Norma Laura De la Cruz Hernández

Expediente 277/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
277/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Norma Laura De la Cruz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, once de noviembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra un acto del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, y otras autoridades. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Norma Laura de la Cruz Hernández, por derecho propio, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas con el número 277/2021-I. El suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1° y 5° fracción II, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo El segundo de esos numerales refiere que el amparo sólo procede contra actos de autoridad; el tercero precisa quiénes tienen ese carácter y el primero contempla la improcedencia que se actualiza en el asunto en que se actúa. Conviene indicar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo, para lo cual debe tomarse en cuenta lo considerado en los diversos precedentes que sobre tal tema ha resuelto el Alto Tribunal. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, con relación al concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo consideró, en lo conducente, lo siguiente: Que una autoridad para efectos del amparo es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Aunado a lo expuesto, dicha Sala estimó que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, salvo lo dispuesto, en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo conducen a sostener que es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio podría ser procedente; sin perjuicio, desde luego, que de ser el caso y realice actos equivalentes a los de autoridad, pudiera serle reconocido tal carácter. Lo expuesto revela que debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, cuando de autoridades formales se trate, en tanto formen parte de la estructura estadual. Las relaciones jurídicas de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el Derecho civil, mercantil y laboral. En ese contexto, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Así, del criterio invocado se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En ese contexto, las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado, que obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o, de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, y la obligatoriedad. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Ahora, del escrito de demanda se advierte que en esencia los actos que reclama la promovente son; la suspensión y/o retención de su salario que quincenalmente percibía como trabajadora del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, así como la negativa, omisión y abstención de las responsables para liberar dichos emolumentos y el procedimiento administrativo incoado. Precisadas las peculiaridades que debe llevar el acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, a fin de dilucidar si a la autoridad que señaló como responsable le reviste efectivamente tal carácter, atendiendo a las exigencias establecidas por el numeral 5 de la Ley de Amparo, para determinar cuándo un ente jurídico actúa como autoridad, se concluye que en el caso no le reviste dicho carácter a la autoridad que precisa como responsable, en virtud de que tratándose de controversias suscitadas con empleados del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, actúan como particulares al vincularse con sus trabajadores en una relación en la que el citado ayuntamiento figura como patrón. En ese sentido, es indubitable que la impetrante, se duele de un hecho derivado de la relación laboral que sostiene como trabajadora de dicho ayuntamiento; por tanto, a la autoridad municipal señalada como responsable no le reviste el carácter de autoridad para los efectos de amparo. Ello es así, porque el acto que reclama constituye una actuación de quien fue señalada como responsable en su calidad de patrón, dado que tales actos se llevaron a cabo con base en la relación laboral que las une a sus trabajadores, es decir, no actuaron en un plano de "supra a subordinación"; por tanto, en esta hipótesis se está en presencia de un conflicto entre particulares, como aquí acontece: la quejosa y el Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero (patrón y trabajador). Es aplicable, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 218, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (168970), de rubro y texto siguientes: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA CUANDO DECIDE NO RENOVAR SUS NOMBRAMIENTOS. Las garantías individuales tienen siempre como sujeto pasivo a las autoridades, es decir, a los entes que pueden afectar unilateralmente la esfera jurídica de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, siempre que se encuentren en un plano de supra a subordinación. Por otra parte, la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho subjetivo de los individuos de ser oídos en su defensa previo al acto de privación; por tanto, su violación no puede actualizarse cuando tal acto proviene de otro particular, pues para solucionar este tipo de conflictos existen diversos procedimientos (civiles, penales, laborales y mercantiles, entre otros). Ahora bien, cuando el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco decide no renovar el nombramiento a sus trabajadores de confianza actúa como patrón, ya que si bien emite tal determinación unilateralmente, sin necesidad de escuchar al trabajador, sin embargo, lleva a cabo esa actuación con base en la relación laboral que lo une con éste, es decir, no actúa en un plano de supra a subordinación; por tanto, en ese supuesto se está en presencia de un conflicto laboral en el cual no existe la obligación de que la patronal otorgue la garantía de audiencia al afectado". El citado criterio, fue el resultado de la contradicción de tesis 66/2008, sustentada por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y las consideraciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera, que si en la realidad fáctica, las autoridades señaladas como responsables, asumen la postura reclamada