Norma Astrid Lemus Picho
Expediente 1192/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1192/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Norma Astrid Lemus Picho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales ni garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros en este asunto ni la segunda, pues no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: NORMA ASTRID LEMUS PICHO. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de dos de mayo de la anualidad en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes -fiscal de la adscripción, quejosa y ayuntamiento tercero interesado- el tres y diez siguientes, este último como se desprende del acuse de recibo 9493, el cual fue recibido en este juzgado el quince de mayo de la anualidad en curso (fojas 86, 89 y 91). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 35 a 43), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Norma Astrid Lemus Picho, para los efectos que se reproducen: de no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 110 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, de inmediato se dicte el laudo respectivo en el expediente 532/2015. Esto es, en la sentencia, la Juez auxiliar determinó que ante la omisión del Tribunal responsable de dictar el laudo correspondiente en los plazos previstos en la ley, a pesar de que el expediente laboral de origen quedó en estado de resolución desde el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, vulnero en perjuicio de la quejosa el derecho de justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional. Ahora bien, previo a que causara ejecutoria la sentencia concesiva, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, en acatamiento a la determinación de amparo, remitió el oficio con terminación 2466/2017 (foja 54), al que acompañó copia certificada de las constancias siguientes: Laudo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario laboral 532/2015 (fojas 55 a 63). Constancias de notificación efectuada a las partes (fojas 64-65). Luego, la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión causó ejecutoria el dos de mayo del año en curso, auto en el que se dio vista con las constancias anteriores a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, -una vez que se notificó a éstas: tres siguiente a la fiscal adscrita, y diez posterior a la parte quejosa y ayuntamiento tercero interesado-, sin que lo hicieran, se procedió a la calificación de la observancia dada al fallo protector (fojas 86, 89 y 91). Ahora, del examen de las documentales destacadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, pues el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 110 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, los integrantes del Tribunal, emitieron laudo en el juicio ordinario laboral 532/2015, el que además, se notificó a las partes. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 110 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, los integrantes del Tribunal dictaron el laudo respectivo en el expediente 532/2015, el que además, fue notificado a las partes; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue que de no actualizarse un supuesto establecido en un artículo de una ley, emitiera un laudo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de dos de mayo de la anualidad en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente; mismo que fue notificado a las partes -fiscal de la adscripción, quejosa y ayuntamiento tercero interesado- el tres y diez siguientes, este último como se desprende del acuse de recibo 9493, el cual fue recibido en este juzgado el quince de mayo de la anualidad en curso (fojas 86, 89 y 91). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 35 a 43), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a la quejosa Norma Astrid Lemus Picho, para los efectos que se reproducen: "[.] de no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 110 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, de inmediato se dicte el laudo respectivo en el expediente 532/2015. Esto es, en la sentencia, la Juez auxiliar determinó que ante la omisión del Tribunal responsable de dictar el laudo correspondiente en los plazos previstos en la ley, a pesar de que el expediente laboral de origen quedó en estado de resolución desde el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, vulnero en perjuicio de la quejosa el derecho de justicia pronta previsto en el artículo 17 constitucional. Ahora bien, previo a que causara ejecutoria la sentencia concesiva, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Presidente, en acatamiento a la determinación de amparo, remitió el oficio con terminación 2466/2017 (foja 54), al que acompañó copia certificada de las constancias siguientes: Laudo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario laboral 532/2015 (fojas 55 a 63). Constancias de notificación efectuada a las partes (fojas 64-65). Luego, la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión causó ejecutoria el dos de mayo del año en curso, auto en el que se dio vista con las constancias anteriores a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, -una vez que se notificó a éstas: tres siguiente a la fiscal adscrita, y diez posterior a la parte quejosa y ayuntamiento tercero interesado-, sin que lo hicieran, se procedió a la calificación de la observancia dada al fallo protector (fojas 86, 89 y 91). Ahora, del examen de las documentales destacadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, hacen patente que la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, cumplió con el fallo protector, pues el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 110 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, los integrantes del Tribunal, emitieron laudo en el juicio ordinario laboral 532/2015, el que además, se notificó a las partes. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por lo contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues al no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 110 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, los integrantes del Tribunal dictaron el laudo respectivo en el expediente 532/2015, el que además, fue notificado a las partes; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue que de no actualizarse un supuesto establecido en un artículo de una ley, emitiera un laudo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Glósese a los autos el oficio signado por la Jefa de Administración Centro Histórico de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de cinco abril padado, remite una copia certificada del acuse de recibo del oficio 5289. Ahora, vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, autoridad tercera interesada y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de febrero de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Cabe señalar que, en el segundo punto resolutivo de la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Norma Astrid Lemus Picho, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: "En esas condiciones, se concede el amparo y protección de la justicia federal para que, de no actualizarse el supuesto previsto en el artículo 110 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, de inmediato se dicte el laudo respectivo en el expediente 532/2015.". Igualmente, debe señalarse que, en proveído de nueve de marzo pasado, la autoridad responsable informó el cumplimiento de la sentencia consesoria y remitió copia certificada del laudo de diecisiete de enero de la presente anualidad, emitido en el juicio laboral 532/2015 de su estadística, reservándose el acuerdo correspondiente hasta en tanto transcurriera el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra dicho fallo. Por consiguiente, habiéndose actualizado dicho extremo, sin que las partes interpusieran el referido medio de impugnación, dése vista a la parte quejosa y autoridad tercera interesada con la constancia relacionada para que, en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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