Norma Iveth González Valerio

Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
753/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • Norma Iveth González Valerio
  • Fiscal Decimotercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad
  • José Alejandro Avilés Morelos Zaragoza
  • Norma Iveth González Valerio y Otros.
  • José Alejandro Avilés Morelos Zaragoza y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por la parte quejosa ** por conducto de *** mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Amparo; así como el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso revisión. Con copia del escrito de expresión de agravios córrase traslado a la víctima tercera interesada, autoridad tercero interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Por otra parte, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para lo cual obténganse las copias conducentes para integrar los antecedentes de este asunto. Asimismo, una vez que las partes se encuentren notificadas de la tramitación del recurso, dentro del término de TRES DÍAS, conforme con lo previsto en el artículo 89 de la Ley aplicada, envíese el juicio de amparo en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, anexando el original del escrito de expresión de agravios, así como un disco versátil digital con número de folio *** que obra en un sobre blanco y la copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación de referencia y, de inmediato realícense las habilitaciones correspondientes en el expediente electrónico para su consulta. Notifíquese como corresponda.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta signado por la tercero interesada ******, y en atención a su contenido, como lo solicita, se tiene como su autorizada en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a *, debido a que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, téngase por revocada cualquier otra designación de autorizados en su favor, por así solicitarlo expresamente; sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento en relación al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, toda vez que ya fue señalado en autos para tal efecto. No obstante lo anterior, tómese nota del correo electrónico y número telefónico proporcionado en su demanda, para entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese como corresponda.

  3. Principal

    (...) Por lo expuesto, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A *************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, a la autoridad precisada en el considerando tercero de esta sentencia, por el motivo ahí expuesto. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el quinto considerando. TERCERO. Como está ordenado en el considerando sexto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese como corresponda.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO QUE DICE: "...En la ciudad de Xalapa, Veracruz, a diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo número 753/2022 y su acumulado 754/2022, se dicta la resolución siguiente: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, el veintiuno de julio de dos mil veintidós, y recibido por razón de turno en este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, el día hábil siguiente, ****** y *****, promovieron juicio de amparo. SEGUNDO. En auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar la intervención legal que le compete a la Fiscal Federal de la adscripción y se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado. TERCERO. En proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se tuvo como parte tercero interesada a la víctima ******, por conducto de su Asesor Jurídico Particular ******, así como a la Fiscal Décimo Tercera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad CUARTO. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se decretó procedente la acumulación del juicio de amparo 754/2022 al diverso 753/2022, por ser éste el más antiguo y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado, es competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito y Acuerdo 15/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz y su transformación en el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en la referida entidad federativa y sede, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la residencia indicados. SEGUNDO. En primer término, a fin de analizar con propiedad el tema jurídico a estudio, es imperativo precisar lo que constituye el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Así del contenido integral de la demanda y demás constancias que conforman el expediente, se advierte que los quejosos reclaman: El auto de vinculación a proceso dictado, por el Juez en Etapa de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, en el proceso penal 371/2021, dictado en contra de ****** y ********, por la probable participación en la comisión del hecho ilícito de despojo, cometido en agravio de *******. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 1. Juez en Etapa de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del Apéndice 1917, septiembre 2011, Tomo II, Primera Parte, SCJN Sexta Sección, Quinta Época, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el proceso penal ******** del índice del Juzgado responsable, las cuales obran agregadas en autos, así como del índice cronológico del desarrollo de las audiencias celebradas en dicha proceso penal, con el orden de intervención de cada una de las partes y un disco versátil digital que obra glosado en un sobre cerrado con número de folio *******, mismas que constituyen documentos públicos que adquieren pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo. Sirve de apoyo la jurisprudencia por reiteración número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página ciento cincuenta y tres, publicada en el Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Y por cuanto hace a la copia auténtica del disco digital de audio y video remitido por la responsable, por ser considerado un adelanto de la ciencia, al haber sido producido por la autoridad responsable, tienen la naturaleza de prueba documental. