Norma González Luis
Expediente 37/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Norma González Luis
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de los autos y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 8 a 13), mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó de plano la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueven NORMA GONZÁLEZ LUIS, JOSUE FERNANDO HODICH GÓNZALEZ, NORMA ALEJANDRA HODICH GÓNZALEZ y ZAYED HAMID HODICH GÓNZALEZ, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda y fórmese el expediente de amparo. En primer lugar, es necesario precisar el acto reclamado por el peticionario de amparo; ello, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y jurisprudencia siguiente:. Así, de la lectura integral de la demanda de garantías se aprecia que el acto preponderante que se reclama en esta instancia constitucional, es la medida de protección dictada el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 360/CODDI/2019, del índice de la Fiscalía Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a favor de la víctima OFELIA LUIS SALINAS, misma que aseguran los promoventes fue realizada fuera de procedimiento judicial, reclaman además, el apercibimiento de la aplicación de medidas de coerción en caso de incumplimiento a dicha medida de protección. Ahora, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, para determinar si el juicio de amparo es procedente o no, hay que acudir a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden disponen:. Los primeros preceptos transcritos, interpretados en sentido contrario, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden se concluye que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. En ese sentido, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Con esas bases, como se anticipó, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: ACTO RECLAMADO: De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamamos la medida de protección, que se traduce en una orden de abstención de no agredir, no molestar o de acercarnos al domicilio de mi madre y abuela OFELIA LUIS SALIAS dictada fuera de todo procedimiento judicial, violándose nuestro derecho de ser oído y vencido en juicio, pasando por encima de las normas que rigen el procedimiento judicial; de la autoridad señalada como ejecutora reclamo la realización material de dicha orden que se traduce en que en caso de tratar de hablar o ver de los cuidados de mi madre y abuela respectivamente nos van a aplicar una de las medidas de coerción previstas en el Código Penal Vigente en el Estado Cabe destacar en primer termino, el hecho que la autoridad ministrial emitió dicha medida de manera provisional, ésto, atendiendo a los datos con que cuenta en el legajo de investigación 360/CODDI/2019, del índice de la Fiscalía Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaxa. En ese tenor, y atendiendo a que los quejosos NORMA GONZÁLEZ LUIS, JOSUE FERNANDO HODICH GÓNZALEZ, NORMA ALEJANDRA HODICH GÓNZALEZ y ZAYED HAMID HODICH GÓNZALEZ, señalan como acto reclamado la la medida de protección dictada el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 360/CODDI/2019, del índice de la Fiscalía Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a favor de la víctima OFELIA LUIS SALINAS, así como el apercibimiento de aplicar medidas de coerción, en su contra, en caso de incumplimiento a dicha medida de protección; es necesario señalar lo que establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.. Del contenido del numeral citado, se tiene que la representación social, bajo su mas estricta responsabilidad tiene la facultad de emitir medidas de protección idóneas, cuando consiedere que la persona imputada representa un riesgo inminente en contra de la víctima. Sin embargo, dicha medida debe ser revisada por el Juez de Control dentro del plazo de cinco días siguientes, mediante audiencia en la que podrá cancelarla, ratificarla o modificarla mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Por lo cual, la medida de protección dicta el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación 360/CODDI/2019, del índice de la Fiscalía Local de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a favor de la víctima OFELIA LUIS SALINAS, no produce un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa para los efectos del juicio de amparo, por que ahora, no es posible determinar si dicha medida será ratificada, modificada o nulificada por el Juez de Control una vez que éste revise la medida de protección rclamada. En efecto, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades o posesiones). Sirven de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, las Jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dicen: . Los criterios invocados, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta . Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, Enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro siguiente: . Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y el artículo 29 de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdo, toda vez que en esos términos lo solicita, de igual manera, se le tiene autorizando únicamente para imponerse de autos así como para recibir notificaciones a las personas que refiere. Ahora, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 4,618 expedientes
- Noemí Tejeda Anota605/2022
- Nora Angélica Matus469/2019
- Nora Matilde Carrasco Murias497/2018
- Norma Alejandra Rojas Castellanos458/2023
- Norma Alejandra Rojas Castellanos480/2023
- Norma Alejandra Rojas Castellanos486/2023
- Norma Pineda Mercader423/2021
- Norma Ziga Ruiz780/2012
- Nubia Iliana Trujillo Martínez604/2015
- Nubia Jessica Rodríguez Gutiérrez304/2022
- Obdula Martínez Baños474/2019
- Obdulia Acosta Ramos439/2023