Norma Calderón Tenorio
Expediente 1069/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/04/2018
Partes del expediente
- Norma Calderón Tenorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
IV) NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
IV) (AVISO PARTE QUEJOSA). Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de dos de marzo de dos mil dieciocho (fojas 253 a 256), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Así las cosas, del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que no existe nada pendiente por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio en el que, se concedió el amparo solicitado. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Ahora bien, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
IV) Toluca, México; dos de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa para que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que las partes no desahogaron la vista otorgada en el auto de mérito, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a valorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: Norma Calderón Tenorio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades responsables que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES A.- Legislatura del Estado de México. B.- Gobernador Constitucional del Estado de México. C.- Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, como autoridad ejecutora. IV. LA LEY QUE SE IMPUGNA DE INCONSTITUCIONAL: Lo es el artículo 95 en su fracción I, inciso C, rango 5 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de 2016. V. ACTOS RECLAMADOS: a) De la Legislatura del Estado de México, la aprobación del Decreto que dio vigencia al artículo 95 en su fracción I, inciso C, rango 5 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de 2016, por las razones que se harán valer en el capítulo correspondiente. b) Del Gobernador del Estado Libre y Soberano del Estado de México, la promulgación del Decreto que originó la vigencia del 95 en su fracción I, inciso C, rango 5 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de 2016, por las razones que se harán valer en el capítulo correspondiente. c) Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, dicho artículo y las fracciones indicadas que son objeto de impugnación el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la compraventa contenida en la escritura que otorgamos para adquirir un inmueble mediante pago en efectivo, mismo cobro que se realizó con base en el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 5 de la Tarifa, el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de 2016, por ser inconstitucional del mismo cuerpo normativo, como más adelante se demostrará." 2. Mediante sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete (fojas 78 a 92), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Norma Calderón Tenorio, contra los actos y autoridades descritos en el resultando primero de esta determinación por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.". 3. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (foja 112), se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa. 4. El cinco de enero de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictada en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1069/2017-IV del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por las razones expuestas en los considerandos octavo y décimo de la presente ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Norma Calderón Tenorio, contra la aprobación y promulgación del artículo 95, fracción 1,inciso c), rango 5 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, asimismo, contra el cobro por concepto de derechos para inscribir ante el instituto mencionado la escritura que otorgó para adquirir un inmueble; ello, por las razones expresadas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. TERCERO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, acorde con lo expuesto en el noveno considerando de esta ejecutoria." 5. La concesión del amparo fue para efecto de que el Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México: -Dejara sin efectos el acto de aplicación consistente en el cobro por derechos efectuado a la parte quejosa, por lo que la autoridad debería devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resultara de la diferencia entre la cantidad de $15,074.00 (quince mil setenta y cuatro pesos), que comprende el concepto previsto en el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 5 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y la cuota mínima de $1,670.00 (mil seiscientos setenta pesos) establecida en la porción normativa aplicada. En el entendido que dicha devolución se debería realizar a la quejosa; conforme a los parámetros previstos en el artículo 30 del Código Financiero del Estado de México y Municipio, y tal diferencia debería ser contabilizada a partir de que se efectuó el pago correspondiente por parte de la contribuyente hasta la fecha concreta en que la Directora General responsable correspondiente expidiera el documento, cualquiera que fuera éste, que constituyera la forma de pago con la cual realizaría la entrega de la cantidad cuya devolución se ordenó en el fallo protector 6. Mediante proveídos de siete de febrero de dos mil dieciocho (foja 212 a 214), y veinte del mes y año en curso (foja 234), la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, remitió copias autorizadas de las constancias con las que aduce que dio cumplimiento al fallo protector. Por tanto, del examen de las documentales que remitió la autoridad responsable, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende que la responsable realizó lo siguiente: -Devolvió a la quejosa la cantidad de $14,441.87 (catorce mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 87/100 m.n.), y precisó que dicha cantidad amparaba el monto total a restituir a la parte quejosa, aplicando la tarifa mínima más el factor de actualización correspondiente. Así, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Liliana Lozano Mendoza, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
IV) SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO A LA QUEJOSA Y SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa para que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Atento a lo anterior, y toda vez que las partes no desahogaron la vista otorgada en el auto de mérito, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se procede a /alorar si el fallo protector se encuentra cumplido. Así, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.
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