Norma Leticia Gomez Gamaz

Expediente 1081/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1081/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Norma Leticia Gomez Gamaz

Actuaciones

  1. Principal

    VII. HA CAUSADO ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, ARCHIVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    VII.- SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDO AL QUEJOSO EL PRESENTE ACUERDO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO... Villahermosa, Tabasco; trece de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Se tiene por recibida en este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por Norma Leticia Gómez Gamas contra actos del Registro Agrario Nacional; por tanto, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 1081/2021-VII. DESECHAMIENTO Ahora, es importante destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Así como la del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Septiembre de 1999, página 730, Novena Época de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En esencia, las tesis anotadas señalan que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; aunado, que este motivo sea "manifiesto", es decir, cuando se advierte en forma clara y absoluta de la lectura de la demanda de garantías; además, que también sea "indudable", lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata encuadra en el caso concreto. En el caso, la parte quejosa señala como autoridad responsable, al Registro Agrario Nacional. En el presente caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. [.]" La causal transcrita, alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se le restituiría en el pleno goce de los derechos fundamentale vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos fundamentales quebrantados en perjuicio del quejoso. En efecto, conforme al artículo 77 de la ley de la materia, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Ahora, tomando en cuenta la certificación secretarial con que se dio cuenta, se advierte que con motivo de la pandemia causada por el virus Covid-19, la autoridad señalada como responsable suspendió sus labores, sin que se especificara alguna fecha en la que reanudarían las mismas y, por tanto, los términos de los juicios que ante ella se siguen, no correrán. Luego, se advierte una causa física que imposibilita, no sólo la concreción de los posibles efectos de la concesión del amparo, sino incluso su tramitación, pues la autoridad responsable suspendió sus labores y no da trámite a los procesos seguidos ante ella, y menos aún a aquellos derivados de los mismos, como lo es el presente juicio de amparo. Por tanto, debe concluirse que resulta improcedente la demanda de amparo, pues de darse trámite a la misma, y aunque pudieran resultar fundados los conceptos de violación, se estaría en imposibilidad de concretar a favor de la parte quejosa los efectos de la concesión del amparo; pues no sería factible restituirlo en el goce del derecho fundamental violado, por lo que ningún fin práctico tendría dar trámite a la demanda, por el momento. Aunado a ello, el presente desechamiento no afecta de manera alguna a la parte quejosa, pues la autoridad responsable informó que los términos procesales no correrán durante la suspensión de labores, por lo que una vez que reanuden las mismas, estará en posibilidad de hacer valer sus derechos no sólo ante la autoridad responsable, sino incluso a través del juicio de amparo. En apoyo de lo anterior se cita la tesis visible en la página 2868, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1988, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: `SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de el se deriven, y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en el se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Debe destacarse, que la presente determinación surge en un contexto sui generis causado por un fenómeno de salud pública, y que, por tanto, tiene esa misma característica, pues en otras condiciones no se actualizaría, dada la transitoriedad de la suspensión de labores como una forma de prevenir contagios causados por el virus covid-19 y de la incertidumbre de la fecha en que se reanuden dichas labores; esto es, que tal causa sólo puede actualizarse en tanto subsista la suspensión de labores, sin embargo, una vez que éstas se reanuden, la causa física advertida, dejará de existir. Sin que resulte práctico considerar que los efectos de una posible concesión de amparo se podrán concretar una vez que la autoridad regrese a sus labores, y que por ello deba admitirse para cuando eso suceda, pues de tal circunstancia, así como de la causa de origen (pandemia), no se tiene certeza de la fecha en que terminará. En las condiciones indicadas, al quedar de manifiesto que, en la especie, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último a contrario sensu; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Norma Leticia Gómez Gamas, contra actos de la Registro Agrario Nacional. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ahora, la parte quejosa señaló como domicilio para recibir citas y notificaciones las listas de este Juzgado; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), notifíquese por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado; asimismo, téngasele como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la materia a la persona que señala en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se tiene únicamente como referencia de contacto, para el caso de ser necesario, el teléfono y correo electrónico que cita en su escrito de demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se faculta al Actuario Judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS RELATIVAS A LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, mediante la utilización de firma electrónica vigente (FIREL). CONSULTA DEL EXPEDIENTE. Ahora, mientras las medidas de sana distancia y reducción de movilidad subsistan para enfrentar la contingencia, se privilegiará la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, por tanto, se autoriza a las partes para la consulta del presente expediente vía telefónica con la secretaria encargada de la mesa VII, al número 246-216- 3400, en un horario de lunes a viernes de nueve a quince horas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que, para la consulta y accesibilidad del presente asunto, ésta se regirá de acuerdo a lo previsto en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de nueve de mayo de dos mil dieciséis. Notifíquese en términos de ley.

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