Norma Erika Pérez Amezcua
Expediente 736/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Norma Erika Pérez Amezcua
- Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo actuado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno incidental, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo definitivo. Asimismo, del expediente en que se actúa se evidencia que en resolución interlocutoria de uno de febrero de dos mil veintitrés, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se precisa que: El original del presente cuaderno, es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido. Una vez destruido, deberá remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula respectiva, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es conservable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, del citado Acuerdo General, motivo por el cual trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, se transferirá al depósito documental respectivo. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del referido acuerdo. Acuérdese lo conducente en los cuadernos incidentales respectivos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en al Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama a la Oficial del Registro Civil de la Cabecera Municipal de Paracho, Michoacán, mismo que hizo consistir en: ".la NEGATIVA de cambio en mi partida de nacimiento del orden de mis apellidos, esto es, como primer apellido ******************** y el segundo apellidos ********************, quedando mi acta de registro de nacimiento con el nombre de ********************." SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, radicó la demanda de amparo con el número ********************, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en Paracho, Michoacán, donde reside la autoridad responsable, y este juzgado tiene su residencia y ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de técnica del juicio, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. Apoya lo anterior las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que ********************, reclama de la Oficial del Registro Civil de la Cabecera Municipal de Paracho, Michoacán: La NEGATIVA de cambio en la partida de nacimiento del orden de los apellidos, esto es, como primer apellido ******************** y el segundo apellidos ********************. TERCERO.- Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada mediante oficio 22601, en el que se le requirió dicho informe, tal como consta del acuse de recibo el catorce de diciembre de dos mil veintidós, que obra en autos, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. Apoya lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "INFORME JUSTIFICADO. SU AUSENCIA LLEVA A LA PRESUNCION DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO SIN QUE SE NECESITEN OTRAS PRUEBAS". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con el original del oficio firmado por el Oficial del Registro Civil de Paracho, Michoacán, de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, que la quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda, en el que la responsable le informa su negativa a realizar el cambio de orden de apellidos; documental a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2°, respecto de los hechos afirmados por la autoridad que los emitió, por tratarse de documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, que no fue objetado por las partes. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país de rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Oportunidad. La demanda de amparo fue presentada dentro del plazo de quince días que establece el artículo 174, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: El quince de noviembre de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del acto reclamado, fecha en que se dio respuesta a la solicitud presentada por la parte quejosa sobre el cambio en el orden de sus apellidos. Para lo cual, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto transcurrió del diecisiete de noviembre al ocho de diciembre de dos mil veintidós. Para considerar el plazo anterior deben descontarse los días inhábiles que a continuación se indican: diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre, así como tres y cuatro de diciembre, todos de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos, en su caso veintiuno de noviembre por haber sido inhábil, respectivamente, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si la demanda de amparo indirecto se presentó el día treinta de noviembre de dos mil veintidós, resulta claro que se promovió oportunamente. QUINTO. Procedencia. Se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta infundada la causa de sobreseimiento que invoca el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con base en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, habida cuenta que como él mismo lo señala en su pedimento constitucional, dicha causal será solo