Norma Baeza Anaya

Expediente 1182/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1182/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Norma Baeza Anaya

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, través del cual remite los autos originales del expediente ******************** de su índice, promovido por José O Gorman Merino y Carolina Garnica Rosas contra actos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la Ciudad de México y otras autoridades, toda vez que estima que los actos reclamados guardan estrecha relación con los aquí reclamados, por lo que el asunto, estima, debe ser returnado de conformidad con los artículos 45 y 46 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES EN RELACIÓN CON LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE GESTIÓN JUDICIAL Y DE ESTADÍSTICA JUDICIAL; EL SISTEMA DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y TURNO DE ASUNTOS; Y LAS CONSULTAS DE TURNO, al referir que en dicho asunto reclama la custodia el folio real número 1395112, respecto del inmueble ubicado en Sierra Vertientes número 315 Bis, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México derivado del expediente administrativo DMH/PN/001/2010. Por lo que, una vez analizadas las anteriores consideraciones, este juzgado no acepta la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo ********************, pues si bien reclama la custodia del folio real en el inmueble precisado en líneas precedentes, no encuadra en el supuesto establecido en la fracción II, del artículo 45 del acuerdo en comento que a continuación se transcribe: En atención al numeral transcrito y vistas las constancias del expediente ******************** del índice del índice del órgano jurisdiccional oficiante se advierte que fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el seis de marzo de dos mil veintitrés; mientras que de los autos del juicio en que se actúa, se desprende que la demanda de amparo la cual dio origen al presente asunto, relaciona el homólogo federal para declinar la competencia por razón de turno, fue recibida en la aludida oficina de correspondencia y recibida por este juzgado el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, es decir, se registró hace más de siete años. En consecuencia, de conformidad con consideraciones expuestas, este Juzgado no puede aceptar la competencia planteada, por lo que se ordena devolver los autos originales del juicio de amparo ******************** al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a efecto de acordar lo que derecho corresponda. Solicitándole de la manera más atenta el acuse correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio del Titular de la Unidad Jurídica de la Oficina en representación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por medio del cual, desahoga el requerimiento de veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Atento su contenido dígale que se esté a lo ordenado al proveído de seis de julio de dos mil veintitrés, en el que la sala obligada a realizar los actos tendientes para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento a la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio ********************de su índice, informo tener por no cumplida su sentencia, por lo que se requirió a la responsable. Ahora, en caso de que la autoridad a la que se le deba notificar la presente determinación por medio de oficio se encuentre en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que lo resguarde y entregue dicha comunicación una vez que reanude sus labores. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual informa su conformidad con la cantidad a devolver determinada por la autoridad responsable y proporciona datos bancarios para recibir el pago correspondiente. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto, y 193, de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Administración Tributaria en Parque Lira, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que haya quedado legalmente notificada del presente acuerdo, exhiba copia certificada de las constancias que estime pertinentes con las cuales acredite el pago correspondiente a la quejosa. Se apercibe a las autoridades requeridas que en caso de no cumplir con el mandato de este órgano jurisdiccional sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien veces de Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad lo dispuesto por el artículo 258 en relación con el diverso 192, ambos de la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    En esta fecha se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, mismo que indica: Vista la demanda de amparo presentada por Norma Baeza Anaya, por su propio derecho, contra actos del Jefe de la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Subdelegación 10 de Churubusco y otra autoridad, fórmese el expediente electrónico respectivo con el número 1182/2023; háganse en la misma forma las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Gobierno del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); e infórmese a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente y que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de los interesados. Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Norma Baeza Anaya, por su propio derecho, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Lo anterior es así, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la intención de la parte quejosa es reclamar, en esencia, diversas omisiones, falta de notificaciones y bloqueo de cuentas bancarias, derivado todo ello, de la falta de acatamiento a una medida cautelar dictada por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana, a pesar de haber garantizado ante ésta el crédito fiscal. En el caso, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. (.)". Lo anterior, pues como ya se mencionó, según narra el quejoso bajo protesta de decir verdad, los actos de las autoridades responsables, son ya materia del juicio de nulidad 11397/23-17-12-4, el cual es un medio de defensa donde legalmente se tiene la posibilidad de conseguir la modificación, nulidad o revocación de los actos impugnados, así que, con independencia de la posibilidad de pedir y obtener la suspensión de los actos hoy reclamados, lo cierto es que la sentencia dictada en ese juicio, de serle favorable, acarrearía la insubsistencia de los demás actos emitidos en dicho procedimiento; de ahí que, al existir una litis pendiente con respecto a todo lo actuado en el procedimiento administrativo mencionado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente contra los actos que reclama por esta vía, en términos del artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis I.7o.A.651 A, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 3147, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL AMPARO, CUANDO EL PARTICULAR OPTÓ POR IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LE AGRAVIA MEDIANTE ALGÚN RECURSO CUYA DETERMINACIÓN DEBA COMBATIRSE A TRAVÉS DE AQUÉL". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XIX, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo; por autorizada en términos amplios a Sandra López Valderrama, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo; y por autorizado en términos de la última parte del precepto citado, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a la diversa persona que menciona en su demanda, por así solicitarlo expresamente. Al respecto, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto; y, con apoyo en el acuerdo general inicialmente mencionado, se habilita también a dichos funcionarios para emplear medios tecnológicos como opción para la práctica de comunicaciones procesales, debiendo en esos casos certificarse la confirmación de la identidad de la persona involucrada, así como la recepción de la comunicación respectiva. Por otro lado, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de las copias simples o certificadas de las constancias físicas que obren en autos y sus anexos (para lo cual bastará que las soliciten a la Secretaría responsable del expediente; que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado; y que se deje en el expediente constancia legal de su recepción); el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello; y se recuerda a las partes que conforme a la normatividad antes referida, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél con el carácter de copias certificadas electrónicamente. Finalmente, en atención a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en tales ordenamientos; que las resoluciones que se emitan en el este asunto estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten; y que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese

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