Norma Lilia Vázquez de la Vega y Otros.

Expediente 1495/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1495/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Norma Lilia Vázquez de la Vega y Otros.
  • Norma Lilia Vázquez de la Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    "..Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se procede a calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por sentencia dictada el diez de abril de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la quejosa para el efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente la resolución reclamada de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada el treinta de noviembre dedos mil veintidós, en los autos del toca 1097/2022, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación emitida en la audiencia inicial celebrada el diecinueve de octubre del año próximo pasado, en el expediente 1095/2022 y su acumulado 1054/2022, relativo al Juicio Procedimiento Especial de Violencia Familiar, promovido por Alfredo Soto Sánchez y Norma Lilia Vázquez de la Vega, a través de la cual se declararon infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la ahora quejosa y se confirmaron las medidas provisionales y de protección decretadas en esa audiencia. b) En su lugar dicte otra en el que analice debidamente los agravios hechos valer por la parte quejosa al tenor de las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia y, con plenitud de jurisdicción, emita el pronunciamiento donde establezca la situación jurídica por cuanto hace a las medidas provisionales y de protección, es decir, mencione de manera expresa cuál es la situación jurídica que prevalece en torno a las citadas medidas; sin soslayar las actuaciones de los expedientes acumulados.". Resolución que causó ejecutoria el tres de mayo de dos mil veintitrés. Por oficio recibido en este juzgado el catorce de junio del año en curso, el Magistrado de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la determinación de trece de junio de dos mil veintitrés, dictada en los autos del toca de apelación 1097/2022, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en primer lugar, dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, por cuya infracción se otorgó el amparo solicitado y procedió de nueva cuenta a resolver el citado medio de impugnación. Asimismo, mediante el diverso oficio recibido el veinte de junio pasado, remitió copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto de la resolución de trece de junio de la presente anualidad. Ahora bien, del análisis de la resolución dictada en el toca de apelación 1097/2022, se advierte que la autoridad responsable con plenitud de jurisdicción acató los efectos del fallo protector, pues al respecto en lo que fue materia de la ejecutoria se ocupó de estudiar y analizar de manera conjunta dada su estrecha vinculación, cada uno de los agravios hechos valer por la aquí quejosa Norma Lilia Vázquez de la Vega, en el recurso de apelación que interpuso en contra de la determinación emitida en la audiencia inicial celebrada el diecinueve de octubre del año próximo pasado, en el expediente 1095/2022 y su acumulado 1054/2022, relativo al Juicio Procedimiento Especial de Violencia Familiar, promovido por Alfredo Soto Sánchez y Norma Lilia Vázquez de la Vega. Asimismo, de la citada determinación, se advierte que de manera destacada la Sala responsable se ocupó del agravio hecho valer por la aquí quejosa en el sentido de que ésta no analizó debidamente sus inconformidades encaminados a demostrar que en los expedientes 1054/2022, promovido por Norma Lilia Vázquez de la Vega y 1095/2022, instaurado por Alfredo Soto Sánchez, ambos tramitados en el Juzgado Octavo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, por violencia familiar, se decretaron medidas provisionales contradictorias, por lo que al confirmarse las que se decretaron en la audiencia inicial celebrada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en el expediente 1095/2022, dicha determinación se tornaba ilegal, al no haberse hecho ningún pronunciamiento con respecto a las medidas de protección decretadas en el diverso expediente 1054/2022. Pues al respecto señaló lo que enseguida se transcribe: "En ese contexto, tenemos que en concepto de este Tribunal revisor la determinación que se emitió en la etapa de revisión de las medidas provisionales no es ajustada a derecho, considerando que nada se dijo sobre las medidas dictadas en el expediente acumulado 1054/2022. En tal escenario, resulta que la apelante se inconforma precisamente estimando que la A quo dictó de forma indebida y contraria a derecho las medidas de protección provisionales en el expediente 1095/2022 el cual tiene acumulado el expediente 1054/2022, por tratarse de procesos sobre violencia familiar incoadas por cada litigante en contra del otro. Sostiene además que, las referidas medidas dictadas en el expediente 1095/2022 son contrarias a las decretadas por la misma autoridad en el expediente 1054/2022, respecto al Juicio Especial de Violencia Familiar promovido por la apelante en contra de Alfredo Soto Sánchez, violando los principios de congruencia y legalidad previstos en los artículos 1.3 y 5.15 del Código Procesal aplicable Y agrega que la "audiencia que se recurre, quebranta los principios de debido proceso, legalidad