Norma Hernández Rivera
Expediente 1013/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Norma Hernández Rivera
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de tres de octubre de este año, por medio del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que se ordena que una vez que transcurran tres años a esta fecha, se proceda a la destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el trece de noviembre de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de derechos fundamentales presentada por Norma Hernández Rivera y Marciano Espinoza de la O, cinco copias de la misma, seis anexos y un sobre amarillo; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio 1013/2023-III y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia I.13o.A. J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 180663, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así como en la jurisprudencia número 128/2001 del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 188643, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." De los citados criterios se desprende que el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado destacado: Del Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (No obstante que en el apartado de "AUTORIDADES RESPONSABLES" el quejoso la haya denominado como "Magistrado", al resultar un hecho notorio que un Magistrado no puede ser titular de un Juzgado de Distrito): La sentencia dictada en los autos del juicio de amparo número 992/2022, en la que se ordenó al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, dejar insubsistente la determinación emitida el treinta de julio de dos mil veintiuno, en la que autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa número AP/PGR/VER/SAT/1/177/2013, en la cual la Auditoría Superior de la Federación es parte denunciante de los hechos atribuidos a los quejosos por su probable participación en los delitos de peculado y fraude. En este orden de ideas, no pasa inadvertido que los promoventes también refieren instar esta vía constitucional para combatir la omisión del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz de notificar a la parte denunciante, Auditoría Superior de la Federación, el trámite y la determinación de no ejercicio de la acción penal para que emitiera su opinión en la citada investigación; esto, más que representar un acto reclamado destacado, constituye un motivo de agravio que dio origen al citado juicio de amparo indirecto 992/2022, cuya sentencia reclaman dado que estiman fue dictada por autoridad incompetente (por territorio). Una vez precisado lo anterior, en el caso, quien esto suscribe estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" El precepto anterior establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Esto se explica, porque no es dable que los actos emitidos por los jueces de amparo puedan ser considerados como actos reclamados en un juicio de amparo, pues se desnaturalizaría la vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos de autoridad; esto es, se ejercería control constitucional sobre un órgano creado ex profeso para velar que los actos emitidos por las autoridades en contra de los gobernados, no sean contrarios a la Constitución, lo cual afectaría incluso la seguridad jurídica y la cosa juzgada constitucionalmente. Al respecto, resulta ilustrativo, en la parte conducente, el criterio que se contiene en la jurisprudencia 57/2018 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." La improcedencia que establece la norma transcrita no debe entenderse en el sentido de que la actuación del juez constitucional se dé únicamente en una "resolución" y que solo respecto de éstas sea improcedente el amparo. Más bien, atendiendo a su objeto y sistematicidad, esta causal de improcedencia debe entenderse como referida, en general, a las determinaciones judiciales que se toman en ejercicio de la jurisdicción de amparo, así sea que se manifiesten en autos, resoluciones, interlocutorias o sentencias. En ese orden de ideas, de las manifestaciones hechas por los promoventes bajo protesta de decir verdad, se advierte que lo que pretende impugnar es la sentencia dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en los autos del juicio de amparo número 992/2022, la cual no es impugnable a través de diverso juicio de amparo (sino a través del recurso de revisión establecido en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo), puesto que, como ya quedó asentado anteriormente, no se puede ejercer un medio de control de la constitucionalidad sobre otro medio de la misma naturaleza. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia explicada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Norma Hernández Rivera y Marciano Espinoza de la O. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Ténganse como domicilio del promovente del amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda y por autorizados con facultades restringidas, en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Pablo Domínguez Martínez, ya que no acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y ante la Secretaría de Educación Pública. REPRESENTANTE COMÚN Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito designa como representante común a Norma Hernández Rivera, sin perjuicio de su sustitución de así estimarlo la parte quejosa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza a la Secretaria, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosaRASG/avh*
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 03 DE OCTUBRE DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de derechos fundamentales presentada por Norma Hernández Rivera y Marciano Espinoza de la O, cinco copias de la misma, seis anexos y un sobre amarillo; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio 1013/2023-III y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia I.13o.A. J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 180663, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así como en la jurisprudencia número 128/2001 del Pleno Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 188643, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." De los citados criterios se desprende que el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado destacado: Del Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (No obstante que en el apartado de "AUTORIDADES RESPONSABLES" el quejoso la haya denominado como "Magistrado", al resultar un hecho notorio que un Magistrado no puede ser titular de un Juzgado de Distrito): La sentencia dictada en los autos del juicio de amparo número 992/2022, en la que se ordenó al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, dejar insubsistente la determinación emitida el treinta de julio de dos mil veintiuno, en la que autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa número AP/PGR/VER/SAT/1/177/2013, en la cual la Auditoría Superior de la Federación es parte denunciante de los hechos atribuidos a los quejosos por su probable participación en los delitos de peculado y fraude. En este orden de ideas, no pasa inadvertido que los promoventes también refieren instar esta vía constitucional para combatir la omisión del Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz de notificar a la parte denunciante, Auditoría Superior de la Federación, el trámite y la determinación de no ejercicio de la acción penal para que emitiera su opinión en la citada investigación; esto, más que representar un acto reclamado destacado, constituye un motivo de agravio que dio origen al citado juicio de amparo indirecto 992/2022, cuya sentencia reclaman dado que estiman fue dictada por autoridad incompetente (por territorio). Una vez precisado lo anterior, en el caso, quien esto suscribe estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" El precepto anterior establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Esto se explica, porque no es dable que los actos emitidos por los jueces de amparo puedan ser considerados como actos reclamados en un juicio de amparo, pues se desnaturalizaría la vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos de autoridad; esto es, se ejercería control constitucional sobre un órgano creado ex profeso para velar que los actos emitidos por las autoridades en contra de los gobernados, no sean contrarios a la Constitución, lo cual afectaría incluso la seguridad jurídica y la cosa juzgada constitucionalmente. Al respecto, resulta ilustrativo, en la parte conducente, el criterio que se contiene en la jurisprudencia 57/2018 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." La improcedencia que establece la norma transcrita no debe entenderse en el sentido de que la actuación del juez constitucional se dé únicamente en una "resolución" y que solo respecto de éstas sea improcedente el amparo. Más bien, atendiendo a su objeto y sistematicidad, esta causal de improcedencia debe entenderse como referida, en general, a las determinaciones judiciales que se toman en ejercicio de la jurisdicción de amparo, así sea que se manifiesten en autos, resoluciones, interlocutorias o sentencias. En ese orden de ideas, de las manifestaciones hechas por los promoventes bajo protesta de decir verdad, se advierte que lo que pretende impugnar es la sentencia dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en los autos del juicio de amparo número 992/2022, la cual no es impugnable a través de diverso juicio de amparo (sino a través del recurso de revisión establecido en el numeral 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo), puesto que, como ya quedó asentado anteriormente, no se puede ejercer un medio de control de la constitucionalidad sobre otro medio de la misma naturaleza. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia explicada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Norma Hernández Rivera y Marciano Espinoza de la O. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Ténganse como domicilio del promovente del amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda y por autorizados con facultades restringidas, en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Pablo Domínguez Martínez, ya que no acreditó estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y ante la Secretaría de Educación Pública. REPRESENTANTE COMÚN Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito designa como representante común a Norma Hernández Rivera, sin perjuicio de su sustitución de así estimarlo la parte quejosa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza a la Secretaria, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosaRASG/avh*
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