Norma Flores Anzurez
Expediente 1025/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1025/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Norma Flores Anzurez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos los sobres devueltos por la oficina de correos de México, que contienen la leyenda "Domicilio Incorrecto" así como el estado procesal que guardan los autos, esto es, que a la presente data no obran en el presente juicio las notificaciones realizadas al tercero interesado Agente del Ministerio Público que haya intervenido en la causa penal ********************adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, respecto de la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve y la ejecutoria de dieciséis de diciembre pasado, en obvio de mayores dilaciones, por conducto del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, notifíquese al referido tercero la resolución y el auto de mérito; en el entendido de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de su legal notificación, deberá remitir a este Juzgado las constancias con las que se acredite la notificación en comento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, en caso de que la autoridad, se encuentre gozando de las vacaciones correspondientes al segundo periodo del año en curso y, no sea posible entregar el oficio respectivo, instrúyase a los Actuarios de la adscripción para que una vez que ésta reanude labores, procedan a notificar lo ordenado en el presente auto. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa David Rafael Vargas Ramírez, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve; téngase a la referida parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso de mérito, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Toda vez que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Finalmente, se tiene conocimiento que las autoridades, se encuentran gozando de las vacaciones correspondientes al segundo periodo del año en curso y, no será posible entregar los oficios respectivos, por tanto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción para que una vez que estas reanuden labores, procedan a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante el periodo vacacional. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1025/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, se tiene conocimiento que las autoridades, se encuentran gozando de las vacaciones correspondientes al segundo periodo del año en curso y, no será posible entregar los oficios respectivos, por tanto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción para que una vez que estas reanuden labores, procedan a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante el periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1025/2019-III, promovido por NORMA FLORES ANZURES y ALDAIR URIEL ANZURES FLORES, por derecho propio y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito NORMA FLORES ANZURES y ALDAIR URIEL ANZURES FLORES, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclaman al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos (fojas 3 a 16). SEGUNDO. Una vez subsanada la prevención, por auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede (fojas 22 a 26). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, precisa que lo que la parte quejosa reclama del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos es: El acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve, emitido en autos de la causa penal JCC/391/2015, por el que el A quo declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, que negó la reposición del plazo previsto en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto que se reclama al Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 49), lo que se corrobora además con las fotocopias certificadas relativas a la causa penal JCC/391/2015, que anexó a su informe justificado (fojas 50 a 117), en las que obra el acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve. Documentales a las que se les concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2°, por contar con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público. En ese sentido, en la especie quien resuelve advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del precepto transcrito puede colegirse que los actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, son aquellos que transgreden los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en esta disposición se afirma que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos considerados como de imposible reparación, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que, tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que estos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos puramente sustantivos. Es decir, se plasmó que las consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el creador de la norma dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de -los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Estos razonamientos jurídicos se desprenden de la jurisprudencia P./J. 37/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Tomo I, página 39, Décima Época, junio de dos mil catorce, número de registro 2006589, del rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por tanto, los actos de naturaleza procesal, por regla general, no son impugnables en amparo indirecto, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que la violación de esos derechos adjetivos pueda ser subsanada si éste obtiene resolución favorable a sus intereses, y en caso contrario, tales irregularidades pueden combatirse por conducto del juicio de amparo que se interponga en contra de la resolución que ponga fin al juicio o etapa procesal correspondiente en la que generé la violación adjetiva impugnada. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2003301, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, página 744 del siguiente rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad." Como se ve, la posibilidad de reclamar en amparo indirecto los actos verificados dentro de juicio, radica en determinar, en cada caso, si sus consecuencias son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; de modo que si éstos trascienden de manera irreparable -acorde a la connotación legal antes indicada-, serán susceptibles de combatirse en el amparo indirecto; pero si no sucede esa afectación, al no resentir materialmente un daño en éstos, entonces el amparo resulta ser improcedente. Esto es, independientemente de que la violación procesal pueda o no causar un perjuicio predominante o de grado superior o grave, la Ley de Amparo es clara al señalar que el amparo indirecto procederá únicamente cuando se reclamen actos cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por tales actos deberá entenderse, únicamente, "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En ese sentido, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales se aprecia en lo que al caso interesa que la etapa intermedia del procedimiento acusatorio oral que es en el que se emitió el acto reclamado tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral; la fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, la segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio, por tanto, los actos emitidos en esta etapa serán impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Debiendo señalar que a tratarse de una de las etapas que integran el mencionado procedimiento penal en términos del artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas aquellas violaciones adjetivas deberán hacerse valer, en el caso de estimarse transgresores de derechos sustantivos, hasta el dictado de la resolución que ponga fin a dicha etapa procesal pues solo en dicho momento se estará en posibilidad de verificar si efectivamente el acto produce los efectos que se le atribuyen. