Norma Guadalupe Rojas Mendoza

Expediente 1251/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1251/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Norma Guadalupe Rojas Mendoza
  • Norma Guadalupe Rojas Mendoza y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días para interponer recurso de revisión en contra del auto de diecisiete de febrero del presente año, por el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el juicio de amparo promovido por Norma Guadalupe Rojas Mendoza, en representación de los menores de edad de iniciales I.G.C.R. y I.E.C.R. En consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. Por otra parte, de las constancias que obran en autos se advierte que obran documentos susceptibles de devolución, exhibidos por la parte quejosa; en esa medida, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 21 del referido Acuerdo, requiérasele para que en el plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado a recoger dicha documentación, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido, correrá la misma suerte del expediente en que se actúa. Asimismo, deberá agendar la cita respectiva en la página de internet: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, lo que le permitirá generar el código QR correspondiente para su ingreso para ello.-

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por Pedro Arturo Ramírez Ramírez, apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG), mediante el cual informa que los menores de edad de iniciales I.G.C.R. y I.E.C.R., completaron el esquema de vacunación contra el virus SARS-COV-2, pues ya recibieron la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, y para acreditarlo aporta el comprobante de vacunación. En ese sentido, solicita se sobresea el presente juicio en virtud que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ahora, con base en la manifestación vertida por la autoridad responsable y las documentales anexas al oficio que se provee y las que obran en la presente instancia, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que los menores de edad de iniciales I.G.C.R. y I.E.C.R., ya les fue suministrada la primera y segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Los efectos del acto reclamado cesan cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar a los menores de edad de iniciales I.G.C.R. y I.E.C.R., contra el virus SARS-CoV-2 y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que le fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente. No obstante, en los comprobantes de vacunación, se aprecia que el once de enero y nueve de febrero del año en curso, los menores de edad de iniciales I.G.C.R. y I.E.C.R. fueron inoculados con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la Prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    Apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, en representación de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato; en atención a su contenido, téngase rendido su informe justificado, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, donde se proveyó lo conducente al respecto. Finalmente, respecto a la cusa de improcedencia que invoca, dígase que esta será valorada en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    intégrese el oficio del apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual informa que los menores de edad de iniciales I.G.C.R. e I.E.C.R., ya recibieron la primera dosis de la vacuna preventiva contra la COVID-19 y señala las nueve horas del nueve de febrero de dos mil veintidós, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato. Asimismo, que la promovente del amparo Norma Guadalupe Rojas Mendoza deberá llevar consigo los siguientes documentos: Comprobante de aplicación de la primera dosis de la vacuna de los menores. Acta de nacimiento de los menores. CURP de los menores. Comprobante de domicilio. Identificación oficial vigente de los padres. Auto donde se concedió la suspensión de plano. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el apoderado legal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con sede en la Ciudad de México; téngase rendido su informe justificado. Con su contenido dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.-

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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