Norma Gómez Villanueva
Expediente 887/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Norma Gómez Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado de los autos de los que se desprende que en auto de fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, este Tribunal Colegiado, desechó de plano la demanda de amparo promovida por NORMA GÓMEZ VILLANUEVA; posteriormente en acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación, en contra del referido desechamiento, el cual se radicó con el número 20/2023; y en sesión plenaria de trece de abril de dos mil veintitrés, se resolvió declarar infundado el recurso. Atento a lo anteriormente expuesto, se declara firme el acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, y devuélvanse las constancias correspondientes, solicitándose acuse de recibo, para proveer lo conducente en relación al archivo del presente asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibido el escrito de cuenta mediante el cual la promovente, interpone recurso de reclamación contra el auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo motivo de este asunto; asimismo, designa domicilio procesal y autorizados. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos copia autorizada del escrito de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora, toda vez que la parte quejosa interpone recurso de reclamación en contra del auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, con independencia de que haya dirigido su escrito al presente asunto, el medio de impugnación en comento se trata de un expediente que debe tramitarse por cuerda separada, por tanto, es un asunto independiente al en que se actúa; entonces con fundamento en lo previsto por los artículos 1, 9, 68, párrafo primero, 69 y 70 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo; resulta procedente remitir vía electrónica el recurso de reclamación de mérito, previa copia autorizada que se deje en autos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, para que le sea asignado número y sea remitido de nueva cuenta a este Órgano de Justicia como ingreso nuevo; ello, en el entendido de que el correo de la citada oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito, es: occtc2ctoc@correo.cjf.gob.mx, o bien, en el diverso correo electrónico institucional de la Jefa de la misma: jannet.garcia.ensastegui@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que las peticiones que realiza la recurrente en relación a la designación de autorizados, y domicilio procesal, serán atendidas al radicarse y proveerse lo conducente en relación a la admisión o no del recurso de reclamación de mérito.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la copia certificada de la sentencia de fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de reclamación 9/2023, engrosada el diecisiete de los citados mes y año, interpuesto por NORMA GÓMEZ VILLANUEVA, en contra del auto de Presidencia de seis de enero de dos mil veintitrés, pronunciado en este cuaderno de amparo directo 887/2022.Ahora bien, visto el estado de los autos de los que se desprende que el Recurso de Reclamación 9/2023, interpuesto por NORMA GÓMEZ VILLANUEVA, en contra del auto de Presidencia de seis de enero de dos mil veintitrés, pronunciado en este cuaderno de amparo directo 887/2022, se resolvió en el sentido de declarar fundado dicho recurso; por tanto, con fundamento en el artículo 106 de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones sostenidas en la ejecutoria que resolvió la reclamación que nos ocupa, se emite el acuerdo correspondiente en los siguientes términos: En términos de lo establecido en la ejecutoria que resolvió el recurso de reclamación 9/2023, se tiene que al referirse al auto reclamado en el presente juicio de amparo, se determinó: "(.) De lo expuesto se advierte que el acto reclamado se refiere a los autos dictados el siete noviembre de dos mil veintidós, por virtud de los cuales: i) remite al diverso de veinte de octubre de dos mil veintidós que declara la caducidad y ii) desecha el recurso de apelación interpuesto en contra de esta última determinación. (.)." Luego, se precisa que en la demanda de amparo la quejosa NORMA GÓMEZ VILLANUEVA señaló como acto reclamado el siguiente: "IV.- EL ACTO RECLAMADO. La Resolución Definitiva emitida en los autos del Juicio Ordinario Civil número 835/2018, con fecha 07 de Noviembre de 2022." Así, de las constancias remitidas por el Juez responsable como complemento a su informe justificado se advierte que en fecha siete de noviembre de dos mil veintidós, en los autos del juicio ordinario civil 835/2018 de origen, se dictaron dos autos: Auto de siete de noviembre de dos mil veintidós dictado en primer lugar (foja 396): "(.) AUTO. METEPEC, ESTADO DE MÉXICO; A SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Por recibido el escrito de cuenta, presentado por NORMA GÓMEZ VILLANUEVA, visto su contenido y el estado procesal de autos, con apoyo en lo que establecen los artículos 1.153, 1.135 y 1.136 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado; debiendo estarse al contenido del proveído firme emitido el veinte (20) de octubre del año dos mil veintidós (2022).(.)." Auto de siete de noviembre de dos mil veintidós dictado en segundo lugar (foja 405): "(.) AUTO. METEPEC, MÉXICO; A SIETE (07) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS (2022). Visto su contenido y el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, no ha lugar a admitir el recurso de apelación que pretenden hacer valer el promovente en contra del auto emitido el veinte (20) de octubre del año dos mil veintidós (2022), tomando en consideración que la resolución de mérito no es apelable, lo anterior con fundamento en los artículos 1.136 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles vigente; sirviendo de apoyo a lo anterior el Criterio sustentado por la Autoridad Federal que a continuación se transcribe: (.)