y congruencia", pues la resolutora no valoró las actuaciones del expediente 1054/2022, pues al acumular los expedientes 1054/2022 y 1095/2022, dejó de tomar en cuenta las medidas de protección determinadas en el expediente 1054/22, por lo tanto, considera que deben revocarse las medidas provisionales decretadas en el expediente 1095/2022 y se dejen subsistentes las determinadas en el procedimiento 1054/2022. Alegos, que como se dijo resultan ser por un lado fundados en cuanto a que nada resolvió sobre las medidas de protección del expediente 1054/2022. Así pues, en cuanto a las medidas de protección dictadas en el expediente 1054/2022, no se determinó nada, en el momento en que se celebró la audiencia inicial del diecinueve de octubre de dos mil veintidós. De modo que, sin mayor preámbulo, lo legal es que este Tribunal se sustituya al de primer grado, reasuma jurisdicción y emita el pronunciamiento que en derecho procede. De tal suerte, los procesos de violencia familiar 1054/2022 y 1095/2022 corresponden ambos al Índice del juzgado Octavo Familiar de Tlalnepantla, los cuales fueron iniciados por los litigantes, Norma Lilia Vázquez de la Vega, demandando a Alfredo Soto Sánchez el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, correspondiéndole el número 1054/2022, por su parte el referido demandado inició su proceso 1095/2022, en contra de la apelante el dos de septiembre de dos mil veintidós. Tales juicios fueron acumulados, como se desprende el expediente 1095/2022 en el auto del doce de octubre de dos mil veintidós, es así que sólo en el expediente 1095/2022 se continuó con la secuela procesal dado que la demandada Norma Lilia Vázquez de la Vega, se emplazó el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, derivado de ello se celebró en dicho proceso, la audiencia inicial el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. En tal audiencia el juzgador resolvió la cuestión relativa a las diversas medidas de protección dictando las que estimó necesarias; sin embargo, en ambos procesos, de manera independiente se habían dictado y previamente varias medidas de protección consistentes en la autorización de exclusión del demandado en el proceso 1054/2022 y sobre la reincorporación de la agraviada al domicilio conyugal fue negada en el expediente 1095/2022, más la relativa a la guarda y custodia de su hija menor de edad a su favor en el expediente 1054/2022 y en favor del progenitor en el expediente 1095/2022, y otras más, veamos: (.) Como se desprende del esquema anterior, resulta que la exclusión y la reincorporación más el ejercicio de la guarda y custodia de la menor, son contrarias, no obstante, tal situación queda superada por lo siguiente. Ciertamente, en fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en el expediente número 1054/2022, en el que se decretaron como medidas provisionales que ambas partes no pueden acercarse a menos de quinientos metros de distancia; que las partes se abstuvieran de causarse molestias entre sí, y a la orden de protección y auxilio policiaco de reacción y acción inmediata a ambas partes. Así también, el uno de septiembre de la presente anualidad, en el expediente 1054/2022, se decretó a favor de la recurrente como medida provisional la guarda y custodia de su hija de identidad reservada con iniciales G.A.S.V., así como una pensión alimenticia a favor de ella y de su hija, la cual fue consistente en el treinta por ciento del total de percepciones, tanto ordinarias como extraordinarias de Alfredo Soto Sánchez. Luego, el ocho de septiembre de dos mil veintidós se ordenó la exclusión del señor Alfredo Soto Sánchez del inmueble donde fue el hogar conyugal, medida que se dejó sin efecto en fecha veintinueve de septiembre del mismo año, proveído en contra del cual la disconforme no planteó recurso alguno para mostrar inconformidad, por ende, dicho acto es consentido, al no haberlo recurrido; por ello operó en su contra la preclusión. Lo que motiva a esta Alzada a enfatizar que la ausencia de inconformidad, acarrea, que tal determinación se convierta entonces en un hecho consentido, adquiriendo por tanto firmeza procesal, pues se insiste que si la recurrente consideró que la actuación del operador judicial no se ajustaba a derecho, tuvo expedito su derecho para hacerlo valer, al no haberlo hecho valer dentro de la oportunidad procesal, el actuar del juzgador es ajustado a derecho, si estima que la referida determinación causó firmeza procesal al volverse inmutable la actuación. Aplica como apoyo la Jurisprudencia1 que establece: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley ya que, si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz." Incluso es válido mencionar, que la exclusión que se dejó sin efecto, se robustece con lo proveído en la audiencia inicial que recurre, porque ahí se reiteró improcedente su reincorporación; considerando también que dicha reintegración desde el once de octubre de dos mil veintidós, también se dejó sin efecto. Ahora en cuanto a la guarda y custodia de la menor, es evidente que debe prevalecer la dictada en último momento, que lo es la audiencia inicial del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, considerando que se comparte el criterio del inferior, en el sentido de que la menor habita en el domicilio que fue el conyugal, bajo el cuidado de su