Norma Elizabeth Rosas Vela

Expediente 3218/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3218/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
04/01/2019

Partes del expediente

  • Norma Elizabeth Rosas Vela

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término establecido por el artículo 98 de la citada ley, en contra del auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitido en el presente juicio de amparo, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. ... se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra la constancia de notificación del oficio 46399/2018, dirigido a la autoridad responsable Directora General Adjunta de Atención de Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a través del cual se le notifica el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el que entre otras cosas, se ordenó la acumulación del juicio de amparo III 450/2017 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, al presente juicio de amparo y quedó registrado con el número 2719/2018. Difiere audiencia constitucional. Consecuentemente, se difiere la celebración de la audiencia que estaba programada para esta fecha; y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo. Notifíquese.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el quince de noviembre de dos mil dieciocho. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe señalar que la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el trece de abril de dos mil dieciocho, en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y la protección constitucional, misma que fue recurrida por la autoridad responsable, y que por resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dictada en sesión de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, en la revisión principal 224/2017, del tribunal oficiante, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO.- Se desecha el recurso de revisión interpuesto por WUENDY ALHELÍ GARCÍA GARCÍA, Directora de lo Jurídico Contencioso en representación de las autoridades responsables del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco." Por lo que, el efecto del amparo fue el siguiente: ".la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica del inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.254 (cero punto doscientos cincuenta y cuatro), como lo señala la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. La protección constitucional debe hacerse extensiva a los actos concretos de aplicación consistentes en la recepción de los pagos de las cantidades impresas en los recibos oficiales 6660684, 6660685, 6660686, 6660687, 6660688, 6660690 y 6660691, todos de trece de febrero de dos mil dieciocho (foja 14), que realizó la parte quejosa del amparo por concepto del impuesto predial sobre bienes inmuebles de su propiedad bajo las cuenta prediales 3-U-155980, 3-U-155981, 3-U-155982, 3-U-155976, 3-U-155977, 3-U-155979, y 3-U-155978 (foja 14), relativos al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Por lo que deberán ser devueltas las cantidades que se enteraron, en el entendido de que dicha devolución versará sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor 0.254 (cero punto doscientos cincuenta y cuatro), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución por el ejercicio fiscal enterado deberá entregarse al contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en el artículo 22, fracción II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, esto es, para los predios urbanos cuyo valor real se determine en los términos de las Leyes de Hacienda Municipal y de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado, el: 0.254. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional. Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de las cantidades respectivas a las sumas cubiertas por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberán devolverse actualizadas, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. En concordancia con lo antes expuesto, cabe indicar que la devolución de las cantidades que se ordenan reintegrar a la parte quejosa en esta sentencia, no comprende el pago de intereses que se hayan generado. Ello es así, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector." Ahora bien, el uno de noviembre del presente año, la parte quejosa, recibió un documento mercantil, generado con motivo de la sentencia de amparo; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Además, el siete del presente mes y año, el autorizado de la parte quejosa, manifestó su conformidad con el cumplimiento por parte de la autoridad responsable, respecto al fallo protector dictado en los presentes autos. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Vista a las partes. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de quince días. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad que establece la Ley de Amparo, sin que las partes hayan presentado promoción encaminada a impugnar la resolución de ocho de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha quedado firme la referida resolución, en la cual se determinó que la sentencia de amparo quedó sin materia. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

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