." Ahora, en la sentencia de fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés dictada en el recurso de reclamación 9/2023, engrosada el diecisiete de los citados mes y año, se determinó que el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo se refiere a los autos dictados el siete noviembre de dos mil veintidós, por virtud de los cuales se determinó: i) remitir al diverso de veinte de octubre de dos mil veintidós que declara la caducidad del juicio natural y ii) desechar el recurso de apelación interpuesto en contra de esta última determinación. Consecuentemente, se concluye que los actos reclamados motivo de este asunto son: a) El auto de siete de noviembre de dos mil veintidós dictado en primer lugar, en el juicio ordinario civil 835/2018 de origen, mediante el cual se remitió al diverso de veinte de octubre de dos mil veintidós que declaró la caducidad del aludido juicio. b) El proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós dictado en segundo lugar, en el juicio ordinario civil 835/2018 de origen, mediante el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, emitido en el aludido juicio. Por lo anterior, la demanda de amparo promovida por NORMA GÓMEZ VILLANUEVA, por su propio derecho, en contra de los autos de siete noviembre de dos mil veintidós, dictados por el Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el juicio ordinario civil 835/2018, debe desecharse por notoriamente improcedente. 1. Desechamiento por definitividad en relación al acto reclamado descrito en el inciso a). En efecto, en el caso concreto, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone desechar la demanda de amparo en relación al acto reclamado consistente en el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós dictado en primer lugar, en el juicio ordinario civil 835/2018 de origen, mediante el cual se remitió al diverso de veinte de octubre de dos mil veintidós que declaró la caducidad del aludido juicio; en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. La disposición legal citada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o a su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Acorde con dicha disposición legal, es imperativo agotar el principio de definitividad, excepto en los casos que expresamente se releva de esa obligación procesal. Ahora bien, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, así como el numeral 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo en términos del artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por otra parte, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: .III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.-La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." De la norma constitucional citada, se obtiene que procede el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, el párrafo segundo del artículo 170 de la Ley de Amparo, precisa que se entenderá por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. El diverso párrafo tercero del referido artículo de la Ley últimamente citada, estatuye "que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia", por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Lo anterior, evidencia como requisito para la procedencia del juicio de amparo directo, agotar previamente el recurso ordinario establecido en la ley de la materia, por virtud del cual, la sentencia definitiva, pueda ser modificada o revocada, esto es, debe cumplir con el principio de definitividad, salvo el caso en que la ley permita la renuncia del recurso. En esa virtud, para resultar procedente el juicio de amparo en términos del tercer párrafo del artículo 170 de la Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se requería previamente a instarse éste, interponer los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, pudiera modificarse o revocarse el auto definitivo, en la especie, el recurso de "revocación" previsto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En efecto, el artículo 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, señala: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó.". De la disposición legal en análisis, se advierte que en contra de los autos que no son apelables, como en el caso que nos ocupa, pues el acto reclamado se hace consistir en el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós dictado en primer lugar, en el juicio ordinario civil 835/2018 de origen, mediante el cual se remitió al diverso de veinte de octubre de dos mil veintidós que declaró la caducidad del aludido juicio; procede el recurso de revocación. Es aplicable en lo conducente y por identidad de razón, la Tesis de Jurisprudencia1a./J. 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página: 401, de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Por lo que la quejosa antes de promover el juicio de amparo directo, debió cumplir con el principio de definitividad, esto, interponiendo el recurso de revocación, en contra del ahora acto reclamado, ello, toda vez que en contra de los autos que no son apelables, procede el recurso de revocación. En tal contexto, si en el caso concreto de las constancias que conforman el presente juicio de amparo directo, con eficacia demostrativa plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al presente asunto, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, no se advierte que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revocación, previsto en el numeral 1.362, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se materializa el supuesto de improcedencia a que se contrae la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, habida cuenta que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) de dicha norma legal transcrita en párrafos precedentes, que relevara agotar el principio de definitividad y por ende, procede desechar la demanda de amparo directo en relación al acto reclamado consistente en el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós dictado en primer lugar, en el juicio ordinario civil 835/2018 de origen, mediante el cual se remitió al diverso de veinte de octubre de dos mil veintidós que declaró la caducidad del aludido juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. 