Norma Patricia Alvarado Sanchez
Expediente 924/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/10/2023
Partes del expediente
- Norma Patricia Alvarado Sanchez
- NORMA PATRICIA ALVARADO SANCHEZ y Otros.
- Agente del Ministerio Publico Titular de la Agencia Investigadora del Mariano Matamoros, En Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito que signa la quejosa, mediante el cual pretende ampliar su demanda respecto de actos reclamados y conceptos de violación vinculados a los mismos. Análisis de la ampliación de la demanda de amparo. Este juzgado procede a analizar la ampliación de demanda de que se trata, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este impone la obligación de su examen, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, en el entendido de que la misma debe analizarse como un todo en cuanto a cada uno de sus apartados. Para mayor claridad es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad por los que pretende ampliar la demanda de amparo, atendiendo a la integridad del escrito de ampliación, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Así, de un análisis integral de la ampliación demanda, como se dijo, revisada como un todo, se obtiene que la quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable la omisión de investigar la denuncia realizada dentro de la carpeta NUC 204-2023-17342 y de ordenar medidas de garantía de la reparación del daño. Quien provee considera viable su desechamiento, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo que debe ser estudiado de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el precepto 62 de la Ley de Amparo. Se sostiene lo anterior pues en el caso a estudio, se estima que la ampliación de demanda de amparo promovida por Norma Patricia Alvarado Sáncez, es improcedente, al actualizarse respecto a los actos reclamados citados con antelación, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad respecto del mismo. Como preámbulo se señala que el precepto y fracción citados, establecen lo siguiente: "Arti´culo 61. El juicio de amparo es improcedente:[...]XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algu´n juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposicio´n del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que preve´ esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensio´n definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensio´n provisional, independientemente de que el acto en si´ mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligacio´n de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentacio´n, cuando so´lo se aleguen violaciones directas a la Constitucio´n o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable sen~ala la fundamentacio´n y motivacio´n del acto reclamado, operara´ la excepcio´n al principio de definitividad contenida en el pa´rrafo anterior; [...]". Precisado lo anterior, es imperante dejar claro que el juicio de amparo es medio extraordinario de defensa; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretenden los agraviados pueden obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, de ahí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo; es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado o modificado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen la violación de derechos humanos como último recurso. De lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así, los elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: 1. El acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; 3. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. 4. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Elementos todos los anteriores que se actualizan en la especie y se sostiene así por las razones que a continuación se expondrán: El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." Bajo esa premisa, por lo que ve al acto reclamado que se hace consistir en la omisión de investigar la denuncia realizada dentro de la carpeta NUC 204-2023-17342 y de ordenar medidas de garantía de la reparación del daño, es necesario señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 28/2018 (10a.), estableció lo siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. De ahí que, si el quejoso tiene a su alcance el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, es inconcuso que existen medios ordinarios que deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. Consecuentemente, si la petición del promovente radica, en esencia, en la omisión de investigar la denuncia realizada dentro de la carpeta NUC 204-2023-17342 y de ordenar medidas de garantía de la reparación del daño; entonces, se advierte que, existe la posibilidad que un Juez de Control resuelva el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de ordenar al fiscal correspondiente para que realice los actos de investigación que estime pertinentes y ordene lo que corresponda en relación a las medidas cautelares solicitadas por la ofendida. Entonces, se reitera, el quejoso acudió a la vía constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de los actos que han quedado precisados en la presente resolución; empero, no existe prueba alguna en autos que justifique que el impetrante del amparo siguió el procedimiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que lo obliga a agotar las instancias ahí contempladas. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de investigar la denuncia realizada dentro de la carpeta NUC 204-2023-17342 y ordenar medidas de garantía de la reparación del daño; se desecha de plano la ampliación de demanda promovida por Norma Patricia Alvarado Sánchez. Diferimiento. A fin de dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del presente auto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/20121 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Se rinde informe. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Documentales. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales ofrecidas por la autoridad responsable, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede se advierte que se encuentra en vías de ser entregado el oficio 17934/2023, dirigido a la autoridad responsable Unidad de Trámite Masivo de Causas (UTMC) de Zona Mariano Matamoros de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por el cual se le requirió rindiera su informe justificado. Diferimiento de audiencia. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Notificación innecesaria a autoridad. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a la autoridad responsable a efecto de notificarle la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Quejosa aclara denominación de autoridad responsable. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual se tiene a la parte quejosa aclarando la denominación correcta de la autoridad responsable que ahora señala como: "Unidad de Tramite Masivo de Causas (UTMC) de Zona Mariano Matamoros de la Fiscalía General de Estado de Baja California, con sede en esta ciudad", y no como inicialmente había precisado. Informe justificado. En consecuencia y en atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días hábiles, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclaman; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, en el entendido que en el informe de mérito se deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión que dichas documentales deben ser nítidas, completas y en forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual, se estima que la ilegibilidad de las constancias o su falta de nitidez en el caso, equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiéndose manifestar el impedimento legal que se tenga para hacerlo. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que, en su caso, remitan el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíen físicamente a este juzgado. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito en los términos indicados, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios en los que se encuentren ubicadas las autoridades responsables locales en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Asimismo, en caso que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se impondrá a la autoridad, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a la responsable para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Conocimiento previo. Solicítese a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se les reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Audiencia constitucional. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable que se fijaron las once horas con diez minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Notifíquese.
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