para el caso de que la autoridad responsable rinda su informe en sentido negativo respecto de los actos reclamados; lo cual como ya se dijo en párrafos que antecede, no ocurrió en el presente caso. SEXTO. Suplencia de la queja. Se establece que en el presente juicio de amparo no opera la suplencia de la queja deficiente, a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo, al no surtirse en el presente caso alguna de las hipótesis previstas en las fracciones a que alude el mencionado numeral; de ahí que será aplicable el principio de estricto derecho. Lo anterior, al tratarse de un asunto en materia civil en el que no se ven involucrados directamente menores de edad o incapaces ni se afecta el orden y desarrollo de la familia, así como tampoco se advierte una violación evidente de la Ley en la que se haya dejado sin defensa a la parte quejosa, en virtud de que el acto reclamado está constituido por la negativa que plasmó la autoridad responsable a la solicitud de cambio en el orden de los apellidos presentada por la promovente del amparo, ante la cual manifestó los conceptos de violación en los que -esencialmente- alega vulneración a diversos derechos y/o principios constitucionales. Además, es importante precisar que del escrito de demanda y constancias vinculadas al acto reclamado, este juzgado no advierte que la solicitud y en su momento, la negativa del cambio de apellidos de la aquí quejosa, obedezca a una cuestión en transgresión al principio de igualdad y no discriminación, y en concreto, no se evidencian razones de la autoridad relacionadas con una diferenciación o exclusión no justificada por razón de género. Se sostiene lo anterior porque la propia solicitud del cambio de apellidos realizada por la aquí quejosa se evidencia que su pretensión de cambiar o alterar la realidad jurídica y social respecto de su nombre no se encuentra vinculada con una causa de género. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en este apartado, dado que la Ley de Amparo no obliga a transcribirlos. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Estudio del asunto. Ahora, en el caso, la quejosa hace valer como conceptos de violación, diversas afectaciones -en términos generales- a sus derechos humanos de dignidad, libre desarrollo de la personalidad, identidad, intimidad, a no ser discriminada, a la fundamentación, a la igualdad de género, a la propia imagen, al proyecto de vida personal y profesional y al acceso, rectificación, corrección y oposición de datos personales. Dichas alegaciones son ineficaces, ya que constituyen manifestaciones generales que imposibilitan el examen de legalidad y/o constitucionalidad del razonamiento principal contenido en el acto reclamado, consistente en la negativa de cambio en la partida de nacimiento del orden de sus apellidos, porque a consideración de la responsable debe ser materia de un procedimiento ante sede judicial, en donde se generen las condiciones mínimas de recepción probatoria para que el interesado pueda demostrar los extremos de su pretensión. En efecto al marco jurídico de la materia de estudio en el presente juicio de amparo, y al encontrarnos ante un asunto que se rige bajo el principio de estricto derecho, la quejosa tiene la obligación de controvertir o desvirtuar el argumento toral de la determinación motivo del acto reclamado; sin embargo, no aporta prueba o argumento que deje de manifiesto una infracción a normas fundamentales del procedimiento o violación a los derechos humanos, con la que se acredite que se le haya dejado sin defensa con la emisión del oficio con el que se dio respuesta a su solicitud de cambio de orden de apellidos. Al respecto, se cita la tesis aislada II.2o.P.2 K (11a.), Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INEFICACES O INCONDUCENTES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL QUEJOSO SE LIMITA A CITAR DE FORMA GENÉRICA O A TRANSCRIBIR ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL O DE TRATADOS INTERNACIONALES, SIN EXPONER LAS RAZONES DEL PORQUÉ SE ESTIMAN VIOLADOS CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA RECLAMADA. " Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXXVIII/2020 (10a.), sostiene que el derecho humano al nombre contiene una doble faceta, tanto individual como colectiva en la que el atributo que se le da al nombre como expresión de autonomía individual, trasciende de tal manera que permite reconocer a la persona en su entorno social y frente al Estado, dotándolo tanto de derechos como obligaciones en un entorno público, lo que debe tomarse en cuenta al momento de la pretensión de modificarlo o rectificarlo. Al respecto, en la tesis aislada 1a. C/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EN EL PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA POR ENMIENDA, LA AUTORIDAD DEBE GENERAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE RECEPCIÓN PROBATORIA PARA QUE EL INTERESADO PUEDA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS