Norma Cruz Montes

Expediente 1110/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 26 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1110/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • Norma Cruz Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    PRAL 1110/2021 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vistos los autos y de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra el proveído de veintiséis de julio del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Se declara consentido el cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido auto y, por ende, queda firme esa determinación. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 18 del acuerdo en cita se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurable, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; previa digitalización. Terminado el proceso de depuración, este juzgado solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. 7. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten la leyenda referida que en el mismo es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 1110/2021 Acuerdo: PRAL 1110/2021 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Como el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo, transcurrió; por ello, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para establecer el cumplimiento del fallo protector. II. Antecedentes. A) El veintinueve de abril de dos mil veintidós se dictó sentencia en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Norma Cruz Montes, para los efectos siguientes: ". SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Norma Cruz Montes, para el efecto de que la I) Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en la toca JOTP/09/2020, relativo al recurso de apelación, promovido por la quejosa Norma Cruz Montes; y, En su lugar, emita otra en la que, en estricto acatamiento a los principios de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, realice el estudio de todos los agravios expuestos en el recurso de apelación interpuesto por Norma Cruz Montes en el citado toca penal; hecho lo cual, resuelva lo que en derecho proceda. " Respecto a este último inciso, la autoridad responsable, conforme a lo indicado en la sentencia, debía realizar el estudio de todos los agravios en su escrito de apelación. B) Dicha sentencia causó ejecutoria el ocho de junio de dos mil veintidós y se requirió el cumplimiento a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. C) Mediante oficio 880, de veintinueve de junio de dos mil veintidós, el presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca penal JOTP/09/2020, por la que resuelve el recurso de apelación; con dichas documentales se dio vista a la parte quejosa en proveído de uno de julio de este año, sin que hubiera hecho manifestaciones al respecto. III. Análisis del cumplimiento. De las constancias que remitió la autoridad responsable, con pleno valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a analizar si se dio cumplimiento, o no, a la sentencia de amparo. En cuanto al inciso a) se advierte que se dio cumplimiento, ya que la Sala responsable emitió resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que resolvió el recurso de apelación y por el cual dejó insubsistente la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Respecto al inciso b), también se encuentra cumplido, pues la referida Sala responsable emitió una nueva resolución el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que realizó el análisis de todos los agravios expuestos por la quejosa en el recurso de apelación, de la manera siguiente: Agravios expresados en el escrito de apelación Estudio de los agravios que no habían sido analizados por la Sala Primer agravio: (.) Para acreditar "engaño o aprovechamiento del error" el ministerio Público introdujo las declaraciones de las víctimas que en lo de interés se obtiene: "a mediados del mes de septiembre de 2014,. en la ciudad de Tlaxiaco, anduvo un coche anunciando que todas las personas que estuvieran interesadas en adquirir una casa de interés social se presentaran en las oficinas ubicadas en. al llegar nos atendieron TOMÁS DE JESÚS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, NORMA CRUZ MONTES, VERÓNICA CRUZ Y FANY VELASCO CRUZ, los dos primeros se presentaron como representantes de la alianza demócrata social. mencionaron que el predio donde se iban a construir las casas estaba en paraje conocido como LOMA DE SAN LAZARO, LLANO YOSOVEE, perteneciente a la Ciudad de Tlaxiaco, que este terreno se lo compraron al señor CESAR IVAN RIVEROS GONZÁLEZ, nos mostraron el terreno y nos dieron copia de la escritura de dicho predio para