Norma Aviles Ortiz
Expediente 1310/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1310/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/03/2023
Partes del expediente
- Norma Aviles Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vistos los presentes autos, cuyo contenido informa que por sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de la autoridad responsable Secretaria de Hacienda Pública del Estado de Jalisco y otras autoridades, para los siguientes efectos: Secretaria de Hacienda Pública del Estado de Jalisco y Encargado de la Oficina de Recaudación Fiscal Número 125 dependiente de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco ".En consecuencia, al evidenciarse la inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, por consiguiente, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a Norma Avilés Ortiz, contra de la aplicación presente y futura de dicho numeral y por el tiempo que se encuentre en vigencia, en términos del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento treinta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Octava Época, el cual es del tenor literal siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, conforme al cual "las sentencias que se pronuncien en los Juicios de Amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare", debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión tendrá un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo respectivo, mas no así a personas ajenas al mismo, circunscribiéndose, por tanto, la declaración de inconstitucionalidad de la ley, el caso concreto. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si esta fue impugnada como heteroaplicativa, sino también que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la misma ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada la declaración de inconstitucionalidad que, en su caso, proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." En las condiciones apuntadas, las consecuencias jurídicas del otorgamiento del amparo a la quejosa, se traducen en que le sea devuelta la cantidad que pagó únicamente por conceptos de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, escrituración de finca, incluidos fideicomiso e Hipoteca, pagado el seis de junio de dos mil veintidós, de acuerdo con el recibo oficial A 59176325, que constituye un acto de aplicación de la norma impugnada, así como el subsecuente hasta antes de causar ejecutoria la presente sentencia, con excepción del pago mínimo por movimiento registral; asimismo, debe subsistir el diverso cobro efectuado fundándose en diversos dispositivos legales no reclamados.". En auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia, para todos los efectos legales correspondientes y se requirió a la responsable por el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recibido en autos el catorce de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad encargada del cumplimiento, remitió diversas constancias emitidas en acatamiento al fallo protector, con lo cual se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con los apercibimientos de ley. En razón de lo anterior y, toda vez que la parte quejosa fue omisa en atender el requerimiento previamente mencionado, este órgano de control constitucional, procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, relativo al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." El núcleo esencial de los efectos de la concesión de amparo se puede sintetizar en el siguiente aspecto: Que la autoridad responsable no aplique la norma impugnada, así como para que devuelva la cantidad que pagó únicamente por conceptos de registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, escrituración de finca, incluidos fideicomiso e Hipoteca, pagado con el recibo oficial A 59176325. Ahora bien, del análisis comparativo de los efectos de la ejecutoria de amparo, se desprende que la autoridad responsable remitió copia certificada de la orden de pago 2162604 en la que el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, recibió la cantidad que resulto en su favor, así como del oficio PFE-DCHE-JA-45276 en el que se e desincorporo la aplicación de la norma impugnada; por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que la responsable atendió el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 201/2009, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, registro digital 165807 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO" Lo anterior con independencia de que la parte quejosa, en caso de que lo estime pertinente, pueda hacer valer los medios de defensa establecidos en la ley. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Asimismo, el presente asunto se considera sin valor documental. Por otra parte, en caso de haber exhibido documentos originales como prueba en el trámite del presente juicio, dígase a las partes que cuentan con un término de noventa días, a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que ocurran a recogerlos, apercibidos que de no hacerlo así, se procederá a la depuración del expediente junto con dichas documentales. Finalmente, visto el estado que guarda el expediente electrónico derivado de este amparo, del que se advierte que no obran agregadas la totalidad de constancias de notificación ordenadas en el presente asunto; en consecuencia, se requiere al Actuario Judicial de la adscripción para que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para incorporar la totalidad de constancias de notificación al referido expediente electrónico, a fin de que se encuentre debidamente integrado en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, deberá certificar lo correspondiente a fin de dar de baja el expediente a la mesa respectiva.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Director de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual remite constancias relativas a acreditar la forma en que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se ordena dar vista a la parte quejosa con el comunicado y anexos de mérito, para que dentro del término de tres días, a que alude el numeral 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho lapso, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
CITATORIO PRINCIPAL.- POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, AL HABERLE DEJADO CITATORIO EN SU DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL QUINCE DE FEBRERO SIGUIENTE Y NO ACUDIR AL JUZGADO A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS HABILES POSTERIORES, PROVEIDO QUE EXPONE: Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Director de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual remite constancias relativas a acreditar la forma en que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se ordena dar vista a la parte quejosa con el comunicado y anexos de mérito, para que dentro del término de tres días, a que alude el numeral 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho lapso, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Principal
Visto el oficio remitido por el Director de lo Contencioso de la Hacienda Estatal, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, agréguese a los autos y téngase a la responsable en vías de cumplimiento.
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