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J.43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 703, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 1, Décima Época, Agosto de 2013, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Este juzgado estima procedente NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN SOLICITADO POR ******* Y ******** , toda vez que el auto de vinculación a proceso cumple con los requisitos constitucionales para su emisión, sin que se advierta motivo alguno que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen . Previo al estudio de fondo de los conceptos de violación, de conformidad con el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo, procede fijar en qué consisten éstos. Los quejosos ******** y ********, señalaron que los hechos expuestos por la Fiscalía no son congruentes con el tipo de delito que se imputa, y no existe relación directa con las pruebas que ocupó para la solicitud de la vinculación a proceso. Así mismo, que el auto de vinculación reclamado carece de congruencia interna, ya que realizó afirmaciones contradictorias, pues refiere que el Juez de Control explicó qué son los derechos reales y que en el despojo se tutela la propiedad y la posesión y que si bien los derechos reales sobre el inmueble se encuentran en disputa y determinar quien tiene mejor derecho sobre el mismo es competencia de un juez civil, lo cierto es que dicho Juez vincula a proceso. De igual forma, precisaron que el delito de despojo protege la posesión y esta ya fue concedida por el Juez Cuarto de Primera Instancia de Xalapa a ******, mediante un interdicto de posesión tramitado en la vía civil; sin embargo, ante la falta de probidad del Juez de Control, sustentó el auto de vinculación a proceso en argumentos que no señaló la fiscalía. A su vez, alegaron que respecto a los hechos del abandono del domicilio, existe discrepancia entre lo expuesto por la fiscalía y lo argumentado por el Juez de Control. Así como que en la carpeta de investigación no se inició con documento con fe pública que acreditara la propiedad de quien reclama ser víctima de una denuncia, porque la fiscalía presentó el testimonio que contiene el contrato privado de compraventa hasta el momento del inicio de la audiencia. De igual modo, sostiene la quejosa ********, que no tiene la propiedad del inmueble ya que tiene acreditado un domicilio distinto. Igualmente refiere ******** que la responsable no tomó en consideración las testimoniales y las documentales que obran en la carpeta de investigación, así como el escrito de contestación de denuncia de ******** y el interdicto de posesión ****** otorgado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en esta ciudad, a su favor y que, tiene la posesión del inmueble respaldado por un contrato de compraventa privado. De igual forma, sostienen los quejosos que el Juez de Control vulneró el principio de contradicción al tomar en consideración únicamente lo expuesto por la Fiscalía. Así mismo, señala ******* que la resolución dictada contiene estereotipos de género que vulneran su libertad y dignidad, toda vez que el Juez de Control hace una mala interpretación a una frase que la quejosa señala en su declaración, con lo que resulta evidente la estigmatización y que nunca estableció haber vivido con ********, y establecer que así fue va en contra de sus derechos como acusada. Hasta aquí los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Por su parte, del minuto 01:56:40 al minuto 02:49:21 del disco versátil digital con número de folio C19672022, que contiene la continuación de la audiencia inicial de treinta de junio de dos mil veintidós, se desprende que el Juez de Control responsable emitió el auto de vinculación a proceso en contra de ******* y ********, como probables partícipes del hecho delictivo de despojo en agravio de *******, bajo las siguientes consideraciones: Que se cuenta con la denuncia de la agraviada de fecha veintitrés octubre de dos mil diecinueve, que hace referencia de una relación que inició en octubre mil novecientos noventa y ocho de Daniel ***** en la Ciudad de México y que compró un inmueble de 645 metros cuadrados en el domicilio ubicado en el *******. de la carretera Xalapa- Veracruz, lote *******, manzana *******, en Xalapa, Veracruz, en donde construyó una edificación, que terminó la relación con Romeo y se fue a vivir a la ciudad de México, por lo que lo dejó al cuidado de la casa, convino el depósito de mantenimiento del domicilio con una cantidad de dinero, y que después se enteró que ****** tenía relación con una persona que vivía con él en su domicilio; que el veinte de marzo dos mil diecisiete, esta persona que sabe tenía relación con *****, le informa que ******* falleció, y que en la misma fecha le requirió la entrega del inmueble, solicitando apoyo a una amiga para recoger las llaves, sin tener éxito; que por ello vino a Xalapa unas cinco veces tratando de recuperar su propiedad y que pidió ayuda a otra persona de nombre de *******, quien le refirió que fue al domicilio donde habitaba que es de su propiedad, donde localizó a la persona que habitaba en ese domicilio, saliendo la persona del sexo masculino, que le informaron que viven en el domicilio porque es de su propiedad, que requirió la devolución y que las personas que vivían ahí le prometieron desocupar la propiedad en el mes de diciembre de dos mil dieciocho; asimismo, que se trasladó al inmueble con el hijo de quien le vendió la propiedad, sin lograr que le entregaran la misma, refirió que buscó a la progenitora de la persona del sexo masculino que estaba ocupando su inmueble y que a través de ella logró contactarlo, y que en una reunión le propuso la persona del sexo masculino la compra del inmueble lo que ella no aceptó; que no han desocupado el inmueble en la fecha prometida y que continúan ocupando el inmueble de su propiedad, que incluso sabe que promovieron en el Juzgado Cuarto de Primera instancia un cumplimiento de contrato de compraventa contra el propietario que les vendió, que esta persona ya falleció y que incluso suspendieron el proceso ya que ella compareció; que solicitó el desalojo sin que hayan desocupado el inmueble. Así mismo, precisó el Juez de Control, que la fiscalía señaló la existencia de un contrato privado realizado entre la persona agraviada y el señor ********, celebrado el ocho de febrero de dos mil uno, donde aparece la compraventa de un inmueble de ******* metros de superficie y que ese inmueble se encuentra en el citado domicilio en el rancho ********. de Xalapa, Veracruz, lote ******, manzana ****** . Que en dicha denuncia se agregó el acta de defunción del Registro Civil de Xalapa, de la muerte de la persona con la que tuvo una relación ******* y que dice