Norma Idalid Garduño Medina

Expediente 286/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 27 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
286/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
27/02/2017

Partes del expediente

  • Norma Idalid Garduño Medina

Actuaciones

  1. Principal

    RADICACION Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro y otras autoridades, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 286/2017-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la ley de la materia establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de dicho ordenamiento legal, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley ..." "107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judicial, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" De la lectura integral de demanda y de las constancias que integran el presente sumario, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, publicada el trece siguiente, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, dentro del Toca Civil 2952/2016, misma que modificó el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 1317/2012, relativo a la jurisdicción voluntaria, sobre disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimientos, que promueven Norma Idalid Garduño Medina y Arturo Calderón Ruanova. Asimismo, de la lectura integral de demanda, se advierten como antecedentes, los siguientes: Mediante sentencia definitiva de diez de enero de dos mil trece, se tuvo presentando convenio de divorcio por mutuo consentimiento, resolución que el seis de febrero de dos mil trece, adquirió la categoría de cosa juzgada. El uno de septiembre de dos mil dieciséis, Arturo Calderón Ruanova, presentó escrito solicitando incumplimiento al convenio judicial y como consecuencia se requiriera a la ahora quejosa Norma Idalid Garduño Medina, la desocupación del inmueble ubicado en Primera de cedros, número 466, Colonia Jurídica, con residencia en esta ciudad. Siendo que el Juez Cuarto de los Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, por auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, acordó: ".En éste orden de ideas previo a requerir a NORMA IDALID GARDUÑO MEDINA a efecto de que en el plazo de 2 dos meses sirva desocupar el inmueble ubicado en CALLE PRIMERA DE CEDROS NÚMERO 466, FRACCIONAMIENTO JURlCA DE ESTA CIUDAD, se le previene a ARTURO CALDERÓN RUANOVA para que a la brevedad posible sirva depositar en la Oficina Central de Consignaciones de éste Tribunal la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de depósito de renta y de igual manera acredite con documento idóneo que el pago por concepto de mudanza se encuentra cubierto, lo anterior de conformidad con el numeral 1834 del Código Civil vigente para el Estado que a la letra reza "...ART1CULO 1834. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las reciprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe...". - Lo anterior de conformidad con los articulas 70, 71, 82 Y 513 del Código de Procedimientos Civt1es vigente en el Estado... ". En contra de dicho acto, la citada quejosa promovió Recurso de Apelación, y por resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, publicada el trece siguiente, la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, resolvió modificar el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 1317/2012, relativo a la jurisdicción voluntaria, sobre disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento, que promovieron Norma Idalid Garduño Medina y Arturo Calderón Ruanova, los efectos de la modificación son: ".se previene a ARTURO CALDERÓN RUANOVA, para que a la brevedad posible sirva depositar en la Oficina Central de Consignación de este Tribunal la cantidad de $22,731.46 (veintidós mil setecientos treinta y un pesos 46/100 m.n.) por concepto de pago de renta, así como la cantidad de $22,731.46 (veintidós mil setecientos treinta y un pesos 46/100 m.n.) por concepto de pago de depósito y renta.". Siendo dicha determinación la que constituye el acto reclamado que se combate por la vía de amparo. De lo expuesto, resulta que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" resuelta en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley de la materia y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de garantías, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a la peticionaria siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal, resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus garantías individuales frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. En efecto, la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, publicada el trece siguiente, dictada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, dentro del Toca Civil 2952/2016, misma que modificó el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 1317/2012, evidencia la presencia de un acto de ejecución de sentencia. Cabe señalar que, las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de amparo no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus garantías, podrán ser restituidas en el goce de éstas desde que se cometió la violación en ese procedimiento de ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. De ahí que, resulta a todas luces improcedente la demanda que se intenta en esta vía de amparo. Por su exacta aplicación al caso es de citarse la tesis jurisprudencial número 734, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo". En el caso concreto se advierte que el acto que reclama el promovente, es llevado a cabo en ejecución de sentencia; por lo tanto, no satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV párrafo segundo, de la ley en comento y su interpretación jurisprudencial, pues NO SE TRATA DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN; aunado a que la hoy quejosa, es parte en el juicio natural 1317/2012, como se advierte de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad aduce, afirmaciones que constituyen una confesión en términos del artículo 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la que se desprende que la quejosa es parte en el juicio natural que conoció antes del acto que aquí reclama y que dicho acto está dictado en la etapa de ejecución, intrínsecamente relacionado con la cosa juzgada. Sirve de apoyo la jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de dos mil uno, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Tiene apoyo a lo expuesto, la tesis de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." (Tesis 389 C, visible en la página 1721, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Enero de 2003, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia civil del Segundo Circuito) En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por NORMA IDALID GARDUÑO MEDINA, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; como autorizado de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ****, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que refiere en el proemio de su escrito de demanda, hasta en tanto acredite ante este Juzgado se licenciado en derecho con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema respectivo, toda vez que de la certificación de cuenta no se advierte registro alguno. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído....IINotifíquese personalmente.

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