Norma Edith Vidal Álvarez
Expediente 355/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Norma Edith Vidal Álvarez
Actuaciones
- Principal
Ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del expediente principal. Este expediente no es de relevancia documental.
- Principal
Vista la demanda fórmese el expediente 355/2023 y regístrese como corresponda. Fijación de actos reclamados De la lectura integra de la demanda, se advierte la directa quejosa pretende reclamar: Cambio de dormitorio del A-105 al A-311; Causal de improcedencia En el caso, respecto del cambio de dormitorio del A-105 al A-311 se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Uno de los principios que rigen el juicio de amparo es el de definitividad, consistente en la obligación del agraviado de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Ese principio tiene su justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario que procede contra actos definitivos, por lo que la parte agraviada debe acudir a las instancias comunes que puedan generar la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación antes de solicitar la protección constitucional. Análisis de improcedencia En ese sentido, el artículo 41, fracciones II y IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé como sanciones disciplinarias para el interno del centro penitenciario que incumpla las medidas y reglas de dicho centro de reclusión, la reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro o la restricción temporal del tránsito en el interior del Centro Penitenciario: Artículo 41. Sanciones Disciplinarias La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Sólo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes: . II. Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro; . IV. Restricción temporal del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; Sanción contra la cual procede el mecanismo de control judicial ante el juez de ejecución antes descrito. Pues dicho procedimiento judicial se encuentra encaminado a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros actos que son impugnables ante el juez de ejecución respectivo. Por identidad en sus efectos, son aplicables los criterios jurisprudenciales con datos de localización referidos en el apartado anterior: Época: Décima Época Registro: 2018548 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia: común, penal Tesis: 1ª/J. 79/2018 (10ª) Página: 230 OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Época: Décima Época Registro: 2019932 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III Materia: común, penal Tesis: XXII.P.A. J/1 (10a.) Página: 2187 ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. Sin que en el caso se advierta que la directa quejosa haya agotado el recurso indicado. Por tanto, si de la narrativa de la demanda no se desprende que se hayan activado los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal contra el cambio de dormitorio reclamado, entonces se actualiza la causa de improcedencia que se invoca. Sin que se tenga como actos destacados los referidos por el promovente como "incomunicación" y "tratos inhumanos", "ataques a la vida" "amenazas" pues se advierte que se trata de expresiones que constituyen calificativos utilizados por el promovente para resaltar la inconstitucionalidad del acto primigenio, pues resulta incongruente que al encontrarse incomunicada haya podido informar de dichas circunstancias al promovente. Desechamiento En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar la demanda de garantías promovida por ******************** a favor de ********************, de conformidad con el artículo 61, fracciones XX y XXIII en relación a los numerales 6 y 15 de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en el Cambio de dormitorio del A-105 al A-311. Autorizado y domicilio procesal Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizado en términos restringidos al promovente, en virtud de que no proporciona datos con los que este órgano jurisdiccional pueda verificar que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, lo cual es indispensable para ejercer en términos amplios las facultades previstas en el artículo 12 de la ley de la materia. Se tiene como domicilio procesal el centro de reclusión en el que se encuentra interna. Otros juicios de amparo Se habilita al oficial Judicial "A" obtener del sistema la impresión de resultados de expedientes promovidos por el propio quejoso en toda la República. Instrucciones para los actuarios de la adscripción Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones que resulten de este expediente, incluso, en días y horas inhábiles; Se autoriza a los actuarios de la adscripción firmar los oficios que emanen de este expediente; Se encomienda a los actuarios que en caso de que las autoridades señaladas como responsables se encuentren mal denominadas, indaguen sus denominaciones actuales y correctas con el personal que atienda la diligencia y se asiente en la razón; Es obligación del área de actuaria verificar que las mesas entreguen las notificaciones personales u oficiales que son ordenados en los expedientes, en caso de que no hubiera ocurrido así, se ordena que el área de actuaría genere la notificación u oficio, toda vez que se encuentran facultados para firmarlos; Se encomienda a los actuarios que una vez que entreguen el oficio que contenga el acuerdo a notificar, deberán registrar cuál de los actuarios judiciales del juzgado fue el responsable de su entrega. La devolución de las constancias de notificación que practiquen deberán ser entregadas a la mesa de trámite dentro del horario laboral, al día siguiente en que fueran realizadas a través de la libreta respectiva, en el entendido de que debe quedar constancia de quién la recibió en la propia constancia de notificación; y Cuando alguna parte procesal asiente una manifestación en la constancia de notificación, deberán ingresarla a la Oficialía de Partes de este Juzgado para que sea registrada como promoción y turnada a la mesa de trámite. Instrucción para los secretarios Los secretarios de la adscripción pueden firmar los oficios que emanen de este expediente, aunque ello es función primordial de actuaría; y Al quinto día hábil a partir de la fecha de emisión del presente acuerdo, deberán certificar que las constancias de notificación a las partes se encuentran completas; y si no requerir mediante oficio; y cada tercer día hasta que se encuentren completas. Transparencia Conforme al artículo 68, fracción I y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública hágase saber a las partes que la no publicación de datos personales requiere oposición expresa.
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