dejó a cargo del cuidado, bajo el pago de cantidades ciertas, quien es ******** Que también obra la testimonial por parte de la agraviada, quien ratifica su escrito de seis de mayo de dos mil diecinueve; así como la entrevista de la albacea de los bienes propiedad de **********, quien compareció en el contrato privado de compraventa entre la agraviada y esta persona, propietario de diecisiete hectáreas, donde vende una fracción de terreno a la agraviada; dicha albacea refirió que es representante de quien era el dueño, su progenitor, del fraccionamiento ********* del kilómetro *********, el cual se encontraba regularizando al momento de la comparecencia, y reconoce el contrato de compraventa del ocho de febrero de dos mil uno, donde se le vendió a la agraviada el lote uno de la manzana uno, que constituyen seiscientos cuarenta y cinco metros cuadrados, refiriendo que la posesión del lote y la casa han sido siempre de la agraviada, incluso refirió un oficio del Director del Desarrollo Urbano de Xalapa, donde informa sobre la regularización del fraccionamiento que se encuentra establecido. Precisó que el anterior dato de prueba concatenado con el contrato privado de compraventa entre la agraviada y el señor ********, así como lo referido en la denuncia, le permiten establecer de manera cierta, no solo la propiedad sino la posesión de un bien inmueble ubicado en ******* en el kilómetro ********. en la carretera Xalapa- Veracruz, lote ******, manzana *******. Que el ateste del señor *******, albacea de los bienes de *********, permiten establecer el reconocimiento que hace de lo que su progenitor a quien representa, vendió una fracción de terreno en la fecha que aparece en el contrato privado y en ese momento procesal, se acredita el reconocimiento del contrato de compraventa que realizó la agraviada; que los contratos privados de compraventa producen obligaciones entre las partes, así como derechos entre las personas que adquieren un tipo de terreno. Que se agregó el instrumento público ****** pasado ante la fe de Notario Público número 11 de Xalapa, Veracruz, donde aparece el nombramiento de albacea y coheredero de los bienes de ********* y que da cuenta el Ministerio Público, y que con ello se permite establecer el ateste cierto de la albacea en la referencia de reconocimiento del contrato privado de compraventa así como la posesión y propiedad del lote y casa del inmueble citado. Señaló que en la entrevista de la persona de nombre ********, esta refiere la existencia de la relación entre la víctima y el señor ********, así como el lugar en donde estaba establecido su domicilio con esa persona; 02:05:36 que ahí compró y que estuvo viviendo; que dejó la relación con el señor Daniel y lo dejó al cuidado de la propiedad; que después se enteró que ahí estaba viviendo otra pareja con el señor ********; que se enteró de la muerte de ****** y que la señora que está viviendo en ese lugar con ********, seguía viviendo en el inmueble y que incluso ella fue a pedir en varias ocasiones las llaves, que fue al inmueble y le dijo la persona que estaba viviendo ahí junto con una persona del sexo masculino que después las entregarían, que conoció la oferta de dos millones de pesos que se le hizo a la propietaria y que también de una búsqueda en internet encontraron lo relativo a una demanda promovida por la persona del sexo masculino que estaba habitando el inmueble que denunció la agraviada. Que en la entrevista de *******, refirió haber comparecido en mayo y conocer a la víctima, ya que sabe que ella hizo amistad con ella y por eso iba al domicilio que se encuentra en el rancho ********, que ella fue a pedir las llaves ya que se lo solicitó su amiga, que el dieciséis de diciembre fueron a una empresa comercial denominada Toks, donde la persona de sexo femenino le refirió que le entregarían las llaves pero que esta última no fue; que en el mes de diciembre también fueron a pedir las llaves y salió una persona del sexo femenino y también del sexo masculino, le pidieron tiempo para desocupar el inmueble y después de ello vieron en internet la demanda que habían interpuesto la persona que estaba habitando el inmueble de su amiga. Que las anteriores dos entrevistas permiten establecer el conocimiento que tenían respecto a que la víctima era propietaria y poseedora del inmueble, que dejó cuidando al señor ******* esa propiedad, ello para efecto de su manutención en cuanto a su conservación y que después supieron que ese inmueble fue ocupado por una persona que estaba viviendo con el señor ********* en ese lugar, que el señor muere y después de eso trataron de apoyar a la víctima a efecto de recuperar su propiedad. Que obra el dictamen ******* de junio de dos mil diecinueve, donde el experto forense hace inspección ocular con secuencia fotográfica del lugar de los hechos, sin poder realizar dictamen de agrimensura que le solicitó el Ministerio Público, dato de prueba que permite establecer que no se pudo hacer lo relativo a la agrimensura, pero se dejó constancia de la inspección ocular. Que obra el oficio ****** signado por elementos de la Policía Ministerial en junio de dos mil diecinueve, donde realizan actos de investigación en el lugar de los hechos, dando cuenta de la impresión ministerial que se hace en el Rancho ******* en el kilómetro ******** en la carretera Xalapa-Veracruz, en el interior de este fraccionamiento en el lote uno, manzana uno; que ese dato de prueba que junto con la pericial, permiten establecer la existencia cierta de un lugar del que la víctima se duele es la propietaria y que dejó en posesión derivada de un convenio con una persona con la que tuvo una relación para que lo cuidara y que perdió la posesión después de que falleció y de ahí que la fecha de denuncia sea veinte de marzo de dos mil diecisiete, como la circunstancia de tiempo del delito que denunciara. Que refirió la fiscalía dos oficios de la policía ministerial 10462/2019 y 10464/2019 donde entrevista a ***** y a ******* Pérez y el escrito de ampliación presentado por la agraviada, de diez de mayo de dos mil diecinueve, donde reitera la denuncia donde refirió que no acceden a devolver el inmueble, adjuntando diversos recibos, datos de prueba que permiten establecer que la agraviada era la propietaria y poseedora y usuaria del inmueble citado. Que las fichas de depósito aportadas por la víctima, donde depositó a la cuenta HSBC a nombre del señor ******** en diferentes fechas diversas cantidades, le