Norma Edith Robles Gómez

Expediente 1000/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1000/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Norma Edith Robles Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído en que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este expediente como concluido...

  2. Principal

    *** promueve juicio de amparo... se concluye respetuosamente que este juicio de amparo indirecto es improcedente, porque la promovente antes de acudir a la instancia de amparo, debió agotar el medio de defensa previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz para combatir el acto reclamado en este juicio; debido a que es necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, a efecto de que ante la potestad común o federal puedan tener remedio, salvo que el acto, por su propia naturaleza, encuadre por sí mismo, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad, lo que en el presente asunto no acontece, debido a que no se reclama alguna disposición general y abstracta, ni se proponen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Director General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número 1000/2019 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por otra parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley; ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo solamente procede excepcionalmente contra actos revisados a través de los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo los casos de excepción expresamente previstos. Por otra parte, el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz, dispone: Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: I. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, por violaciones cometidas en los mismos o durante el procedimiento administrativo; en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; III. Actos que dicte, ordene, ejecute a trate de ejecutar, de manera unilateral la autoridad, respecto de contratos administrativos u otros acuerdos de voluntad de la misma naturaleza que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; V. Resoluciones dictadas, con motivo de los recursos de revocación a que se refieren la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VI. Resoluciones favorables a los particulares que causen lesión al interés público, cuya nulidad demande la autoridad; VII. Resoluciones definitivas dictadas en el recurso de revocación del presente Código o las previstas en la Ley General y la Ley de Responsabilidades Administrativas; VIII. Actos administrativos dictados por la Administración Pública en los supuestos a que se refieren los artículos 1, párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, del presente Código, que afecten derechos de particulares o de autoridades; IX. Actas circunstanciadas que decidan la remoción de los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado; X. Actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; XI. Incumplimiento de contratos administrativos celebrados por la Administración Pública estatal o municipal y los organismos autónomos; y XII. Los demás actos y resoluciones que señale la ley. HECHOS En el caso, del estudio integral del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por la promovente es el siguiente: El oficio *** de dos de mayo del año en curso, emitido por la Subdirectora de Registro y Control de Obligaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual dio contestación a la petición de la promovente respecto a la reposición que solicitó respecto de la placa *** de su vehículo marca ***, tipo ***, modelo ***, color ***, con número de serie ***. Asimismo, la promovente indica que la respuesta contenida en el oficio referido carece de la debida fundamentación y motivación, lo cual aduce violenta su derecho de petición contenido en el artículo 8 constitucional. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que este juicio de amparo indirecto es improcedente, porque la promovente antes de acudir a la instancia de amparo, debió agotar el medio de defensa previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Veracruz para combatir el acto reclamado en este juicio; debido a que es necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, a efecto de que ante la potestad común o federal puedan tener remedio, salvo que el acto, por su propia naturaleza, encuadre por sí mismo, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad, lo que en el presente asunto no acontece, debido a que no se reclama alguna disposición general y abstracta, ni se proponen, en exclusiva, violaciones directas a la Constitución. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 179234 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Febrero de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: XX.2o. J/5 Página: 1566 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, DEBE IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD Y NO A TRAVÉS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). De la interpretación sistemática de los artículos 1o., 3o. y 14 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Chiapas, se desprende que el legislador tuvo la intención de instituir medios ordinarios de defensa para que el gobernado pudiera, a través de los mismos, nulificar los actos o resoluciones dictadas en las materias administrativa o fiscal, de los ámbitos estatal y municipal; por ello estableció la procedencia tanto del recurso de reconsideración, que se tramita ante la propia autoridad que emite el acto o resolución que pretende se nulifique, como el juicio de nulidad, ante la Sala competente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas. Ahora bien, si contra un auto o resolución administrativa el quejoso opta por interponer el recurso de reconsideración, una vez resuelto y de resultar desfavorable para éste, contra esa determinación es procedente el juicio de nulidad a que se refiere el artículo 14 del ordenamiento legal en consulta y no el juicio de amparo, precisamente porque tal determinación encuadra en los actos administrativos a que se refiere el numeral 1o. de la legislación antes invocada, pues acorde con lo que disponen las fracciones II y III del diverso precepto 58 del mismo ordenamiento legal, ese acto o resolución puede ser nulificado. Lo anterior es así, ya que la expresión "el interesado podrá promover juicio de nulidad" que se encuentra inmersa en el preindicado numeral 14, no debe interpretarse en el sentido de que se utilizó en el modo potencial, lo cual implica una "posibilidad", que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dicho vocablo denota una aptitud, potencia u ocasión para ser o existir algo, o bien, la aptitud o facultad para hacer o no hacer una cosa, pues si ese hubiera sido el desideratum del legislador, tendría que haber enunciado expresamente que de no optarse por el recurso de reconsideración podría promover juicio de nulidad, es decir, si se hubiera utilizado en ese modo potencial, el cual queda circunscrito a aquello que está en calidad de posible y no en acto, entonces sí estaríamos en posibilidad de concluir que no es una obligación sino una facultad, empero, como se utilizó el verbo poder, conjugado en tiempo futuro del modo indicativo, en la tercera persona del singular, esto es, "podrá", resulta obvio que no se dejó al arbitrio del interesado el intentar el juicio de nulidad, sino como una necesidad para promoverlo, si su intención era la de que se declarara la nulidad de la resolución o acto que le afectaba; por consiguiente, la opción a que alude el artículo 14 antes invocado se refiere únicamente a la facultad que tiene el gobernado de interponer el recurso de reconsideración ante la autoridad que emitió el acto administrativo, pero en ningún caso puede dejar de accionar el medio de defensa contemplado en las leyes secundarias, de conformidad con el principio de definitividad previsto en la Ley de Amparo. Acorde con lo anterior, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica la promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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