Norma Elia Jaramillo López y Otros.
Expediente 146/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 146/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Norma Elia Jaramillo López
- Norma Elia Jaramillo López y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, así como el estado actual que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el oficio 954/4/2020, a través del cual la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, informó lo acordado en cuatro de noviembre de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 341/4/2015, en el cual manifiesta la imposibilidad en la que se encuentra a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en autos, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto, no obstante de haber quedado legalmente notificadas del aludido acuerdo. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de referencia; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 243, del Tomo XI, relativo a marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. ." Ahora bien, la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la autoridad responsable realice lo siguiente: "Provea de inmediato lo que en derecho corresponda, respecto a la petición que se le hizo en la diligencia desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, relativa al requerimiento de pago y embargo dictado dentro del juicio laboral 341/4/2015, en donde esencialmente se solicitó se girara exhorto a la Junta Especial en turno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Victoria, Tamaulipas, para que en auxilio a la Junta Especial número Cuatro del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se gire oficio a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le haga de su conocimiento que quedaron embargadas las licitaciones y contratos ganados a la empresa demandada Guarderías la Aldea, S.C., en favor de la parte actora, hasta por el monto de $289,189.04 (doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional), y se le requiera para que consigne el cheque correspondiente. Provea de inmediato lo que en derecho corresponda, respecto del escrito que la parte actora del juicio laboral 341/4/2015, presentó el diez de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual se solicitó al Presidente de dicha Junta, girara oficio a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le haga de su conocimiento que quedaron embargadas las licitaciones y contratos ganados a la empresa demandada Guarderías la Aldea, S.C., en favor de la parte actora, hasta por el monto de $289,189.04 (doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional." Sobre los lineamientos de la sentencia ejecutoriada, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, informó la imposibilidad jurídica que tiene para dar cumplimiento al fallo protector, remitiendo a través del oficio 954/4/2020, copia certificada de las sentencias dictadas dentro de los diversos juicios de amparo 260/2020-I y 259/2020-VI, del índice de este juzgado, los cuales derivan del mismo expediente laboral y fueron resueltos en favor de sus respectivos quejosos; resoluciones que constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador, que actualmente se encuentran ejecutoriadas, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Documentales a las que se otorga pleno valor demostrativo en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, es claro que la responsable de mérito está ante una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a una sentencia de amparo, ya que los diversos juicio de amparo 260/2020-I y 259/2020-VI, del índice de esta juzgado, fueron concedidos para efecto de dejar insubsistente todo lo actuado dentro del juicio laboral de origen a partir, de los ilegales emplazamientos, lo que hace imposible poder cumplir la sentencia dictada dentro del amparo que nos ocupa. Por estimarse conveniente, se ordena que la anterior determinación se notifique en forma personal a la parte quejosa, en términos del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, seis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes recurrieran con arreglo a derecho la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil veinte, en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; notifíquese a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, téngase por recibido el oficio 954/4/2020, signado por la Presidenta de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, póngase a la vista de las partes el oficio de mérito por el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el particular.
- Principal
Relación de constancias. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional, y el Secretario hace relación de las constancias, haciendo constar que obran en autos el escrito inicial de demanda promovida por Norma Elia Jaramillo López; el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, las documentales que dicha autoridad adjuntó a su oficio 822/4/2020; y la intervención ministerial 539/2020, de la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, a través de la cual realiza diversas manifestaciones a guisa de alegatos; asimismo, en este acto se da cuenta al Juez con la intervención ministerial 539/2020, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, la cual quedó registrada con el folio 8288. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales procedentes, en cuanto a las pruebas y alegatos de referencia, relaciónense en los periodos correspondientes de la presente audiencia. Por otra parte, agréguese a los autos la intervención ministerial 539/2020, signada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de Distrito, por medio del cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, mismos que se relacionarán en el periodo correspondiente de la presente audiencia. En cuanto a la copia que solicita, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de ser el caso, una vez que se emita la sentencia constitucional que corresponda, expídasele copia certificada de la misma. Periodo probatorio. Acto continuo, en este periodo se da cuenta al Juez con las documentales relacionadas en el párrafo que antecede. A lo que el Juez acuerda: Téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas de referencia, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, y serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que relacionar se cierra este periodo. Periodo de alegatos. