Norma Martínez González

Expediente 890/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
890/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
13/04/2021

Partes del expediente

  • Norma Martínez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el ocho de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Del estado de autos, se advierte que la autoridad responsable en su informe justificado manifestó: "[.] si bien en la fecha en que fue presentada la demanda de garantías no obraba el mismo, también lo es que con fecha catorce de los corrientes, se emitió el proveído correspondiente, el que se declaró procedente por las estimaciones, consideraciones y fundamentos citados en el mismo, los que pido sean los que acorde lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo sean los que se consideren a emitir la correspondiente ejecutoria, por lo cual anexo al presente las copias que se tuvieron a la vista para su emisión, acorde a lo dispone el mismo precepto ya señalado [...]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de la responsable de emitir el auto de radicación y señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 9369/2020/3. Causal de improcedencia Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En efecto, la causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine qua non para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la quejosa interpuso demanda laboral en contra de Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, sociedad anónima de capital variable; la cual se registró bajo el número de expediente 9369/2020/3 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. A la fecha en que se presentó la demanda -veinticuatro de noviembre de dos mil veinte-, la responsable aún no dictaba auto de radicación ni había señalado fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 9369/2020/3. Finalmente, la mencionada responsable dictó el proveído de catorce de enero de la presente anualidad, en el que admitió la demanda en la vía de tramitación especial y tuvo a la parte actora promoviendo la declaración de beneficiarios de la finada María Guadalupe Martínez González, así como demandado a Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, sociedad anónima de capital variable. Asimismo se advierte que en dicho auto, la responsable ordenó realizar las investigaciones necesarias para llegar al convencimiento de que la promovente dependía económicamente de la trabajadora finada, así como emitir la convocatoria correspondiente para que las personas que se crean con derechos de las acciones que en vida ejerció la finada comparecieran en el término de treinta días a deducir sus derechos; giró oficio a la fuente de trabajo para que hiciera del conocimiento si la trabajadora finada contaba con algún seguro de vida u otro tipo de prestación, así como el nombre y domicilio de los beneficiarios, admitió pruebas y señaló fecha para su desahogo. Caso concreto. El acto reclamado consiste en la omisión de la responsable de emitir el auto de radicación y señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 9369/2020/3; sin embargo, como ya se apuntó, la responsable mediante acuerdo de catorce de enero de la presente anualidad, admitió la demanda en la vía de tramitación especial y tuvo a la parte actora promoviendo la declaración de beneficiarios de la finada María Guadalupe Martínez González, así como demandado a Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, sociedad anónima de capital variable. Asimismo se advierte que en el auto de esa fecha la responsable ordenó realizar las investigaciones necesarias para llegar al convencimiento de que la promovente dependía económicamente de la trabajadora finada, así como emitir la convocatoria correspondiente para que las personas que se crean con derechos de las acciones que en vida ejerció la finada comparecieran en el término de treinta días a deducir sus derechos; giró oficio a la fuente de trabajo para que hiciera del conocimiento si la trabajadora finada contaba con algún seguro de vida u otro tipo de prestación, así como el nombre y domicilio de los beneficiarios, admitió pruebas y señaló fecha para su desahogo. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se queja el accionante, y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos, fue subsanado, pues al emitirse el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda en la vía especial para la declaración de beneficiarios, se ordenaron hacer las gestiones necesarias para determinar si la actora dependía económicamente de la trabajadora finada, así como la emisión de las convocatorias correspondientes para que las personas que se creyeran con derechos comparecieran ante el tribunal a ejercerlos, se giró oficio a la fuente de trabajo para que informara si la trabajadora finada contaba con seguro o alguna otra prestación y proporcionara nombre y domicilio de los beneficiarios, admitió pruebas y señaló fecha para su desahogo, por lo que cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que la autoridad responsable allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el acuerdo respectivo, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Finalmente, en virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia que se fijó para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Del estado de autos, se advierte que la autoridad responsable en su informe justificado manifestó: "[.] si bien en la fecha en que fue presentada la demanda de garantías no obraba el mismo, también lo es que con fecha catorce de los corrientes, se emitió el proveído correspondiente, el que se declaró procedente por las estimaciones, consideraciones y fundamentos citados en el mismo, los que pido sean los que acorde lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo sean los que se consideren a emitir la correspondiente ejecutoria, por lo cual anexo al presente las copias que se tuvieron a la vista para su emisión, acorde a lo dispone el mismo precepto ya señalado [...]