Norma Claudia López Cureses
Expediente 545/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Norma Claudia López Cureses
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Por recibido el oficio proveniente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admite a trámite el medio de impugnación que menciona; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito del tercero interesado; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como los ocursos de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cincuenta minutos del once de julio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 545/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relaciónde las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se indica que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que la accionante los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo 545/2023, promovido por ****, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO Primero. Demanda. La quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. Admisión. El diecinueve de mayo de dos mil veintitrés se admitió la demanda; se dio intervención a la representación social adscrita, se requirió informe justificado, se señaló parte tercera interesada; día y hora para celebrar la audiencia constitucional. La representante social no intervino, se emplazó a la parte tercera interesada; la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta previa; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza familiar, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. La sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dictada en el toca ***** por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó la interlocutoria de once de enero del año en curso emitida en la vía de apremio derivada del divorcio sin causa ******, por el Juez Vigésimo Primero de la misma especialidad y residencia. En su lugar, la Sala responsable condenó al deudor alimentario al pago de la cantidad de *****, por concepto de diferencia de pensiones alimenticias por el periodo comprendido de diciembre de dos mil veintiuno a junio de dos mil veintidós, y lo absolvió del pago del incremento anual. Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, por disposición del segundo párrafo de su artículo 2. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. I. El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el incidente de pensión alimenticia derivado del juicio de divorcio *****, por el Juez Vigésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, en los siguientes términos: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía elegida por la actora incidentista, en la que probó parcialmente su acción y el demandado incidentista justificó parcialmente sus excepciones y defensas, en consecuencia. SEGUNDO.- Se condena al C. ****** al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de C. ******** a razón de $*********) mensuales, importe que deberá depositar en la cuenta bancaria que le ha venido haciendo, dentro de los primeros CINCO DÍAS de cada mes, pensión que tendrá un incremento en términos del artículo 311 del Código Civil, asimismo y una vez que quede firme la presente resolución requiérase al C. ***** mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, en términos de la fracción V del artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles, para que en el término de DIEZ DÍAS garantice la pensión alimenticia definitiva en cualesquiera de las formas que establece el artículo 317 del Código Civil, apercibido que en caso de incumplimiento se le aplicará una medida de apremio de las previstas en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. (.)" II. Resolución confirmada mediante sentencia de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, emitida en el toca de apelación ***** y ******. III. Sin embargo, la quejosa promovió amparo directo en su contra, del que correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien concedió la protección de la justicia federal mediante ejecutoria de diecisiete de agosto de dos mil veinte dictada en el D.C. **** para los siguientes efectos: Deje insubsistente la sentencia reclamada; Ordene la reposición del procedimiento ante la propia sala, para el efecto de dictar las diligencias o pruebas relativas a conocer el estatus socioeconómico y cultural de la familia durante los dos últimos años de matrimonio, sin perjuicio de allegarse de los elementos o practicar las diligencias conforme a sus atribuciones considere pertinentes; hecho lo anterior proceda conforme a sus atribuciones, a determinar la pensión alimenticia en atención a lo dispuesto por el artículo 311 ter y el principio de proporcionalidad rector para su fijación, con libertad de jurisdicción. Cuando el estado procesal lo permita, dicte sentencia que dirima sobre el monto de la pensión alimenticia definitiva, en la que: (i) deberá reiterar el derecho de la quejosa a recibir alimentos, al no haberse combatido este aspecto por José Enrique a pesar de causarle perjuicio la condena respectiva y (ii) deberá prescindir de examinar la pensión alimenticia provisional." IV. La Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, dictó la sentencia de cinco de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la que modificó la resolución de veintinueve de abril de dos mil diecinueve para quedar en los siguientes términos: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía elegida por la actora incidentista, en la que probó su acción y el demandado incidentista no justificó sus excepciones y defensas, en consecuencia SEGUNDO.: Se condena al C. ****** al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de C. **** a razón de ***** mensuales, importe que deberá depositar en la cuenta bancaria que lo ha venido haciendo, dentro de los primeros CINCO DÍAS de cada mes, pensión que tendrá un incremento en términos del artículo 311 del Código Civil, asimismo y una vez que quede firme la presente resolución requiérase al C. ***** mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, en términos de la fracción V del artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles, para que en el término de DIEZ DÍAS garantice la pensión alimenticia definitiva en cualesquiera de las formas que establece el artículo 317 del Código Civil, apercibido que en caso de incumplimiento se le aplicará una medida de apremio de las previstas en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles. TERCERO.