Norma Flores Gonzalez
Expediente 184/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Norma Flores Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 25/2018, interpuesto por ****, contra el auto de veintiocho de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías, que en su punto resolutivo señala: "(.) ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja. (.)" En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por el Presidente de dicho órgano colegiado el doce de marzo del actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa Nora Flores González, en contra del auto dictado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, quedando registrado bajo el recurso de queja Q-25/2018, de lo que queda enterada la suscrita Juzgadora para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado por la quejosa Norma Flores González, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 184/2018-B; por el cual se desechó su demanda de derechos fundamentales; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que con esa fecha se dictó el auto impugnado y, una vez que conste la notificación a la parte promovente del presente auto, remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Así mismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios.
- Principal
SE PUBLICA POR LISTA AVISO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 184/2018-B. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el citatorio de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, girado para que comparezca voluntariamente a la solución alternativa de un conflicto. Respecto dicho acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 en relación con los diversos 5, fracción I de la misma legislación y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "(.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Del análisis de los preceptos constitucionales y legales transcritos se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales en los que Estado Mexicano sea parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, no sólo se reconoce el derecho de las personas que tengan un interés jurídico reconocido en una norma para acudir al juicio de amparo, sino también de aquellos que aludan tener un derecho legítimo derivado de su situación especial frente al orden jurídico; pero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de una autoridad penal judicial (como ocurre en el caso), el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por consiguiente, en este último supuesto, para acudir al juicio de derechos fundamentales es necesario que exista un acto que el gobernado estime violatorio de sus derechos consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales en los que los que México sea parte, pero además resulta indispensable que el peticionario de garantías acredite que el acto que reclama efectivamente afecta su esfera jurídica. Luego, si el acto reclamado emana de una autoridad juidical, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de garantías, exige los elementos siguientes: la existencia de un derecho subjetivo establecido en una norma jurídica y la titularidad de ese derecho por parte de una persona. Tales consideraciones se encuentran robustecidas con la jurisprudencia número 854 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." En este entendido, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida en que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Además, es de señalarse que el interés jurídico de que se habla debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Con base en lo anterior, es dable afirmar que la causa de improcedencia invocada se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en los derechos subjetivos públicos del promovente al momento de la presentación de la demanda, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto, esto es, cuando no existe un agravio personal y directo contra el gobernado. Hecho el estudio anterior, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente resaltar que en el citatorio reclamado, fue girado por el Juez Municipal de San Francisco Mixtla, Puebla, para que la quejosa comparezca de manera voluntaria a solucionar un conflicto a través de un mecanismo alternativo en términos de las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Medios Alternativos de Solución de Controversias; acto que no supone una afectación cierta e irreparable a sus derechos sustantivos. Se afirma lo expuesto, porque el citatorio combatido en este juicio de amparo no contiene apercibimiento para el quejoso, que de no presentarse a la diligencia respectiva, se hará presentar con el uso de la fuerza pública, lo que en su caso, sí se traduciría en un acto que pudiere derivar en una posible afectación a la libertad personal del gobernado, pues dicho apercibimiento no se extingue por el solo hecho de que no comparezca a la citación, sino porque precisamente su incumplimiento trae como consecuencia su presentación con medidas coercitivas, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, existe la distinción entre uno y otro supuestos, es decir, el citatorio sin apercibimiento, no es más que la simple citación a comparecer ante el Juez, lo que cualquier persona, sea indiciado, testigo, perito o para la solución alternativa de una controversia de carácter penal, en caso de atenderlo, hace por propia voluntad; mientras, la localización y presentación es la comparecencia ante dicha autoridad, obtenida a través de la orden emitida por ésta y ejecutada por la policía. Tan es diferente su naturaleza jurídica, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado a la orden de localización y presentación como un acto que afecta temporalmente la libertad deambulatoria dados los efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse a la persona citada, pues una vez ejecutada, la limitación de la libertad personal finaliza cuando la autoridad responsable desahoga la diligencia que motiva su presencia, y hasta ese instante podrá la persona retirarse del lugar. Por ilustrativa se cita la jurisprudencia, que dispone: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada." Así entonces, si el citatorio emitido por la responsable no contiene una medida de apremio en caso de incumplimiento, debe decirse que no es un acto de imposible reparación, pues no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia invocada prevista en el artículo 61, fracción XII en relación con los diversos 5, fracción I de la misma legislación y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es desechar la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en su demanda de amparo y por autorizado en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Armando Sánchez Vivar, pues el mismo acreditó que cuenta con cédula de licenciado en derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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