no genera ninguna determinación susceptible de cuestionarse a través de la acción de amparo, "por no constituir actos de autoridad susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional", pues, cabe reiterar lo aseverado por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en cuanto concluyó de manera contundente, que sí actúa como patrón, el empleado en todo caso, estará en aptitud de hacer valer en primera instancia los recursos o medios de impugnación procedentes ante las instancias ordinarias según corresponda y sólo en el caso de que se falle en su contra, tendrá a su alcance el juicio amparo, ahora sí enderezado contra actos emitidos en un rango de supra a subordinación, en otras palabras, dictados por una autoridad. Por tanto, se considera aplicable el referido criterio al caso concreto. También es aplicable al respecto, la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Gaceta, Novena Época (registro 202602), de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES." Asimismo, cobra aplicación, la tesis aislada emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1406, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, (registro 173645), cuyo rubro es: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU CESE NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PUES LA RELACIÓN ENTRE AMBOS ES DE CARÁCTER LABORAL.". De igual manera, es aplicable al caso, la tesis aislada, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 889, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 195715), de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS. TRATÁNDOSE DE ACTOS RELATIVOS A LA RELACIÓN LABORAL CON SUS EMPLEADOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". Lo anterior, sin soslayar que en el estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y descentralizados del Estado de Guerrero, en su capítulo II artículo 80 establece que el Tribunal de Arbitraje será competente para resolver en definitiva los conflictos individuales que se susciten entre algunos de los Poderes, Municipios u Organismos Coordinados y Descentralizados del Estatuto y sus trabajadores. Como se puede apreciar, en dicho artículo se prevé que el tribunal de arbitraje sería el competente para resolver los conflictos individuales suscitados entre los municipios y sus trabajadores, y en el caso concreto el acto reclamado es la suspensión de salarios, que se contiene a contrario sensu en el artículo 29 de dicho estatuto. En las relatadas condiciones, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación en los artículos 1º y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, razón por la cual, procede desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrarse dentro de la jurisdicción de este juzgado, y por autorizada para tales efectos a la persona que refiere, en el entendido que de ser en amplios términos deberá proporcionar el número de cédula profesional. Por lo que respecta al correo comercial y al número telefónico que señala, se adquiere conocimiento de los mismos, para establecer contacto en caso de que se considere necesario en este juicio. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la promovente.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa el auto del veinte de octubre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Norma Laura de la Cruz Hernández, por derecho propio, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas con el número 277/2021-I. El suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1° y 5° fracción II, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo El segundo de esos numerales refiere que el amparo sólo procede contra actos de autoridad; el tercero precisa quiénes tienen ese carácter y el primero contempla la improcedencia que se actualiza en el asunto en que se actúa. Conviene indicar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo, para lo cual debe tomarse en cuenta lo considerado en los diversos precedentes que sobre tal tema ha resuelto el Alto Tribunal. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, con relación al concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo consideró, en lo conducente, lo siguiente: Que una autoridad para efectos del amparo es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Aunado a lo expuesto, dicha Sala estimó que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, salvo lo dispuesto, en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo conducen a sostener que es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio podría ser procedente; sin perjuicio, desde luego, que de ser el caso y realice actos equivalentes a los de autoridad, pudiera serle reconocido tal carácter. Lo expuesto revela que debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, cuando de autoridades formales se trate, en tanto formen parte de la estructura estadual. Las relaciones jurídicas de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el Derecho civil, mercantil y laboral. En ese contexto, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Así, del criterio invocado se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En ese contexto, las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado, que obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o, de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, y la obligatoriedad. