Norma Areli Orozco Morales

Expediente 1688/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1688/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Norma Areli Orozco Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a once de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, agréguese al cuaderno de antecedentes del juicio de amparo número 1688/2022, el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por el que acusa recibo del oficio por el que este juzgado le remitió el original del juicio de amparo antes indicado, promovido por Norma Areli Orozco Morales, por propio derecho, comunica que admite la demanda y se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En virtud de lo expuesto en párrafos precedentes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 2 archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se provee lo siguiente: CUADERNO DE ANTECEDENTES DESTRUIBLE De conformidad con el artículo 201, fracción I, inciso a), del Acuerdo General referido, se hace la indicación que este expediente es susceptible de destrucción, por tratarse de un cuaderno de antecedentes relativo a la declinación de competencia a otro órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que se cumplan seis meses de su archivo, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. DIGITALIZACIÓN Y FE DE CONICIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 252, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA 13/10/23 12:06:15 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac EDUARDO SUMUANO AGUILAR 3 Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de diciembre de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Norma Areli Orozco Morales, contra el acto que reclama del Juzgado Segundo especializado en Materia Burocrática, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese bajo el número 1688/2022. DECLINACIÓN DE LA COMPETENCIA Analizada que fue la demanda que se trata, esta juzgadora se considera incompetente para conocer y resolver el asunto ahí planteado. Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual es de la literalidad siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo resaltado es propio. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 2 De la transcripción de dicho normativo, se advierte tres reglas para fijar la competencia de los jueces para conocer del asunto planteado en una demanda de amparo: la primera, dispone que es competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. La segunda, establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Y la tercera, se refiere cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, caso en el cual es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura íntegra de la demanda que se trata, se colige que Norma Areli Orozco Morales reclama del Juzgado Segundo especializado en Materia Burocrática, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la dilación de dictar el laudo relativo al juicio laboral 1070/2020 de su índice, ya que desde el diez de septiembre del año en curso, se declaró cerrada la instrucción en ese sumario. Ahora, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 478/2018, realizó la clasificación de los actos reclamados en el juicio de amparo de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. En primer lugar tenemos los actos positivos, que son los que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 3 Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que estima que le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta de las autoridades que se traduce en no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Por último, los actos omisivos o abstenciones son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. El estudio de la presente resolución se circunscribirá a éstos. Con base en lo anterior, tenemos que la dilación de la responsable en dictar el laudo en el controvertido laboral de origen, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que trae aparejada una ejecución material. Ello en la medida que, con la omisión del tribunal laboral de resolver el fondo del asunto se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita en perjuicio de las partes. Esto es, la dilación en la resolución del asunto, es tanto como si la autoridad emitiera un acto que vulnerara los derechos señalados. De ahí que no puede afirmarse que la dilación de la responsable en dictar el laudo relativo en el juicio laboral de origen sea una cuestión meramente declarativa que no tiene efecto alguno o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con la omisión se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Si ello no fuera así, la restitución del derecho a través de la concesión del amparo cuando se reclame la omisión de resolver en el procedimiento relativo no involucraría un "hacer", que es dictar el laudo lo más pronto posible. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 4 De esta manera llegamos a la conclusión de que el acto reclamado en esta vía, si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que nos encontramos ante un acto omisivo con efectos positivos. En esa tesitura, resulta diáfana la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, antes transcrito, que obliga a esta juzgadora a declararse incompetente para conocer del asunto planteado en la demanda de amparo que se trata, y se declina dicha potestad al Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución. Por contener el principio jurídico aplicable, apoya esta determinación el criterio sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 24/2021, publicada en la página 1873 del Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, cuya literalidad es la siguiente: OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 5 Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esta juzgadora se declara incompetente para conocer del asunto planteado en la demanda de amparo promovida por Norma Areli Orozco Morales, contra el acto que reclama del Juzgado Segundo especializado en Materia Burocrática, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y, en consecuencia, se declina tal potestad al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en Turno, con residencia en la capital de la entidad. Por tal motivo, remítase el expediente formado con dicho libelo a ese órgano jurisdiccional, para que se sirva proveer lo que conforme a sus facultades estime procedente con relación a la potestad delegada; con la atenta indicación de que se sirva acusar el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente.

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