Norma Olivares Montes

Expediente 1328/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1328/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Norma Olivares Montes
  • Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    I. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1328/2023-I; y, R E S U L T A N D O I. ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. II. En proveído del diez de noviembre pasado, este juzgado federal admitió a trámite la demanda, la registró con el número 1328/2023-I, solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues el acto reclamado es de carácter omisivo y la demanda de amparo se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hace consistir en: La omisión de resolver la solicitud de pensión de la quejosa, presentada ante la autoridad responsable el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Tercero. El representante legal de la autoridad responsable Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante oficio con registro 15156 aceptó la existencia del acto reclamado, al señalar que no ha emitido una respuesta a la solicitud de la quejosa. Por tanto, se tiene por cierta su existencia. Resulta aplicable la jurisprudencia 278, publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que de conformidad con el artículo 3 del Manual de Operación del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, dicho Comité tiene como objeto resolver las solicitudes para el otorgamiento de prestaciones en materia de pensiones a los derechohabientes de ese instituto. Cuarto. Procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden este órgano jurisdiccional no advierte causa de improcedencia que hayan hecho valer y tampoco se considera que se actualice alguna; por lo que no es necesario analizar cada una de las hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe precepto que obligue a hacerlo. Sustenta lo anterior la tesis II.2oP.A.20K, publicada en la página 297, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Enero de 196, número de registro 203408, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. NO EXISTE OBLIGACION DE ANALIZAR TODAS LAS QUE HIPOTETICAMENTE PREVE EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EXPLICAR EN TODA SENTENCIA LA RAZON POR LA CUAL NO SE ACTUALIZAN." Al no existir causas de improcedencia invocadas por las partes o que se advierta la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. Quinto. En lo conceptos de violación la quejosa sostiene sustancialmente: Aduce, en esencia, que la responsable transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8o. Constitucional, en relación con el 73 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al omitir dar respuesta a su solicitud de pensión, no obstante que el segundo precepto en comento le otorga a la autoridad un plazo de treinta días para que resuelva sobre la procedencia de una pensión, sin que así lo haya hecho. Destaca, que su solicitud fue presentada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, sin que se hubiera dado respuesta a su petición, por lo que resulta evidente que han transcurrido en exceso más de treinta días para que la autoridad se pronunciara al respecto. Previamente, al estudio correspondiente, se estima necesario conocer el contenido del artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como los numerales 68 y 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que disponen lo siguiente: "Artículo 73.- El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente (.)" "Artículo 68. El trámite para el otorgamiento de las pensiones en sus diferentes modalidades, se iniciará a petición de parte, por escrito, mediante los formatos establecidos por el Instituto, debiendo cumplir además con los siguientes requisitos documentales: I. Solicitud de pensión debidamente requisitada; II. Copia certificada del acta de nacimiento del servidor público. III. Comprobantes de sueldo de los últimos ocho meses laborados, en el caso de que el servidor público haya mantenido durante sus últimos tres años el mismo nivel y rango; o los comprobantes del sueldo de los últimos tres años, cuando durante dicho plazo haya cambiado su nivel y rango o cuando sus percepciones correspondan a horas clase. En caso de no contar con los comprobantes de sueldo a que hace referencia el párrafo anterior, la Institución Pública podrá emitir una certificación con la información que tenga registrada en sus archivos, la cual deberá contener el sueldo sujeto a cotización desglosado tanto de percepciones y deducciones percibido durante el periodo en que se ubique el servidor público. Se considerará como último sueldo cotizado aquél que se encuentre en los registros presentados ante el Instituto. Sólo en caso de no haber sido enterados dichos registros, se considerarán los comprobantes de pago expedidos por la Institución Pública; y IV. Certificación expedida por la Institución Pública en la que se establezca el tiempo de servicio aportado con base al sueldo sujeto a cotización, el desglose del nivel y rango de los últimos tres años y los permisos sin goce de sueldo otorgados; con excepción de aquellas Instituciones Públicas que en las nóminas que presentan ante el Instituto contemplen estos registros." "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." Los anteriores preceptos regulan el procedimiento que se debe seguir para acceder a una pensión por parte del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, el cual inicia con la presentación de una solicitud, mediante los formatos establecidos por el Instituto, adjuntando los diversos requisitos documentales enlistados. Asimismo, se advierte que cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente, a