Norma Leticia Muro Ruiz
Expediente 1047/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1047/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Norma Leticia Muro Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese el oficio número 1190/2021 del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta Ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria que acompaña, y autos originales del juicio de amparo número 1047/2020, promovido por ****, contra actos de la Primera Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia en el Estado y otra autoridad. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes; mediante la cual se dictó la resolución en los siguientes términos: PRIMERO.- ES INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ****, contra la resolución de quince de enero de dos mil veintiuno, que emitió el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 1047/2020" En esas condiciones, se declara que ha causado estado dicha resolución, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente. Notifíquese.
- Principal
Agréguese para que surta sus efectos legales el oficio 598/2021 del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admite el recurso de queja que promueve ****, contra el proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio de amparo indirecto 1047/2020. Quedando registrada en ese Tribunal como queja administrativa número 13/2021. Notifíquese.
- Principal
Agréguese para que surta sus efectos legales, el escrito de cuenta presentado por la parte quejosa ***, mediante el cual interpone recurso de queja contra la determinación de quince de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101 y demás relativos de la Ley de Amparo, una vez integrada la queja, de inmediato remítase el escrito relativo al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad, con copia de la queja y la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, a fin de que provea lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito presentado por la quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado. I. Radicación. Vista nuevamente la demanda presentada por ****, por derecho propio, contra actos de la Primera Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango y otra autoridad. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Pues bien, del examen del ocurso constitucional, se advierte que el juicio intentado es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. El dispositivo 61, fracción XXIII de la mencionada Ley Reglamentaria, señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la propia Ley de Amparo, dice: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Conforme al numeral 107 transcrito, por actos de imposible reparación debe entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, debe considerarse que los actos que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, son aquellos como la vida, libertad, integridad personal, propiedad, entre otros, ya que la afectación no podría repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho tutelado de que se trate. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 377/2013 y, en la ejecutoria correspondiente, determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo establecido en el criterio aludido, son actos de ejecución irreparable aquellos que se presentan en el curso del juicio que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: En los antecedentes del acto reclamado, expuso que el veinte de agosto de dos mil diecinueve, presentó demanda contra ****, a quien entre otras cosas, demandó el divorcio necesario por haber incurrido en violencia familiar, que en dicha demanda solicitó se le otorgara una indemnización debido a que se dedicó de manera predominante al hogar y que por ello no pudo hacerse de un patrimonio, señalando que se casaron bajo el régimen de separación de bienes; que se dio trámite a su demanda y se llevó a cabo el desahogo de pruebas. Que el demandado interpuso apelación contra el auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, por considerar que se debieron de admitir los medios de convicción que presentó como supervenientes; que la sala responsable, al dictar la resolución que se combate, admitió las pruebas ofrecidas. Por otro lado, en su escrito aclaratorio precisó que las pruebas supervenientes que ofreció Guillermo Alberto Ramírez Estrada, que en principio no fueron admitidas por el a quo y posteriomente el tribunal de segundo grado admitió, son las que a continuación se transcriben: **** Pruebas que según indicó la quejosa, se presentaron con la finalidad de demostrar que cuenta con un negocio comercial y que del mismo obtiene recursos suficientes y así no tener derecho a una indemnización. Como se puede advertir, el acto que se reclama es la resolución que admite las pruebas supervenientes ofrecidas por el demandado en el juicio de origen, en el que la quejosa es parte actora, determinación que no es de imposible reparación que trascienda la afectación a un derecho sustantivo, ya que, en todo caso, transgrede un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata transgreda derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, dado que se trata de una violación procesal, es factible su reclamo en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio en términos, si le es adversa. Para ilustrar lo anterior, se invoca, por las razones que la informan, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.- Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis" De conformidad con los razonamientos esgrimidos, resulta notaria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. **** IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º. de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo será firmado mediante el certificado digital de firma electrónica, dejando evidencia criptográfica, así como las subsecuentes determinaciones. Notifíquese personalmente.
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