Norma Dalia Rivera Martínez
Expediente 1119/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1119/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Norma Dalia Rivera Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Norma Dalia Rivera Martínez, por propio derecho y en representación de la menor Laila Arlet Ramírez Rivera, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Norma Dalia Rivera Martínez, por propio derecho, y en representación de la menor Laila Arlet Ramírez Rivera, contra actos de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad y otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado como juicio de ampro indirecto 1119/2017-III, fórmese expediente impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden lógico, se tiene que la parte quejosa reclama a la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad, el auto de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado dentro del expediente 996/2014-I, relativo al juicio especial de alimentos, en el que modifica el porcentaje que por concepto de pensión alimenticia provisional que había decretado sobre los ingresos del demandado, a favor la menor Laila Arlet Ramírez Rivera. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. En el caso concreto, el auto de veintiocho de septiembre del presente año, en el que la Jueza responsable modifica el porcentaje del cuarenta por ciento sobre los ingresos del demandado Jorge Ramírez Ponce, que había decretado en el auto de radicación del expediente 996/2014-J, por concepto de pensión alimenticia a favor de la menor Laila Arlet Ramírez Rivera, y en su lugar fija veinticinco salarios, puede ser impugnado a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 238, fracción V, en relación con lo dispuesto por el normativo 393, fracción III, 566 y 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero. Ello implica, que la impetrante de amparo tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual dicha determinación puede ser modificada, revocada o nulificada, el cual tiene que agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Así las cosas, es necesario tener presente el contenido del artículo 238, fracción V, en relación con lo dispuesto por el normativo 393, fracción III, 566 y 524 todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, los cuales establecen: "Artículo 238.- Admisión de la demanda y prevención. El juzgador examinará el escrito de demanda y los documentos anexos, para resolver de oficio: (.) V. Si la vía intentada es la procedente. Si el juzgador encontrare que la demanda fue oscura, irregular, debe por una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o complete dentro del término de tres días, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se le dará curso a la misma. Para tal efecto, se le señalará en forma concreta el defecto o irregularidad que se encuentre. Si encontrare que está arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o personas contra quienes se proponga; y se les emplace para que la contesten dentro del plazo de nueve días. En el mismo auto se resolverá sobre la exhibición de documentos en poder del demandado y sobre las medidas de conservación del bien litigioso solicitadas por el actor. El auto que de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo. El que la deseche es recurrible en queja. Artículo 393.- Apelaciones admitidas en el efecto suspensivo. La admisión de la apelación en el efecto suspensivo se sujetará a las siguientes reglas: (.) III. No obstante la admisión de la apelación en el efecto suspensivo, el que obtuvo sentencia favorable de condena puede pedir que se efectúe embargo provisional para el aseguramiento de lo sentenciado y de las medidas que puedan garantizar la ejecución. Estas medidas provisionales sólo se llevarán a cabo si se otorga caución para responder de los perjuicios que llegaren a ocasionarse a la contraparte, pero sin que se requiera prueba para acreditar su necesidad. Si la resolución contiene una parte que se refiera a alimentos, en esta parte se ejecutará sin necesidad de caución. El remate o adjudicación no podrán llevarse adelante, pero si podrán tener verificativo las diligencias previas como avalúo, incidentes de liquidación de sentencia y otras similares. En caso de que a petición de alguna parte se lleven a cabo estas medidas de aseguramiento, y posteriormente se revocare la sentencia, la parte que las pidió indemnizará a la otra de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado con el embargo o medidas provisionales, haciéndose en su caso efectiva la caución; (.) Artículo 566.- (.) Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Artículo 524.- Aplicación de las reglas generales. En todo lo no previsto y en cuanto no se opongan a lo ordenado por el presente título, se aplicarán las reglas generales de este Código. De los preceptos transcritos, se aprecia que es en el auto reclamado en el que se fija alimentos provisionales es apelable; de ahí que si la propia quejosa, en su escrito de demanda expresa que se modificó el monto por concepto de alimentos provisionales, es inconcuso que dicha determinación debió combatirla a través del señalado recurso de apelación. Ello, es así, dado que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en caso de no obtener resolución favorable, se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad ordinaria, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos y no agoto ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Jurisprudencia 986, Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, página 678, Tomo VI, Materia Común, Séptima Época, Apéndice 1917-1995). Es preciso mencionar, que si