progenitor en el entendido que la apelante se fue de tal domicilio desde junio de ese mismo año, no se inadvierte que en ambos procesos se reclaman violencia mutua, por ello, el motivo por el cual se separó del domicilio conyugal la disidente, será analizado al resolver en definitiva. Mientras tanto, es evidente que el entorno de la menor debe ser protegido evitando alterarlo en la medida de lo posible de suerte que si no ha dejado de habitar con su padre, lo lógico es que permanezca a su cuidado, por ello es ajustado a derecho que el resolutor le concediera la guarda y custodia provisional de la joven, decisión que se comparte por esta Alzada al tenor de las actuaciones judiciales de conformidad con el artículo 1.359 de la ley procesal civil. Lo antes dicho, evidencia lo determinante de la decisión, porque a pesar de que en el expediente 1054/2022, aun no se verifica la audiencia inicial, es deber del juzgador acordar o decidir de modo urgente en torno a las medidas solicitadas o las que de oficio estime necesarias, para que cese el riesgo y garantice que no persistirá o causará mayor daño, sin tener que esperar a desahogar la audiencia de ley, en el caso la 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, diciembre de 2005, Nivena Epoca, Tesis Vi.3°. C. J/60, Pagina 265 referida audiencia inicial, pues pensar lo contrario podría frustrar la solicitud de protección misma. En ese sentido, como ya se dijo le asiste razón a la apelante, en cuanto a que el resolutor nada resolvió al respecto, por ello se reasume jurisdicción a fin de acordar lo relativo a las indicadas MEDIDAS DE PROTECCIÓN dictadas en el expediente 1054/2022; en tal virtud, con fundamento en los artículos 1.138, 2.355, 2.355 Bis, 2.355 Ter y 1.359 de la legislación procesal civil, se dejan sin efecto las medidas de protección que se dictaron en los acuerdos del veintiséis de agosto, uno y ocho de septiembre todos del año dos mil veintidós, dictados en el expediente 1054/2022, para los efectos legales pertinentes. Quedando subsistentes las dictadas en la audiencia inicial de fecha DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para ambos procesos 1054/2022 y 1095/2022, sin que sea óbice a lo anterior que la audiencia inicial en el expediente 1054/2022 aún está pendiente de acontecer. Es pertinente mencionar que la decisión anterior es legalmente posible, si consideramos que los indicados procesos están acumulados y no se soslaya que si bien es cierto cada proceso sigue su curso independiente, pero la acumulación es una figura procesal que tiene como finalidad fallar en una sola sentencia dos o más juicios conexos, de ahí que lo relevante es que con ello se eviten resoluciones contradictorias como la que ahora se analiza; y que el artículo 5.15 del Código Procesal de la materia establece; "Artículo 5.15. - Dos o más Controversias deben acumularse cuando la decisión de cada una exige la Comprobación, la Constitución, o la Modificación de Relaciones Jurídicas que derivan en todo o en parte del mismo hecho, de manera que este tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden, en todo o en parte, al mismo efecto; o cuando en dos o más juicios deban resolverse totalmente o parcialmente una misma Controversia. La acumulación procederá en cualquier etapa del proceso hasta la fase de alegatos. La acumulación se hará a favor del que prevenga en el conocimiento de los juicios." Con lo anterior se han reparado los agravios causados y se ha dotado de certidumbre jurídica la decisión de primera instancia, ahora, corresponde resolver la parte inoperante de los agravios, que está relacionada con las razones legales por las cuales deben prevalecer las medidas dictadas en el proceso 1095/2022. En efecto asegura la imperante que se deben revocar las medidas dictadas en el expediente 1095/2022, dictadas en la audiencia inicial impugnada y dejar subsistentes las ordenadas en el expediente 1054/2022, sin embargo, tal postura no se comparte por este Tribunal, porque en efecto, en la referida audiencia inicial se desprende que se dictaron medidas de protección para armonizar ambos procesos, ya que se ordenaron a ambas partes las correlativas a no hacerse daño o molestarse, no acercarse a cierta distancia y lugares, auxilio policial, incluso de reacción inmediata. Pero también se decidió la guarda y custodia provisional de su hija a favor de su progenitor y que no se verificara la reincorporación de la inconforme, medidas que este Tribunal advierte correctas, esencialmente porque la joven debe continuar habitando en su casa, la que fue el domicilio familiar, con su progenitor, solo por el hecho de que fue quien se quedó con ella en el domicilio, pues no se inadvierte que aún no se decide en lo principal cada proceso, de modo que aún no puede afirmarse quien es generador o generadora o víctima de violencia. Así, lo materialmente plausible es que, es el padre quien está al cuidado de su hija desde junio de dos mil veintidós, fecha en la que la apelante se fue del domicilio conyugal, y tal entorno por beneficio de la adolescente así puede permanecer en tanto se resuelva la litis principal. Asimismo, en la indicada audiencia se reiteró que no era procedente la reincorporación de la apelante; como resultado del análisis de las actuaciones con valor demostrativo pleno en términos de la norma contenida en