- No encontrándose el presente asunto en alguno de los supuestos que contempla el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, no se hace especial condena en gastos y costas. (.)" V. El deudor alimentario promovió juicio de amparo directo en contra de dicha resolución, del que correspondió conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien negó la protección de la justicia federal, mediante ejecutoria de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el D.C. *****. VI. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós se tuvo a la quejosa **** demandando en la vía de apremio, el pago de las pensiones alimenticias que *** se abstuvo de pagar desde mayo de dos mil diecinueve. VII. El once de enero de dos mil veintitrés se dictó la sentencia respectiva en la vía de apremio, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "RESUELVE: PRIMERO.- Se ha tramitado legalmente la presente Vía de Apremio, en donde la actora incidentista *** acreditó su pretensión y el demandado incidentista ***** no justificó su excepción de pago; en consecuencia SEGUNDO. - Se condena al deudor alimentario **** al pago de la cantidad de ***** salvo error u omisión en los datos calculados por concepto de pensiones no cubiertas en su totalidad e incrementos de la misma en términos del artículo 311 del Código Civil, y respecto del periodo del mes de mayo de dos mil diecinueve a junio de dos mil veintidós, por lo que, se requiere al C. ****, para que consigne dicha cantidad ante este Juzgado, mediante billete de depósito, para lo cual se le concede un término de CINCO DÍAS, apercibido que de no hacerlo sin justa causa, se le embargaran bienes suficientes de su propiedad, a efecto de dar cumplimiento a lo contemplado en el presente fallo." VIII. El deudor alimentario apeló dicha resolución, del que correspondió conocer a la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, quien mediante sentencia de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la modificó para quedar como sigue: "PRIMERO. - Se ha tramitado legalmente la presente Vía de Apremio, en donde la actora incidentista **** acreditó parcialmente pretensión y el demandado incidentista ***** justificó parcialmente su excepción de pago; en consecuencia SEGUNDO.- Se condena al deudor alimentario **** al pago de la cantidad de *****.) salvo error u omisión en los datos calculados, por concepto de diferencias de pensiones alimenticias por el periodo comprendido de diciembre de dos mil veintiuno a junio de dos mil veintidós; por lo que, se requiere al C. ****, para que consigne dicha cantidad ante este Juzgado, mediante billete de depósito, para lo cual se le concede un término de CINCO DÍAS, apercibido que de no hacerlo sin justa causa, se le embargaran bienes suficientes de su propiedad, a efecto de dar cumplimiento a lo contemplado en el presente fallo. Por otra parte, se le absuelve del pago del incremento anual tomando en consideración que este se actualizará a partir de diciembre de dos mil veintidós y el periodo reclamado abarca solamente al mes de junio de ese mismo año." Esta última resolución integra el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Quinto. Conceptos de violación. La resolución reclamada vulnera el principio pro persona, así como aquellos tutelados en el artículo 1 constitucional porque la Sala responsable omitió observar que la sentencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve quedó firme y es cosa juzgada, pues la diversa resolución de cinco de mayo de dos mil veintiuno sólo constituyó una modificación a la primera, y por tanto es la que corresponde ejecutar. La sentencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, reconoció el derecho alimentario de la quejosa, y conserva su fecha y efectos desde esa data, por tanto es procedente el reclamo de pago de pensiones no cubiertas y el incremento anual en términos del artículo 311 del Código Civil desde esa fecha. c) Es errónea la consideración de la Sala responsable, en el sentido de que el fallo de cinco de mayo de dos mil veintiuno quedó firme una vez que se resolvió el amparo directo promovido en su contra, atendiendo a que se concedió la suspensión del acto reclamado. Los motivos de disenso son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia federal, los cuales se analizarán de manera conjunta dada la similitud que guardan, de conformidad con el numeral 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre los derechos que tutela en favor de las personas, incluye el de legalidad que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación; dicha prerrogativa forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Federal en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Ahora, respecto al derecho de alimentos, ha sido criterio constante de los tribunales federales entenderlos, como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista, para exigir a otra, llamada