bien es cierto nuestro más alto tribunal del país ha emitido el criterio relativo a que la posibilidad de un recurso, no es obstáculo para admitir la demanda de amparo, empero cabe indicar que tal criterio es solamente aplicable cuando se infiere la existencia de un recurso y que dicha certeza va a depender de los datos que se arrojen durante el procedimiento de amparo lo que significa en tal supuesto que ya no es manifiesta la causal de improcedencia que para tal efecto se invoque; pero no como acontece en la especie, que la existencia del medio de defensa señalado con anterioridad es evidente y no una mera posibilidad, por ello la accionante constitucional debió agotar ese medio de defensa, ya que se insiste, mediante aquel puede obtener la revocación o modificación del acto que se reclama en la demanda de amparo. Es ilustrativa la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Jurisprudencia VI.3º.C.J/62, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1665, Tomo XXIII, Febrero 2006, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) Ahora bien, en el caso que nos ocupa, como ya se apuntó, la quejosa reclama la modificación del monto por concepto de alimentos provisionales decretados por la juez primigenia en favor de su menor hija, dentro del juicio de divorcio 996/2014-I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad. En esa tesitura, la que esto resuelve considera que, como ya se dijo, de una interpretación de los artículos que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, en su artículo 238, fracción V, en relación con lo dispuesto por el normativo 393, fracción III, 566 y 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, se evidencia que contra la resolución en la que se emite el acto reclamado por la amparista, procede el recurso de apelación, que se considera idóneo para modificar, revocar o nulificar el auto en el que se fije una pensión alimenticia provisional. Por ende, la parte quejosa de manera previa a acudir a instar la acción constitucional, debió controvertir el acuerdo reclamado a través de dicho recurso, para así agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el recurso de apelación que establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, es el idóneo para que se modifique, revoque o nulifique en primera instancia la resolución en que fue dictado el acto ahora reclamado, bajo los agravios expresados para ello, por lo que si no se agotó, es evidente que el presente juicio de amparo deviene improcedente, precisamente por inobservancia al principio de definitividad. Apoya lo anterior la tesis XXI.1o.11 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Marzo de 1996 Materia(s): Civil, página 877, de la Novena Época, con registro 202864, de la literalidad siguiente: "ALIMENTOS, EL PROVEIDO QUE MODIFICA LOS. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE EL RECURSO ORDINARIO ANTES DE PROMOVERSE EL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO). El artículo 224, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, establece que, la resolución que conceda los alimentos es apelable en el efecto devolutivo y la que la niegue es recurrible en queja; ahora bien, si el acto reclamado se hace consistir, en el proveído en el que se modifican aquéllos, debe considerarse el mismo de la naturaleza a que se contrae el indicado precepto legal que hace procedente el recurso de apelación conforme a lo dispuesto por el diverso 386, fracción II, del código adjetivo civil en cuestión; en tal circunstancia, si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el sumario de donde emana el acto reclamado el especificado medio de defensa legal, por virtud del cual podía ser modificado, revocado o nulificado dicho acto y no lo agotó antes de acudir al juicio de garantías, tal acto carece de definitividad y por lo tanto, es improcedente el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo". De igual manera, apoya por razón de contenido el criterio de Jurisprudencia PC.XXI. J/5 C (10a.), sustentado por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Materia(s), Civil, página 1428, Décima Época, con registro 2010515, de rubro y contenido siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código". Además, es preciso indicar que en el caso no se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, puesto que en el caso, el acto reclamado no es de los que importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; ni se está en el supuesto de una persona extraña al procedimiento. No pasa inadvertido lo estipulado en la jurisprudencia 1a./J.77/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, visible a foja 990 del libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". En función de lo expuesto, se insiste, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, razón por la cual, es improcedente este juicio, de ahí que con fundamento en el precepto 113 de la invocada ley, SE DESECHA DE PLANO por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por Norma Dalia Rivera Martínez, por propio derecho y en representación de su menor hija Laila Arlet Ramírez Rivera. Finalmente, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pedro Mojica Hernández, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que menciona; hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, en virtud de que no cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese en términos de ley. Así, lo proveyó y firma la licenciada Iliana Fabricia Contreras Perales, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Yuvidalia Pineda Torres, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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