Norma Irene Presa Baez
Expediente 1407/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1407/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Norma Irene Presa Baez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II. Agréguese a los presentes autos el oficio 538/2019-P-1, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, por ese Cuerpo Colegiado, en la queja 3/2019, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por Emilio Ramírez Becerra apoderado de Norma Irene Presa Báez, contra el auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, resolución en la que aparece que la citada Superioridad resolvió ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja, interpuesto por Norma Irene Presa áez en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, dictado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho, en el expediente de amparo indirecto número 1407/2018-II En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro respectivo; y notificado que sea este acuerdo, como dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto, en el que se desechó la demanda de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. Por otra parte, en cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
Mesa II. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 250/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito; con el que comunica que recibió y admitió en ese Tribunal el recurso de queja interpuesto por la quejosa NORMA IRENE PRESA BAEZ, por conducto de quien se ostenta su apoderado EMILIO RAMÍREZ BECERRA, contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, integrándose el toca número 3/2019 de su índice, y declaró su competencia legal para conocer del asunto.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el escrito signado por Emilio Ramírez Becerra, quien se ostenta apoderado de la directa quejosa, con ocho copias y sin anexos, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra del acuerdo de cuatro de diciembre del año en curso; en mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LA RECURRENTE, toda vez que en el proveído de referencia, se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, penúltimo párrafo, éste último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase las constancias conducentes del presente expediente, así como el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, y la copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materias Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que la misma señala las constancias conducentes que deberán remitirse a dicha superioridad. De igual forma, obténgase copia del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos; lo anterior, a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso.
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por EMILIO RAMÍREZ BECERRA, quien se ostenta apoderado legal de NORMA IRENE PRESA BAEZ, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. De manera que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, la negativa de realizar un embargo en la propiedad e los demandados y terceros interesados en el juicio a favor de Norma Irene Presa Baez, en virtud de la condena señalada en el laudo de trece de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente 358/2016, manifestada en la resolución del recurso de revisión de actos del presidente ejecutor de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Dicho lo anterior, este Juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, penúltimo párrafo, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Esto es así, ya que el acto reclamado, no constituye la última resolución dictada en el aludido procedimiento de ejecución de laudo, habida cuenta que de la lectura integral de la fracción IV, del numeral 107 transcrito, se puede advertir una clase específica de procedencia del amparo indirecto, que opera sólo en contra de la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución de una resolución definitiva, pudiendo reclamarse en la demanda todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Es por ello que la "última resolución" contra la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de dicha resolución definitiva, o bien, la que declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento; lo que en el caso no ocurre, pues la determinación recamada no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución que nos ocupa. Así, de la exégesis de los anteriores preceptos transcritos, debe interpretarse que para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. Esto es así, porque la intención del legislador al establecer que las violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, sólo pueden ser impugnadas cuando se reclame la última resolución que se dicte, en la fase ejecutiva, es la de evitar los abusos del juicio constitucional, es decir, que las sentencias firmes sean cumplidas, sin que múltiples amparos obstaculicen la ejecución de lo ya resuelto por un órgano materialmente jurisdiccional, por lo que se refleja la importancia de precisar qué se debe entender por "última resolución". En consecuencia, los lineamientos precisados en la legislación adjetiva, así como en la Ley de Amparo permiten concluir que por "última resolución" ha de entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, en la que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a dicho fallo. Esa será, entonces, la resolución impugnable en amparo, y no las que la preceden, tendientes a hacer efectiva una sentencia o laudo; además que el cumplimiento de las sentencias con rango de cosa juzgada, no deben obstaculizarse por ser de interés público; por tanto, la reparación de los posibles agravios que se le pudieran cometer al sentenciado con la ejecución del fallo, se debe reservar hasta que se clausure ese período de ejecución, es decir, la autoridad del conocimiento tiene que constatar el cumplimiento de lo juzgado, en definitiva, o bien, destacar la imposibilidad material y jurídica de cumplirlo. Por lo antes expresado, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia citada, porque su esencia consiste en evitar el abuso del juicio de amparo, lo que se evita si no se declara procedente el juicio de amparo contra los diversos autos dictados en el procedimiento de ejecución, sino únicamente contra aquél que determina que se cumplió con la sentencia definitiva o que no pudo lograrse su cumplimiento por alguna circunstancia. De acuerdo con lo expuesto, podemos concluir que por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, y que en tratándose de violaciones procesales, esto es, una violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, se podrán reclamar junto con la última resolución antes precisada, puesto que conllevaría perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, que a la letra dice: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. En este orden de ideas, es inconcuso que el acto reclamado no constituye la última resolución pronunciada dentro de la etapa de ejecución de laudo. Entonces, siendo que la resolución reclamada no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y toda vez que de conformidad con el artículo 107, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo podrá promoverse ante el juez de Distrito, contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en dicha demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, si durante el procedimiento de ejecución ya precisado existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de éste, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que, en su caso, existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la etapa de ejecución del laudo, salvo que el acto sea de imposible reparación, lo que en el caso no ocurre, esto es, la resolución reclamada no tiene el carácter de irreparable, ya que en este supuesto, el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios; debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad; por lo que es inconcuso, que la acción constitucional que se intenta es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 13º. T. 182 L (10ª), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, perteneciente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: INCIDENTE DE NO ACATAMIENTO AL LAUDO. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE, DICTADA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA ACTUACIÓN DENTRO DE ESE PROCEDIMIENTO, POR LO QUE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; en ese sentido, si el acto reclamado consiste en la resolución que declaró improcedente el incidente de no acatamiento al laudo, dictada durante la etapa de ejecución, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro de ese procedimiento, ya que no se ubica en los supuestos de la norma. Así como la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163152, que es del tenor siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo y, por tanto, se reitera, lo procedente es desechar la demanda por notoriamente improcedente. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de mérito, y como sus autorizados para tal efecto con las limitaciones que estable el artículo 12 de la Ley de Amparo a Alexander Casanova Barrera y Francisco Javier Ramos Góngora, lo anterior, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que, en caso de ser necesario, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto incluso en días y horas inhábiles.
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