Norma Noemi Esparza Ortega
Expediente 589/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Norma Noemi Esparza Ortega
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Oaxaca, mediante el cual informa que no insistió en declinar la competencia del asunto; asimismo, que admitió a trámite la demanda de amparo formulada por ******. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Recepción de oficio y formación de expediente. Por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Oaxaca, al que adjuntó el escrito original de la demanda de amparo y nueve copias de esta para correr traslado, promovida por *******. Acúsese recibo vía electrónica. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 589/2018-IV. Análisis de la incompetencia planteada. Ahora bien a efecto de verificar si la competencia del asunto se surte para este juzgado, es menester precisar que la parte quejosa señala como actos reclamados en esta instancia constitucional los siguientes: La promulgación del decreto, discusión, votación, aprobación, participación, refrendo, expedición y publicación de la ley y Decreto por el que se expide el artículo décimo transitorio, fracción II, Inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en vigor a partir del uno de abril de dicho año. La expedición y publicación del artículo 20, fracción II, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, publicado el veintiuno de julio de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación. La resolución contenida en el oficio número SP/DPSH/PEN-307/2018, del índice de la Delegación Estatal Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, de veinte de junio de dos mil dieciocho, emitido en esta ciudad. La negativa de otorgarle una pensión por edad y tiempos de servicio. La aplicación retroactiva y primer acto de aplicación del artículo décimo transitorio fracción II, inciso b) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en vigor a partir del uno de abril de dicha anualidad; y artículo 20 fracción II, del reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, publicado el veintiuno de julio de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación. En tal virtud, el juez de distrito declinante sostuvo que no era legalmente competente para conocer del juicio constitucional, tomando como base que la quejosa reclamó la inconstitucionalidad de leyes heteroaplicativas, y el primer acto de aplicación ocurrió en esta ciudad de Celaya, con motivo de la emisión del oficio número SP/DPSH/PEN-307/2018, por parte de la Delegación Estatal Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, de veinte de junio de dos mil dieciocho, en el que se negó el otorgamiento de la pensión que solicitó la quejosa; por lo que estimó que las consecuencias jurídicas y materiales que dicho acto de aplicación fue en esta localidad, es decir, fuera de la jurisdicción territorial del tribunal declinante. Ahora bien, para establecer la competencia del Juzgado de Distrito que deba conocer del asunto debe atenderse principalmente a la naturaleza del acto reclamado. Siendo que en el caso, adverso a lo sostenido por el juzgado declinante, el acto reclamado carece de ejecución, pues si bien el primer acto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional, lo es resolución contenida en el oficio número SP/DPSH/PEN-307/2018, del índice de la Delegación Estatal Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, de veinte de junio de dos mil dieciocho, en la que se le negó el otorgamiento de la pensión solicitada por la parte quejosa (por edad y tiempo de servicio). Empero, dicha resolución administrativa por sí sola no tiene principio de ejecución, habida cuenta que se está en presencia de un acto negativo (en los que la autoridad se rehúsa expresamente a obrar a favor de la pretensión del gobernado, que se traduce en un no conceder o no aceptar lo solicitado por este), por lo que dicho acto no requiere de ejecución material alguna y en esa medida, a consideración de este jusgador, no es aplicable la regla de competencia aducida por el juez declinante sino la prevista en la última parte del citado numeral 37 de la Ley de Amparo, que prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, se considera que la resolución contenida en el oficio número SP/DPSH/PEN-307/2018 de veinte de junio de dos mil dieciocho, la cual también constituye acto reclamado, no cuenta con principio de ejecución, en virtud que es un acto meramente declarativo. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la tesis jurisprudencial V.3o.P.A. J/9 (10a.), visible en la página 1743, libro 53, abril de 2018, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EXISTENTES EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA (FOVISSSTESON). AL SER UN ACTO MERAMENTE DECLARATIVO, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La negativa a la devolución de los depósitos existentes en la subcuenta de vivienda del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (FOVISSSTESON), constituye un acto negativo carente de ejecución, porque no modifica ni altera el estado de las cosas existentes, ya que mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que pidió se le restituyeran. Por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, corresponde al Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, al actualizarse la regla establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues dicho acto es meramente declarativo." Por consiguiente, al no tener ejecución el oficio número SP/DPSH/PEN-307/2018, emitido por la Delegación Estatal Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el veinte de junio de dos mil dieciocho, en el que se le negó el otorgamiento de la pensión solicitada por la parte quejosa, resulta inconcuso que la competencia por cuestión de territorio se actualiza en favor del Juzgado de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, esto es, en favor del juzgado declinante, atentos a lo dispuesto por la parte final del artículo 37 de la Ley de Amparo. Máxime que la intención del legislador, en la redacción del artículo 37 de la Ley de Amparo, es facilitar a los gobernados el acceso al servicio de administración de justicia, lo que les permite que estos opten por el tribunal al que les resulta más sencillo acudir. Sin que se soslaye, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en el juicio de amparo, en virtud de que las interpretaciones realizadas fueron en relación con disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y, por tanto, se estima, que en términos del artículo sexto transitorio del decreto publicado en el citado medio de difusión el dos de abril de dos mil trece, al contraponerse a lo regulado por la legislación vigente, tal criterio es inaplicable. Aunado a que atendiendo al sentido y alcance del citado derecho -acceso a la justicia-, el cual ya fue ponderado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer y resolver la contradicción de tesis 13/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 22/2013 (10a.), la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de amparo ante la autoridad de amparo que previno, permite presumir humanamente que en ese lugar tiene un acceso a la impartición de justicia más cercano. Además, que el acto reclamado consistente en la negativa de otorgar la pensión que fue solicitada por la quejosa, aun cuando se señala como el primer acto de aplicación de la norma reclamada, tal acto implica la posible privación del ejercicio del derecho de la parte interesada a disfrutar de una pensión, y está intrínsecamente ligado al domicilio de la beneficiaria por ser razonablemente el lugar en el que posiblemente la puede cobrar y disfrutar, al ya no estar unido a su centro de trabajo; domicilio que se advierte, con las documentales que adjuntó a su demanda de amparo (hoja única de servicios), lo tiene en el estado de Oaxaca. Bajo este tenor, de considerar que las determinaciones reclamadas contienen una ejecución, tal acto tendría consecuencias materiales en el ámbito privado de la persona que pretende acceder a una pensión, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que se demande algún artículo en el que se fundamentó, tal situación es consecuencia natural de la negativa contenida en el oficio reclamado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia PC.V. J/9K (10ª.), sustentada por el Pleno del Quinto Circuito, visible a página 1506, libro 32, julio de 2016, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados." En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el multicitado artículo 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito estima que el Juez de Distrito declinante es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********; por lo que no se acepta la competencia declinada y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena comunicar esta determinación al Juez Segundo de Distrito en el estado de Oaxaca, y remitir a su lugar de origen la demanda de mérito y sus anexos, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, solicitando el acuse de recibo en el que se informe sobre la determinación tomada al respecto.
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