Norma Leticia López Malo

Expediente 1321/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1321/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Norma Leticia López Malo
  • Patronato por la Educación del Estado de Chiapas Asociación Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de dieciocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 71-74), que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    TTuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos juicio laboral J/O/1348/2008. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "I. ACTO RECLAMADO DE OMISIÓN: se reclama la evidente DILACIÓN PROCESAL por parte de la responsable la Honorable Junta Especial Número 3 De La Local De Conciliación Y Arbitraje, en el expediente número 1348/2008, relativo al juicio laboral promovido por la suscrita quejosa NORMA LETICIA LÓPEZ PIALO, específicamente en cuanto a NO DICTAR EL LAUDO correspondiente, generando con ello un retraso reiterado en el procedimiento; toda vez que se ha peticionado el cierre de instrucción y el dictado del laudo correspondiente a la autoridad responsable el dictado del laudo sin que medie respuesta alguna al libelo presentado con fecha 21 de septiembre del año 2017, dentro de los términos procesales, y mucho menos ha dictado acuerdo alguno correspondiente, por lo tanto, la autoridad responsable está retrasando el procedimiento, pues de los autos que integran el expediente se desprende que no queda prueba alguna por desahogarse, máxime que desde el día 30 de agosto de 2017, se encuentra en mesa, evidenciando con ello una extensa dilación procesal por parte de esa autoridad, lo cual se resulta ser violatorio a lo establecido, en el entorilo 17 párrafo segundo de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, que precisa los alcances de la Justicia Pronta Y Expedita, así como contraviene a lo establecido en los artículos 685, 686, 771, y en especial el artículo 878 fracción VIII y demás relativos de la Ley Federal Del Trabajo, que hacen referencia a los términos en que debe de desahogarse el procedimiento laboral y la responsabilidad de las autoridades del trabajo en cuanto a que no queden inactivos los expedientes de que conocen, y en virtud de que la autoridad responsable no dicto en tiempo y forma el laudo o acuerdo alguno respecto a lo peticionado, razón por la cual recurro a la presente vía.". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de emitir el laudo correspondiente dentro de los autos juicio laboral J/O/1348/2008, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte que el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dictó laudo en el juicio laboral J/O/1348/2008, por lo cual la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente dentro de los autos juicio laboral J/O/1348/2008, de su índice, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, a la agente del ministerio público adscrita a este juzgado; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA , EL AUTO DE DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...TTuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, emitido dentro de los autos juicio laboral J/O/1348/2008. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "I. ACTO RECLAMADO DE OMISIÓN: se reclama la evidente DILACIÓN PROCESAL por parte de la responsable la Honorable Junta Especial Número 3 De La Local De Conciliación Y Arbitraje, en el expediente número 1348/2008, relativo al juicio laboral promovido por la suscrita quejosa NORMA LETICIA LÓPEZ PIALO, específicamente en cuanto a NO DICTAR EL LAUDO correspondiente, generando con ello un retraso reiterado en el procedimiento; toda vez que se ha peticionado el cierre de instrucción y el dictado del laudo correspondiente a la autoridad responsable el dictado del laudo sin que medie respuesta alguna al libelo presentado con fecha 21 de septiembre del año 2017, dentro de los términos procesales, y mucho menos ha dictado acuerdo alguno correspondiente, por lo tanto, la autoridad responsable está retrasando el procedimiento, pues de los autos que integran el expediente se desprende que no queda prueba alguna por desahogarse, máxime que desde el día 30 de agosto de 2017, se encuentra en mesa, evidenciando con ello una extensa dilación procesal por parte de esa autoridad, lo cual se resulta ser violatorio a lo establecido, en el entorilo 17 párrafo segundo de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, que precisa los alcances de la Justicia Pronta Y Expedita, así como contraviene a lo establecido en los artículos 685, 686, 771, y en especial el artículo 878 fracción VIII y demás relativos de la Ley Federal Del Trabajo, que hacen referencia a los términos en que debe de desahogarse el procedimiento laboral y la responsabilidad de las autoridades del trabajo en cuanto a que no queden inactivos los expedientes de que conocen, y en virtud de que la autoridad responsable no dicto en tiempo y forma el laudo o acuerdo alguno respecto a lo peticionado, razón por la cual recurro a la presente vía.". En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de emitir el laudo correspondiente dentro de los autos juicio laboral J/O/1348/2008, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte que el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, dictó laudo en el juicio laboral J/O/1348/2008, por lo cual la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente dentro de los autos juicio laboral J/O/1348/2008, de su índice, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, a la agente del ministerio público adscrita a este juzgado; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, domiciliado en esta ciudad, no remitió la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, mismas que son necesarias para resolver este asunto. En tal virtud, para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase mediante oficio a la mencionada autoridad responsable, para que dentro del término improrrogable de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remita copias fotostáticas certificadas de la totalidad de juicio laboral J/O/1348/2008, promovido por Norma Leticia López Malo contra el Instituto de Educación para Adultos y/o Patronato de Fomentos Educativos en el Estado de Chiapas, mismas que deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas, en términos del artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le hará efectiva la multa con la que se le conminó en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete; es decir, una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.

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