2. Desechamiento por definitividad en relación al acto reclamado descrito en el inciso b). En efecto, en el caso concreto, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que impone desechar la demanda de amparo en relación al acto reclamado consistente en el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós dictado en segundo lugar, en el juicio ordinario civil 835/2018 de origen, mediante el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, emitido en el aludido juicio; en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. La disposición legal citada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: d) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; e) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; f) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o a su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Acorde con dicha disposición legal, es imperativo agotar el principio de definitividad, excepto en los casos que expresamente se releva de esa obligación procesal. Ahora bien, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, así como el numeral 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo en términos del artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por otra parte, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: .III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.-La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado." De la norma constitucional citada, se obtiene que procede el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, el párrafo segundo del artículo 170 de la Ley de Amparo, precisa que se entenderá por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. El diverso párrafo tercero del referido artículo de la Ley últimamente citada, estatuye "que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia", por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Lo anterior, evidencia como requisito para la procedencia del juicio de amparo directo, agotar previamente el recurso ordinario establecido en la ley de la materia, por virtud del cual, la sentencia definitiva, pueda ser modificada o revocada, esto es, debe cumplir con el principio de definitividad, salvo el caso en que la ley permita la renuncia del recurso. En esa virtud, para resultar procedente el juicio de amparo en términos del tercer párrafo del artículo 170 de la Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se requería previamente a instarse éste, interponer los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, pudiera modificarse o revocarse el auto definitivo, en la especie, el recurso de "queja" previsto en el artículo 1.393 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En efecto, el artículo 1.393, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, señala: "Artículo 1.393.- El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación.". De la disposición legal en análisis, se advierte que en contra del auto que deniega una apelación, como en el caso que nos ocupa, pues el acto reclamado se hace consistir en el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós dictado en segundo lugar, en el juicio ordinario civil 835/2018 de origen, mediante el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, emitido en el aludido juicio; procede el recurso de queja. Por lo que la quejosa antes de promover el juicio de amparo directo, debió cumplir con el principio de definitividad, esto, interponiendo el recurso de queja, en contra del acto reclamado en análisis, ello, toda vez que en contra del auto que deniega la apelación, procede el recurso de queja. En tal contexto, si en el caso concreto de las constancias que conforman el presente juicio de amparo directo, con eficacia demostrativa plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al presente asunto, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, no se advierte que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de queja, previsto en el numeral 1.393, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se materializa el supuesto de improcedencia a que se contrae la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, habida cuenta que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) y c) de dicha norma legal transcrita en párrafos precedentes, que relevara agotar el principio de definitividad y por ende, procede desechar la demanda de amparo directo en relación al acto reclamado consistente el proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós dictado en segundo lugar, en el juicio ordinario civil 835/2018 de origen, mediante el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, emitido en el aludido juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal.
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibido el escrito de cuenta mediante el cual la promovente, interpone recurso de reclamación contra el auto de seis de enero de dos mil veintitrés, en el que este Tribunal Federal se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo; asimismo, designa domicilio procesal y autorizados.agréguese a los autos copia autorizada del escrito de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora, toda vez que la parte quejosa interpone recurso de reclamación en contra del auto de seis de enero de dos mil veintitrés, con independencia de que haya dirigido su escrito al presente asunto, el medio de impugnación en comento se trata de un expediente que debe tramitarse por cuerda separada, por tanto.resulta procedente remitir vía electrónica el recurso de reclamación de mérito, previa copia autorizada que se deje en autos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, para que le sea asignado número y sea remitido de nueva cuenta a este Órgano de Justicia como ingreso nuevo; ello, en el entendido de que el correo de la citada oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito, es: occtc2ctoc@correo.cjf.gob.mx, o bien, en el diverso correo electrónico institucional de la Jefa de la misma: jannet.garcia.ensastegui@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que las peticiones que realiza la recurrente en relación a la designación de autorizados, y domicilio procesal, serán atendidas al radicarse y proveerse lo conducente en relación a la admisión o no del recurso de reclamación de mérito.
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