que viéramos la localización exacta del mismo, mencionaron también que la escritura aún se encontraba a nombre de CÉSAR IVAN RIVEROS GONZALEZ, porque aún no habían hecho el cambio de propietario pero que eso ya estaba en trámites. entonces NORMA CRUZ MONTES nos dijo que no desconfiáramos del proyecto. que de hecho ya contaban con autorización de parte del Municipio de Tlaxiaco para realizar dicha obra y que el directamente involucrado con el proyecto TLAXIACO 100, lo era el regidor VICTORINO GUTIÉRREZ OSORIO. que a la fecha de entrega de las casas era a mediados del año siguiente, es decir junio a julio de 2015, únicamente para los que ya hubieran terminado de pagar el total del dinero solicitado". Dice que esta parte se demuestra que no existe dolo, pues los pasivos reconocieron que la imputada les entregó copias de la escritura del predio y que les aclaró que dicho terreno aún se encontraba escriturado a nombre de su propietario Cesar Ivan Riveros González; desde un primer momento la imputada se ha conducido con verdad pues advirtió a las supuestas víctimas que aún no se hacía el cambio de propietario, es decir, les dio oportunidad de desistir de la compra; sin embargo, los pasivos aun sabiendo esto decidieron por su propia voluntad contratar y obligarse en los términos que lo hicieron. De los puntos 123 al 126 de la resolución, la Sala responsable da contestación a esta parte del agravio de la siguiente manera: "123. Empero, contrario a lo que indica la coimputada en su motivo de disenso, de los registros de audio y video de las audiencias en análisis, no se aprecia que a las víctimas se les hubiera mencionado que la escritura del predio en cuestión aún se encontraba a nombre de César Iván Riveros González porque no habían hecho el cambio de propietario pero que eso ya estaba en trámite. 124. Es cierto que las víctimas reconocen que les mostraron el terreno que se les proporcionó copia de la escritura; sin embargo, esta parte de la declaración es insuficiente y no tiene el alcance para acreditar lo que expone la inconforme en cuanto a la inexistencia del dolo, ya que no obra dato probatorio que corrobore que al instante que se hizo entrega de esa documental a las víctimas, también se les realizara la respectiva aclaración que el terreno continuaba o seguía escriturando a nombre de quien aparece como su propietario, derivado de que no habían iniciado el cambio de propietario y que se encontraba en su realización, o en su defecto, que las victimas advirtieran esas circunstancias por sí mismas. 125. Por ello, hasta este momento es infundado que la recurrente desde un inicio se conduzca con verdad en este asunto, al no advertir a los querellantes que aún no se hacía el cambio de propietario y por eso el predio seguía a nombre de su legítimo propietario, lo que reitera que su conducta no está justificada como ya se hizo saber y que excluya la antijuricidad del hecho, que desplegó de forma consumada e instantánea, al agotarla en un mismo momento en que se ejecutaron los elementos constitutivos del hecho que la ley señala como delito de fraude, consumándola dolosamente en términos del artículo 8, fracción I, del Código Penal. 126. Por estas razones, con independencia de que el resto de la cita que hace la inconforme de lo declarado por las víctimas, coincida con lo que ellas expresaron, no se le puede tener por cierta su afirmación, en el sentido que se les haya dado la oportunidad a las víctimas de que se desistieran de la compra de las viviendas ofertadas por ochenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional, al no acreditarse que fueran conocedoras del motivo por el que la escritura aún no estaba a nombre de César Iván Riveros González." Cuarto agravio: De las pruebas aportadas por la defensa se logra determinar la atipicidad del delito, pues se logra establecer que nunca tuve la dañada intención de defraudar y obtener un lucro indebido. De los estados de cuenta se aprecian cheques mediante los cuales hice varios pagos para comprar el predio a César Ivan Riveros González. Contrato de promesa de compraventa entre el mencionado propietario y los señores Tomás de Jesús González Rodríguez y Norma Cruz Montes de 29 de octubre de 2014. Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y dominio, sobre el predio Loma de San Lázaro. Oficios del entonces Presidente Municipal Constitucional, en los que se compromete a introducir servicios básicos de luz, agua y drenaje. Gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para introducir la energía en el paraje. 