Norma Guadalupe Sandoval Rodríguez
Expediente 657/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Norma Guadalupe Sandoval Rodríguez
- Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la promovente ***, sin que hubiere impugnado el proveído de veintinueve de agosto del año en curso (fojas 37 a 50), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. 2. Archivo. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. 3. Valoración del expediente. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo de juicio de amparo indirecto 657/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Precisión del acto reclamado. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 686/2015 promovido por *** en contra de ***, mediante el cual se autoriza al Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que proceda a dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia dictada mediante el lanzamiento de la parte demandada del inmueble objeto de la Litis. IV. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo anterior, tiene sustento en el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, ello, con la intención de evitar, crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto invocado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el entendido de que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por lo que informa, la Jurisprudencia P./J. 128/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, con registro electrónico 188643, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Establecido lo anterior, se advierte que en el caso operan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, ésta última en relación con el ordinal 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. Ahora bien, para corroborar que en el presente asunto se actualizan la causales de improcedencia invocadas, es preciso tener en cuenta los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias que obran en el diverso juicio de garantías 361/2019, que se invoca en este asunto como hecho notorio, ya que se trata de un expediente del índice de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2º de esta última legislación. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos sesenta y tres, del tomo XXIII, junio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 174899, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento". Así como la tesis de jurisprudencia número VI.1o.P. J/25, que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página mil ciento noventa y nueve, del tomo XV, marzo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 187526, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Sobre el tema se emitió la tesis de jurisprudencia número XXII. J/12, que sustenta el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página doscientos noventa y cinco, del tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 199531, que es de la literalidad siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Así, al tener a la vista dicho expediente se aprecia del tomo I de pruebas relativo a las constancias que integran el juicio natural 686/2015, que remitió el Juez responsable como anexo a su informe con justificación, sustancialmente lo siguiente: El treinta de noviembre de dos mil quince, se dictó sentencia dentro de los autos del juicio ejecutivo de desahucio con número de expediente 686/2016, promovido por María Guadalupe Solís Palomo en contra de Norma Guadalupe Sandoval Rodríguez, en la que se resolvió: "PRIMERO.- El Juzgador resultó competente para conocer y resolver el presente litigio en virtud de que el inmueble objeto del contrato base de la acción se encuentra en Nueva Rosita, Coahuila, lugar donde se tiene jurisdicción para conocer de los conflictos que ahí se susciten. SEGUNDO.- Es procedente y fundada la vía Especial de Desahucio en que se intentó y tramitó el presente juicio. TERCERO.- La parte actora acreditó los hechos constitutivos de su acción y la parte demandada no acredito sus excepciones y defensas, en consecuencia. CUARTO.- Se declara terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en el presente juicio respeto del inmueble descrito previamente en autos y que ha quedado precisado anteriormente. QUINTO.- Se condena a la C. NORMA GUADALUPE SANDOVAL RODRIGUEZ a desocupar y entregar en favor de la parte actora el inmueble consistente en BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JUSTINIANI NÚMERO 28 DE LA COLONIA EL SEIS DE NUEVA ROSITA, COAHUILA en los términos prevenidos por la ley, en la inteligencia de que el plazo de desocupación según lo acordado en el auto de radicación y notificación en el emplazamiento a la parte demandada ha vencido. SEXTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a favor de la actora adentro de los cinco días siguientes a aquel en que cause ejecutoria la presente resolución la cantidad de $72,500.00 (SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN), por concepto de rentas vencidas y al pago de las rentas que se han seguido causando hasta la conclusión del presente juicio y hasta la total entrega del inmueble a favor de la parte actora a razón de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) mensuales. SÉPTIMO.- Se condena a la parte demandada al pago de las costas causadas en el presente juicio, lo anterior de conformidad con el artículo 136 del Código Procesal Civil del Estado". El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, se resolvió el toca civil número 133/2016, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Norma Guadalupe Sandoval Rodríguez en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil quince por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, dentro de los autos del juicio ejecutivo civil de desahucio número 686/2015, en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia definitiva de primera instancia, cuyos datos han quedado debidamente precisados en el proemio de la presente resolución. SEGUNDO. Ha lugar a condenar a Norma Guadalupe Sandoval Rodríguez al pago de las costas en ambas instancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE". El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se procedió a la ejecución forzosa y se decretó el lanzamiento, rompimiento de cerraduras en caso necesario, para que la parte demandada Norma Guadalupe Sandoval Rodríguez, desocupará y entregara a la parte actora el bien inmueble descrito en la sentencia. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, el Juez responsable, autorizó el lanzamiento, rompimiento de cerraduras en caso necesario, para que la parte demandada Norma Guadalupe Sandoval Rodríguez, desocupara y entregara a la parte actora el bien inmueble objeto de la litis, ubicado en la calle Justiniani, número 28, de la Colonia El Seis, en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, bajo el apercibimiento que en caso contrario, se le volvería a despojar y por conducta delictiva flagrante se le privaría de su libertad y se le pondría a disposición de la autoridad competente por el delito de desobediencia y resistencia a particulares. