Norma Lucero Coronado García

Expediente 87/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
87/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Norma Lucero Coronado García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil veintidós. ESCRITO QUEJOSA. Téngase recibido el escrito signado por la quejosa Norma Lucero Coronado García, por el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda y autoriza para que en su nombre los reciba a las personas que menciona en el mismo. DOCUMENTOS ORIGINALES A DISPOSICIÓN. Atento a lo solicitado por la promovente y dado que por auto de catorce de marzo del año en curso, causó estado el auto que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y de autos se advierte que se acompañaron a la demanda de amparo diversos documentos; en consecuencia, hágase saber a la parte quejosa, que cuenta con un plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que acuda a este Juzgado, debidamente identificado, con documento original y vigente, en días y horas hábiles, a fin de que se le haga entrega de dichos documentos, autorizado para que en su nombre los reciba a las personas que menciona en el escrito de cuenta. DISPOSICIONES PARA ACCESO AL JUZGADO. Se precisa que el horario de atención para diligencias que ameritan ingreso al juzgado comprende de las ocho horas con treinta minutos a las trece horas con treinta minutos. Por ende, se precisa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 y al diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en un horario de las nueve horas a las catorce horas de lunes a viernes, establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que acuda a recibir el documento a que se refiere el párrafo que antecede. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atento al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo, establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, téngase recibido el escrito de la quejosa ..., por el que da cumplimiento con el requerimiento formulado en proveído de diecisiete de febrero del año en curso. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Ahora, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio, promovida por Norma Lucero Coronado García, por su propio derecho y como albacea provisional del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Sebastián Hernández Herrera, expediente 543/2020 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar en esta Ciudad, contra actos del Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17, Constitucionales. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda. Así, de la lectura íntegra de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que la impetrante reclama: La falta de notificación para comparecer al juicio sucesorio intestamentario 726/2020, a bienes de Sebastián Hernández Herrera, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, y como consecuencia la sentencia dictada en el mismo relativa a la adjudicación de bienes así como la orden de escrituración respectiva. Asimismo, una orden de desalojo emitida en su contra por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial. Precisado ello, esta juzgadora advierte que se pone de manifiesto su notoria e indudable improcedencia al actualizarse en la especie, la causa que se previene en el artículo 61, fracción XlV, en relación con el 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." (Énfasis añadido) En efecto, el precepto legal citado en primer término, entre otras cosas, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. En tanto que, de conformidad con lo dispuesto en los citados numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; o desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora, de las constancias que la disconforme acompañó a su escrito inicial de demanda, relativas al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Sebastián Hernández Herrera, expediente 543/2020 del índice del Juzgado Segundo Familiar en esta ciudad, se advierte que mediante escrito presentado ante dicha potestad el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, Norma Lucero Coronado García manifestó que se acaba de enterar del trámite del diverso juicio sucesorio a bienes del finado Hernández Herrera, promovido por Evarista Herrera Rodríguez, ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, con el número 726/2020, por lo que solicitaba se requiriera la remisión de dicho juicio para efectos de la acumulación correspondiente. Documentales que adquieren valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. De lo anterior, resulta patente que la ahora quejosa Norma Lucero Coronado García, tuvo conocimiento del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Sebastián Hernández Herrera, expediente 726/2020 de la estadística del Juzgado Primero de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, procedimiento del que hoy se ostenta tercero extraña, desde el veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno, data en la cual presentó ante el Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad, su escrito en el que manifestó dicha circunstancia, solicitándose incluso la acumulación de los juicios. Por lo que, si la demanda de que se trata fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, según aparece del sello de recibo, es inconcuso que su presentación fue extemporánea, al haberse llevado a cabo fuera del término de quince días que se establece en el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el plazo de quince días a que se refiere el citado numeral transcurrió de manera excesiva. De ahí que, deba considerarse que desde esa fecha inició el cómputo del plazo para ocurrir a la vía de amparo, pues no son los efectos ni ejecución del acto reclamado los que determinan el inicio del término para la presentación de la demanda, sino la fecha en que conoció el procedimiento, acto o sentencia que afecta su interés y le ocasiona un perjuicio o agravio actual y directo. Lo mismo acontece respecto de la orden de desalojo que reclama del Juez Primero Civil en esta ciudad, toda vez que en el punto seis del capítulo de antecedentes que expone bajo protesta de decir verdad, refiere que el seis de enero del año en curso, acudió a su domicilio una persona que dijo ser actuaria del Juzgado Primero Civil, acompañada de una abogada, quienes le refirieron a la madre de la quejosa que había ordenes de desalojar la finca, por lo que al no encontrarla en su domicilio se retiraron del lugar amenazando con regresar con el uso de la fuerza pública, que por tal motivo el día siguiente -siete de enero de dos mil veintidós- acudió al Instituto Registral y Catastral a solicitar información sobre el bien a nombre de Sebastián Hernández Herrera, lo que aduce demuestra con los comprobantes que exhibe como anexos dieciocho, diecinueve y veinte. Por tanto, se evidencia que la ahora quejosa tuvo conocimiento de la orden de desalojo que reclama al menos desde el seis de enero de dos mil veintidós, por lo que si la demanda de que se trata fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, según aparece del sello de recibo, es inconcuso que su presentación fue extemporánea, al haberse llevado a cabo fuera del término de quince días que se establece en el invocado artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el plazo de quince días a que se refiere el citado numeral transcurrió de siete al veintisiete de enero del año en curso. Apoya lo expuesto en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, tomo II, materia común, página 499, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI).- Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." En mérito de lo expuesto, los actos que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo, se trata de actos consentidos tácitamente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIV del ordinal 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 17 y 18 del propio ordenamiento, pues dada la inconformidad de la promovente en contra de las actuaciones de las autoridades que señala como responsables debió instar el juicio constitucional dentro del término que para tal efecto establece la Ley Reglamentaria respectiva y al no hacerlo así, tácitamente los consintió. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que impone desechar la demanda de que se trata, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia en cita. Notifíquese y personalmente. Lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Juan Antonio Zamora Castillo, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, uno de marzo de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintiuno de febrero del año en curso, la Actuaria de la adscripción levantó razón actuarial en la que hizo contar la imposibilidad de llevar a cabo la notificación personal de la parte quejosa .., del proveído de diecisiete de febrero del año en curso, por los motivos que en la misma expuso, motivo por el cual en proveído de veintitrés de febrero siguiente, se acordó dicha razón y se ordenó realizar la referida notificación, así como las subsecuentes, por medio de lista que se pública en los estrados, hasta en tanto subsane tal omisión, por lo que el veinticuatro de febrero del citado mes y año, se tuvo por hecha dicha notificación. Asimismo, se advierte que el veintidós de febrero de la presente anualidad compareció ante los estrados de este Juzgado Federal el licenciado Francisco Turriza Galván, autorizado de la parte quejosa y se le realizó la notificación en forma personal el aludido proveído de diecisiete de febrero del año en curso. Atento a lo anterior, a fin de generar certeza en cuanto a la fecha en que comienza a correr el término con que cuenta la quejosa para cumplir con la prevención que se le realizó en el auto de referencia, se precisa que la notificación que debe prevalecer es la realizada por medio de lista el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, ello en atención a que es ésta la que más le beneficia. Notifíquese. Lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Juan Antonio Zamora Castillo, Secretario que autoriza y da fe.

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