40 fotografías que exhibió la defensa, en la que se aprecia las obras que se realizaron en el predio Loma de San Lázaro. Recibos de pago que realizó a la constructora que realizó los trabajos. Documentales que se deben adminicular con la declaración de la imputada y de las víctimas, las cuales son coincidentes para determinar que desde el año 2014 se pactó la compraventa del predio Loma de San Lázaro, que sí tenía la intención de construir las viviendas, que se destinaron recursos para obras de alineamiento, drenaje y agua potable y que la autoridad municipal estaba enterada de la ejecución del proyecto "Tlaxiaco 100". -No se acreditó la existencia del engaño, menos el elemento lucro, pues de una simple operación aritmética, se obtiene que sumando todas las cantidades que utilicé para comprar el predio, más los costos de las obras y restando los 320 mil pesos que dicen los pasivos invirtieron, resulta que la inculpada gastó más en comprar el predio y construir mejoras y no se obtuvo ninguna utilidad o ganancia. De los puntos 149 al 195, de la resolución reclamada se contesta esta parte del agravio, enlistando cada uno de los datos de prueba que aportó la defensa de la quejosa, y que en lo esencial concluye lo siguiente: "162. Por otra parte, debe decirse que por conducto de la imputada no se ofrecieron cuarenta fotografías como lo indica, solo fueron diecinueve imágenes. 164. Por tanto, de esas documentales, adminiculadas y analizadas con la declaración que la imputada y de las víctimas, se tiene la existencia de un inmueble que se encuentra ubicado en el paraje denominado Loma de San Lázaro en jurisdicción del municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; como de un trámite de un proyecto "Tlaxiaco 100"; que el monto para adquirir una vivienda era de ochenta mil pesos; que en seis meses debían cumplir con el monto; que entre los documentos para formar su expediente se pedía la credencial de elector; y que la autoridad municipal sabía de la ejecución del proyecto y que se había dado permiso. 177. En resumen, como lo indica la inconforme, con esos elementos de convicción, relacionados con su declaración y la de las víctimas, se puede determinar que desde dos mil catorce se pactó la compraventa del predio Loma de San Lázaro; que sí se tenía la intención de construir viviendas; que se destinaron recursos para las obras de alineamiento, drenaje y agua potable de dicho predio; y que la autoridad municipal estaba enterada y anuente a la ejecución del proyecto "Tlaxiaco 100" 182. Al respecto, es cierto que existen acciones tendentes a ejecutar y concluir con el proyecto que se indica, como se parecía al manifestar en su declaración la inconforme que solicitó nivelación de un terreno, cortes, aperturas de calles, construcción de un tanque de almacenamiento de agua; sin embargo, en concordancia con la jueza, debe decirse que todos estos trámites y obras fueron realizados en el año dos mil quince, es decir, al año siguiente de cuando sucede el hecho. 185. Sobre esa base, distinto a lo que asevera la recurrente, si se acredita la existencia del engaño, porque como lo plasmó la jueza, de acuerdo a la querella de las víctimas, la imputada manejó publicidad para dar a conocer la existencia de un programa social de vivienda, mismo que hasta el momento de emitirse la resolución inconformada se desconoce su composición, porque como se expuso, es cierto que existió una composición pero se trata de un diverso nombre al que originó la causa que nos atañe, porque aun cuando se expuso que dos personas eran las representantes y dos las secretarias y una más a la cual se le depositaria las cantidades no existe dato alguno que se haya dado vida de forma legal al proyecto. 193. Ahora, como lo indica la apelante, de una simple operación aritmética se obtiene que sumando todas las cantidades que utilizó para comprar el predio más los costos de las obras que acredito con los datos de prueba que ofreció, ascienden a dos millones, ochocientos ocho mil pesos, trece centavos, moneda nacional, que restados a los que parcialmente se determinó como monto defraudado, o incluso, a la cantidad que la recurrente indica que los pasivos invirtieron, no cabe duda que la coimputada gastó más que las víctimas. 194. Empero, no debemos perder de vista que las víctimas decidieron depositar las invocadas cantidades de dinero en las cuentas a nombre de la inconforme, porque se les ofreció y publicitó la existencia de un programa de vivienda a bajo costo a construirse en un terreno que se les informó que ya se había adquirido para tal fin, cuando está acreditada la inexistencia del programa social de vivienda legalmente registrado y que el terreno sigue a nombre de Cesar Iván Riveros González, es decir, no lo habían adquirido aun los sujetos activos. 