Norma Mayo González

Expediente 632/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
632/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
31/01/2018

Partes del expediente

  • Norma Mayo González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese

  2. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 632/2017; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito recibido el siete de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Norma Mayo González, por su propio derecho, presentó demanda de garantías contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con domicilio en Chilpancingo. ACTO RECLAMADO "(.) el acuerdo de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, dictado por la Autoridad Responsable en el expediente laboral número 53/2017 en el cual omitió notificar a los demandados e indebidamente señaló como fecha para el desahogo de la audiencia de PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN, LAS DOCE HORAS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE (.)" SEGUNDO. Precepto Constitucional reclamado. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en el artículo 17 Constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diez de julio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 632/2017, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de la demanda. Por escrito recibido el diez de octubre de dos mil diecisiete, la quejosa amplió su demanda y señaló como nuevos actos reclamados de las autoridades designadas como responsables, los siguientes: ACTOS RECLAMADOS "Señalo también como acto reclamado del PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTADO DE GUERRERO: El acuerdo dictado en audiencia del tres de octubre del dos mil diecisiete dictado en el juicio laboral que tengo entablado en contra del AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, expediente 53/2017 del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. Señalo también como acto reclamado del ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTADO DE GUERRERO: La no preparación de las pruebas ordenadas en acuerdo dictado en audiencia del tres de octubre del dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral que tengo entablado en contra del AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, expediente 53/2017 del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO." QUINTO. Trámite de la ampliación de la demanda. Por auto de diecinueve de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la ampliación planteada, por lo que se dio vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción y se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado. SEXTO. Celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previos diferimientos, se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de actos y omisiones dentro del juicio laboral que se tramita ante una autoridad que radica en el ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y escrito de ampliación, en relación con las constancias de autos, se precisa que la parte quejosa, como actora en el juicio laboral 53/2017, reclama por esta instancia: 1. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: a) el acuerdo de cinco de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual señaló hasta el tres de octubre siguiente para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. b) el acuerdo de tres de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual señaló hasta el doce de enero de dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba confesional a su cargo. 2. Del Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: c) la omisión de notificar a la parte demandada su comparecencia a la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. d) la omisión de librar el exhorto correspondiente a la autoridad competente de Ometepec, a efecto de que diligenciaran los testimonios ofrecidos por las partes. TERCERO. Inexistencia de la omisión precisada en el inciso d). Precisado lo anterior, la Actuaria adscrita al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, hizo suyo el informe justificado relativo a la ampliación de la demanda rendido por el Presidente del citado Tribunal, quien negó la existencia de la conducta reprochada, lo que debe aceptarse en sus términos, en atención a lo siguiente. En efecto, debe recordarse que tratándose de actos negativos -como ocurre en la especie-, es la propia autoridad quien debe demostrar con las constancias relativas que no existe el acto de autoridad que se le imputa, y con el valor probatorio pleno que le reviste a las documentales públicas remitidas por la citada responsable por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. Que por acuerdo de tres de octubre de dos mil diecisiete, se dictó auto admisorio de pruebas, entre ellas las pruebas testimoniales ofrecidas por las partes, a desahogar por medio de exhorto, se calificaron de legales las preguntas ahí precisadas y se ordenó dar vista a las partes según el caso, para que en el término de tres días formularan las repreguntas correspondientes. 2. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dado que las partes no formularon repreguntas, se ordenó girar exhorto al Juez de Paz Municipal de Ometepec, Guerrero, para que en su auxilio señalara fecha y hora para el desahogo de las citadas testimoniales; medio de comunicación que se depositó en el Servicio Postal Mexicano el veintiuno de noviembre siguiente. Así las cosas, contrario a lo aseverado por el quejoso, tomando en consideración el contenido de las documentales aludidas, no se obtiene que la actuaria adscrita al Tribunal laboral haya incurrido en la omisión reprochada precisada en el inciso d), cuenta habida que a la fecha de la presentación de la ampliación de la demanda de amparo -diez de octubre de dos mil diecisiete- el actuario responsable no tenía la obligación de mandar el exhorto cuya omisión se le reprocha, porque con motivo de lo acordado el tres de octubre de dos mil diecisiete, el envío del citado medio de comunicación estaba supeditado a que transcurriera el término de tres días concedido a las partes para que formularan sus repreguntas, lo que