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en el que el Secretario da cuenta al Juez con los vertidos por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, en sus intervenciones ministeriales 539/2020. A lo que el Juez acuerda: Téngase por formulados los alegatos de referencia y tómense en consideración al momento de resolver este asunto; sin más pruebas o alegatos pendientes de acordar se concluye la presente audiencia, ordenando el Juez se dicte la siguiente sentencia: VISTO para resolver el juicio de amparo 146/2020-I, promovido por Norma Elia Jaramillo López, contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclamó de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tamaulipas, con sede en Reynosa, los cuales describió en la foja tres del presente sumario, y que estimó violatorios de las garantías contendidas en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este juzgado de Distrito, el que mediante auto de siete de febrero de dos mil veinte, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; tuvo Gustavo Adolfo Cárdenas Dávila y/o quien resulte responsable de la fuente de la empresa denominada Guarderías la Aldea, sociedad civil, como terceros interesados; dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, constitucional, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados son omisiones, que carecen de ejecución material, además de que se le atribuyen a una autoridad que tiene su residencia dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en el presente juicio de amparo; esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión de acordar lo solicitado en la diligencia desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, relativa al requerimiento de pago y embargo dictado dentro del juicio laboral 341/4/2015, en donde esencialmente se pidió se girara exhorto a la Junta Especial en turno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Victoria, Tamaulipas, para que en auxilio a la Junta Especial número Cuatro del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, gire oficio a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le haga de su conocimiento que quedaron embargadas las licitaciones y contratos ganados a la empresa demandada Guarderías la Aldea, S.C., en favor de la parte actora, hasta por el monto de $289,189.04 (doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional), y se le requiera para que consigne el cheque correspondiente. La omisión de acordar el escrito que la parte actora del juicio laboral 341/4/2015, presentó ante la Junta Especial número Cuatro del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, el diez de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual se solicitó al Presidente de dicha Junta, girara oficio a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le haga de su conocimiento que quedaron embargadas las licitaciones y contratos ganados a la empresa demandada Guarderías la Aldea, S.C., en favor de la parte actora, hasta por el monto de $289,189.04 (doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tamaulipas, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia de los actos que se le reclaman; en mérito de lo anterior, deben tenerse por ciertos. CUARTO. Causales de improcedencia. Precisada como ha quedado la certeza de los actos reclamados, debe indicarse que el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y deben ser analizadas de manera preferente, sea que las partes lo aleguen o se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Determinación que encuentra sustento en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, identificada bajo el número 814, visible en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, este órgano jurisdiccional no advierte que se actualice algún motivo de improcedencia o alguna causa para sobreseer en presente juicio de amparo, ni las partes hicieron valer alguna causal de improcedencia que amerite ser estudiada por este Juzgador. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación.- En la especie, quien esto resuelve no advierte que se actualice causal de improcedencia del juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como tampoco hicieron valer alguna las partes en el juicio; por tanto, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, a la luz de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, el que no se transcribe porque no lo exigen los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que es del rubro siguiente; "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son fundados los conceptos de violación vertidos, aclarando que, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, el análisis del asunto se efectuará únicamente a la luz de lo establecido en el artículo 17 Constitucional, dado que éste tutela el derecho de que se administre justicia a toda persona en los términos que fijan las leyes; no obstante que la quejosa haya precisado como garantías violadas las contenidas por los artículos 14 y 16, pues evidentemente existió error en su cita. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 49/96, visible en la página 58, tomo IV, agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, que es del rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto." Una vez planteado lo anterior, se reitera que son fundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa en su demanda de amparo, en los que básicamente alega que la Junta responsable se ha abstenido de acordar lo solicitado en la diligencia desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, relativa al requerimiento de pago y embargo dictado dentro del juicio laboral 341/4/2015, en donde esencialmente se pidió se girara exhorto a la Junta Especial en turno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Victoria, Tamaulipas, para que en auxilio a la Junta Especial número Cuatro del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, gire oficio a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le haga de su conocimiento que quedaron embargadas las licitaciones y contratos ganados a la empresa demandada Guarderías la Aldea, S.C., en favor de la parte actora, hasta por el monto de $289,189.04 (doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional), y se le requiera para que consigne el cheque correspondiente; y de acordar el escrito que la parte actora del juicio laboral 341/4/2015, presentó ante la Junta Especial número Cuatro del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, el diez de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual se solicitó al Presidente de dicha Junta, girara oficio a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le haga de su conocimiento que quedaron embargadas las licitaciones y contratos ganados a la empresa demandada Guarderías la Aldea, S.C., en favor de la parte actora, hasta por el monto de $289,189.04 (doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional; lo que se traduce en violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo; la citada disposición fundamental establece lo siguiente: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El artículo transcrito, tutela el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia, que fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 159/2003-SS, como en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de la forma de: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Así, dedujo que del artículo en que se otorga la garantía para la protección de ese derecho fundamental se destaca lo siguiente: El precepto superior garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia; Entre ellos se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión; La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; y, Esos plazos y términos, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. Como se vio, dicho numeral consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que otorga a favor de los gobernados para que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, accedan de manera expedita a los tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que en un proceso, donde se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En congruencia con lo anterior, se estima aplicable la jurisprudencia número 1a./J.42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124, del Tomo XXV, abril de dos mil siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Al respecto, la norma secundaria de trato dispone lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. ..." