Norma Lucia Herrera Sánchez

Expediente 546/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 29 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
546/2021
Año
2021
Actuaciones
29
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Norma Lucia Herrera Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obren como correspondan los oficios enviados por las autoridades responsables Coordinador Jurídico de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, y Encargado de Despacho de la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales, ambos con residencia en Mexicali, por medio del cual informan que los oficios 778/2022 y 779/2022 fueron recibidos en veintiocho de enero de dos mil veintidós. Por otra parte, visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la determinación dictada el catorce de enero de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente asunto, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente principal por haberse sobreseído en el juicio, es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual deben conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Por otra parte, en términos del artículo 18, fracción I inciso a) del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en el incidente de suspensión que deriva el presente asunto se concedió la suspensión provisional, y se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, por tanto el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo séptimo del Acuerdo General citado. Y por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación de las autoridades foráneas Encargado del Despacho de la Dirección de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales en el Estado, y Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, de los oficios 778/2022, y 779/2022, del proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, requiérase a las precitadas autoridades, a fin que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, se sirva informar vía correo electrónico 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que recibieron los oficios 778/2022, y 779/2022, del proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, haciendo referencia al juicio de amparo en que se actúa, al número de oficio que se les remite para una mejor identificación del mismo y la fecha en que reciben el precitado oficio. Apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, se les impondrá una multa de cincuenta días equivalente al valor diario de Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, y artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana relativo a la partida de antecedentes penales de la interna *** del que se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la antes mencionada quedó en libertad "por libertad condicionada ordenada por el Juez de Ejecución mediante oficio 5959 de esa fecha." Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del oficio que se examina, así como de la certificación secretarial de cuenta, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. Ahora bien, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en su escrito de demanda la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de acordar el escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno (relativo a la solicitud para requerir diversas documentales a las autoridades ahí precisadas con motivo del beneficio preliberacional planteado por la parte quejosa). Luego, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda en relación con el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que no se acordó de conformidad su solicitud de auxilio judicial a fin de que se remitieran diversas constancias para que se encontrara en posibilidad de resolver el incidente planteado. Posteriormente, en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, de esta ciudad, rindiendo informe justificado y de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado se advierte que señaló fecha de audiencia para concesión de beneficios el día veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Así también, en proveído de tres de enero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que remitió el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el que informó que en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de ejecución *** declaró procedente conceder a la sentenciada ***, el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, previsto por los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenándose en dicha audiencia "su inmediata libertad". Lo que se corrobora con el oficio que remitió el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana relativo a la partida de antecedentes penales de la interna del que se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la antes mencionada quedó en libertad "por libertad condicionada ordenada por el Juez de Ejecución mediante oficio 5959 de esa fecha." Documental a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo - veintinueve de julio de dos mil veintiuno-, subsistían los actos reclamados que guardan relación directa con el incidente del beneficio preliberacional solicitado por la parte sentenciada, aquí quejosa dentro del cuaderno de ejecución ***; cierto es también, que en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de ejecución *** el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, de esta ciudad, declaró procedente conceder a la sentenciada ****, el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, previsto por los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenándose en dicha audiencia "su inmediata libertad". Lo que se corroboró con el oficio que remitió el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana relativo a la partida de antecedentes penales de la interna *** del que se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la antes mencionada quedó en libertad "por libertad condicionada ordenada por el Juez de Ejecución mediante oficio 5959 de esa fecha." De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclaman, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la tesis I.3o.C.769 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 165869 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las diez horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    En Tijuana, Baja California, a las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa Norma Lucia Herrera Sánchez, no compareció en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento citado en la razón que antecede y notifico por lista fijada en los estrados del Edificio del Poder Judicial de la Federación, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de fecha catorce de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 546/2021, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy Fe. Proveído que se notifica por lista. Tijuana, Baja California, catorce de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana relativo a la partida de antecedentes penales de la interna *** del que se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la antes mencionada quedó en libertad "por libertad condicionada ordenada por el Juez de Ejecución mediante oficio 5959 de esa fecha." Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del oficio que se examina, así como de la certificación secretarial de cuenta, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. Ahora bien, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en su escrito de demanda la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de acordar el escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno (relativo a la solicitud para requerir diversas documentales a las autoridades ahí precisadas con motivo del beneficio preliberacional planteado por la parte quejosa). Luego, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda en relación con el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en el que no se acordó de conformidad su solicitud de auxilio judicial a fin de que se remitieran diversas constancias para que se encontrara en posibilidad de resolver el incidente planteado. Posteriormente, en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, de esta ciudad, rindiendo informe justificado y de las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado se advierte que señaló fecha de audiencia para concesión de beneficios el día veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Así también, en proveído de tres de enero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio que remitió el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el que informó que en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de ejecución *** declaró procedente conceder a la sentenciada ***, el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, previsto por los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenándose en dicha audiencia "su inmediata libertad". Lo que se corrobora con el oficio que remitió el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana relativo a la partida de antecedentes penales de la interna del que se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la antes mencionada quedó en libertad "por libertad condicionada ordenada por el Juez de Ejecución mediante oficio 5959 de esa fecha." Documental a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo - veintinueve de julio de dos mil veintiuno-, subsistían los actos reclamados que guardan relación directa con el incidente del beneficio preliberacional solicitado por la parte sentenciada, aquí quejosa dentro del cuaderno de ejecución ***; cierto es también, que en audiencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del cuaderno de ejecución *** el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, de esta ciudad, declaró procedente conceder a la sentenciada ****, el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, previsto por los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenándose en dicha audiencia "su inmediata libertad". Lo que se corroboró con el oficio que remitió el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana relativo a la partida de antecedentes penales de la interna *** del que se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la antes mencionada quedó en libertad "por libertad condicionada ordenada por el Juez de Ejecución mediante oficio 5959 de esa fecha." De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclaman, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la tesis I.3o.C.769 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 165869 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las diez horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente a las partes.

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