195. Por consiguiente, se determina que la inconforme obtuvo un lucro indebido, con independencia que haya erogado más del monto de lo defraudado y por lo que asegura no haber obtenido ningún tipo de utilidad o ganancia, por eso la juzgadora desestimó la estrategia de defensa de la recurrente y terminó por dictarle auto de vinculación a proceso, porque la meta de su acción se hizo efectiva al conseguir la entrega de dinero por parte de las victimas al hacerle los depósitos bancarios a las cuentas que estaban a su nombre y que ese les proporcionó para tal efecto, lo que evidencia esa utilidad o ganancia, porque creyeron que todo era legal y el terreno ya había sido adquirido para la construcción de esa viviendas, cuando está acreditado que no era así. Sexto agravio: El juez restó valor probatorio a los oficios signados por el presidente Municipal de Tlaxiaco, quien otorga anuencia y ofrece proporcionar los servicios básicos de agua potable lo que se adminicula con la versión de las victimas quienes declaran que los ahora imputados les externaron que "ya contaban con autorización de parte del Municipio de Tlaxiaco para realizar dicha obra"; sin embargo, la juez de control refiere que en nada beneficia porque fueron firmados con fecha posterior a la fecha en que se ofertó el proyecto a las víctimas; aun cuando de la propia declaración de las víctimas señalan que fueron en diversas ocasiones a las oficinas del proyecto "Tlaxiaco 100", sin precisar la fecha exacta: "en el mes de julio de 2015, nos volvimos a reunir los que ahora denunciamos porque no había avances con la construcción. pero que les informaron que estaban paradas las obras por cuestiones de trámites" "a principios del mes de septiembre de 2015 nos juntamos. por lo que en ese mismo mes, sin recordar la fecha exacta fuimos a las oficinas. según su dicho fue por el retraso en el papeleo ante el Municipio de Tlaxiaco." Tomando en consideración los oficios firmados por el presidente Municipal datan de los meses de marzo y octubre de 2015, se confirma que el proyecto "Tlaxiaco 100" ya contaba con las autorizaciones municipales, por lo que se destruye el elemento engaño. En los puntos 211 a 216, de la resolución reclamada se contesta estos agravios de la siguiente manera: "211. Ahora bien, del oficio de nueve de marzo de dos mil quince suscrito por Alejandro Aparicio Santiago, Presidente Municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, se constata que ese ayuntamiento otorgó su anuencia para obtener acciones de vivienda, estando dispuestos a entregar el terreno en el que se construirían las viviendas e introducir los servicios básicos de luz, agua y drenaje en cada uno de los lotes que conformarían el desarrollo habitacional para ciento treinta familias, entre otras cosas. 212. Asimismo, con el oficio MHCT/PM/00447/2018 de treinta y uno de octubre de dos mil quince, se desprende que ese ayuntamiento inició los trabajos de introducción de los servicios de agua, luz y drenaje en el terreno destinado para tal efecto. 213. Concatenados estos datos de prueba con lo manifestado por las víctimas, se aprecia que el quince de octubre de dos mil catorce, la inconforme les dijo que contaban con la autorización del municipio de Tlaxiaco para realizar la obra; sin embargo, esto no es así, porque con el oficio de nueve de marzo de dos mil quince, se aprecia que apenas el municipio mostró su anuencia para la obtención de acciones de vivienda y con el oficio de treinta y uno de octubre de dos mil quince, se obtiene que el ayuntamiento comenzó la introducción de los enunciados servicios básicos en el predio en cuestión. 215. Por tanto, se reitera la debida valoración que la juzgadora hizo de los citados oficios y que en nada favorecen a la inconforme, porque ambos documentos son de fechas posteriores a los hechos que nos ocupan, sin existir un elemento de convicción que demuestre lo contrario o que indique que los trámites de esa dependencia se iniciaron antes de los hechos penalmente relevantes. 216. En consecuencia, diverso a lo que expone la inconforme, no se destruye el engaño del que fueron objeto las víctimas, porque está acreditado que al quince de octubre de dos mil catorce ese programa de vivienda no contaba con la autorización del municipio de Tlaxiaco, como contrariamente lo informó la apelante a las víctimas en esa fecha. Como se ve, la Sala responsable dio cabal cumplimiento a cada uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. Por tanto, sin existir defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la sentencia de mérito; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. IV. Archivo del expediente. Se reserva el archivo de este juicio hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el