Norma Guadalupe Terrazas Castro
Expediente 359/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/11/2021
Partes del expediente
- agente del Ministerio Público titular de la unidad de investigación de delitos de violencia familiar centro
- Norma Guadalupe Terrazas Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Juicio de amparo 359/2021-F El nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el doce de noviembre de dos mil veintiséis. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el doce de noviembre de dos mil veintiséis, debiéndose conservar las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. En lo tocante al duplicado del incidente de suspensión, en cumplimiento también del referido acuerdo general, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede, por lo que se señala como fecha para tal efecto el seis de enero de dos mil veintidós. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el doce de noviembre de dos mil veinticuatro. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, en cumplimiento al último párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento, se requiere a las partes, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndoles que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, mediante la cual el actuario judicial informa la imposibilidad que tuvo para notificar al tercero interesado la sentencia de treinta de septiembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele dicha determinación, así como las subsecuentes actuaciones personales, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Cúmplase.
- Principal
CONSIDERANDO Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados podrían tener ejecución material dentro de los límites territoriales de la circunscripción en la que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que el acto reclamado destacado es la medida de protección dictada el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el número único de caso 0204-2021-19698, emitida por la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delito de Violencia Familiar, Zona Centro, en esta ciudad. Tercero. Es cierto el acto reclamado, consistente en la prohibición a la imputada (aquí quejosa) de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas menores de edad de iniciales H. E. H. T., I. C. H. T y A. E. H. T., pues así lo refirió la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo que se constató con las copias certificadas que adjuntó relativas a la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2021-19698, documentos públicos que merecen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad. Cuarto. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio del asunto planteado, lo procedente es analizar las causas de improcedencia, ya que es cuestión de orden público y por ende, de estudio preferente, pues el examen en comento puede realizarse aún de oficio, acorde a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, como se anticipó, en el presente asunto, la quejosa reclama en esta instancia constitucional la medida de protección a las víctimas menores de edad, dictada por la autoridad responsable en la carpeta de investigación con número único de caso 0204-2021-19698, consistente en la prohibición a la imputada (aquí quejosa) de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas, con una duración de sesenta días naturales. En efecto, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, se aprecia que dicha medida en contra de la aquí quejosa, fue emitida con la finalidad de salvaguardar la integridad física, psicológica y el sano desarrollo de las víctimas menores de edad de iniciales H. E. H. T., I. C. H. T y A. E. H. T., con fundamento -entre otros- en el artículo 137, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que estimó que dentro de una carpeta de investigación que se integra por el delito de violencia familiar, la imputada (quejosa) representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de las víctimas. En ese sentido, no obstante la certeza de los actos reclamados, se advierte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que el acto de molestia consistente en la medida de protección a las víctimas, dictada por la autoridad responsable en el número único de caso 0204-2021-19698, dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ha transcurrido en exceso el término de sesenta días naturales de vigencia que refiere la indicada medida cautelar, entonces, el acto de molestia reprochado, ha cesado en forma definitiva. Por ello, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica, se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional por el solo transcurso del tiempo (sesenta días naturales), de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. En tales circunstancias, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." No obstante, aun cuando existieran motivos evidentes para declarar inconstitucional dicha resolución, ningún fin práctico tendría conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, ya que de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que la determinación objeto del reclamo era vigente por sesenta días naturales, como se observa de la medida de protección reclamada. De esta forma, si se considera que la medida de protección en análisis se dictó el trece de mayo de dos mil veintiuno, y le fue notificada de manera personal a la quejosa el día diecisiete siguiente, y considerando que cuenta con una vigencia específica de sesenta días naturales, al momento en que se dicta el presente fallo constitucional, ya no tiene validez jurídica alguna, en tanto, que de la referida data a la diversa que se realiza esta sentencia, transcurrió en exceso el término precisado, lo que supera en demasía la vigencia en comento del acto de reclamo. En tal contexto, es indudable que la responsable se encuentra imposibilitada material y jurídicamente para efecto de retrotraer el tiempo objeto de la vigencia del acto reclamado, para finalmente obtener el mismo resultado, es decir, la no efectividad o ejecutoriedad de la medida de protección; pues si bien el multicitado existió, ello se concretó a un contexto cronológico atinente a su validez jurídica, por lo que si ya no tiene ese valor ejecutivo, dado que de las constancias del sumario constitucional no se advierte lo contrario, se corrobora la carencia de afectación en perjuicio de la esfera jurídica de la peticionaria de amparo a la luz de la imposibilidad fáctica de la concesión del amparo y la protección de la Justicia Federal. Trasciende en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 58, volumen 145-150, tercera parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO. En acatamiento del artículo 80 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que con el número 174, página 297, puede consultarse en la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, para que un juicio de amparo resulte procedente es menester que la sentencia que en él llegare a pronunciarse pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto combatido en dicho juicio sea de carácter positivo; o que sea factible obligar a la autoridad responsable, si el acto reclamado constituye una abstención, a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a que se cumpla lo que tal garantía exija, ya que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no servir para realizar una actividad meramente especulativa. De aquí que proceda contra leyes solamente cuando, por ser éstas autoaplicativas, la determinación de su inconstitucionalidad pueda dar por resultado la no aplicación de sus disposiciones; o cuando, por no serlo, ya hayan sido aplicadas, sea factible la privación de efectos inconstitucionales del acto de aplicación." Quinto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 359/2021, promovido por Norma Guadalupe Terrazas Castro contra los actos que reclamó de la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delito de Violencia Familiar, Zona Centro, de esta ciudad, precisados en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por el tercero interesado Héctor Herrera Robles, con fundamento en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse las fotocopias que solicita. Notifíquese.
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