fin de que dentro del plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, en el entendido de que en caso de omisión se tendrá por no presentada la solicitud. De igual forma, los anteriores preceptos prevén un plazo máximo de treinta días para que el gobernado obtenga una respuesta a su solicitud de otorgamiento de pensión, la cual estará disponible en la unidad administrativa donde se inició el trámite. Destacado lo anterior, se estima esencialmente fundado el concepto de violación formulado por la quejosa, pues la omisión en que ha incurrido la autoridad al no dar respuesta a la solicitud de pensión dentro del plazo que la legislación aplicable prevé para tal efecto, transgrede en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. Pues la violación que acusa la quejosa se vincula con los actos del procedimiento regulado al tenor de los numerales previamente transcritos, en los cuales se establece un parámetro temporal para el ejercicio de las facultades de la autoridad. Al respecto, importa resaltar que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho a la justicia pronta consagrado en el artículo 17 Constitucional, implica que, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, como en el caso acontece, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra manera no se entendería el porqué de su establecimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, página 772. Registro: 2015154, de rubro y texto siguiente: "DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. El ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LI/2002 (*), sostuvo que los principios que conforman el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, deben adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa. En ese contexto, avanzando en la interpretación del precepto constitucional citado, en concreto, respecto al derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento." Por lo anterior, si el ordenamiento que rige el otorgamiento de pensiones por parte del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece una serie de pasos y requisitos a seguir, sujetando la actuación de la autoridad a un límite temporal, es inconcuso que ésta se encuentra obligada a actuar dentro del plazo establecido, por lo que al no hacerlo, se vulnera en perjuicio del impetrante el derecho a la justicia pronta previsto en el artículo 17 Constitucional en su vertiente al respeto de los plazos establecidos por el legislador para la actuación de las autoridades administrativas. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que en términos del artículo 75, párrafo segundo del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, la responsable asegura que existe una excepción al plazo de treinta días para dar respuesta a la solicitud de pensión, cuando se trate de aquellas que, por su Naturaleza, requieran de mayor tiempo para su resolución. Lo anterior, pues la autoridad no esboza razón o motivo alguno inherente a la naturaleza intrínseca del escrito en cuestión, que le haya impedido pronunciarse dentro del plazo de treinta días establecido en la legislación aplicable, aunado a que tampoco acredita que se hubiere prevenido al quejoso en términos de la citada porción normativa; sino que argumenta que su actuar se debe a la sobre carga de trabajo, lo que en modo alguno puede justificar la violación de derechos advertida. En virtud de lo expuesto, ante la falta de respuesta a la solicitud de actualización de pensión, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************, para el efecto de que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, (por conducto del servidor público competente), dentro del término de tres días posteriores a que cause ejecutoria la presente sentencia: a) Emita de manera escrita la resolución que en derecho proceda respecto de la solicitud de pensión de la quejosa, presentada ante el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. b) La haga del conocimiento de la parte quejosa a través de la (Oficina de Atención al Derechohabiente Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios) (al haber sido esta última la autoridad ante quien se presentó la solicitud) Es importante destacar que el sentido de la respuesta o su fundamentación no son motivo de la concesión del amparo, por lo que bastará que la autoridad responsable emita la resolución que conforme a derecho corresponda y la hagan del conocimiento de la parte quejosa, para que la sentencia se tenga por cumplida. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Único. Se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, por derecho propio, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; y por vía electrónica a la quejosa Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, dando cumplimiento a lo solicitado mediante proveído del diez de noviembre, de lo que se adquiere conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese y por vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Incidental

    I. -Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor trámite el informe previo del Jefe del Departamento Contencioso Administrativo de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, toda vez que el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés se resolvió la suspensión definitiva. Conforme a los numerales 9o. y 28 de la misma legislación, de la autoridad se tienen como delegadas a las personas que designa y como domicilio el que señala. Téngase por autorizado al usuario que indica para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" a efecto de que realicen los registros convenientes. Se toma conocimiento del correo electrónico que indica, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere durante la tramitación del presente juicio. Notifíquese y por vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Incidental