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquéllas en las que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." En ese orden de ideas, es claro que la Junta responsable se encuentra obligada a acordar dentro de cuarenta y ocho horas lo relativo a las promociones que se le presente con motivo de los juicios laborales que se ventilen, tal y como lo dispone la última fracción del artículo 838 de la ley de referencia. Situación que en el caso no ocurre, pues de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que en diligencia desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, relativa al requerimiento de pago y embargo dictado dentro del juicio laboral 341/4/2015, el ahora quejoso hizo diversas peticiones al Presidente de la Junta Especial número Cuatro del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; y que el diez de octubre de dos mil diecinueve, la Representante legal de la parte actora en el juicio laboral de origen, presentó un escrito en el que básicamente solicita se gire oficio a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le haga de su conocimiento que quedaron embargadas las licitaciones y contratos ganados a la empresa demandada Guarderías la Aldea, S.C., en favor de la parte actora, hasta por el monto de $289,189.04 (doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional; sin embargo, dichas solicitudes no han sido acordadas. Lo que incluso se corrobora con lo manifestado por la autoridad responsable, al ser expresa en señalar que no ha emitido los acuerdos relativos a dichas peticiones, argumentando que en el juicio de donde derivan los actos reclamados se han interpuesto diversos juicios de amparo. Tal circunstancia deja en evidencia la violación de que es objeto la parte solicitante del amparo, pues como antes se indicó, la responsable debió de emitir los acuerdos correspondientes a las peticiones que hizo la quejosa, descritas en párrafos precedentes, dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a su petición, empero, no lo hizo así; esto es, la responsable incurre en demora en acordar lo solicitado por la parte quejosa; pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo, había transcurrido más de cuarenta y cinco días sin que se hubiera pronunciado respecto a dichas solicitudes. De tal manera que la autoridad responsable, al haber sido omisa en emitir los acuerdos correspondientes a las solicitudes de la actora, aquí quejosa, incurre en una violación al derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, contenido a su favor en el artículo 17 constitucional, pues como antes se mencionó, se encuentra obligada, en base al precepto legal ya examinado, a emitirlos dentro de cuarenta y ocho horas siguiente a su solicitud y presentación; sin embargo, contrario a lo ordenado por la Ley Federal del Trabajo, la responsable ha dejado transcurrir más de un año sin acordar lo conducente respecto a las peticiones formuladas, aducido por la quejosa en su demanda de amparo y corroborado por la autoridad responsable. Lo hasta aquí expuesto, permite estimar que la autoridad responsable incumplió con lo ordenado en los ordinales 838 y 950 de la legislación laboral; en esas condiciones, SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, con libertad de jurisdicción, realice lo siguiente: Provea de inmediato lo que en derecho corresponda, respecto a la petición que se le hizo en la diligencia desahogada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, relativa al requerimiento de pago y embargo dictado dentro del juicio laboral 341/4/2015, en donde esencialmente se solicitó se girara exhorto a la Junta Especial en turno, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Victoria, Tamaulipas, para que en auxilio a la Junta Especial número Cuatro del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se gire oficio a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le haga de su conocimiento que quedaron embargadas las licitaciones y contratos ganados a la empresa demandada Guarderías la Aldea, S.C., en favor de la parte actora, hasta por el monto de $289,189.04 (doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional), y se le requiera para que consigne el cheque correspondiente. Provea de inmediato lo que en derecho corresponda, respecto del escrito que la parte actora del juicio laboral 341/4/2015, presentó el diez de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual se solicitó al Presidente de dicha Junta, girara oficio a la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le haga de su conocimiento que quedaron embargadas las licitaciones y contratos ganados a la empresa demandada Guarderías la Aldea, S.C., en favor de la parte actora, hasta por el monto de $289,189.04 (doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y nueve pesos 04/100 moneda nacional. Finalmente, se recalca a la autoridad responsable que la concesión de amparo es únicamente para que se emitan los acuerdos correspondientes, conforme a derecho corresponda, lo que deberá de hacer con libertad de jurisdicción. SEXTO. Publicación de datos. En otro aspecto y, toda vez que las partes no hicieron manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en autos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, dígase a las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y demás datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y el artículo 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Norme Elia Jaramillo López, dentro del juicio de amparo 146/2020-I, por las razones legales y para los efectos jurídicos indicados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el licenciado Jaime Izaguirre Revilla, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, nueve de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase por recibida y agréguese a los autos la intervención ministerial 539/2020, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio de la cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, mismas que se relacionarán en la etapa respectiva de la audiencia constitucional en el juicio de amparo en que se actúa. En cuanto a la copia que solicita, con fundamento en el artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de ser el caso, una vez que se emita la sentencia constitucional que corresponda, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante el licenciado Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.
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