Norma Guadalupe Pérez Torres
Expediente 1243/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1243/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/11/2022
Partes del expediente
- Norma Guadalupe Pérez Torres
- Norma Guadalupe Pérez Torres y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Intégrese el escrito signado por la autorizada del tercero interesado ********************; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a Ley de Amparo, en términos del numeral 2, expídanse las copias que solicita, previa razón de recibo que obre en autos.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso numerales 8.1.2. incisos 2 y 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser destruido ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; y de destrucción el original del incidente, pues se negó la suspensión definitiva. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvase al juez responsable el anexo que remitió como complemento de su informe justificado, sin que sea necesario que acuse recibo, por tratarse de copias certificadas.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito por el cual la autorizada del tercero interesado Raúl Alonso Osorio Barrientos, solicita que adquiera firmeza procesal el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el sumario en que se actúa. En esas condiciones, dígase a la promovente que no ha lugar a proveer de conformidad lo que solicita, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la totalidad de partes que integran el sumario en que se actúa, para inconformarse contra el citado proveído; de ahí que se acuerde en los términos precisados.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio por el cual el Secretario de Acuerdos Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el nueve de septiembre de dos mil veintidós, remite copia certificada de la audiencia de conciliación celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós dentro del expediente ***de su índice. En esas condiciones, se tiene por desahogado el requerimiento formulado al oficiante y se deja sin efectos el apercibimiento con que fuera conminado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que anexa. ACTO RECLAMADO Ahora bien, en el caso convine retomar que la quejosa, Norma ***, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales F.O.P., reclama: El auto de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado en el Procedimiento Especial de Divorcio por Mutuo Consentimiento ***, del índice del juzgado responsable, por el que se ordenó la entrega del menor de iniciales F.O.P., a su progenitor a fin de cumplir con la convivencia correspondiente al periodo vacacional de verano en el curso escolar próximo concluido, respecto a la primera mitad del mismo, ello de conformidad al convenio celebrado el veinticinco de marzo de dos mil once, entre las partes del mencionado juicio familiar. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUENCIA En el caso, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que aún y cuando existe el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado en el Procedimiento Especial de Divorcio por Mutuo Consentimiento 496/2011, del índice del juzgado responsable, por el que se ordenó la entrega del menor de iniciales F.O.P., ha dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para dilucidar lo anterior es necesario precisar que el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y.". En ese sentido, tomando en cuenta que el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las afectaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de que se le restituya en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido vulneradas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del sumario constitucional, que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre esos requisitos, se destaca la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en la cual se establece que aun cuando formalmente subsista el acto de autoridad, cuya constitucionalidad se cuestiona, a consecuencia de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional se tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales que estimó violados, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria de amparo que en su caso, se dicte. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y cinco, tomo XII-Octubre, octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y cuyo texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ÉSTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." Ahora bien, a efecto de sustentar la actualización de la causa de improcedencia invocada y dado que las documentales remitidas por el juez oficiante, se advierte: La aquí quejosa Norma Guadalupe Pérez Torres y Raúl Alonso Osorio Barrientos, solicitaron la disolución del vínculo matrimonial y exhibieron un convenio, en el que acordaron lo relativo a la guardia y custodia de su menor hijo de identidad reservada F.O.P., un régimen de convivencias, entre otras cuestiones (fojas 1 a 9 de las copias certificadas del expediente 496/2021). Así por auto de veintinueve de marzo de dos mil once, el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, al que por turno correspondió conocer del asuntó, admitió su solicitud de divorcio, bajó el número de expediente 496/2011 y fijó hora y fecha para la primer junta de avenencia (foja 10 ibídem). El dos de junio de dos mil once, tuvo verificativo la primer junta de avenencia, en la cual se aprobó de manera provisional el convenio celebrado entre las partes, al haber sido ratificado por ambos progenitores. (fojas 23 a 24 ídem) Así mediante sentencia emitida el seis de junio de dos mil once, el juez responsable declaró procedente la disolución del vínculo matrimonial y aprobó en definitiva el convenio celebrado por las partes, que atañe, entre otras cuestiones, al régimen de las convivencias con su menor hijo (fojas 27 a 29 ídem). Luego, mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós (fojas 77 a 78 ídem), el aquí tercero interesado Raúl Alonso Osorio