Norma Avila Garcia
Expediente 1102/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Norma Avila Garcia
Actuaciones
- Principal
Vista, la circular SECNO/8/2021, de treinta de enero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", con salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. En ese tenor, vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, sin que se haya hecho valer contra el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Norma Ávila García, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme dicho auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
V I S T A la demanda de amparo promovida por Norma Ávila García, por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Única de Trámite de Campestre Guadalupana Nezahualcóyotl y otras autoridades, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucional. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 1102/2020-II, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Del estudio integral de la demanda se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, debido a que el citatorio impugnado es un acto dictado fuera de juicio, que no incide en su esfera de derechos, porque constituye un mero aviso de que debe comparecer ante la autoridad ministerial a atender la diligencia de soluciones alternativas; en todo caso, el perjuicio se materializaría hasta que se analice la procedencia de librar orden de comparecencia en su contra, de ahí que se considere que no es un acto de imposible reparación. Al respecto, dichos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.» Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] Sin embargo, es preciso establecer que si bien el juicio de amparo procede contra actos dictados fuera de juicio, ello no quiere decir que proceda contra cualquier tipo de acto dictado fuera de juicio, sino aquellos que tengan la característica de ser de imposible reparación. Así, por actos de imposible reparación debemos entender aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se puedan reparar en el curso de la instancia de la que derivan, esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas pueden ser reparadas con la determinación final que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso las consecuencias producidas por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un decreto favorable. En ese sentido, se considera que el citatorio reclamado no afecta de manera directa y actual a la libertad del quejoso, pues constituye una actuación para la integración de la indagatoria de la que emana y, por ende, no irroga ningún perjuicio a la quejosa, en razón que la autoridad ministerial cumple con su deber constitucional de investigación, contenido en el artículo 21, que dice: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." Así, al integrar una carpeta de investigación respecto de hechos probablemente constitutivos de delitos, de los cuales la sociedad tiene interés de que se castigue a los responsables, de ahí deviene que la sola citación de la agraviada ante la autoridad ministerial no implica un perjuicio, pues aún se encuentra en fase de integración la carpeta de investigación. Máxime que dicho perjuicio se materializaría, en su caso, hasta que se ejerza acción penal, esto es, cuando una vez valorado el material probatorio de la carpeta de investigación de mérito, la representación social responsable concluya procedente la judicialización de la carpeta de investigación y, que como consecuencia de ello, la autoridad judicial que conozca de la solicitud de la audiencia inicial determine, si resulta adecuado emitir alguna medida cautelar restrictiva de libertad en contra de la quejosa. Pero, es hasta dicho momento que no sobra decir que es de realización incierta pues ello depende de la conducta que adopte el quejoso en la etapa de investigación, que la autoridad competente analizará la pertinencia o no de ello. Máxime que con la citación que ahora se impugna, lo que se pretende es que al citado le sea respetada su garantía de audiencia dentro de la investigación que se realiza e incluso, como se dijo, llegar a medios alternativos de solución de conflictos y no efectuar toda la investigación que implica para el caso de no solucionarse dicho conflicto en sede ministerial. En consecuencia, es evidente que en este momento, no existe afectación alguna contra la solicitante del amparo, pues estimar lo contrario entorpecería las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público anteponiendo el interés particular de la parte impetrante al de la sociedad. Es ilustrativa por mayoría de razón, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 239, que reza: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." De ese modo, si el amparo es improcedente contra la citación emitida por el juez de la causa en una audiencia inicial, más aún lo es contra el citatorio del Ministerio Público con el que se pretende determinar si es procedente o no la investigación; por tanto, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, se desecha la demanda de amparo promovida por Norma Ávila García. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. En otro orden, como lo solicita la promovente, con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se tienen por autorizados en los términos amplios que dispone el artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que señala una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Se requiere a las partes para seguir el presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", de conformidad con los lineamientos señalados en el Acuerdo General 12/2020.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes
- Norma Angélica Hurtado Jiménez874/2022
- Norma Angélica Hurtado Jiménez776/2022
- Norma Angélica Jasso Solano1128/2023
- Norma Angélica Palapa Escorza1459/2022
- Norma Angélica Palapa Escorza163/2023
- Norma Ángelica Tovar Flores966/2021
- Norma Cano Leal494/2018
- Norma Erika Gómez Arzate829/2018
- Norma Erika Gómez Arzate1062/2018
- Norma Escamilla Hernández320/2020
- Norma Gema Becerra Chavarría1333/2021
- Norma Guadalupe Salazar Hernández1223/2021