numeral 201, de la Ley de Amparo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1110/2021 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Como el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo, transcurrió; por ello, se procede al análisis de las constancias que obran en autos para establecer el cumplimiento del fallo protector. II. Antecedentes. A) El veintinueve de abril de dos mil veintidós se dictó sentencia en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Norma Cruz Montes, para los efectos siguientes: ". SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Norma Cruz Montes, para el efecto de que la I) Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en la toca JOTP/09/2020, relativo al recurso de apelación, promovido por la quejosa Norma Cruz Montes; y, En su lugar, emita otra en la que, en estricto acatamiento a los principios de motivación, fundamentación, congruencia y exhaustividad, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, realice el estudio de todos los agravios expuestos en el recurso de apelación interpuesto por Norma Cruz Montes en el citado toca penal; hecho lo cual, resuelva lo que en derecho proceda. " Respecto a este último inciso, la autoridad responsable, conforme a lo indicado en la sentencia, debía realizar el estudio de todos los agravios en su escrito de apelación. B) Dicha sentencia causó ejecutoria el ocho de junio de dos mil veintidós y se requirió el cumplimiento a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. C) Mediante oficio 880, de veintinueve de junio de dos mil veintidós, el presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca penal JOTP/09/2020, por la que resuelve el recurso de apelación; con dichas documentales se dio vista a la parte quejosa en proveído de uno de julio de este año, sin que hubiera hecho manifestaciones al respecto. III. Análisis del cumplimiento. De las constancias que remitió la autoridad responsable, con pleno valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a analizar si se dio cumplimiento, o no, a la sentencia de amparo. En cuanto al inciso a) se advierte que se dio cumplimiento, ya que la Sala responsable emitió resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que resolvió el recurso de apelación y por el cual dejó insubsistente la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Respecto al inciso b), también se encuentra cumplido, pues la referida Sala responsable emitió una nueva resolución el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la que realizó el análisis de todos los agravios expuestos por la quejosa en el recurso de apelación, de la manera siguiente: Agravios expresados en el escrito de apelación Estudio de los agravios que no habían sido analizados por la Sala Primer agravio: (.) Para acreditar "engaño o aprovechamiento del error" el ministerio Público introdujo las declaraciones de las víctimas que en lo de interés se obtiene: "a mediados del mes de septiembre de 2014,. en la ciudad de Tlaxiaco, anduvo un coche anunciando que todas las personas que estuvieran interesadas en adquirir una casa de interés social se presentaran en las oficinas ubicadas en. al llegar nos atendieron TOMÁS DE JESÚS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, NORMA CRUZ MONTES, VERÓNICA CRUZ Y FANY VELASCO CRUZ, los dos primeros se presentaron como representantes de la alianza demócrata social. mencionaron que el predio donde se iban a construir las casas estaba en paraje conocido como LOMA DE SAN LAZARO, LLANO YOSOVEE, perteneciente a la Ciudad de Tlaxiaco, que este terreno se lo compraron al señor CESAR IVAN RIVEROS GONZÁLEZ, nos mostraron el terreno y nos dieron copia de la escritura de dicho predio para que viéramos la localización exacta del mismo, mencionaron también que la escritura aún se encontraba a nombre de CÉSAR IVAN RIVEROS GONZALEZ, porque aún no habían hecho el cambio de propietario pero que eso ya estaba en trámites. entonces NORMA CRUZ MONTES nos dijo que no desconfiáramos del proyecto. que de hecho ya contaban con autorización de parte del Municipio de Tlaxiaco para realizar dicha obra y que el directamente involucrado con el proyecto TLAXIACO 100, lo era el regidor VICTORINO GUTIÉRREZ OSORIO. que a la fecha de entrega de las casas era a mediados del año siguiente, es decir junio a julio de 2015, únicamente para los que ya hubieran terminado de pagar el total del dinero solicitado". Dice que esta parte se demuestra que no existe dolo, pues los pasivos reconocieron que la imputada les entregó copias de la escritura del predio y que les aclaró que dicho terreno aún se encontraba escriturado a nombre de su propietario Cesar Ivan