permiten referirse a la manifestación de la víctima quien dijo que después de haber terminado su relación de pareja con ******** acordó con él que se quedaría con el inmueble de su propiedad para efecto de mantenerlo y cuidarlo y que por ello había acordado la entrega de numerario de manera mensual. Que también obran copias certificadas de un expediente ********* del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de esta ciudad, donde aparece una demanda promovida por la persona que denuncia la víctima, demandando el cumplimiento de un contrato de compraventa del terreno propiedad de la víctima, que se dice fue realizado por él, el ocho de febrero de dos mil uno, donde la agraviada compareció y aportó diversas documentales, dato de prueba que permite establecer la coincidencia de que cuando dice que adquiere una propiedad de seiscientos cuarenta y cinco metros, fue el ocho de febrero de dos mil uno, por lo que, existe el punto controvertido de que existen dos contratos aparentes del mismo lugar. Que también se agregó el oficio 2974/2019 de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Registro Público de la Propiedad, del que se advierte que el señor *********** es el propietario de las hectáreas donde se encuentra la fracción de terreno que se le vendió a la agraviada. Se agregó un instrumento 2:17:43 pasado ante la fe del Notario número Seis de Xalapa Veracruz, donde aparece la formalización del contrato de compraventa del inmueble citado, por el representante de los bienes de la persona que falleció, donde el albacea reconoce la venta de su padre y donde consta la edificación en el lote uno, manzana uno del rancho ******* ubicado en el kilómetro ******* de la carretera Xalapa- Veracruz, datos con los cuales se permite establecer la existencia del hecho constitutivo del delito. Que el hecho ilícito de despojo previsto por el artículo 222 fracción I, se refiere no solamente a la posesión, sino también a la propiedad, parte de la lectura en cuanto a elementos de que no haya consentimiento de quien tiene derecho a otorgarlo, esto es, *** bajo la denuncia presentada y toda la información, se establece que no dio consentimiento para que su inmueble fuera ocupado por persona alguna, que esa ocupación permite derivar en dos posibles derechos reales, que de acuerdo a la normatividad civil son principalmente la propiedad, después la posesión, el usufructo, y todo lo que se puede hacer con las cosas.Que en el caso concreto, sin importar quien sea el propietario real al final, lo cierto es que, quien tenía la posesión desde el contrato privado de compraventa que realiza ******* con el señor *******, ella adquirió la propiedad y la posesión tal como lo reconoce el albacea del señor ******** y de ahí se deriva que este derecho real es doble partida en cuanto a *******, la posesión y la propiedad a partir del ocho de febrero de dos mil uno, en que realiza el contrato privado; de ahí que, efectivamente el hecho constitutivo del delito agravia la propiedad y la posesión que ******** había adquirido desde la compraventa de ese inmueble en el que ella refiere haber construido la edificación que actualmente se encuentra. Que en esa situación de posesión y propiedad, ella refirió haber dejado en una posesión derivada de un convenio para que tuviera para efectos no de dominio, sino para darle mantenimiento y conservación; y que si bien no se acredita, lo cierto es que ella dice y dos testigos indican, que el señor Daniel Romeo tenía el cuidado del bien y no la propiedad. Que por lo anterior, se estableció que de manera probable a partir del veinte de marzo de dos mil diecisiete, como circunstancia de tiempo, en el lugar ubicado en el rancho ******* en el terreno citado, como circunstancia de lugar, donde es propietaria y poseedora ********, la misma dejó en posesión derivada de un convenio de cuidado a ********, no obstante de que este ya había iniciado una relación con otra persona, y que la misma vivía en su domicilio, y que tuvo conocimiento por parte de esta última, de la muerte de ********, por lo que ******** solicitó a la persona que tenía en posesión que le devolviera el bien inmueble, sin que lograra con éxito que le entregaran las llaves; que incluso le pidió apoyo a las personas ******** y ********* para que pidieran la entrega del inmueble, de ahí que se advierte que una persona ingresa al inmueble bajo la relación que mantuvo con ******* a quien le entregó la víctima la posesión derivada, sin tener derecho para continuar su posesión. Que bajo esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, determinó que existe la posibilidad de que ******** y ******* sean las personas que pudieron haber cometido la conducta antisocial que se acredita y que lo relativo a ese hecho, no solamente es la posesión sino también la propiedad. Que precisamente es la denuncia presentada, donde refiere todo para obtener un predio, que lo edifica y vive en ese lugar hasta el año dos mil diez, y que por necesidades de trabajo tuvo que trasladarse a la Ciudad de México, dejando a cargo al señor Daniel Romeo, después de haber terminado su relación de pareja, para el mantenimiento y cuidado del lugar; que posteriormente su hija, quien visitaba la ciudad de Xalapa, en la correspondiente denuncia, le indicó que su expareja ****** ya había iniciado una relación de pareja con una persona que identifica como ****** que se encontraba habitando el mismo domicilio propiedad de la agraviada, y que después de haberse enterado de esa situación, recibe una llamada de ***** quien le informa que el señor Daniel Romeo había fallecido, y que en la misma fecha ***** le requirió la entrega del inmueble.Que también refirió, que después se enteró por sus amigas ****** y ******, que fueron a buscar al domicilio a ****** y después ella se asomó y salió la persona que se identificó con el nombre de *******, mismos que le refirieron que era pareja de Norma Iveth y que habitaban en el domicilio, que esta persona les prometió desocupar en el mismo mes de diciembre de dos mil dieciocho, y que no hicieron la devolución de su propiedad, por lo que incluso acudió con el hijo de la persona que le vendió su propiedad, así como sus amigas a efecto de requerir del mismo, sin que lo lograran; que incluso el señor ******* le hizo una oferta para compra pero no la aceptó y que hasta la fecha de la denuncia, el inmueble sigue en posesión y uso de las personas que denunció, por lo que existe el señalamiento en