Norma Olivia Marín Álvarez

Expediente 507/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
507/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
28/08/2018

Partes del expediente

  • Norma Olivia Marín Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VI.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (fojas 90 a 92), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante sentencia firmada el veintiocho de mayo del año en curso (fojas 43 a 54), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). Por último, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia y relevancia. En el entendido que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa (punto segundo, inciso XVIII del acuerdo citado); asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención; en virtud de lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, debiendo dejar en su lugar copia simple de los mismos para la debida constancia legal, al tratarse de un asunto concluido, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.

  2. Principal

    VI.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la primera certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa para que realizara las manifestaciones que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que no manifestó su inconformidad respecto a dicho cumplimiento, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso las autoridades responsables dieron o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. Mediante sentencia firmada el veintiocho de mayo del año en curso (fojas 43 a 54), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Norma Olivia Marín Alvarez, contra la omisión reclamada al Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por las razones y para los efectos asentados en el considerando último de la presente resolución." Por auto de veintisiete de junio de la presente anualidad (fojas 62 a 65), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió a las responsables para que dieran cumplimiento a la sentencia, la cual se concedió para los efectos siguientes: "Por todo lo anterior, es que procede conceder el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios a través del Presidente del Comité de Pensiones: Atiendan la solicitud de pensión presentada por Norma Olivia Marín Álvarez, el dieciséis de febrero del dos mil dieciocho, dentro del plazo de tres días, y, en consecuencia emitan la respuesta que en derecho proceda de manera escrita y en forma fundada y motivada, esto es: resuelvan si es procedente o no otorgar la pensión solicitada por la quejosa; sin que al respecto se esté vinculando a las autoridades responsables a responder favorablemente a los intereses de la solicitante. Notifiquen dicha respuesta de forma personal a la solicitante del amparo en el domicilio señalado en el forma de solicitud de pensión." En ese orden, mediante oficio registrado con número de control interno 14304, la representante legal de las autoridades responsables, remitió copia certificada de la resolución de veintidós de junio del año en curso, por medio de la cual da respuesta a la petición presentada por la parte quejosa, además exhibió la constancia de notificación personal por medio de la cual le hace del conocimiento dicha respuesta. Por ende, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y el cumplimiento realizado por las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplida en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, pues se dio respuesta a la solicitud presentada por la quejosa, en relación a la procedencia de la pensión, fundando y motivando dicha respuesta, además, se le notificó personalmente dicha determinación, por lo que evidentemente se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.

  3. Principal

    VI.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su dispositivo legal 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual remite copia certificada de las constancias de notificación del dictamen CP/45976/2018, realizada a la parte quejosa, en cumplimiento al fallo protector. En esas condiciones, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las constancias que obran en autos tendentes al cumplimiento del fallo protector para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable han dado cumplimiento al fallo protector, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá si la sentencia dictada en autos ha sido cumplida, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    VI.-Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su precepto legal 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por el cual solicita se le conceda una prórroga para poder dar cumplimiento de la ejecutoria, toda vez que el trámite de pensión se encuentra sujeto a diversos procedimientos, hoja de periodo cotizados, revisión y calculo de pensión por el analista, sesión de comité donde se revisa el procedimiento realizado, la asistencia del derecho de pensión y en su caso el monto de pensión que corresponde. En consecuencia, con fundamento en el párrafo cuarto del artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede por una prórroga de diez días, a fin de que informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de hacer caso omiso a lo anterior, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. En el entendido que no basta con girar oficio para ordenar o requerir el cumplimiento solicitado, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñir a su subordinado, al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, circunstancias todas que deberá hacer del conocimiento a este Juzgado de Distrito y remitir constancias con las que acredite su actuar. Con el apercibimiento que de no demostrar que realizó las gestiones necesarias para que se cumpla con la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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