Barrientos, denunció que Norma Guadalupe Pérez Torres, no había dado cabal cumplimiento al régimen de convivencias establecido en el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada. Por lo anterior el juez responsable por auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós (foja 79 ídem), citó a ambas partes a fin de establecer si habían incumplido lo pactado; sin embargo, el progenitor Raúl Alonso Osorio Barrientos, no acudió al desahogo de tal diligencia por lo que no puedo llevarse a cabo (foja 94 ídem). Posteriormente, mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós (foja 96 ídem), el aquí tercero Raúl Alonso Osorio Barrientos, solicitó el cabal cumplimiento del convenio celebrado entre las partes al no hacerle entrega de su menor hijo de identidad reservada F.O.P., a fin de que conviviera con él en el periodo pactado. Así, por auto de dos de agosto de dos mil veintidós (foja 97 ídem), el juez responsable, ordenó la entrega del menor de iniciales F.O.P., a su progenitor a fin de cumplir con la convivencia correspondiente al periodo vacacional de verano en el curso escolar próximo concluido, respecto a la primera mitad del mismo, ello de conformidad al convenio celebrado el veinticinco de marzo de dos mil once, entre las partes. Este es el acto reclamado en la instancia constitucional. Luego, en audiencia de conciliación celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, las partes establecieron un nuevo régimen de convivencias con su menor hijo de iniciales F.O.P., el cual fue elevado a la categoría de cosa juzgada, obligando a ambas partes a su cumplimiento. Como podemos observar de lo narrado, el auto dos de agosto de dos mil veintidós, dictado en el Procedimiento Especial de Divorcio por Mutuo Consentimiento 496/2011, del índice del juzgado responsable, se ordenó la entrega del menor de iniciales F.O.P., a su progenitor a fin de cumplir con la convivencia correspondiente al periodo vacacional de verano en el curso escolar próximo concluido, respecto a la primera mitad del mismo, ello de conformidad al convenio celebrado el veinticinco de marzo de dos mil once, entre las partes del mencionado juicio familiar; acto que aunque formalmente existe, el mismo han dejado de surtir sus efectos legales, ya que el acuerdo de voluntades al que deben someterse Raúl Alonso Osorio Barrientos y Norma Guadalupe Pérez Torres, en su carácter de progenitores del menor de iniciales F.O.P., es el convenio que celebraron en la audiencia de conciliación de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, celebrada en el Procedimiento Especial de Divorcio por Mutuo Consentimiento 496/2011 del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, el cual fue elevado a la categoría de cosa juzgada; por tanto, resulta inconcuso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues si bien el multicitado auto de dos de agosto de dos mil veintidós subsiste, los efectos de éste dejaron de surtir efectos legales o materiales, por haber llegado las partes a un nuevo convenio con relación a las convivencias del menor, el cual fue elevado a la categoría de cosa juzgada, mismo que deben de cumplir y respetar en sus términos. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, cabe mencionarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que generalmente la emisión de determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados efectos materiales y jurídicos específicos que, en alguna medida, deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, razón por la cual lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 173858, consultable en la página 189, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que no ha sido superada, que se transcribe a continuación: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". La razón legal de la causa de improcedencia en estudio, estriba en que el efecto y finalidad del juicio de biinstancial conforme lo estipulado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce del derecho fundamental transgredido, a favor de la parte quejosa, de tal suerte que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la transgresión constitucional alegada; por tanto, si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir, no podrá restituirse al gobernado en el goce del derecho conculcado y, por ende, la sentencia que se dictara en esta instancia no podría cumplimentarse sobre la esfera jurídica del promovente, haciendo el juicio de amparo ocioso. Por tanto, se reitera, que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en determinadas circunstancias, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierta, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estimó violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos de los actos reclamados se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. En esa tesitura, se advierte que opera la causa de improcedencia precisada, toda vez que aunque subsista el auto de dos de agosto de dos mil veintidós; sin embargo, como se precisó, al haber celebrado los progenitores del menor involucrado en la controversia un convenio que fue elevado a la categoría de cosa juzgada en el juicio de origen, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce sus derechos fundamentales que estimó vulnerados, pues aun cuando subsiste el acto reclamado, sus consecuencias jurídicas ya no surten efectos legales o materiales al haberse suscrito un nuevo convenio que atañe a las convivencias del infante de iniciales F.O.P., con sus progenitores; razón por la cual, los efectos del acto reclamado ya no existen, lo que torna improcedente el juicio constitucional. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, se sobresee fuera de audiencia el sumario en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, Tomo IX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito". AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SIN EFECTOS Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS; háganse las anotaciones respectivas.
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