Norma Ines González Martin del Campo
Expediente 696/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 36 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Norma Ines González Martin del Campo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa de la AUTO de fecha 6/abril/2022, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio y/o aviso que se dejó en su domicilio. AUTO cuyo contenido es: Ciudad de México, seis de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada el once de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 696/2021, causó ejecutoria. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese este expediente como asunto concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órgano jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, el expediente principal es susceptible de destrucción. Habida cuenta que este órgano jurisdiccional considera la inexistencia de relevancia documental por la cual deban conservarse, lo anterior para los efectos legales procedentes. En razón de que en el expediente obran documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con lo previsto en el numeral 21 del citado Acuerdo General, deberá presentarse en el local de este juzgado a recibirlos, dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. En el entendido que deberá seguir el procedimiento establecido en el Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus del COVID-19; esto es, el interesado debe generar una cita para que se realice la entrega de documentos. Con el objeto de notificar esta determinación, acorde con el artículo 26, fracción I, inciso c), en relación con el último párrafo del numeral 21, ambos de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Jonathan Hernández Guzmán, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
PERSONAL Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada el once de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 696/2021, causó ejecutoria. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese este expediente como asunto concluido.
- Principal
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ****, en contra de las autoridades y acto precisados en el considerando segundo, y por las razones expuestas en los considerandos tercero y último de esta sentencia.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa de la AUTO de fecha 9/FEBRERO/2022, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio y/o aviso que se dejó en su domicilio. AUTO cuyo contenido es: Ciudad de México, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de diecisiete de enero del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, remitiendo diversas constancias. En ese sentido, del análisis minucioso del cúmulo de constancias que integran el expediente del que emana el acto reclamado, dese vista a la parte quejosa Norma Inés González Martín del Campo, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto del oficio con número LXIV/ST/ERA/0696/2021, de tres de diciembre de dos mil veintiuno. En caso afirmativo, el escrito de ampliación de demanda deberá colmar los requisitos previstos en los artículos 108 y 110 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo acompañar copias suficientes del mismo y de la demanda de amparo, a fin de correr traslado a las partes; bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna en el término de quince días, previsto en el artículo 17 del citado ordenamiento jurídico, se resolverá la litis en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. Apoya lo anterior, por analogía, el criterio sustentado en la tesis 1a./J. 136/2011 (9a.), Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, consultable en su página 801, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Así como, por analogía, el criterio sustentado en la tesis I.9o.A.19 K, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XXXIII, Abril de 2011, consultable en su página: 1298, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN QUE EL QUEJOSO NO CONOCÍA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DARLE VISTA PERSONALMENTE PARA QUE MANIFIESTE SI AMPLÍA AQUÉLLA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2003). De la interpretación armónica de los artículos 116, fracción IV y 146 a 148 de la Ley de Amparo, se advierte el principio general que regula el trámite de la demanda de garantías, conforme al cual el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que la aclare, corrija o subsane las deficiencias que presente, a fin de lograr la eficaz integración del juicio. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", determinó que cuando al rendirse el informe justificado el juzgador advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho documento y prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición. En estas condiciones, de la aplicación analógica de dicho criterio se concluye que cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe la existencia de documentos o información que el quejoso no conocía al momento de solicitar la protección constitucional, el Juez de Distrito debe darle vista mediante notificación personal para que manifieste si amplía su demanda pues, de lo contrario, quedaría inaudito y la administración de justicia no sería eficaz ni completa". Para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, acorde a lo establecido en la fracción IV, del numeral 93 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo, lo que deberá hacerse del conocimiento oportuno de las partes. En la inteligencia de que si bien su señalamiento no se apega estrictamente a lo dispuesto en el artículo 115 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, es menester precisar que la fecha establecida para la referida diligencia se señaló atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este juzgado federal y a la fijación de audiencias en todos aquellos asuntos que se encontraba pendiente por celebrar, previamente al inicio del periodo de contingencia sanitaria generado por el virus SARSCoV2 (COVID-19). Sirve de sustento a la anterior consideración, la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 519, del tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador". La determinación que antecede se considera justificada y suficiente para diferir la celebración de la audiencia, puesto que va dirigida a lograr la debida integración del juicio de amparo en que se actúa y resulta necesaria para evitar la dilación en la tramitación y resolución del mismo, ante una posible reposición del procedimiento, que habría de incidir en una afectación en perjuicio de las partes de la garantía de impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional. Con el objeto de notificar esta determinación, acorde con el artículo 26, fracción I, inciso c), en relación con el último párrafo del numeral 21, ambos de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Ma. Esther Prado Olvera, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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