se ordenó el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete; de ahí que, no es factible atribuirle a la fecha de la presentación de la ampliación de la demanda (ocho de septiembre de dos mil catorce) la citada omisión. De este modo, al no acreditarse la existencia de la omisión reprochada precisada en el inciso d), lo que procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es sobreseer en el presente juicio de amparo a su respecto. Es aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo 79, julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." CUARTO. Certeza de los actos reclamados y de la omisión precisada en el inciso d). Por otra parte, son ciertos los actos reclamados detallados en los incisos a) y b), así como la omisión precisada en el inciso c), no obstante que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Actuario adscrito al rendir conjuntamente su informe justificado y el diverso relativo a la ampliación de la demanda lo hayan negado, en razón de que con posterioridad hace manifestaciones que evidencia su certeza; lo que además se corrobora con las constancias que en copia certificada remitieron relativas al juicio laboral 53/2017, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Actualización de diversas causales de improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, por lo que hace a los actos precisados en los incisos a), y d), de oficio se advierte se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, conforme al texto legal preinserto, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, al haber reclamado la quejosa en esta vía constitucional del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero el acuerdo de cinco de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual señaló hasta el tres de octubre siguiente para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, la cual tuvo verificativo en la citada fecha en razón de encontrarse presente las partes actora y demandada, esta última notificada de tal actuación el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se estima que han cesado los efectos de la conducta reclamada. Lo anterior, en razón de que con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías las autoridades responsables actuaron en el sentido pretendido con la interposición del presente juicio de amparo, quedando ésta en una situación idéntica a la que habría existido, si se hubiere concedido el amparo solicitado; de ahí que procede a su respecto el sobreseimiento con base en la fracción XXI del numeral 61, en relación con la fracción V, del diverso numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Por otro lado, por lo que hace al acto precisado en el incisos b), consistente en el acuerdo de tres de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual señaló hasta el doce de enero de dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba confesional a su cargo, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El argumento de la quejosa para acudir a la presente instancia constitucional, se basa esencialmente en el hecho de que la autoridad laboral transgredió en su perjuicio la garantía individual que a su favor tutela el artículo 17 de la Constitución Federal, en tanto que de dicho numeral se deriva que los tribunales impartirán justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, pues señaló una fecha distante para el desahogo de la prueba confesional ofrecida a su cargo, de modo que desatiende lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; el cual dispone que el procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal se reducirá a la presentación de la demanda, la cual deberá hacerse por escrito o por comparecencia, admitida la demanda en una sola audiencia se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, a excepción de que se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y una vez efectuadas se dictará la resolución correspondiente. Así las cosas, de las constancias allegadas por el Tribunal responsable -cuyo valor probatorio pleno quedó señalado en el considerando que antecede-, se desprende que el tres de octubre de dos mil diecisiete, se señaló fecha para el doce de enero de dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba confesional con cargo a la parte actora, quien quedó citada por conducto de su apoderado. Ahora bien, el juicio de garantías siempre debe tener una finalidad práctica, pues de otro modo no podría materializarse lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; y en ese orden de ideas, partiendo del hecho de que no es atendible la petición de la quejosa en el sentido de que se le conceda la protección de la justicia federal para el efecto de que el Tribunal responsable señale una fecha más cercana para el desahogo de la referida prueba, dada la proximidad de la fecha fijada para ello, con la fecha en que habrá de causar firmeza la presente resolución así como el periodo vacacional de la autoridad responsable (dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete al cinco de enero de dos mil dieciocho), es inconcuso que a ningún fin practico conduciría otorgar la protección de la justicia de la unión para ese efecto. Por tanto, en el caso opera la causal de improcedencia que resulta al relacionar el artículo 77, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, en su interpretación a contrario imperio, con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se insiste, a ningún fin práctico conduciría otorgar la protección de la justicia federal que se solicita, y por ende, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio a su respecto. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por Norma Mayo González, en contra de las autoridades los actos precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y el Actuario adscrito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Respecto de las constancias remitidas por las autoridades antes citadas, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copia certificada del expediente 53/2017, relativo al juicio laboral del que deriva el acto reclamado. Notifíquese.

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