Norma Jazmín Hernández Catalán

Expediente 835/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
835/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Norma Jazmín Hernández Catalán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte, que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, sin que lo haya realizado; en consecuencia, con fundamento en los arábigos 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de su ordinal 2, segundo párrafo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, archívese el asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del auxiliar de actuario para entregar el oficio 26052/2021, que contiene la transcripción del auto de veintinueve de octubre del año en curso, dirigido a la autoridad responsable "Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud", en virtud de que tiene que ser dirigido al Secretario del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica; en consecuencia, reexpídase el oficio de que se trata con la denominación correcta.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual *******, progenitora del menor quejoso de identidad reservada de iniciales I.E.A.H., en atención al requerimiento formulado en acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, informa que le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna con el biológico Pfizer-BioNTech, al menor quejoso. Ante este panorama, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado debe valorar si se actualiza alguna causal de improcedencia que impida el análisis del juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente en cualquier etapa del juicio, lo aleguen o no las partes, dado que, para que este órgano jurisdiccional pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente; es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada. Dicho de otro modo, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran procedencia de la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues ésta constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo. De tal manera que dicho estudio debe hacerse en cualquiera etapa del juicio, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Ahora bien, en el presente asunto este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Para aclarar el contenido de esta porción normativa, es pertinente citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, y que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario concretamente es la política nacional de vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención del COVID-19 en México; en la parte que omite regular la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad adolescentes, cuya edad oscila entre los doce a los dieciocho años; se advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno de vacunación del menor de edad. Es así, pues de las constancias de autos se advierte que ya fue aplicada, en las dos dosis que contempla la vacuna con el biológico Pfizer- BioNTech, al menor quejoso de identidad reservada de iniciales I.E.A.H., en la Sala de Prensa del Estadio "Nemesio Diez", Toluca, Estado de México, los días veintiocho de septiembre y el veintiuno de octubre del año en curso. En tales condiciones, si bien el plan nacional de vacunación subsiste en sus términos; la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la omisión contenida en la política pública ya no afecta la esfera de derechos de la parte quejosa y en esas circunstancias ya no es dable realizar el estudio de lo aquí reclamado. Lo anterior, debido a que los efectos del acto reclamado no se concretaran en el caso particular, dada la modificación del entorno en el cual se encuentra actualmente la menor de edad; esto es, dejó de existir el objeto o la materia de reclamo por el actual esquema de vacunación de la infante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia respecto del acto reclamado precisado, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción XXII, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional programada para las once horas con veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil veintiuno

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los comunicados de cuenta firmados por el Secretario del Consejo de Salubridad General, mediante los cuales, rinde informes con relación a la suspensión de plano y justificado. En ese contexto, en cuanto al primero de los oficios, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, dese vista al menor quejoso por conducto de quien lo representa en este procedimiento constitucional; y, en cuanto al segundo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe de ley rendido para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en los ordinales 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que indica y como medios alternos de comunicacio´n el correo electrónico y el número telefónico que proporciona.

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