contra de ******* y *******, por parte de la agraviada, bajo el conocimiento de quien estaba ocupando el inmueble del cual acreditó tenía en propiedad y posesión. Que para demostrar la probable participación o comisión de los inculpados, se agregó también la entrevista de *******, quien refirió las circunstancias antes citadas, para establecer lo relativo a la acreditación del hecho constitutivo del delito, y señaló que sabe que en ese domicilio supo que vivía el señor Daniel junto con otra persona, que supo que murió y que la persona que siguió viviendo ahí, pareja de *******, ******** siguió habitando el inmueble pesé a que había muerte ********* y que ella incluso le fue a pedir las llaves, y esta le salió con *********** y le dijo que después se lo iban a entregar, refiriendo que se las pidió en referidas ocasiones, para poder entregarlas a la persona que se lo solicitó y que supo que ********** hizo una oferta de dos millones de pesos y que este último había promovido una demanda ante un juzgado. Que también obra el señalamiento de ******* refiriendo lo antes señalado, relativo al conocimiento que tuvo del evento en el cual se adquiere y se deja a cuidado un domicilio, que el dieciséis de diciembre fue a Toks para la entrega de las llaves del inmueble pero la ******* no acudió; que estos dos atestes de******** y *********, permiten establecer que tenían conocimiento de que en ese lugar que estaba habitado, primero por la propietaria junto con su concubino y posterior a la ruptura de esa relación dejó a cargo del señor ******** el inmueble, y quien después inició una relación con ********, por lo que esta comenzó a ocupar el inmueble bajo la complacencia de una persona que no tenía el derecho de otorgar autorización ya que tenía la posesión derivada de un convenio con su propietaria para cuidar el inmueble citado, y que permite referirse que a partir del veinte de marzo de dos mil diecisiete, al cesar los efectos del convenio entre ******** y ******** por su muerte, ************ ocupa un inmueble sin el consentimiento del poseedor del derecho real de la propiedad ya que la misma ********* refiere que desde el veinte de marzo de dos mil diecisiete, al informe que le hizo de la muerte de *********o, ella le requirió la entrega del inmueble de su propiedad sin que hasta la fecha de su denuncia le haya sido restituido el inmueble. Que también se permite establecer con los mismos datos de prueba citados, que el señor *******, posterior a la fecha en la que fallece *******, entró a ocupar el derecho real de propiedad y posesión de la agraviada ******, ya que refieren la existencia de su presencia, dos personas de manera concreta, ******* y *******, quienes refieren que en ese lugar acudieron y también salía *******, nombre de la persona que identifican ocupando el inmueble propiedad de ******. Que la conducta de los indiciados es de manera dolosa y que son autores materiales, ya que ****** y ***** son las personas que están ocupando el inmueble citado, ya que en los requerimientos de la entrega del inmueble, las personas que han salidos son estos, son las personas señaladas directamente como las que están ocupando el citado inmueble. Por lo anterior, concluyó que probablemente a partir del veinte de marzo de dos mil diecisiete, en el lugar ubicado en el interior del Rancho *****, en el lote *****, manzana ******, en el kilómetro ***** de la carretera federal Xalapa-Veracruz, de manera dolosa y como autores materiales, ****** ante el deceso de ****** y ante el requerimiento de la entrega del bien inmueble propiedad de la agraviada, se ha negado a devolverlo, ocupando el inmueble sin el consentimiento de la agraviada, y por ello la naturaleza de continua del hecho constitutivo de delito ya que mientras dure la continuación del hecho, este tipo de delitos se puede definir como continuado. Que en cuanto a la participación de dicha inculpada, desde el veinte de marzo de dos mil diecisiete y, respecto a *********, no se puede establecer a partir de qué momento entra al domicilio y lo empieza a habitar ya que no se tiene un dato de prueba concreto, pero sí la referencia que en diversas ocasiones las personas que se han presentado al inmueble, ******** y ******* lo ubican precisamente en el lugar referido, además de que existe el dato de prueba de que ****** interpuso una demanda civil en los Juzgado de Xalapa donde refirió tener un contrato de compraventa celebrado con otra persona diferente al señor *******, sin que obre referencia del contrato que refiere haber celebrado ******* con ******* y por ello es autor material, al utilizar y ocupar un bien inmueble sin consentimiento de ******, afectando sus derechos reales de posesión y propiedad, también de naturaleza dolosa, al saber de ese conflicto sin devolver el bien inmueble del que se ha dado constancia que el propietario era el señor ******** .Que por lo anterior, quedaron establecidas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permiten acreditar el hecho constitutivo de delito que ese órgano jurisdiccional clasificó como el delito de despojo, consumado continuamente por los autores materiales en acciones de naturaleza dolosa, con fundamento en el artículo 18, 20, fracción II, 21, segundo párrafo, 37 y 222, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Veracruz, toda vez que consideró que existen datos que permiten establecer la existencia de circunstancias de tiempo, modo y lugar de como se acredita un hecho constitutivo de delito y la posibilidad de que los inculpados lo cometieron o participaron en dicho antisocial. Señaló la autoridad que no se actualizaba alguna de las excluyentes del delito y tampoco causa de extinción de la acción penal. Hasta aquí las consideraciones de la Juez de Control. Ahora bien, sobre el tema del auto de vinculación a proceso, es importante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que debe considerarse a la etapa de investigación como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio. Por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso. De ahí que, respecto del contenido de la carpeta de investigación, deba considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza de la fiscalía de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la redacción del artículo 19 Constitucional, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado "cuerpo del delito". Sino que, a fin de respetar la directriz constitucional, únicamente se requiere determinar que un hecho puede encuadrar en una hipótesis delictiva, que se podría definir como la identificación de la norma penal relevante; y que efectivamente, el hecho materia de la imputación aconteció. