Norma Asunción Yah Uicab

Expediente 2194/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2194/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Norma Asunción Yah Uicab

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    NOT. ELECTRONICA Mérida, Yucatán, tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de veintisiete de enero del presente año, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Presidente y actuario, ambos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho acuerdo se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; y de acuerdo a la certificación de cuenta la temporalidad concedida para tal efecto ya transcurrió sin que hiciera manifestación alguna. Por lo tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dejara insubsistente la fecha señalada en la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, hecho lo anterior, emitiera un acuerdo donde fijara nueva fecha y hora para la celebración de la aludida audiencia dentro de un plazo máximo de quince días hábiles. Luego, por auto de dieciocho de enero pasado, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio 162/2022, de veinticinco de enero pasado (promoción electrónica 1546), signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, informó y acreditó con las constancias respectivas, que el veintiuno de enero de dos mil veintidós, dejó insubsistente la fecha señalada en la audiencia de nueve de noviembre pasado, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y en su lugar se fijaron las diez horas del dieciséis de febrero del dos mil veintidós para que tenga verificativo la aludida audiencia. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, se encontraba obligada a dejar insubsistente la fecha señalada en la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y fijar una nueva fecha dentro de los término de la Ley, y así lo hizo y lo acreditó fehacientemente dichas responsables con las constancias respectivas.. De ahí que se considere destruido el acto atribuido a las autoridades responsables, y por ende, se ha realizado la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional para la parte quejosa. En tales condiciones, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce del derecho fundamental establecido en el artículo 16 Constitucional, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese electrónicamente a la parte quejsa y cúmplase.

  2. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes los oficios signados por el Presidente y actuario, ambos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña el primero de los nombrados, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos corresponda. Apercibida que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    ELECTORNICO Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla, se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. La cual en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, en contra de los actos atribuidos al actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad; y en su segundo resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra el acto atribuido a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECTORNICO Vistos, para resolver el juicio de amparo número 2194/2021-I-A, promovido por ********************, por conducto de su apoderada ********************; y, R E S U L T A N DO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el doce de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, compareció ********************, por conducto de su apoderada ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y su actuario adscrito, ambos con sede en esta capital. SEGUNDO. Admisión de demanda. Mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. Así mismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la rendición del informe justificado con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable reconoció la existencia del acto reclamado. Máxime que no existió solicitud de la parte impetrante o del tercero interesado en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, por parte de este Juzgador al no haber razón jurídica para que primordialmente la quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando reconoció la existencia del acto; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. El señalar en el juicio reclamatorio laboral ********************, una fecha y hora para la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, fuera del plazo que establece la Ley Federal del Trabajo. Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. La omisión de emplazar a la parte demandada ********************, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y ********************del juicio de origen. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclamaron de las autoridades responsables, pues así lo reconocieron al rendir sus informes justificados; afirmación que se corrobora del contenido de las constancias del juicio natural. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Actualización de causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, por lo que se refiere al acto atribuido al actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, fracción II, en sentido contrario, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]" Del primer numeral en cita, se advierte que la hipótesis de referencia no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una disposición abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución Federal. Por su parte, el diverso precepto legal transcrito, precisa cuáles habrán de ser los efectos de una concesión de amparo cuando el acto reclamado consista en una omisión o sea de carácter negativo, los que se traducen en obligar a la autoridad responsable a cumplir y a respetar lo que exija el derecho que se estime violado. En esa tesitura, una interpretación en contrario del referido numeral 77, fracción II, de la ley de la materia, y en concatenación con la causal de que se habla, conlleva establecer que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no sea factible materializar los efectos de una eventual sentencia que conceda la protección constitucional solicitada; supuesto que, como se apuntó, en el caso concreto se actualiza. Para evidenciar lo anterior, cabe recordar que en el caso concreto se reclama del actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión de emplazar a la parte demandada al juicio laboral de origen; de tal forma que, los efectos restitutorios de un fallo amparatorio, sería conminar a dicha autoridad para que se lleve a cabo tal llamamiento a juicio. No obstante, de las constancias que anexó a su informe el Presidente de la Junta responsable, las que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte la razón actuarial de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se hizo constar la imposibilidad para emplazar a los demandados ********************, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y ********************, en el domicilio señalado en el juicio de origen, al indicar que al apersonarse en la colonia señalada para emplazarlos, no existen los cruzamientos de las calles ********************y ********************, por lo que no le fue posible llevar a cabo la notificación ordenada en el juicio de origen. Circunstancia que pone de manifiesto que la omisión reclamada en estudio, ya no es atribuible a la autoridad responsable, toda vez que, se reitera, existe constancia de imposibilidad levantada por el actuario adscrito a la Junta de origen, para llevar a cabo la diligencia de llamamiento a juicio. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de una imposibilidad material y jurídica de cristalizar los eventuales efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que el actuario responsable levantó constancia de la referida imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, tomo Vl, diciembre de 1997, con número de registro 197245, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Consecuentemente, como se anticipó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 77, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por lo cual, con fundamento en la fracción V del diverso dispositivo 63 de la ley de la materia, lo procedente es sobresee en el presente juicio. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Inexistencia de diversa causal de improcedencia. Al no existir otra causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. En relación al acto reclamado consistente en la fecha lejana señalada para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen, resultan fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, como se verá a continuación. Pues bien, asiste razón al impetrante, dado que la autoridad responsable debió señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días hábiles siguientes como dispone el artículo 873 de la ley de la materia o en su caso, dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta sus cargas de trabajo, y al no hacerlo así, viola en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, dado que la Junta responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. En relación con el tema que nos ocupa, de los artículos 685, 771, 873 y 878, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos; que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Asimismo, de una interpretación adecuada de esos preceptos jurídicos, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. En este orden, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado, se advierte: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado por las documentales remitidas por la Junta responsable, se tiene que en audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se fijaron, las doce horas con treinta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen. Por tanto, es claro, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrada por el artículo 17 constitucional en análisis, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia, lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado. En efecto, en el caso, la parte quejosa se inconforma en razón de que la autoridad responsable señaló fuera del plazo establecido por el artículo 873, fecha para la celebración de la audiencia de ley. Por tanto, es evidente que el actuar de la responsable, causa un perjuicio irreparable a las partes en el juicio laboral de referencia, con el subsecuente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de la justicia, ya que infringe lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto que éste consigna que la impartición de justicia deberá ser de manera pronta, completa y expedita. Ante tales circunstancias, al demostrarse la transgresión del derecho a la pronta y expedita impartición de justicia (artículo 17 Constitucional) conforme al precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ******************** a través de su apoderada ********************, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, deje insubsistente la fecha señalada en la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Y hecho lo anterior, emita un acuerdo donde fije nueva fecha y hora para la celebración de la aludida audiencia, dentro de un plazo máximo de quince días hábiles siguientes, tal como ha quedado plasmado en esta sentencia. Ahora bien, por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, estos se delimitan en función de los actos que aquí se reclamaron y en consideración de la etapa procedimental en que se sitúan dentro de la propia secuela procesal, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace a los actos reclamados por la parte quejosa en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde con lo establecido por los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó del actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

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