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2015330, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2265, del rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P)." Precisado lo anterior se citaran los antecedentes del acto reclamado que derivan de las constancias que en copia certificada acompañó la autoridad responsable a su informe justificado: 1.- El once de marzo de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscal de Hechos de Tránsito Terrestre, presentó ante el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, escrito de formulación de acusación en contra de ANTONIO MÉNDEZ LÓPEZ, por la comisión del delito de lesiones y daño culposo, en agravio de NORMA FLORES ANZURES, ALDAIR URIEL ANZURES FLORES (hoy quejosos), así como de LETICIA ANZURES FLORES (foja 67 a 76). 2.- Por auto de once de marzo de dos mil diecinueve el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, señaló las ocho horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia intermedia, ordenó notificar al acusado, a su defensa particular, a las víctimas, así como a sus asesores jurídicos, de igual manera ordenó notificar de manera personal a la víctima y correrle traslado con copias del escrito de acusación y sus anexos, ordenando hacerles de su conocimiento que en términos del artículo 338 de la Ley Adjetiva de la materia, dentro del término de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, podrían constituirse como acusador coadyuvante y en tal carácter tendría la facultad de señalar los vicios materiales y formales del escrito de acusación y requerir su corrección, ofrecer pruebas para complementar la acusación del Ministerio Público, ofrecer pruebas para acreditar la existencia y el monto de los daños y perjuicios y demostrar la reparación del daño y perjuicios a los terceros que deban responder conforme a la ley (fojas 77 a 78) 3.- La notificadora adscrita al Tribunal de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos, notificó de manera personal a las víctimas hoy quejosas NORMA FLORES ANZURES y ALDAIR URIEL ANZURES FLORES, el acuerdo de once de marzo de dos mil diecinueve, y les hizo entrega del escrito de acusación (fojas 80 a 83), asimismo, la anterior determinación les fue notificada de manera personal a sus asesores particulares (fojas 88 y 89). 4.-El doce de abril de dos mil diecinueve, compareció a la audiencia intermedia NORMA FLORES ANZURES, por sí y en representación del menor ALDAIR URIEL ANZURES FLORES, asimismo, en dicha audiencia ante la inasistencia del asesor particular, fueron asistidos por el asesor jurídico oficial, el Agente del Ministerio Público, el imputado ANTONIO MÉNDEZ LÓPEZ y su defensa particular, quien solicitó el diferimiento de la audiencia con la finalidad de arribar a un acuerdo que diera por terminada la causa penal, motivo por el cual se señalaron las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo (foja 94), sin embargo, dicha audiencia se difirió por cuatro ocasiones más (foja 98, 100, 103 y 107), siendo la última fecha señalada que obra en autos para su desahogo las trece horas del nueve de julio de dos mil diecinueve. 5.- Por escrito de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, las víctimas NORMA FLORES ANZURES y ALDAIR URIEL ANZURES FLORES, designaron asesor jurídico particular así como domicilio procesal (foja 101) 6.- Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, ante el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Morelos NORMA FLORES ANZURES y otra, solicitaron la reposición del plazo de tres días previsto en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que las víctimas hoy quejosas estén en posibilidad de constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, a dicha petición recayó el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal JCC/391/2015, por el que el A quo determinó no acordar de conformidad lo solicitado, en razón de que ya había transcurrido en exceso el plazo de tres días otorgado por auto de once de marzo de dos mil diecinueve, además que consideró se encontraban asesorados jurídicamente, por lo que no existía justificación para reponer dicho plazo. 7.- En contra de la anterior determinación el asesor particular de las víctimas promovió ante el Juez natural recurso de revocación (fojas 55 a 59) 8.- Por auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, el A quo resolvió el recurso de revocación incoado por el asesor jurídico de las víctimas, determinando infundado los agravios expuestos declarando en consecuencia improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, argumentado en esencia lo siguiente: ".dichos agravios resultan infundados, tomando en consideración lo que establece el artículo 338 de la ley en cita, ya que con fecha once de marzo del año en curso, se tuvo al Agente del Ministerio Público formulando acusación en contra del imputado ANTONIO MENDEZ LÓPEZ, ordenando notificar a las víctimas para que en términos del precepto legal antes citado y en el plazo de TRES DÍAS se constituyeran como acusadores coadyuvantes, llevándose a cabo las notificaciones correspondientes a las víctimas y asesores jurídicos designados dentro de la carpeta con fecha catorce de marzo del año en curso, por lo tanto, tenían hasta el día veinte de marzo de la misma anualidad, para constituirse como acusadores coadyuvantes del Agente del Ministerio Público, por lo cual, a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo de tres días al que refiere el numeral 338 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, no existe dispositivo legal que faculte al suscrito a otorgar nuevo plazo o nueva oportunidad para que las víctimas puedan constituirse como acusadores coadyuvantes y si bien el artículo 96 del Código Nacional que cita, establece la posibilidad de reponer un plazo por una causa no atribuible a él, sin embargo, dicho precepto legal establece con precisión que sea por una causa no atribuible a él, lo cual en el presente caso no acontece, pues