Norma Luz Rosas Romero
Expediente 893/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Norma Luz Rosas Romero
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de diez de octubre de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, Punto 2 relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que desechó la demanda de amparo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE A LA QUE SE LE DEJO CITATORIO, LA RESOLUCION QUE DICE: Visto el escrito de demanda promovida por Norma Luz Rosas Romero, contra actos del Pleno del Consejo de Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales....se ordena formar el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 893/2022-V, que es el que le correspondió. Ahora, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo1, que autoriza al juzgador de amparo a examinar la demanda constitucional integralmente, y a desecharla, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el suscrito advierte que, en el caso particular, se materializa la causa de improcedencia Este juzgado estima que debe desecharse la demanda, como enseguida se expondrá. En ese contexto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación de la promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que la quejosa sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de la quejosa frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Asimismo, en relación a la oportunidad de exigir el acreditamiento del interés legítimo desde la presentación de la demanda, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que es válido, y que para ello el juzgador debe realizar una aproximación inicial, una evaluación preliminar y un ejercicio hipotético de subsunción, mediante el cual determine si el planteamiento del quejoso, en su formulación conceptual, y con los elementos probatorios disponibles, es una posibilidad potencial de actualización de su interés legítimo o que exista una duda razonable, y sólo desechar cuando estime que no existe esa posibilidad lógica, mismo que se contiene en la jurisprudencia que a continuación se invoca: De modo que el auto inicial sí es propicio para examinar las particularidades de la reclamación desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés legítimo, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma resulta ocioso En ese contexto, se reitera, en el presente juicio de amparo, se materializa la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente De acuerdo con lo anterior el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5o, de la propia legislación de la materia. Al respecto, cabe decir que, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de Justicia del País, el interés legítimo, distinto al jurídico, es aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; o sea, se trata de un presupuesto procesal establecido constitucionalmente para que las personas accedan al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales no podrían someter a examen jurisdiccional los actos reclamados; pues la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención de establecer una regla absoluta. Por lo tanto, es indudable que a través del juicio de amparo no se puede evaluar cualquier acto de autoridad, pues la existencia del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes, a saber, que los jueces no se posicionen, en todo momento, como órganos supervisores permanentes de veto de las decisiones mayoritarias con legitimidad democrática, sino sólo de afectaciones jurídicamente relevantes que una persona puede resentir, es decir, se traten de actuales, reales ycualificadas, de modo que aquéllas que sean mayoritarias, ideológicas y políticas deben corresponder a los órganos políticos. Así, conviene precisar que en el interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no precisamente patrimonial o económica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. De lo anterior, se colige que las características esenciales del interés legítimo son: La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, mismo que no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino que se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. - Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un tipo de interés simple, pues para acudir a un tribunal competente, debe existir un vínculo con una norma jurídica, ya que aun cuando no se exige acreditar un derecho subjetivo, tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción de amparo. La concesión del amparo, se debe traducir en un beneficio actual o futuro, pero cierto, con efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegue a dictar. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. La existencia de una situación jurídica identificable que surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial, en la cual, aunque puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, pueden existir diversas posibles situaciones y supuestos del interés legítimo que deberá ser analizado, en cada caso, de acuerdo a la labor cotidiana de los juzgadores de amparo, conforme a la dinámica y alcances del propio juicio de amparo. En ese orden de ideas, para que pueda reconocerse el interés legítimo a una persona respecto a actos que no es destinataria debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Ahora, en el caso concreto, los actos reclamados antes transcritos se destaca que la impetrante acude a la presente instancia constitucional a combatir la sesión extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós y el acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz en dicha sesión, publicado el tres de octubre del año en curso, en el número extraordinario 392 de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, que ordena el traslado de los Juzgados Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz. Dicha impetrante acude a la presente instancia, quien refiere ser parte demanda dentro de los autos del juicio 274/2022-VII el cual se encuentra radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, por lo que aduce que se afecta el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que le genera gastos excesivos para su defensa dentro de ese controvertido, al tener que trasladarse a un municipio diverso y "fuera de la residencia" de la quejosa. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, el suscrito advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo de la quejosa, para acceder a esta instancia extraordinaria; habida cuenta que, no se atribuyen a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere, ya que, sólo se realizó un cambio de residencia de dichos juzgados, por lo que, se continuará con el trámite de sus litigios de manera normal, y se les seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Por otra parte, no se advierte que con el cambio de domicilio de los aludidos órganos jurisdiccionales a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, a que se refiere la quejosa en su demanda de amparo, se vea trasgredido el derecho de acceso a la justicia, si se toma en consideración que uno de los elementos integrales del acceso a la justicia es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual implica al menos tres factores: primero, que el acceso a la jurisdicción sea dentro de los plazos y términos que fijen las leyes"; segundo, que este acceso debe ser de manera expedita y, tercero, que el acceso que se debe garantizar es a los "tribunales independientes e imparciales. Es decir, la tutela judicial efectiva que deriva del artículo 17 Constitucional, se entiende como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ésta, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, lo cual se logra plenamente, ya que sólo cambian de residencia, pero se continuará con su trámite de manera normal. Así es, en el caso, la parte quejosa únicamente cuenta con un interés simple para impugnar los actos materia de reclamo y no legítimo, menos aún jurídico; toda vez que, de la lectura de la demanda, se observa que sólo buscan lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor. En efecto, su situación se traduce en el interés simple que tiene todo gobernado en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, pues para ello, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso. El interés planteado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en este Estado de Veracruz, en que la impartición de justicia sea de forma expedita, en términos del artículo 17 Constitucional; pues los actos objeto de reclamo, no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa, tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico de los accionantes, es decir, el beneficio que obtendrían la promovente no sería concreto sino abstracto, de tal manera que tampoco podría diferenciarse del que recibiría el resto de la sociedad. Lo anterior, dado que, de la lectura integral de la demanda de amparo, si bien la quejosa Norma Luz Rosas Romero, refiere ser parte demandada dentro de los autos del juicio ordinario civil 274/2022-VII el cual se encuentra radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, lo cierto es que, como ya se dijo, la impetrante no se ubica en un supuesto específico en el que le pueda afectar el traslado del citado órgano jurisdiccional a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, dado que su reclamo lo hace de forma genérica, en el sentido de que le afectará el no tener cerca al órgano jurisdiccional pues en el citado asunto no se han celebrado las audiencias ni dictado sentencia, por lo que tendrá que trasladarse a otro municipio, con el inminente pago de pasaje; sin embargo, sólo se realizó un cambio de residencia de dicho juzgado, por lo que, se continuará con el trámite del litigio de manera normal, y se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Así es, no se advierte la titularidad del derecho cuestionado, ni cuenta con una especial situación frente a ese derecho; y en ese sentido, contrario a lo indicado, no tiene el interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que se requiere para que la anulación de los actos que se reclaman produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, no se justifica, ni en forma provisional, el interés legítimo que la quejosa dice que le asiste para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no se atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Lo anterior se afirma, a la luz de los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para tener por configurado un interés de tal naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, tal como lo exige la propia norma constitucional y en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica de la impetrante, ante la cual una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, pues lo que se advierte es un interés simple, igual al de cualquier gobernado, ya que sólo se endereza una defensa abstracta del derecho cuestionado. Ello implica un interés abstracto o simple y no el legítimo, el cual consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico; de ahí que, el interés legítimo no implica la generalización de una acción, sino el acceso a los tribunales ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. De tal suerte, que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá a la quejosa en el goce de algún derecho concreto, ni aun de manera indirecta, es claro que la promoción del medio de defensa no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues este está condicionado a que la solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación de los actos que se reclaman. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo lleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto que no cumpla con el marco constitucional y legal, lo cual tornaría al juicio de amparo en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador. Por tanto, dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales - mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no ocurre en el presente caso, al evidenciarse que se trata de un interés simple, porque no se le ocasiona a la quejosa, un agravio real, palpable y cualitativamente distinto al de los demás, como lo exige la fracción I del artículo 107 Constitucional, lo que no implica que el resto de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en este momento. En ese orden de ideas, si como ya se dijo, la existencia del interés legítimo o en los casos en los que no se posee uno jurídico, es legalmente indispensable para la procedencia de la acción de amparo y, en la especie, se insiste, no se justificó, ni existe la posibilidad de acreditarlo durante la tramitación del juicio, pues no hay evidencia alguna al respecto, de ello se sigue que es procedente el desechamiento de la demanda origen del presente juicio de amparo, por ese motivo, se ajusta al supuesto jurídico expresamente contemplado para esos casos, que deriva de relacionar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, con el diverso 5o, fracción I, ibídem. De modo que al haberse apreciado con claridad y sin lugar a dudas que la situación de los quejosos frente a los actos de autoridad implica un mero interés simple; es factible desechar la demanda de amparo
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