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal y permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada. Las anteriores consideraciones dieron sentido a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 360, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2014800, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Premisas que también sustentan el cambio del estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación, dentro del sistema penal acusatorio y oral, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, como referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Datos que, conforme a lo dispuesto por la fracción III, inciso A, del artículo 20 Constitucional, en la etapa de investigación no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio (oral), salvo excepción que haga la ley. Aquí es importante señalar que el concepto de "dato" en el actual sistema penal, se introdujo como una forma de diferenciar la forma en que se desahogan los elementos probatorios en el proceso, para así impedir que la fiscalía "pruebe" con la acción e investigación que se realiza en la averiguación previa y aporte pruebas "irrefutables" que no fueron sometidas a los principios de inmediación, contradicción, publicidad y oralidad de la audiencia. En base a lo anterior, podemos argumentar que una de las características del sistema acusatorio es diferenciar el estándar probatorio en función de las etapas en la secuela procedimental, de tal forma que no será el mismo estándar de prueba necesario para etapas donde se discuten cuestiones preliminares a la del juicio oral, por ejemplo, la imposición de una medida cautelar o la vinculación a proceso, que para el dictado de la sentencia definitiva . Así, de todo lo anterior, es factible afirmar que el dictado del auto de vinculación a proceso no exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado, sino el establecimiento, con base en datos de prueba, que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito y la probabilidad de la participación del activo . En ese sentido, este juzgado determina que son infundados los conceptos de violación expuestos, en principio porque los quejosos ******* y ********, señalaron que los hechos expuestos por la Fiscalía no son congruentes con el tipo de delito que se imputa, y no existe relación directa con las pruebas que ocupó para la solicitud de la vinculación a proceso. Sin embargo, contrario a lo alegado por dichos quejosos, como así lo señaló el Juez de Control, los datos de prueba expuestos por la fiscalía son suficientes para acreditar la existencia del hecho delictivo de despojo y la probable responsabilidad de que los imputados lo cometieron. Ello es así, ya que el Juez de Control tomó en consideración los datos de prueba expuestos por la Fiscalía consistentes en: 1. La denuncia de la agraviada ********** de veintitrés octubre de dos mil diecinueve. 2. El contrato privado realizado entre la persona agraviada y el señor *********, el ocho de febrero de dos mil uno. 3. El acta de defunción del Registro Civil de Xalapa, de la muerte de ************. 4. La entrevista del señor ******, albacea de los bienes propiedad de **********. 5. Las entrevistas de ******* y ****** . 6. El instrumento pasado ante la fe del Notario número Seis de Xalapa Veracruz, donde aparece la formalización del contrato de compraventa del inmueble citado y el albacea reconoce la venta de su padre y donde consta la edificación en el lote uno, manzana uno del rancho ******* ubicado en el kilómetro ***** de la carretera Xalapa-Veracruz. Datos de prueba con los cuales sí se acredita, de manera indiciaria, que probablemente a partir del veinte de marzo de dos mil diecisiete, en el bien inmueble ubicado en Rancho ****** en el kilómetro ******. en la carretera Xalapa- Veracruz, lote ******, manzana ****, propiedad de *****, una persona de nombre ****** ingresa al inmueble bajo la relación que mantuvo con *****, a quien le entregó la víctima la posesión derivada, sin tener derecho para continuar su posesión. Así mismo, que *****, posterior a la fecha en la que fallece *****, probablemente entró a ocupar el derecho real de propiedad y posesión de la agraviada, ya que se advierte la existencia de su presencia ocupando el inmueble citado. También con dichos datos de prueba, el Juez de Control determinó la probable participación de los aquí quejosos en el hecho delictivo, toda vez que, respecto a dicha inculpada, entró a habitar el domicilio citado probablemente desde el veinte de marzo de dos mil diecisiete y, respecto a *****, no se puede establecer a partir de qué momento entra al domicilio y lo empieza a habitar ya que no se tiene un dato de prueba concreto, pero sí la referencia que en diversas ocasiones las personas que se han presentado al inmueble, ***** y ******* lo ubican precisamente en el lugar referido. Además refirió el Juez de Control, de que existe el dato de que ****** interpuso una demanda civil en los Juzgado de Xalapa donde refirió tener un contrato de compraventa celebrado con otra persona diferente al señor ******, sin que obre referencia del contrato que refiere haber celebrado *******. De ahí que este juzgado determina que los datos de prueba expuestos por la Fiscalía en la audiencia inicial sí son suficientes para acreditar de manera probable la existencia del hecho delictivo y la probable participación de ****** y J******* en su comisión. Así mismo, refieren los quejoso que el auto de vinculación reclamado carece de congruencia interna, ya que realizó afirmaciones contradictorias, pues refiere que el Juez de Control explicó qué son los derechos reales y que en el despojo se tutela la propiedad y la posesión y que si bien los derechos reales sobre el inmueble se encuentran en disputa y determinar quien tiene mejor derecho sobre el mismo es competencia de un juez civil, lo cierto es que dicho Juez vincula a proceso. De igual forma, precisaron que el delito de despojo protege la posesión y esta ya fue concedida por el Juez Cuarto de Primera Instancia de Xalapa a *******, mediante un interdicto de posesión tramitado en la vía civil; sin embargo, ante la falta de probidad del Juez de Control, sustentó el auto de vinculación a proceso en argumentos que no señaló la fiscalía. No