deudor alimentario, lo necesario para vivir con motivo del parentesco consanguíneo, matrimonio, divorcio, y en determinados casos, del concubinato. De esto se obtiene que la institución de los alimentos se refiere a lo necesario para la subsistencia y desarrollo de una persona, siendo su cumplimiento de interés social y orden público, pues el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren los medios y recursos suficientes. Lo que encuentra sustento en el artículo 311 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México que establece que los alimentos deben ser proporcionados, atendiendo a las posibilidades y necesidades alimentarias de las partes; determinados por convenio o sentencia; y que tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México. Asimismo, su importancia encuentra sustento en el contenido del artículo 321 del Código Civil para esta ciudad, del que se colige que el derecho a percibirlos no es renunciable u objeto de transacción, norma que pone de manifiesto el grado de relevancia y protección de este pago. En ese sentido, debe considerarse que desde que se decreta judicialmente el pago de alimentos, nace la obligación jurídica, cuyo cumplimiento está encomendado al Estado y a la propia sociedad, razón por la cual, se ha convertido en una cuestión de orden público, y su acatamiento no se condiciona a mayor elemento, por lo que debe hacerse efectiva a través de los medios y garantías que establece la ley para ello, al margen de los recursos o medios legales que hagan valer las partes. Al respecto, se cita, por sus consideraciones, la tesis I.7o.C.4 C (10a.) con Registro digital: 2000860. Materias(s): Civil, Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Libro VIII, Mayo de 2012 Tomo 2, Página: 2080, que dispone: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SURTE EFECTOS Y DEBE CUBRIRSE DESDE EL MOMENTO EN QUE ÉSTA ES FIJADA, AL MARGEN DE LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE INTERPONGAN CON POSTERIORIDAD LAS PARTES. La fijación de la pensión alimenticia provisional goza de la naturaleza de las medidas cautelares, pues su objeto consiste precisamente en proteger los derechos de subsistencia de los acreedores alimentistas, procurándoles a través de dicha fijación los medios de vida suficientes para su manutención, hasta en tanto se dicta la definitiva; por lo que, para su determinación tampoco rige una prueba acabada de la verosimilitud del derecho, sino sólo de un estudio prudente de la relación que vincula a las partes y de la cual deriva la obligación del deudor alimenticio; de manera que, el deber ético de otorgar pensión alimenticia, obedece a un derecho fundamental del ser humano y que en los niños se evidencia por sus condiciones especiales de vulnerabilidad, el cual, ha sido reconocido por la propia ley y elevado a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, cuyo cumplimiento está encomendado al Estado y a la propia sociedad, razón por la cual, se ha convertido en una cuestión de orden público. De ahí que la fijación de la pensión alimenticia provisional debe surtir efectos desde el momento en que es determinada en el juicio respectivo y hacerse efectiva a través de los medios y garantías que establece la ley para ello, en función a los sujetos que abarca (acreedores alimenticios) y los objetivos que se pretenden con la misma, al margen de los recursos o medios legales que hagan valer las partes. Máxime si están de por medio niños cuya vulnerabilidad es más evidente por su condición transitoria de menores de edad que les impide desarrollarse como cualquier humano en sociedad y proveerse de recursos necesarios para su supervivencia." En la especie, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el incidente de pensión alimenticia derivado del juicio de divorcio *****, del índice del Juez Vigésimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, donde se condenó a **** al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la accionante, ordenando su incremento en términos del artículo 311 del Código Civil para la ahora Ciudad de México. Sin embargo, la pensión alimenticia a favor de la accionante se decretó por la cantidad de *****; misma que fue impugnada y resuelta en segunda instancia hasta el veinte de septiembre de dos mil diecinueve por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México; empero, esta última dejó de existir jurídicamente en cumplimiento a la ejecutoria del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se concedió el amparo a la quejosa, y ordenó dejarla insubsistente para dictar una nueva. En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Sala responsable emitió la resolución de cinco de mayo de dos mil veintiuno, donde declaró fundados los agravios de la quejosa, en relación a la cuantificación del monto de la pensión decretada. Por tanto, es inexacto que la autoridad en el acto reclamado aduzca que su pago e incremento debe ser a partir de que quedó firme el fallo de cinco de mayo de dos mil veintiuno una vez que se resolvió el amparo directo que promovió en su contra el demandado. Ello es así, pues la resolución de cinco de mayo de dos mil veintiuno únicamente modificó la interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en cuanto a la cantidad a que se condenó al demandado incidentista ****, por concepto de pensiones alimenticias, y en su lugar la decretó por la cantidad de *****, sin que ello implicara un cambio en el reconocimiento del derecho de la quejosa para recibir alimentos. Entonces, si en la resolución de veintinueve de abril de dos mil diecinueve se decretó judicialmente el pago de una pensión alimenticia a favor de la accionante, desde ese