Norma Meza Dorantes
Expediente 491/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Norma Meza Dorantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia de la Titular, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, autorizada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio 5407/2022, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. ***; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. ***Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veinte de junio de dos mil veintidós; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior sin que se inadvierta que aún no transcurre el plazo indicado el Tribunal responsable, toda vez que en términos del segundo párrafo del artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias cuando el acto reclamado se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional, como en el caso acontece. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones expuestas en su contenido, la jurisprudencia 2a./J. 76/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2007242, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, página 920, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMÓ LA NEGATIVA A REGISTRAR UN SINDICATO O LA TOMA DE NOTA DE CAMBIO DE SU DIRECTIVA." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo en el juicio laboral de origen." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2967/2022 de veintisiete de junio de dos mil veintidós, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 491/2022-III-B promovido por **************************, por conducto de su apoderada legal; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintidós de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el veinticinco del mismo mes y año en este órgano jurisdiccional, Norma Meza Dorantes, por conducto de su apoderada legal solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Una vez subsanada la prevención, por auto de trece de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda registrada con el número expediente 491/2022-III-B; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como emplazar a la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de emitir el laudo dentro del juicio laboral 01/936/18. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo que se acredita además con la copia certificada de las constancias que remitió como complemento al informe justificado las cuales ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. La autoridad responsable aduce que no existe un agravio personal, material ni directo en la esfera jurídica del quejoso, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho argumento debe desestimarse, pues está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia P./J. 135/2001, con número de registro 187973, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Con independencia de lo anterior, esta juzgadora no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En suplencia de la queja, resultan esencialmente fundados los argumentos contenidos en los conceptos de violación, los cuales son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado así, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 número de registro, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". De esos principios destaca el relativo a justicia pronta que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Ahora bien, para sustentar lo fundado de los conceptos de violación es oportuno reproducir los artículos 115, 116, 117 y 119 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, los cuales norman el procedimiento laboral en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: "Articulo 115. El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Artículo 116. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas en que se funden y los documentos que acrediten la personalidad. Artículo 117. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que si no concurriere a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Artículo 119. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda.". Como se observa, el procedimiento laboral ante el citado Tribunal Estatal es claro y breve, ya que el juicio se inicia con la demanda, la contestación se hace en igual forma, y en una sola audiencia, previa conciliación, se da contestación a la demanda, se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta el laudo correspondiente; procedimiento y resolución que deberá efectuarse en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. En el caso, el término referido para la tramitación y conclusión del juicio laboral del cual emana la omisión reclamada ha transcurrido en exceso sin que a la fecha se haya emitido el laudo respectivo. Lo anterior, pues de lo relatado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, así como de las constancias que adjuntó al informe justificado la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: El juicio burocrático se instauró en el año dos mil dieciocho. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, se hizo constar que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, por lo que se ordenó dar vista a las partes. Con fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, se certificó que el término de tres días otorgado por auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, previsto en el artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo, había transcurrido, por lo que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de Laudo. Las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, se concluye que el juicio de origen data del año dos mil dieciocho y aún no se ha resuelto (dos mil veintidós), lo cual transgrede el numeral 17 constitucional que establece como características de la impartición de justicia, la gratiudad, prontitud y expeditez; violación directa que es considerada de ejecución irreparable y trasciende a los derechos de la parte quejosa. La Ley del Servicio Civil prevé actuaciones establecidas para el trámite y resolución de los juicios laborales y el Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda; la parte quejosa presentó la demanda de amparo el veintidós de abril de dos mil veintidós; en ese sentido, a la instauración del juicio de amparo, había una demora sin que la responsable se pronunciara respecto al dictado del laudo en el juicio laboral de origen, toda vez que desde el trece de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable cerró instrucción, y turnó el expediente laboral en cita para elaborar el proyecto de laudo de ley, sin que a la presentación de la demanda de amparo se haya pronunciado al respecto, dejando inactivo el juicio. Lo que acontece en el caso, pues se actualiza una abierta dilación en el juicio laboral de origen, toda vez que de la fecha que se cerró instrucción y se turnó el expediente para elaboración del laudo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se ha elaborado el mismo pese a haber transcurrido siete meses y actualmente (diez meses) no se resuelve el juicio de origen por lo que excede el término máximo de seis meses; esto es, el trámite y resolución del juicio de origen ha superado el plazo legal máximo para su conclusión. Entonces, si la demanda laboral fue presentada en el año dos mil dieciocho y desde el dos de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable consideró no quedaban pruebas pendientes por desahogar, estaba en condiciones de emitir resolución en forma de laudo, sin que lo hubiera hecho. Lo anterior se robustece con el acuerdo de cierre de instrucción dictado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual la responsable ordenó turnar lo autos a proyecto de resolución en forma de laudo, sin que lo haya emitido. Por tanto, para resarcir la violación, la autoridad debe cumplir lo que la norma exige, esto es, dictar el laudo respectivo. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SEXTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo en el juicio laboral de origen. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), con registro digital 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por tanto, la sentencia tiene por efecto que el Tribunal dicte el laudo correspondiente, con independencia de su sentido; a más que presumir que incurrirá en actos de omisión posteriores, implica desconocer la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a **************************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones quinta y sexta de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Jorge Manuel Diaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe.
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