obstante, contrario a lo afirmado por los quejosos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el numeral 222, fracción I, del Código Penal para el Estado de Veracruz, al prever que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, tutelan la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión. Así mismo, que el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. De igual forma, que para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de un título de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente o desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer. De ahí que, aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, en tanto que el artículo 222, último párrafo, citado, prevé que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. Sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria. Los anterior argumentos obran en la jurisprudencia 1a./J. 70/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011, visible en la página 83, de rubro: "DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." En tal virtud, si de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía se desprende que la agraviada ******* tiene la propiedad legítima del bien inmueble en comento, es evidente que se acredita al menos de manera indiciaria, la existencia del hecho ilícito en cuestión y al haber quedado demostrado que probablemente ******* y ******* están habitando dicho bien inmueble, existe la probabilidad de que estos cometieron el hecho ilícito que se les imputa. Sin que obste a lo anterior que el quejoso ******* haya referido que la posesión ya le fue concedida por el Juez Cuarto de Primera Instancia de Xalapa; sin embargo, los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer, lo cual no necesariamente debe quedar demostrado hasta esa etapa procesal (auto de vinculación a proceso). Por otro lado, también alegan los quejosos que respecto a los hechos del abandono del domicilio, existe discrepancia entre lo expuesto por la fiscalía y lo argumentado por el Juez de Control. Al respecto, este juzgado advierte que el Juez de Control no realizó argumentos contradictorios, pues como así lo expuso, la Fiscalía señaló que la agraviada dejó el domicilio con motivo de que se fue a vivir a la Ciudad de México, empero, que dejó el bien inmueble a cargo de una persona para que lo cuidara a cambio de cierta cantidad de dinero. Por lo que, la circunstancia de que la agraviada haya cambiado de residencia no implica que haya perdido la posesión o la propiedad de dicho bien inmueble, ya que como lo determinó el Juez de Control, existen datos de prueba con los cuales se demuestra que probablemente los hechos sucedieron como los expuso la agraviada en su denuncia. Y ante tales afirmaciones, los inculpados no ofrecieron datos de prueba con los cuales demostraran al menos de manera indiciaria, que, en el caso de *********, esta no habitada en el domicilio o en el caso de *******, que tenía la legítima posesión del bien inmueble en comento. Por otra parte, los quejosos aducen que en la carpeta de investigación no se inició con documento con fe pública que acreditara la propiedad de quien reclama ser víctima de una denuncia, porque la fiscalía presentó el testimonio que contiene el contrato privado de compraventa hasta el momento del inicio de la audiencia. No obstante, debe decirse que aunque la Fiscalía haya ofrecido dicho dato de prueba hasta el momento de la audiencia, lo cierto es que, para sustentar el auto de vinculación a proceso, el Juez de Control tomó en consideración además del instrumento público, también la entrevista de la albacea de los bienes de ********, quien reconoció la venta de este último con la agraviada. Máxime que, no se advierte que en la continuación de la audiencia inicial, la Defensa haya hecho valer ante el Juez de Control, esos argumentos de que dicho dato de prueba se haya ofrecido hasta el momento de la audiencia. Por otro lado, refiere ******** que la responsable no tomó en consideración las testimoniales y las documentales que obran en la carpeta de investigación, así como el escrito de contestación de denuncia de ******** y el interdicto de posesión *******otorgado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en esta ciudad, a su favor y que, tiene la posesión del inmueble respaldado por un contrato de compraventa privado. Sostienen también ambos quejosos que el Juez de Control vulneró el principio de contradicción al tomar en consideración únicamente lo expuesto por la Fiscalía. Al respecto, no les asiste razón a los peticionarios del amparo, toda vez que el Juez de Control sí se pronunció respecto a cada uno de los datos de prueba presentados por los aquí quejosos, así como a los argumentos expuestos por la defensa en la continuación de audiencia inicial. Ello es así, ya que como se advierte del minuto 02:49:22 al minuto 03:23:17 del disco versátil digital con número de folio C19672022, que contiene la continuación de la audiencia inicial de treinta de junio de dos mil veintidós, el Juez de Control dio contestación a las manifestaciones realizadas por la defensa y en lo que aquí interesa determinó: Que respecto a los atestes de ****** e ******, afirman que durante los cuarenta años y veinticuatro años, Norma ha habitado en diverso domicilio, así como la constancia de domicilio, permiten establecer un punto contradictorio entre los datos de la carpeta de investigación ya que la fiscalía dice que ***** sí estaba habitando el inmueble que indiciariamente es propiedad de *****; sin embargo, dicha circunstancia de si vive en el inmueble, hasta esa etapa preliminar o indiciaria no debía quedar establecido, por lo que no debía resolver el conflicto penal sino hasta otra etapa, que valoró dichos datos pero no podía establecer que tuvieran mayor peso a los datos que aportó la Fiscalía, ya que su ofrecimiento es únicamente como dato de prueba. Que respecto a lo referido por la Defensa, de que hay un expediente civil donde el accionista es ****** contra ******* y no existe resolución; sin embargo, que ese punto no era materia de estudio, y que ****** no era parte en ese juicio civil, empero eran hechos en materia civil por lo cual no ocupaba dicha información. Que sí compareció ****** el cinco de diciembre, empero el Juez señaló que esa circunstancia no abonaba para dictar una no vinculación a proceso Que respecto a que Norma no tiene posesión alguna sobre el inmueble, precisó que dos personas y la denunciante, dicen que