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Ahora, del escrito de demanda se advierte que en esencia los actos que reclama la promovente son; la suspensión y/o retención de su salario que quincenalmente percibía como trabajadora del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero, así como la negativa, omisión y abstención de las responsables para liberar dichos emolumentos y el procedimiento administrativo incoado. Precisadas las peculiaridades que debe llevar el acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, a fin de dilucidar si a la autoridad que señaló como responsable le reviste efectivamente tal carácter, atendiendo a las exigencias establecidas por el numeral 5 de la Ley de Amparo, para determinar cuándo un ente jurídico actúa como autoridad, se concluye que en el caso no le reviste dicho carácter a la autoridad que precisa como responsable, en virtud de que tratándose de controversias suscitadas con empleados del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, actúan como particulares al vincularse con sus trabajadores en una relación en la que el citado ayuntamiento figura como patrón. En ese sentido, es indubitable que la impetrante, se duele de un hecho derivado de la relación laboral que sostiene como trabajadora de dicho ayuntamiento; por tanto, a la autoridad municipal señalada como responsable no le reviste el carácter de autoridad para los efectos de amparo. Ello es así, porque el acto que reclama constituye una actuación de quien fue señalada como responsable en su calidad de patrón, dado que tales actos se llevaron a cabo con base en la relación laboral que las une a sus trabajadores, es decir, no actuaron en un plano de "supra a subordinación"; por tanto, en esta hipótesis se está en presencia de un conflicto entre particulares, como aquí acontece: la quejosa y el Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero (patrón y trabajador). Es aplicable, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 218, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (168970), de rubro y texto siguientes: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA A SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA CUANDO DECIDE NO RENOVAR SUS NOMBRAMIENTOS. Las garantías individuales tienen siempre como sujeto pasivo a las autoridades, es decir, a los entes que pueden afectar unilateralmente la esfera jurídica de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, siempre que se encuentren en un plano de supra a subordinación. Por otra parte, la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho subjetivo de los individuos de ser oídos en su defensa previo al acto de privación; por tanto, su violación no puede actualizarse cuando tal acto proviene de otro particular, pues para solucionar este tipo de conflictos existen diversos procedimientos (civiles, penales, laborales y mercantiles, entre otros). Ahora bien, cuando el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco decide no renovar el nombramiento a sus trabajadores de confianza actúa como patrón, ya que si bien emite tal determinación unilateralmente, sin necesidad de escuchar al trabajador, sin embargo, lleva a cabo esa actuación con base en la relación laboral que lo une con éste, es decir, no actúa en un plano de supra a subordinación; por tanto, en ese supuesto se está en presencia de un conflicto laboral en el cual no existe la obligación de que la patronal otorgue la garantía de audiencia al afectado". El citado criterio, fue el resultado de la contradicción de tesis 66/2008, sustentada por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y las consideraciones emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera, que si en la realidad fáctica, las autoridades señaladas como responsables, asumen la postura reclamada no genera ninguna determinación susceptible de cuestionarse a través de la acción de amparo, "por no constituir actos de autoridad susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional", pues, cabe reiterar lo aseverado por la Segunda Sala del Alto Tribunal, en cuanto concluyó de manera contundente, que sí actúa como patrón, el empleado en todo caso, estará en aptitud de hacer valer en primera instancia los recursos o medios de impugnación procedentes ante las instancias ordinarias según corresponda y sólo en el caso de que se falle en su contra, tendrá a su alcance el juicio amparo, ahora sí enderezado contra actos emitidos en un rango de supra a subordinación, en otras palabras, dictados por una autoridad. Por tanto, se considera aplicable el referido criterio al caso concreto. También es aplicable al respecto, la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Gaceta, Novena Época (registro 202602), de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES." Asimismo, cobra aplicación, la tesis aislada emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1406, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, (registro 173645), cuyo rubro es: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU CESE NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PUES LA RELACIÓN ENTRE AMBOS ES DE CARÁCTER LABORAL.". De igual manera, es aplicable al caso, la tesis aislada, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 889, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 195715), de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS. TRATÁNDOSE DE ACTOS RELATIVOS A LA RELACIÓN LABORAL CON SUS EMPLEADOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". Lo anterior, sin soslayar que en el estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y descentralizados del Estado de Guerrero, en su capítulo II artículo 80 establece que el Tribunal de Arbitraje será competente para resolver en definitiva los conflictos individuales que se susciten entre algunos de los Poderes, Municipios u Organismos Coordinados y Descentralizados del Estatuto y sus trabajadores. Como se puede apreciar, en dicho artículo se prevé que el tribunal de arbitraje sería el competente para resolver los conflictos individuales suscitados entre los municipios y sus trabajadores, y en el caso concreto el acto reclamado es la suspensión de salarios, que se contiene a contrario sensu en el artículo 29 de dicho estatuto. En las relatadas condiciones, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación en los artículos 1º y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, razón por la cual, procede desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrarse dentro de la jurisdicción de este juzgado, y por autorizada para tales efectos a la persona que refiere, en el entendido que de ser en amplios términos deberá proporcionar el número de cédula profesional. Por lo que respecta al correo comercial y al número telefónico que señala, se adquiere conocimiento de los mismos, para establecer contacto en caso de que se considere necesario en este juicio. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la promovente. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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