Norma Patricia Barrón Núñez
Expediente 1130/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Norma Patricia Barrón Núñez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de siete de noviembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Norma Patricia Barrón Núñez. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por Eduardo Campos Gámez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Humberto Salgado Paz; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que el presente asunto se encuentra en estudio con la titular de este órgano jurisdiccional, por lo que, una vez que lo permita la carga de labores que afronta este órgano jurisdiccional se emitirá la resolución correspondiente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA AUTO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE A LA LETRA DICE "...Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1130/2023-VIII. Una vez analizada la demanda, así como las constancias que integran el expediente 119/2023-IV, se aprecia que la quejosa reclama la resolución de cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil M801/2017, en la cual la Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia interpuesto por el demandado Samuel Ramírez Calderón (aquí tercero interesado). Al respecto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo. La referida disposición normativa prevé que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de éstas. Por cuanto ve al primer supuesto, consistente en las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente se trata de aquéllas dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación. Dichas resoluciones se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que se dicten antes o después de concluido el juicio en lo principal. En relación con el segundo supuesto, es decir, las resoluciones emitidas en ejecución de las sentencias de amparo, la fracción IX del numeral 61 se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución de acuerdo con los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. De manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En contraste, esta causa de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de amparo. De lo expuesto, se observa, en lo que interesa al caso, que conforme con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las resoluciones emitidas en ejecución de las sentencias de amparo son aquellas dictadas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, a partir de los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, esto es, aquéllas en las cuales la responsable no tiene libertad de decisión. A través de la demanda que se atiende, ******************** promueve juicio de amparo en contra de la resolución de cinco de octubre del presente año, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil M801/2017, en la cual la Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia interpuesto por el demandado Samuel Ramírez Calderón. Por otra parte, según la certificación y las constancias de cuenta, se aprecia que en este juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo indirecto 119/2023-IV, promovido por Samuel Ramírez Calderón, contra actos Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad, donde fue reconocido el carácter de tercera interesada a ********************. Luego, el dos de octubre de dos mil veintitrés se dictó sentencia, en la cual se concedió el amparo a Samuel Ramírez Calderón, a fin de que la Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad cumpliera con los efectos siguientes: ... En ese orden, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que la aludida resolución de cinco de octubre del año en curso, que la aquí promovente ******************** pretende impugnar a través de la acción constitucional, fue emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 119/2023-IV, donde no se otorgó libertad de jurisdicción a la responsable, sino que se le impuso declarar fundada la acción de Samuel Ramírez Calderón y consumada la prescripción en el sumario mercantil indicado, según se desprende de los efectos de la concesión transcritos. Apoya a lo anterior que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que el sobreseimiento en el juicio derivado de la actualización de la causa de improcedencia analizada no viola el derecho del gobernado a contar con un recurso eficaz, al resolver el amparo directo en revisión 6108/2014 consideró que el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz. Puntualizó que la improcedencia prevista en los artículos referidos deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Refirió que la norma aludida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial, sino del propio órgano jurisdiccional que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta. Por tanto, concluyó que esa medida legislativa también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia en este país. ... En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, y a ******************** como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Protección de datos personales. Con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-
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