Riveros González; desde un primer momento la imputada se ha conducido con verdad pues advirtió a las supuestas víctimas que aún no se hacía el cambio de propietario, es decir, les dio oportunidad de desistir de la compra; sin embargo, los pasivos aun sabiendo esto decidieron por su propia voluntad contratar y obligarse en los términos que lo hicieron. De los puntos 123 al 126 de la resolución, la Sala responsable da contestación a esta parte del agravio de la siguiente manera: "123. Empero, contrario a lo que indica la coimputada en su motivo de disenso, de los registros de audio y video de las audiencias en análisis, no se aprecia que a las víctimas se les hubiera mencionado que la escritura del predio en cuestión aún se encontraba a nombre de César Iván Riveros González porque no habían hecho el cambio de propietario pero que eso ya estaba en trámite. 124. Es cierto que las víctimas reconocen que les mostraron el terreno que se les proporcionó copia de la escritura; sin embargo, esta parte de la declaración es insuficiente y no tiene el alcance para acreditar lo que expone la inconforme en cuanto a la inexistencia del dolo, ya que no obra dato probatorio que corrobore que al instante que se hizo entrega de esa documental a las víctimas, también se les realizara la respectiva aclaración que el terreno continuaba o seguía escriturando a nombre de quien aparece como su propietario, derivado de que no habían iniciado el cambio de propietario y que se encontraba en su realización, o en su defecto, que las victimas advirtieran esas circunstancias por sí mismas. 125. Por ello, hasta este momento es infundado que la recurrente desde un inicio se conduzca con verdad en este asunto, al no advertir a los querellantes que aún no se hacía el cambio de propietario y por eso el predio seguía a nombre de su legítimo propietario, lo que reitera que su conducta no está justificada como ya se hizo saber y que excluya la antijuricidad del hecho, que desplegó de forma consumada e instantánea, al agotarla en un mismo momento en que se ejecutaron los elementos constitutivos del hecho que la ley señala como delito de fraude, consumándola dolosamente en términos del artículo 8, fracción I, del Código Penal. 126. Por estas razones, con independencia de que el resto de la cita que hace la inconforme de lo declarado por las víctimas, coincida con lo que ellas expresaron, no se le puede tener por cierta su afirmación, en el sentido que se les haya dado la oportunidad a las víctimas de que se desistieran de la compra de las viviendas ofertadas por ochenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional, al no acreditarse que fueran conocedoras del motivo por el que la escritura aún no estaba a nombre de César Iván Riveros González." Cuarto agravio: De las pruebas aportadas por la defensa se logra determinar la atipicidad del delito, pues se logra establecer que nunca tuve la dañada intención de defraudar y obtener un lucro indebido. De los estados de cuenta se aprecian cheques mediante los cuales hice varios pagos para comprar el predio a César Ivan Riveros González. Contrato de promesa de compraventa entre el mencionado propietario y los señores Tomás de Jesús González Rodríguez y Norma Cruz Montes de 29 de octubre de 2014. Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y dominio, sobre el predio Loma de San Lázaro. Oficios del entonces Presidente Municipal Constitucional, en los que se compromete a introducir servicios básicos de luz, agua y drenaje. Gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para introducir la energía en el paraje. 40 fotografías que exhibió la defensa, en la que se aprecia las obras que se realizaron en el predio Loma de San Lázaro. Recibos de pago que realizó a la constructora que realizó los trabajos. Documentales que se deben adminicular con la declaración de la imputada y de las víctimas, las cuales son coincidentes para determinar que desde el año 2014 se pactó la compraventa del predio Loma de San Lázaro, que sí tenía la intención de construir las viviendas, que se destinaron recursos para obras de alineamiento, drenaje y agua potable y que la autoridad municipal estaba enterada de la ejecución del proyecto "Tlaxiaco 100". -No se acreditó la existencia del engaño, menos el elemento lucro, pues de una simple operación aritmética, se obtiene que sumando todas las cantidades que utilicé para comprar el predio, más los costos de las obras y restando los 320 mil pesos que dicen los pasivos invirtieron, resulta que la inculpada gastó más en comprar el predio y construir mejoras y no se obtuvo ninguna utilidad o ganancia. De los puntos 149 al 195, de la resolución reclamada se contesta esta parte del agravio, enlistando cada uno de los datos de prueba que aportó la defensa de la quejosa, y que en lo esencial concluye lo siguiente: "162. Por otra parte, debe decirse que por conducto de la imputada no se ofrecieron cuarenta fotografías como lo indica, solo fueron diecinueve imágenes. 