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de la responsable de emitir el auto de radicación y señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 9369/2020/3. Causal de improcedencia Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En efecto, la causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine qua non para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la quejosa interpuso demanda laboral en contra de Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, sociedad anónima de capital variable; la cual se registró bajo el número de expediente 9369/2020/3 del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. A la fecha en que se presentó la demanda -veinticuatro de noviembre de dos mil veinte-, la responsable aún no dictaba auto de radicación ni había señalado fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 9369/2020/3. Finalmente, la mencionada responsable dictó el proveído de catorce de enero de la presente anualidad, en el que admitió la demanda en la vía de tramitación especial y tuvo a la parte actora promoviendo la declaración de beneficiarios de la finada María Guadalupe Martínez González, así como demandado a Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, sociedad anónima de capital variable. Asimismo se advierte que en dicho auto, la responsable ordenó realizar las investigaciones necesarias para llegar al convencimiento de que la promovente dependía económicamente de la trabajadora finada, así como emitir la convocatoria correspondiente para que las personas que se crean con derechos de las acciones que en vida ejerció la finada comparecieran en el término de treinta días a deducir sus derechos; giró oficio a la fuente de trabajo para que hiciera del conocimiento si la trabajadora finada contaba con algún seguro de vida u otro tipo de prestación, así como el nombre y domicilio de los beneficiarios, admitió pruebas y señaló fecha para su desahogo. Caso concreto. El acto reclamado consiste en la omisión de la responsable de emitir el auto de radicación y señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral 9369/2020/3; sin embargo, como ya se apuntó, la responsable mediante acuerdo de catorce de enero de la presente anualidad, admitió la demanda en la vía de tramitación especial y tuvo a la parte actora promoviendo la declaración de beneficiarios de la finada María Guadalupe Martínez González, así como demandado a Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, sociedad anónima de capital variable. Asimismo se advierte que en el auto de esa fecha la responsable ordenó realizar las investigaciones necesarias para llegar al convencimiento de que la promovente dependía económicamente de la trabajadora finada, así como emitir la convocatoria correspondiente para que las personas que se crean con derechos de las acciones que en vida ejerció la finada comparecieran en el término de treinta días a deducir sus derechos; giró oficio a la fuente de trabajo para que hiciera del conocimiento si la trabajadora finada contaba con algún seguro de vida u otro tipo de prestación, así como el nombre y domicilio de los beneficiarios, admitió pruebas y señaló fecha para su desahogo. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se queja el accionante, y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos, fue subsanado, pues al emitirse el acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda en la vía especial para la declaración de beneficiarios, se ordenaron hacer las gestiones necesarias para determinar si la actora dependía económicamente de la trabajadora finada, así como la emisión de las convocatorias correspondientes para que las personas que se creyeran con derechos comparecieran ante el tribunal a ejercerlos, se giró oficio a la fuente de trabajo para que informara si la trabajadora finada contaba con seguro o alguna otra prestación y proporcionara nombre y domicilio de los beneficiarios, admitió pruebas y señaló fecha para su desahogo, por lo que cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que la autoridad responsable allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el acuerdo respectivo, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Finalmente, en virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia que se fijó para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.Notifíquese personalmente. "

  4. Principal

    Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, se encontraban señaladas las diez horas con veinte minutos del diez de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Estado de autos. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades, estaban fijadas las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles11, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 212, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Audiencia constitucional. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia señalada para el diez horas con veinte minutos del diez de febrero de dos mil veintiuno y, y en su lugar se señalan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga su verificativo. Notificación a las partes. Finalmente, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, en aras del principio de justicia pronta y expedita, garantizado en el numeral 17 constitucional, se ordena que el presente proveído sea notificado a las partes por lista de acuerdos.

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