    I. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1328/2023-I; y, R E S U L T A N D O I. **********, por propio derecho, solicitó el amparo contra actos del Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. II. Por auto del diez de noviembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, ordenó formar el incidente de suspensión, en el cual solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y fijo día y hora para la audiencia incidental, misma que se celebró en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Único. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República; así como de los diversos 128, 129, 131 y 138 de la ley de la materia, se desprende que, para conceder la suspensión en el juicio de amparo, se requiere lo siguiente: 1. Que expresamente la solicite el quejoso. 2. Que haya certidumbre de los actos cuya suspensión solicita. 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita suspensión. 4. Que no se siga perjuicio al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público. Esto último en atención a lo previsto en el artículo 129 de la ley de la materia. 5. La realización de un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. De los puntos descritos se obtiene que para el otorgamiento de esta medida suspensiva el juzgador de amparo debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de los actos reclamados y de violación alegada, así como a los daños y perjuicios que con la suspensión se originan al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social no la contravención de disposiciones de orden público. El primer punto se encuentra acreditado, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión presentada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. En relación con el segundo punto es necesario destacar que la autoridad Presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, fue omisa en rendir su informe previo, por tanto, presume cierto el acto reclamado. Sin embargo, con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo se niega la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos reclamados, toda vez que tienen el carácter de omisivos y contra estos es improcedente conceder la medida cautelar, pues tal acto no es susceptible de suspenderse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Abril de 1997, Página 214, del rubro siguiente: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS". De igual manera el aludido acto tiene la naturaleza de ser negativo y respecto del cual, la medida suspensional solicitada igualmente es improcedente, ya que de ser concedida se estarían dando efectos restitutorios, propios del fondo del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis aislada I.3o.C.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; Novena Época; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XV, de Marzo de 2002; página 1468, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS". En el caso, como se dijo, el acto reclamado es de carácter omisivo, y por ello no es factible acceder a la medida cautelar, dado que sólo se trata de inactividad de la autoridad responsable. Además, la suspensión en el juicio de amparo es la paralización, la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca, y si ya se inició, no prosiga, no continúe, que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados, que se evite que éstos se realicen; empero dicha medida suspensional carece de efectos destructivos o restitutorios, pues se limita a conservar la situación existente al producirse el acto reclamado y no es constitutiva de derechos. En esas condiciones, los actos positivos pueden ser suspendidos y los negativos u omisivos no, porque la medida precautoria no puede tener el efecto de forzar a la autoridad a que actúe, ya que ello sería contrario a la esencia de la suspensión y reconocerle ese alcance equivaldría a darle efectos restitutorios, de los que carece, por ser propios de la sentencia de fondo. De ahí que no es dable conceder la medida suspensional del acto reclamado, pues sería tanto como ordenar a la responsable para que no continuara con la conducta omisiva que se le reclama, lo que implica que se generen efectos restitutorios que no son propios de la suspensión en el juicio de amparo sino, en su caso, de la sentencia que se dicte en el juicio principal. En efecto, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA", aplicable al caso, establece con claridad que tratándose de actos omisivos, lo importante para que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Lo anteriormente expuesto permite advertir que el efecto de la suspensión no puede actualizarse momento a momento, al contrario, si se ordena que se pronuncie sobre su escrito de demanda, la suspensión coincidiría exactamente con el efecto de una eventual sentencia estimatoria de amparo, pues ésta tendría que ordenar, ante la inconstitucionalidad de la omisión reclamada, en todo caso, la emisión del pronunciamiento respectivo. Por ende, en el caso de otorgarse la suspensión del acto omisivo reclamado, el efecto restitutorio agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, por lo que en términos de la jurisprudencia antes citada, en el caso no es posible jurídicamente conceder la suspensión del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva, por los motivos expuestos en el considerando que antecede. Notifíquese y por vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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