164. Por tanto, de esas documentales, adminiculadas y analizadas con la declaración que la imputada y de las víctimas, se tiene la existencia de un inmueble que se encuentra ubicado en el paraje denominado Loma de San Lázaro en jurisdicción del municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; como de un trámite de un proyecto "Tlaxiaco 100"; que el monto para adquirir una vivienda era de ochenta mil pesos; que en seis meses debían cumplir con el monto; que entre los documentos para formar su expediente se pedía la credencial de elector; y que la autoridad municipal sabía de la ejecución del proyecto y que se había dado permiso. 177. En resumen, como lo indica la inconforme, con esos elementos de convicción, relacionados con su declaración y la de las víctimas, se puede determinar que desde dos mil catorce se pactó la compraventa del predio Loma de San Lázaro; que sí se tenía la intención de construir viviendas; que se destinaron recursos para las obras de alineamiento, drenaje y agua potable de dicho predio; y que la autoridad municipal estaba enterada y anuente a la ejecución del proyecto "Tlaxiaco 100" 182. Al respecto, es cierto que existen acciones tendentes a ejecutar y concluir con el proyecto que se indica, como se parecía al manifestar en su declaración la inconforme que solicitó nivelación de un terreno, cortes, aperturas de calles, construcción de un tanque de almacenamiento de agua; sin embargo, en concordancia con la jueza, debe decirse que todos estos trámites y obras fueron realizados en el año dos mil quince, es decir, al año siguiente de cuando sucede el hecho. 185. Sobre esa base, distinto a lo que asevera la recurrente, si se acredita la existencia del engaño, porque como lo plasmó la jueza, de acuerdo a la querella de las víctimas, la imputada manejó publicidad para dar a conocer la existencia de un programa social de vivienda, mismo que hasta el momento de emitirse la resolución inconformada se desconoce su composición, porque como se expuso, es cierto que existió una composición pero se trata de un diverso nombre al que originó la causa que nos atañe, porque aun cuando se expuso que dos personas eran las representantes y dos las secretarias y una más a la cual se le depositaria las cantidades no existe dato alguno que se haya dado vida de forma legal al proyecto. 193. Ahora, como lo indica la apelante, de una simple operación aritmética se obtiene que sumando todas las cantidades que utilizó para comprar el predio más los costos de las obras que acredito con los datos de prueba que ofreció, ascienden a dos millones, ochocientos ocho mil pesos, trece centavos, moneda nacional, que restados a los que parcialmente se determinó como monto defraudado, o incluso, a la cantidad que la recurrente indica que los pasivos invirtieron, no cabe duda que la coimputada gastó más que las víctimas. 194. Empero, no debemos perder de vista que las víctimas decidieron depositar las invocadas cantidades de dinero en las cuentas a nombre de la inconforme, porque se les ofreció y publicitó la existencia de un programa de vivienda a bajo costo a construirse en un terreno que se les informó que ya se había adquirido para tal fin, cuando está acreditada la inexistencia del programa social de vivienda legalmente registrado y que el terreno sigue a nombre de Cesar Iván Riveros González, es decir, no lo habían adquirido aun los sujetos activos. 195. Por consiguiente, se determina que la inconforme obtuvo un lucro indebido, con independencia que haya erogado más del monto de lo defraudado y por lo que asegura no haber obtenido ningún tipo de utilidad o ganancia, por eso la juzgadora desestimó la estrategia de defensa de la recurrente y terminó por dictarle auto de vinculación a proceso, porque la meta de su acción se hizo efectiva al conseguir la entrega de dinero por parte de las victimas al hacerle los depósitos bancarios a las cuentas que estaban a su nombre y que ese les proporcionó para tal efecto, lo que evidencia esa utilidad o ganancia, porque creyeron que todo era legal y el terreno ya había sido adquirido para la construcción de esa viviendas, cuando está acreditado que no era así. Sexto agravio: El juez restó valor probatorio a los oficios signados por el presidente Municipal de Tlaxiaco, quien otorga anuencia y ofrece proporcionar los servicios básicos de agua potable lo que se adminicula con la versión de las