momento nació la obligación jurídica cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público e interés social, por lo que es inconcuso que no puede oponerse a su pago e incremento desde esa data, pues así lo dispone el artículo 311 del Código Civil para la ahora Ciudad de México, en el que señala que son determinados por sentencia como en el caso. Lo anterior, porque si la cuantificación de la condena por concepto de pensión alimenticia decretada por el Juez responsable fue erradamente fijada por un monto especifico **** , y posteriormente modificada en cumplimiento al medio de defensa extraordinario hecho valer en contra de la resolución que la confirmó; ello no es atribuible a la quejosa y resulta inviable decretar que la impetrante soporte el error de la autoridad de primera instancia, aun cuando se haya otorgado la suspensión al deudor alimentario *****, en el diverso juicio de amparo directo D.C. *****, que promovió en contra de la resolución que dictó la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, el cinco de mayo de dos mil veintiuno, ya que el único efecto de la medida cautelar es impedir que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución del acto reclamado mientras se resuelve el juicio de constitucional, no así, para crear o constituir derechos que son propios de la sentencia, esto es, la suspensión hizo que en un momento determinado, el cobro no se exigiera, no que la acreedora careciera del derecho de reclamar el débito. En esa lógica, si el resultado procesal fue de modificación, ello implica que no se nulificó todo el acto judicial primigenio, sino que sólo se corrigió el monto para quedar en la suma que por derecho corresponde al acreedor, sin que el error del A quo deba ser soportado por quien se inconformó, ya que el aforismo jurídico de que nadie está obligado a soportar lo injusto, avala que la persona que venció en su pretensión no tenga por qué aceptar un pago inferior al que finalmente le correspondió ante la alzada. Así, también asiste razón a la quejosa respecto de los argumentos que hizo valer en el concepto de violación precisado en el inciso c), pues el artículo 426 del Código de Procedimientos Civiles de la ahora Ciudad de México, establece que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria, y, enseguida, la fracción II, de ese mismo artículo dispone que en las sentencias de segunda instancia, ello acontece por ministerio de ley. Entonces, como lo dispone ese precepto legal, basta el pronunciamiento de la sentencia de segundo grado para que exista cosa juzgada respecto de la cuestión decidida en ambas instancias; por ende, una sentencia causa ejecutoria cuando ya no puede ser impugnada por recurso ordinario alguno. Ello es así porque las sentencias de segunda instancia no admiten ningún recurso o medio de defensa establecido en la legislación ordinaria, y por tanto causan ejecutoria, aun ante la presentación de una demanda de amparo en su contra, pues el juicio de amparo no es un recurso sino un juicio que tiene por objeto determinar si ha habido o no violación de prerrogativas constitucionales, en perjuicio de la parte quejosa. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 51/2006, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, en la Novena Época, de registro 174116, que dice: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación." Así, para que una sentencia constituya cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico que sea el resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse. En ese sentido, es incorrecta la consideración de la Sala responsable donde indicó que el fallo de cinco de mayo de dos mil veintiuno quedó firme una vez que se resolvió el amparo directo promovido en su contra, pues el juicio constitucional no resta firmeza al juzgamiento de lo autoridad local, salvo en el caso de que se otorgue el amparo. Lo anterior es así porque conforme al criterio de la Primera Sala citado, las resoluciones de segunda instancia causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada, mismos que únicamente pueden dejar de existir jurídicamente cuando en el juicio de amparo se concede la protección federal. Luego, si como se narró, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito negó el amparo al aquí tercero interesado ****, resulta inconcuso que la resolución de cinco de mayo de dos mil veintiuno crea cosa juzgada desde entonces. Por tanto, una vez resuelto éste, dejó de surtir sus efectos y al no haber sido modificada la resolución de cinco de mayo de dos mil veintiuno, que dictó la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, al haberse negado la protección constitucional en el juicio de amparo directo D.C. ****, es a partir de esa data que causó ejecutoria por ministerio de ley. Así las cosas, lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional a la quejosa para el efecto de que la sala responsable: Deje insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado; y Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, declare procedente el reclamo de la quejosa desde que se decretó el derecho a percibir una pensión alimenticia definitiva, esto es, desde la sentencia de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, considerando los pagos que haya realizado el deudor alimentario, y tomando como base el monto mensual correcto que se fijó tras la modificación de segunda instancia, el cinco de mayo de dos mil veintiuno. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a *****, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisado en el considerando segundo, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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