de las constancias se advierte que tanto las víctimas como sus asesores jurídicos fueron debidamente notificados, por lo cual, en caso de que NORMA FLORES ANZURES, ALDAIR URIEL Y LETICIA AMBOS DE APELLIDOS ANZURES FLORES, no hubieran sido enterados del plazo concedido se actualizaría la hipótesis prevista en dicho numeral, lo cual no acontece, es por ello que este juzgador consideró no otorgar nuevo plazo a las víctimas para que se constituyeran como acusadores coadyuvante. En razón de lo anterior, se declaran infundados los agravios hechos valer por el asesor jurídico de las víctimas, lo que trae en consecuencia la improcedencia del recurso de revocación interpuesto en contra del auto del veintiocho de junio del año en curso." Es este último auto el que es el acto que reclaman en el presente juicio de amparo. De lo anterior se advierte que lo que la parte quejosa pretende es que se reponga el plazo previsto en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello con el propósito de que puedan constituirse como coadyuvantes del Agente del Ministerio Público, ofrecer pruebas y solicitar el pago de la reparación del daño, lo anterior lo consideran así en razón de que aducen que si bien dicho plazo les fue notificado de manera personal así como a su anterior asesor jurídico, no tuvieron oportunidad de constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, en razón de una deficiencia en la asesoría legal. Cabe aclarar que tal determinación combatida se emitió en la etapa intermedia de la causa penal JCC/391/2015, puntualizándose que no existente constancia en autos de la que se advierta que la etapa oral del estudio procesal de mérito halla concluido y la audiencia se haya desahogado. Luego, es claro que la resolución combatida por los ahora quejoso tiene consecuencias meramente intraprocesales, pues en éste se negó al ahora quejoso la reposición del plazo prevista en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que tiene como consecuencia que no se puedan constituir como coadyuvantes del Ministerio Público en autos de la causa penal de origen, circunstancia que de ningún modo produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos de los justiciables. Cabe hacer mención que dentro del sistema acusatorio el procedimiento penal se compone de distintas etapas, cada una con objetivos propios y distintos a los demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos y, por último, el juicio que tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. En el caso, el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del período de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia. Lo que significa que las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento, de otro modo se trastocaría el curso regular del proceso, esto en razón que mediante el juicio de amparo directo de modo alguno podrían analizarse cuestiones acontecidas en la etapa intermedia, sino sólo lo relativo a la etapa de juicio, tal y como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.). Es entonces que a través del juicio de amparo indirecto pueden combatirse las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, pero después de celebrada la audiencia respectiva y una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, siempre que en éstas se hallan trasgredido de manera personal y directa derechos sustantivos de los justiciables, esto es, justo en el cierre de la fase, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento, pues será hasta ese momento en que se materialicen las violaciones procesales que se hayan efectuado en dicha etapa del proceso (etapa intermedia), y es en ese momento cuando pueden ser combatidas. Lo que en el particular no acontece pues como se indicó en el caso se combate el acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve, emitido en autos de la causa penal JCC/391/2015, por el que el A quo declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, que negó la reposición del plazo previsto en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, auto emitido durante el desahogo de la etapa intermedia pero antes de su cierre, es decir de la celebración de la audiencia a que se refiere el ordinal 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde luego antes de que se dicte el auto de apertura juicio oral, lo que se suyo hace que el presente juicio de amparo resulte improcedente en el momento procesal en que se hizo valer. Sirve de sustento a lo anterior la tesis de la Décima Época registro 2020733, visible en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento." Asimismo, sirve de sustento a lo anterior la tesis de la Décima Época, registro 2021020, visible en el Semanario Judicial de la Federación del siguiente rubro y texto: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL. Conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, por esa razón, las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente, ya que de no hacerlo así, se entenderá agotada la posibilidad de solicitarlo. De lo expuesto se colige que cuando se reclama una violación cometida en el desarrollo de la audiencia intermedia, en la que se dicta, además, el auto de apertura a juicio oral, el juicio de amparo indirecto resulta procedente pues, por un lado, esta actuación da conclusión a la etapa intermedia y, por otro, las violaciones acontecidas en esa etapa procesal no podrán ser objeto de estudio en el amparo directo que en su caso llegara a promoverse contra la sentencia definitiva que se dicte en la causa penal de origen, pues el juicio de amparo directo debe limitarse, exclusivamente, a aquellas cometidas durante la etapa de juicio oral, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL."; estimarlo de otra manera dejaría en estado de indefensión al quejoso, al no poder impugnar la determinación en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva; lo cual imprime a la determinación final de esa fase una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afecta el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva." En consecuencia al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo a contrario sensu, se debe de sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por NORMA FLORES ANZURES y ALDAIR URIEL ANZURES FLORES, respecto al acto reclamado y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, hoy veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy Fe.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Norma Deyanira Arechiga Carrillo Reyes1801/2015
- Norma Deyanira Arechiga Carrillo Reyes1942/2018
- Norma Elsa Rodriguez Maganda1212/2022
- Norma Erika Corral Tejeda1337/2022
- Norma Esperanza Ramírez Corazón782/2021
- Norma Flores Anzurez1248/2016
- Norma Gomez Pacheco1757/2018
- Norma Gomez Ramos1391/2023
- Norma Guadalupe Chavez Vazquez20/2021
- Norma Hernandez Vargas421/2017
- Norma Idalia Contreras Carranco1471/2018
- Norma Idalia Contreras Carranco1789/2016