DE SU PRETENSIÓN. Hechos: En su demanda de amparo directo el quejoso planteó diversos conceptos de violación en los que cuestionó la constitucionalidad y convencionalidad del acto reclamado, haciendo valer citas de diversos artículos constitucionales que genéricamente adujo violados, pero sin decir de manera concreta el porqué de esa opinión; asimismo, citó y transcribió diversos principios, declaraciones, tratados o convenciones internacionales en materia de derechos humanos, pero sin expresar tampoco un verdadero argumento específico y concreto del porqué o de qué modo el dictado del acto reclamado se vincula con ellos; por tanto, se traducían en reiteraciones, citas o transcripciones de formato, sin que el tribunal de amparo advirtiera un motivo que justificara la suplencia de la queja deficiente y la consecuente explicación del porqué de ello. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que deben calificarse de ineficaces o inconducentes los conceptos de violación plasmados en la demanda de amparo directo en los que el quejoso se limita a citar de forma genérica o a transcribir artículos de la Constitución General o de tratados internacionales, sin exponer las razones del porqué se estiman violados con el dictado del acto reclamado y, por ende, no existe obligación de profundizar al respecto en el análisis constitucional de la sentencia reclamada. Justificación: Lo anterior, pues no es materia de discusión la existencia del marco constitucional o convencional invocado y el hecho de que en un escrito de demanda se transcriba el contenido integral de tratados o convenciones, o de la Constitución General misma, no implica que los tribunales de amparo estén obligados a emprender una ociosa exposición del porqué no se trastoca cada una de las porciones normativas genéricamente plasmadas, cuando no constituyen verdaderos argumentos de conceptos de violación, sin siquiera una concepción más elemental y privilegiando incluso la causa de pedir, pues tal actitud sería contraria a los objetivos de contribuir a una justicia pronta, completa y expedita en términos del artículo 17 constitucional, que no por el hecho de garantizar el derecho de acceso a la justicia o a la tutela judicial efectiva, presupone una simple labor de reiteración injustificada del sentido de las normas que integran el sistema jurídico respectivo, bajo una perspectiva meramente cuantitativa y proporcional a la extensión de la redacción utilizada en el escrito que se presenta, pues lo importante es alcanzar una resolución completa, cuya exhaustividad se comprende cualitativamente con la naturaleza y discusión de las cuestiones realmente planteadas o advertidas (mediante suplencia en los casos de legal aplicación), que constituyen la materia de la litis constitucional y conforme a las reglas que rigen la procedencia, sustanciación y resolución de los juicios de amparo." Se sostiene que con la finalidad de respetar tanto el derecho humano al nombre como el debido proceso, es necesario tener la seguridad de que existe la información necesaria para acreditar la pretensión solicitada con los medios de convicción admisibles para ello, sin que equivalga a cancelar el contenido esencial de ese derecho, ya que la reglamentación del nombre, en un caso concreto de cambio o alteración, es con el fin de adecuarlo a la realidad jurídica y social del individuo, al considerarse que el nombre funge como medio de identificación de una persona que afecta su vida privada y familiar que, ante cambio o alteración, afecta la realidad jurídica y social del interesado. En relación con el acto reclamado, -negativa de cambio de orden de apellidos-, importa señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. C/2018 (10a.), sostuvo que la autoridad, para resolver la solicitud de rectificación de acta, debe contar con las condiciones mínimas de recepción probatoria y allegarse de los medios de convicción admisibles para resolver la solicitud que demuestre los extremos de la pretensión planteada; en el caso, tal procedimiento se encuentra regulado en los artículos 115 y 116, fracción IV, del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en los cuales, se establece que la rectificación de actas del estado civil, deberá tramitarse ante un Juez de Primera Instancia y realizarse en relación a la sentencia que se pronuncie en su caso, la cual procederá, entre otros, para ajustar el nombre o apellido de la persona interesada. Por su parte, los numerales 120 a 123 del citado Código, establecen el trámite que deberá presentarse por escrito con los requisitos correspondientes ante el Juez de primera instancia, ordenándose el emplazamiento del demandado y se ofrezcan las pruebas que concluirá con sentencia ejecutoria y la copia certificada de esta, será enviada para conocimiento de la Dirección u Oficial del Registro Civil, según sea el caso, para que hagan referencia de correspondiente al margen del acta impugnada. Ahora, importa precisar que, la variación