posiblemente sí y por esa probabilidad, bajo ese estándar probatorio emitió su resolución. Que en relación a que no había datos de si habita o habitó, señaló que hay datos de que habitaba o sigue habitando, y que existe la posibilidad, y que respecto a lo señalado de que no hay algún medio para decir que ** habita ahí, eso será motivo de la investigación complementaria, ya que existe la posibilidad de que Norma se haya quedado a vivir ahí después de la muerte de ***, con quien tenía una relación. Que respecto a *****, agregó la defensa dos documentales, una copia certificada de un interdicto de posesión que le dio a su favor el Juzgado de Xalapa, así como lo que contestó ante la carpeta de investigación el veintidós de enero de dos mil veinte, el Juez determinó que hasta ese momento procesal ***** tiene un derecho desde el año dos mil uno, cuando adquiere esa fracción de terrero y de ahí nació ese derecho a poseer y la propiedad del inmueble, y que ****** admitió tener en posesión el inmueble, incluso presentó y logró ese acto donde se le dio la posesión por parte del Juez Cuarto de Xalapa y que no obstante como lo señaló la fiscalía, el último párrafo permite que se le puede sentenciar aunque esté en disputa quien es el propietario del bien, con más razón puede vincular a proceso. Por lo antes señalado, es evidente que el Juez de Control se pronunció respecto a cada una de las manifestaciones realizadas por la Defensa. Por otro lado, respecto a lo alegado por ****** , de que no tiene la propiedad del inmueble ya que tiene acreditado un domicilio distinto; y que la resolución dictada contiene estereotipos de género que vulneran su libertad y dignidad, toda vez que el Juez de Control hace una mala interpretación a una frase que la quejosa señala en su declaración, con lo que resulta evidente la estigmatización y que nunca estableció haber vivido con *******, y establecer que así fue va en contra de sus derechos como acusada, dichos argumentos son igualmente infundados. Lo anterior es así, ya que como se estableció anteriormente, sí existen datos de prueba expuestos por la Fiscalía, suficientes para demostrar que probablemente ****** habitaba en el domicilio citado, como son las testimoniales de ******* y *******, quienes señalaron que fueron a buscar al domicilio a ***** y después ella se asomó y salió la persona que se identificó con el nombre de *****, mismos que le refirieron que era pareja de ****** y que habitaban en el domicilio. Así mismo, el Juez de Control, relacionó las testimoniales antes citadas con la declaración de ****** en la que adujo que en el año dos mil once conoció a *****, que comenzaron una relación de amistad y posteriormente de noviazgo, que se quedaba algunos días con él donde vivía y estuvieron juntos seis a siete años, hasta que él falleció. Por otra parte, si bien dijo el Juez de Control señaló que en la declaración de *******, esta manifestó que estuvieron juntos seis años, y que cuando se habla de una relación de pareja, cuando se dice "estuvimos juntos" se refiere a una cohabitación a vivir en un lugar, no a una relación de noviazgo. Lo cierto es que, el Juez refirió que dicha información junto con lo referido por las dos testigos ****** y******, quienes dijeron haber requerido a Norma en diversas ocasiones la entrega de las llaves y que incluso iban y la encontraban en ese domicilio, le permitieron establecer que probablemente dicha indiciada estaba residiendo en ese lugar De ahí que, la conclusión adoptada por el Juez de Control de que Norma posiblemente sí vivía con ****** en el domicilio citado, no se basó solo en la manifestación de *****, sino que fue al valorar dicha información con lo señalado por las dos testigos referidas, por lo que este juzgador no advierte que con los argumentos vertidos por la responsable se haya estigmatizado a la aquí quejosa. Pues incluso el Juez valoró lo que ****** manifestó en su declaración de que vivía en otro domicilio en la colonia *****, así como los atestes de *******e ******, y la constancia de domicilio, empero, determinó que dichos datos de prueba solo servían para establecer un punto contradictorio en la carpeta de investigación a lo señalado por la Fiscalía y que es en otro momento donde debe quedar establecido si *******vivía en ese domicilio, ya que dichas testigos en su momento procesal deberán acudir ante un Juez para que se le de mayor valor a sus declaraciones. Por lo antes señalado, resulta claro que los argumentos expuestos por la autoridad responsable fueron realizados de manera objetiva sin tomar consideración su género, esto es, por el hecho de que la inculpada ****** fuera una persona del sexo femenino, sino que, como así lo precisó en el dictado del auto de vinculación, las propias declaraciones de las dos testigos y de la denuncia de la agraviada, le permitían establecer que probablemente la citada indiciada vivía en el domicilio de quien en ese entonces era su pareja. Por otra parte, este juzgado no advierte que se actualice alguna de las excluyentes del delito o causa de extinción de la acción penal. Por todo lo anterior, es constitucional que la Juez de Control, en términos de lo que dispone el numeral 316 del Código Penal del Estado de Veracruz, dictara auto de vinculación a proceso por el hecho ilícito que la ley señala como el delito de despojo, previsto en el artículo 222 fracción I del Código Nacional del Código Penal del Estado de Veracruz, como autores materiales de dichos hechos cometidos. Con lo anterior, se advierte que no se vulneró en perjuicio de los accionantes el derecho humano al debido proceso previsto en el artículo 14 constitucional. En consecuencia al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por los quejosas, sin que se advierta motivo alguno que suplir, LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ******* Y *********. QUINTO. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. SEXTO. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deberá de entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ******* Y *******, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, a la autoridad precisada en el considerando tercero de esta sentencia, por el motivo ahí expuesto. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el quinto considerando. TERCERO. Como está ordenado en el considerando sexto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese como corresponda. "

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