el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, considerando que cada litigante se acusa de violencia familiar, precisamente es en el proceso 1054/22, que la señora Norma Lilia Vázquez de la Vega, en fecha doce de octubre de dos mil veintidós, demanda a su contrario por violencia familiar, y es en este proceso en el cual se ordenó la acumulación al expediente 1095/2022 iniciado por el señor Alfredo Soto Sánchez, por ello no deben permanecer juntos. En ese sentido, no se inadvierte que la indicada disconforme se había separado del domicilio conyugal desde de junio de dos mil veintidós, en cuyo caso las razones por las que salió de ese lugar, aún son materia del cúmulo probatorio de cada proceso; mientras ello ocurre, lo legal es que, ante la falta de acuerdo de los litigantes, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos en común menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden. De ahí que este Cuerpo Colegiado estima que es más benéfico que la progenitora continúe separada del domicilio, como hasta la fecha y la menor bajo custodia del padre siga en ese domicilio, razones por las cuales la determinación provisional dictada en el expediente 1095/2022 debe prevalecer de conformidad con los artículos 5.8, 5.16 y 1.359 del Código procesal civil." Por tanto, del examen de dichas documentales, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que la autoridad responsable atendió los efectos esenciales del fallo protector, y se concluye que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Lo anterior, porque como se ha mencionado en acatamiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la resolución por cuya infracción se otorgó el amparo solicitado y procedió a resolver de nueva cuenta el recurso de apelación hecho valer, realizando el análisis pormenorizado y conjunto de los agravios hechos valer por la aquí quejosa, estableciendo con claridad que las medidas de protección que debían prevaler lo eran las decretadas en el expediente 1095/2022. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Por otra parte, una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese, vía electrónica al tercero interesado.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Presidenta de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior y con la diversa promoción con número de registro interno 8807, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al tercero interesado.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido por el Magistrado Semanero integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de tres de mayo del presente año, remite copia certificada de la resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, dictada en los autos del expediente ********************de su índice, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa ********************, en contra de las determinaciones dictadas en la audiencia inicial celebrada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós en el expediente ********************, relativo al Juicio de Violencia Familiar promovido por ********************en contra de la aquí agraviada. Por tanto, se tiene a la citada autoridad informando las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia de la resolución con la que acredita su dicho; sin embargo, se advierte que la autoridad responsable ordenó de manera personal la notificación de la citada resolución a las partes, sin que hubiera remitido las citadas constancias; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, remita copia certificada de las referidas notificaciones. En el entendido que le subsiste el apercibimiento decretado en auto de tres de mayo de la presente anualidad. En la inteligencia de que no basta con que haga manifestación respecto a las gestiones realizadas, sino que debe acreditar sus actuaciones con las constancias conducentes, las cuales tendrá que remitir en copia certificada, legible y completa. Se reitera a la autoridad que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentra compelida a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Magistrado Semanero integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, por medio del cual acusa recibo del oficio 9272/2023, con el que se le devolvieron las copias certificadas del toca de apelación ******************** y de los expedientes ******************** y ********************, así como un sobre amarillo cerrado que contiene un disco versátil digital relativo al expediente ******************** (audiencia inicial de diecinueve de octubre de dos mil veintidós) y una usb, de lo que se toma conocimiento. Además, informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la sentencia emitida dentro del presente juicio de amparo, remitiendo copia certificada del auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, con el que acredita su dicho, circunstancia de la que se toma conocimiento. Respecto a la prórroga que solicita, con fundamento en el artículo 297, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede únicamente por el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que quede notificada del presente proveído. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de tres de mayo del año en curso, para el caso de incumplimiento. Notifíquese, vía electrónica al tercero interesado.

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