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro del juicio natural, se proveyó lo que a continuación se digitaliza: Causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Conviene citar al respecto el artículo invocado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos...". De igual manera, cabe destacar que los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Los preceptos legales transcritos, establecen las reglas para la presentación de la demanda de amparo, respecto a la oportunidad en que debe promoverse. Así las cosas, el párrafo primero del ordinal referido, precisa como regla general que el juicio de amparo debe interponerse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, pero atendiendo siempre a la ley que rija aquel acto; o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, en su caso, al día siguiente en que el promovente se hubiese ostentado sabedor de los actos refutados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17, prevé las excepciones a la regla general, esto es: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, el acto reclamado en la demanda de amparo no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I, II, III y IV del transcrito precepto legal 17; dado que lo que se reprocha no es una norma general autoaplicativa, o procedimiento de extradición; no se reclama una sentencia definitiva condenatoria en materia penal que imponga pena de prisión; no es un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ni implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; por ende, debe atenderse a la regla general señalada en el primer párrafo del consabido artículo. Por tanto, resulta inconcuso que el acto reclamado, al no estar en dentro de los supuesto de excepción que establece el numeral citado, la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de juicio constitucional, de acuerdo a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de la Materia, concatenado con el diverso 18 del citado ordenamiento, en el cual se previenen diversas hipótesis a partir de las cuales inicia el lapso de tiempo para la presentación de la demanda de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XXI.2º.P.A.J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de dos mil diez, página mil novecientos treinta y uno, materia común, registro 165582, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Se destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres hipótesis para computar el plazo de quince días, dentro de los cuales ha de presentarse oportunamente la demanda de amparo, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable, en virtud de la que, en fecha precisa, haga saber al agraviado el acto reclamado; en la inteligencia, que las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la parte quejosa no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda hipótesis de computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha, de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo los conoció en forma directa, plena y completa; es decir, de manera integral, según lo sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y uno, consultable en la página ciento cincuenta, registro 222086, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Por su parte, en la tercera hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos, implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la que manifiesta que sabe de la existencia del acto reclamado; conducta que entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque supone la fecha en que se ostenta sabedor de que el acto reclamado le perjudica. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se observa que no guardan un orden de preferencia; por tanto, la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, lo que autoriza afirmar que aún cuando exista manifestación expresa de la parte quejosa en cuanto a la fecha de conocimiento del acto reclamado o bien, constancia de notificación respectiva, de la resolución o acuerdo que se reclame, ésta no podrá tomarse en consideración para tal efecto, si se demuestra que con anterioridad se tuvo conocimiento de tales actos o se ostentó sabedora de los mismos; según lo confirma el criterio aislado emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 217-228 cuarta parte, página ciento cinco, registro 239520, materia común, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". Tiene aplicación la jurisprudencia 1ª./J 30/2007, que resolvió la contradicción de tesis 24/2006-PS, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y seis, tomo XXV, mayo de dos mil siete, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 172550, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". Ahora bien, en el caso concreto, el acto que se reclama encuadra en la primera hipótesis para computar el plazo de quince días, ya que la autoridad responsable dentro del juicio natural notificó a la parte quejosa por medio de lista el veinte de dos mil diecinueve, actuación que se estima legal y, por ende, válida para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo. Por tanto, se deberá de tomar en cuenta el plazo contado a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la citada resolución atendiendo a la ley que rige el acto, que en el caso concreto es el Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza. Ahora bien, el artículo 218 del ordenamiento citado, establece lo siguiente: "Notificación por lista de acuerdos. Si las partes o sus procuradores, patronos o autorizados no concurren al tribunal a notificarse en los días señalados en el artículo 215, las notificaciones se darán por hechas y surtirán sus efectos a partir de las catorce horas del tercer día al en que se haya fijado la lista en el tablero de avisos del tribunal o juzgado". En tal razón, la notificación del acuerdo combatido surtió efectos el tercer día en que fue practicada, conforme al artículo transcrito, por tanto, se obtiene que el término para impugnar el acto destacado transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil diecinueve, lo que se demuestra con la siguiente tabla: MAYO - JUNIO 2019 19 20 NOTIFICACIÓN POR LISTA 21 22 23 SURTE EFECTOS 24 DIA 1 25 26 27 DIA 2 28 DIA 3 29 DIA 4 30 DIA 5 31 DIA 6 1 2 3 DIA 7 4 DIA 8 5 DIA 9 6 DIA 10 7 DIA 11 8 9 10 DIA 12 11 DIA 13 12 DIA 14 13 DIA 15 14 15 En la inteligencia, que la anterior notificación se estima legal y, por ende, válida para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, en virtud de que la parte quejosa no combatió su nulidad o ilegalidad en el presente juicio de amparo. En consecuencia, resulta irrefutable que al haberse presentado la demanda de amparo que dio origen al presente juicio hasta el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues la demanda se promovió fuera del término de