victimas quienes declaran que los ahora imputados les externaron que "ya contaban con autorización de parte del Municipio de Tlaxiaco para realizar dicha obra"; sin embargo, la juez de control refiere que en nada beneficia porque fueron firmados con fecha posterior a la fecha en que se ofertó el proyecto a las víctimas; aun cuando de la propia declaración de las víctimas señalan que fueron en diversas ocasiones a las oficinas del proyecto "Tlaxiaco 100", sin precisar la fecha exacta: "en el mes de julio de 2015, nos volvimos a reunir los que ahora denunciamos porque no había avances con la construcción. pero que les informaron que estaban paradas las obras por cuestiones de trámites" "a principios del mes de septiembre de 2015 nos juntamos. por lo que en ese mismo mes, sin recordar la fecha exacta fuimos a las oficinas. según su dicho fue por el retraso en el papeleo ante el Municipio de Tlaxiaco." Tomando en consideración los oficios firmados por el presidente Municipal datan de los meses de marzo y octubre de 2015, se confirma que el proyecto "Tlaxiaco 100" ya contaba con las autorizaciones municipales, por lo que se destruye el elemento engaño. En los puntos 211 a 216, de la resolución reclamada se contesta estos agravios de la siguiente manera: "211. Ahora bien, del oficio de nueve de marzo de dos mil quince suscrito por Alejandro Aparicio Santiago, Presidente Municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, se constata que ese ayuntamiento otorgó su anuencia para obtener acciones de vivienda, estando dispuestos a entregar el terreno en el que se construirían las viviendas e introducir los servicios básicos de luz, agua y drenaje en cada uno de los lotes que conformarían el desarrollo habitacional para ciento treinta familias, entre otras cosas. 212. Asimismo, con el oficio MHCT/PM/00447/2018 de treinta y uno de octubre de dos mil quince, se desprende que ese ayuntamiento inició los trabajos de introducción de los servicios de agua, luz y drenaje en el terreno destinado para tal efecto. 213. Concatenados estos datos de prueba con lo manifestado por las víctimas, se aprecia que el quince de octubre de dos mil catorce, la inconforme les dijo que contaban con la autorización del municipio de Tlaxiaco para realizar la obra; sin embargo, esto no es así, porque con el oficio de nueve de marzo de dos mil quince, se aprecia que apenas el municipio mostró su anuencia para la obtención de acciones de vivienda y con el oficio de treinta y uno de octubre de dos mil quince, se obtiene que el ayuntamiento comenzó la introducción de los enunciados servicios básicos en el predio en cuestión. 215. Por tanto, se reitera la debida valoración que la juzgadora hizo de los citados oficios y que en nada favorecen a la inconforme, porque ambos documentos son de fechas posteriores a los hechos que nos ocupan, sin existir un elemento de convicción que demuestre lo contrario o que indique que los trámites de esa dependencia se iniciaron antes de los hechos penalmente relevantes. 216. En consecuencia, diverso a lo que expone la inconforme, no se destruye el engaño del que fueron objeto las víctimas, porque está acreditado que al quince de octubre de dos mil catorce ese programa de vivienda no contaba con la autorización del municipio de Tlaxiaco, como contrariamente lo informó la apelante a las víctimas en esa fecha. Como se ve, la Sala responsable dio cabal cumplimiento a cada uno de los efectos de la ejecutoria de amparo. Por tanto, sin existir defecto o exceso en la ejecución, se considera que la responsable se ciñó a la sentencia de mérito; por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. IV. Archivo del expediente. Se reserva el archivo de este juicio hasta en tanto transcurra el término de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el numeral 201, de la Ley de Amparo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 1110/2021 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de julio de dos mil veintidós. Informa cumplimiento de la sentencia. Agréguese el oficio firmado por el presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el cual informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio y remite las constancias relativas. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dése vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo; para que, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que, de hacer caso omiso sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Marzo de 2000, página 243, registro 192174, rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA).". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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