de los apellidos por virtud de la solicitud así promovida, forma parte del derecho al nombre que lo identifica en sus relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, atento a que el cambio de éste tiene como sustento la autonomía de la voluntad que lo rige y con la finalidad de adaptar su identidad a la realidad social. El criterio anterior se orienta por las Tesis Aisladas 1a. XXXII/2012 (10a.); 1a. XXV/2012 (10a), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son de rubros y textos siguientes: "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. ES UN ELEMENTO DETERMINANTE DE LA IDENTIDAD." Y "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES". Así pues, conforme a lo anterior, se advierte que la legislación local no establece una prohibición expresa para modificar los apellidos de la parte quejosa; sin embargo, para lo que al caso importa, el derecho a modificar el nombre, incluidos los apellidos, habrá de sujetarse a los procedimientos previstos en la legislación local sustantiva y adjetiva. Importa precisar que la consecuencia jurídica que produciría el cambio de nombre, cuando resulte procedente, será autorizar al solicitante en lo sucesivo el uso de su nuevo nombre; en tanto que la de rectificación de acta, de resultar fundada, producirá sus efectos también hacia el pasado, atendiendo a que la pretensión no sólo constriñe que se autorice el empleo de un nuevo nombre, sino que también implica una alteración en la realidad jurídica y social de la persona. Conforme a lo anterior se advierte que la pretensión de la parte quejosa de que se conceda la protección constitucional, a fin de que se deje sin efecto la negativa que, recayó a la petición que la propia impetrante de amparo realizó, en la misma forma, para modificar su acta de nacimiento con la finalidad de realizar el cambio en el orden de los apellidos, es infundado. Esto es así, pues como quedó precisado, se ha reconocido constitucionalmente el derecho a modificar el nombre de una persona, aun cuando sea para el cambio del orden de sus apellidos; sin embargo, la modificación que se pretenda realizar en tales términos implica una variación esencial del nombre que condiciona el ejercicio de tal derecho en los términos establecidos en las normas civiles y bajo los procedimientos que se establecen en la codificación procesal de esa materia. De ahí que, si dicha pretensión no constituye una corrección, rectificación o modificación de un acta del estado civil que busque enmendar yerros o errores mecanográficos, ortográficos, numéricos u otros accidentales del acta, y que sea procedente realizar en sede administrativa, es decir, ante el propio Oficial Encargado del Registro Civil correspondiente, sino que pretende la variación sustancial del nombre, entonces, ello requiere que su tramitación se realice a través del juicio correspondiente, en el que se garanticen las condiciones mínimas de recepción probatoria, de conformidad con el citado criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tales términos, se concluye que la negativa reclamada se considera acorde a la regulación del Estado, según los parámetros establecidos en el marco normativo legal y jurisprudencial que precede, sin que se advierta trasgresión a los derechos constitucionales alegados por la aquí quejosa, en especial el derecho al nombre y a su identidad. En consecuencia este Juzgado considera correcta la negativa de la autoridad responsable, porque el análisis del cambio de orden de los apellidos, pretendido por la parte quejosa debe ser materia de un juicio o procedimiento ante sede judicial, de conformidad con los artículos 115 y 116, fracción IV, 120, 121, 122 y 123 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, y en atención al criterio de la tesis 1a. C/2018 (10a.) emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación que fueron materia de análisis en el presente asunto, debe negarse el amparo solicitado por la parte quejosa. NOVENO. Publicación de sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere los artículos 68, 110 y 113 de la citada legislación, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 117 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra los actos que reclama del Oficial del Registro Civil de la Cabecera Municipal de Paracho, Michoacán, de conformidad con los argumentos expuestos en el considerando octavo de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.
- Incidental
En Uruapan, Michoacán a las diez horas con veinticinco minutos del uno de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, por lo que , por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- Se NIEGA a la Norma Erika Pérez Amezcua, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA, respecto del acto reclamado de la autoridad precisada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí precisados. NOTIFÍQUESE; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
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