quince días a que se refiere el ordinal 17 del ordenamiento legal en cita, dado que el cómputo para la presentación de la misma transcurrió en exceso, tal y como se aprecia del cómputo supraindicado. A mayor abundamiento cabe añadir que en el juicio ejecutivo de desahucio número 686/2015, la parte demandada aquí quejosa mediante escrito de veintidós de mayo del año en curso, presentado ante el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, solicitó copias certificadas por duplicado de todo lo actuado a partir de la diligencia actuarial de tres de mayo de dos mil dieciocho, lo que se acordó de conformidad mediante acuerdo de veintisiete de mayo del presente año; situación que reafirma el conocimiento de la quejosa del acto reclamado; y por ende, la presentación de la demanda de manera extemporánea. Causal de improcedencia a que hace referencia el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, se transcriben los numerales invocados: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Ello, porque el acto reclamado consistente en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se autoriza al Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que proceda de nueva cuenta a dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, relativo al lanzamiento con el fin de desocupar y entregar a la parte actora el bien inmueble objeto de la litis dentro del juicio ejecutivo de desahucio número 686/2015, en el que la aquí quejosa tiene el carácter de parte demandada; no constituye el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, con registro electrónico 190035, intitulada: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA" interpretó el contenido del artículo 114, fracción III, de la anterior Ley de Amparo, para lo cual consideró que la finalidad de promover el juicio de amparo contra la última resolución, era evitar el abuso al impedir su procedencia respecto cualquier acto suscitado en esa etapa. De igual modo, al dilucidar el alcance de supuesto legal contenido en dicho precepto, definió que la "última resolución" era aquélla que aprobara o reconociera el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El legislador retomó esa idea en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues en el artículo 107, fracción IV, previene: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". De acuerdo con lo anterior, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. A su vez, para el caso de actos en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprobara o reconociera el cumplimiento total de lo sentenciado o declarara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenaran el archivo definitivo del expediente; donde además, en la propia demanda, sería posible reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En ese orden de ideas, es posible afirmar que el acto reclamado no está en alguno de tales supuestos, en virtud de que se dictó como consecuencia precisamente de la actitud contumaz adoptada por quien se encuentra obligada al cumplimiento de la sentencia (aquí quejosa), motivo por el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, y se procedió a la ejecución forzosa. Luego, si la promovente estima que ello le irroga perjuicio desde luego que tiene a su alcance los medios ordinarios de defensa que estime resulten procedentes y, en su defecto, hacer valer las violaciones procesales cometidas en el procedimiento de ejecución, en el amparo que en su caso llegara a promover contra la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordene el archivo definitivo del asunto. Lo anterior, debido a que la ratio legis del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, es precisamente evitar se obstaculice el procedimiento de ejecución de sentencia, mediante la promoción de juicios de amparo que harían interminable esa etapa, en detrimento de la cosa juzgada, en este caso, derivada del convenio señalado. Sirve de apoyo, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, tomo III, materia común, página dos mil trescientos treinta y cuatro, registro electrónico 2009245, de contenido: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA APROBACIÓN O RECONOCIMIENTO RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO TOTAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2001). La fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, exige como presupuesto de procedencia para la impugnación en amparo indirecto de los actos de ejecución de sentencia, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento "entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este significado legislativo es el mismo que diera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis P. LVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 16, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de idéntico rubro, se advierte que el Máximo Tribunal de la Nación lo hizo retomando y reiterando lo determinado en la tesis citada en primer lugar, esto es, que por "última resolución" debía entenderse "aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", añadiendo únicamente que esa aprobación o reconocimiento podía darse de manera expresa o tácita. En consecuencia, por igualdad de razón, la misma interpretación debe darse a la referida fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, pues la definición que el legislador previó para la expresión "última resolución" en esta norma, es la misma que analizó y dotó de alcance y contenido el Alto Tribunal en las aludidas tesis, esto es, que la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de la sentencia de amparo indirecto puede ser expreso o tácito". Por consiguiente, el acto reclamado fue emitido en el procedimiento de ejecución relativo al juicio natural, iniciado en su contra, el cual de ninguna manera constituye la última resolución de ese procedimiento, toda vez que las autoridades señaladas como responsables no aprobaron o reconocieron el cumplimiento total del mismo, o bien declararon la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; sino que mediante el acuerdo reclamado se pretende lograr el acatamiento de la sentencia pronunciada en dicho asunto. Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta las causales de improcedencia invocadas, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Finalmente, debe dejarse establecido que en caso de ser recurrido el presente acuerdo, se adjunté al efecto, en lo que interesa, copia certificada de las constancias relativas al juicio de amparo 361/2019, para los efectos legales a que haya lugar. V. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, los estrados de este órgano jurisdiccional. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la citada ley. VII. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. VIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. IX. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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