vinculan normativamente y permite (o debiera permitir) salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir en tal supuesto a los ordenamientos internacionales a fin de establecer un plazo razonable conforme las particularidades del caso, más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente el contenido de los artículos 8° y 25 de la Convención aludida, los cuales integran a nuestro sistema un bloque de derechos y garantías que permiten configurar con seriedad un proceso justo o una tutela judicial racional. Pero aún más, mediante este fenómeno integrador, se incorporan nuevos contenidos a los derechos contemplados en el texto constitucional y legal. En la doctrina mexicana, se ha señalado lo relativo a la duración de los procesos la celeridad, la diligencia, la prontitud elementos estrechamente vinculados con el debido proceso mismo, el cual tiene que ver con la seguridad jurídica y toca el propio tema de la justicia. El concepto de plazo razonable es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia pero también aplicable a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de las sentencias definitivas o proveídos, como a la diligencia en la ejecución de los fallos judiciales, que son el eslabón final de la cadena que principia y se desarrolla en el proceso. Lo anterior, se relaciona con el tercer elemento destacado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para la determinación de un plazo razonable (comportamiento de autoridades competentes); respecto del cual, ese Tribunal ha sostenido que, en forma reiterada los Estados contratantes, aducen la sobrecarga de trabajo, a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, reflexionando -dicho Tribunal- que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que las autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar los efectos de tales sobrecargas; sin embargo, refiere que cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el carácter de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna. En ese orden de ideas, no se advierte la paralización total del procedimiento del que emanan los actos reclamados, dado que las determinaciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro en que ordenó suspender la tramitación del expediente **************de su índice, por un periodo de tiempo breve, a fin de llevar a cabo, en caso de ser procedente, la acumulación con el diverso ***********, así como el hecho de que no se hubiere emitido la resolución respectiva el pasado veintiocho de septiembre del año en curso, no le causan perjuicio alguno, pues ello no se traduce en una abierta dilación, toda vez que si bien en la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó a la secretaria de acuerdos convocar a los Magistrados que integran las Primer Sala del citado Tribunal, a fin de resolver el incidente planteado, lo cierto es que, tal afectación, no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es la parte actora, pues tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento. Cobra vigencia al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Lo anterior, permite concluir que la simple declaratoria de suspender el procedimiento del expediente ********** en virtud de un incidente de previo y especial pronunciamiento (acumulación) al diverso *************, en el cual se fijaron las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés a fin de llevar a cabo la audiencia incidental prevista; y la diversa en la que se ordenó convocar a los Magistrados integrantes a fin de resolver el citado incidente, resoluciones que no se traducen en una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la simple suspensión no pueden considerarse como de ejecución irreparable. [.] Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, y con base en lo que establece el ordinal 113 de dicha legislación, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como domicilio procesal el ubicado en calle Paseo del Ralo Siete, residencial Santa Fe, Corregidora, Querétaro. X. Acceso al expediente electrónico (consulta). En atención a su solicitud y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", con el nombre proporcionado se encontró el usuario "********". Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes.

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