Norma Araceli Guzmán Armenta
Expediente 2046/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 42 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2046/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 08/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Norma Araceli Guzmán Armenta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito firmado por Yosbeen Morales Méndez, autorizada de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias del cuaderno principal que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2046/2017-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el quince de febrero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó en el presente asunto, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de abril de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por YOSBEEN MORALES MÉNDEZ, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual autoriza a diversas personas para los efectos de oír y recibir notificaciones y documentos, asimismo, solicita se declare ejecutoriada la sentencia dictada en autos; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud que de que el autorizado de la parte quejosa aún y con las facultades amplias que confiere dicho precepto legal, no puede autorizar, sustituir o delegar las facultades con que cuenta, si no que ese derecho corresponde realizarlo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Apoya a la anterior consideración la tesis aislada XX.2o.39 K, del rubro "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS.", emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiembre de 2008, Pagina 1180, de la Novena Época. Por otra parte, con relación a la solicitud de que se declare la ejecutoria de la sentencia dictada en autos, dígase a la promovente que una vez que las autoridades responsables con residencia en la Ciudad de México, se encuentren notificadas de la sentencia dictada el quince de febrero del año en curso, se procederá acordar lo conducente en el presente asunto. En consecuencia y en obvio de mayores dilaciones, con apoyo en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de procurar una pronta impartición de justicia y dar celeridad al procedimiento, se requiere requiérase vía telegráfica a las autoridades responsables SECRETARIA DE ENERGÍA y COMISIÓN REGULADADORA DE ENERGÍA, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se encuentre notificado del contenido del presente auto, informe vía telegráfica a este Juzgado, si se encuentran notificados del contenido de los oficios 4131/2019 y 4132/2019, por el cual se les hizo del conocimiento de la sentencia dictada el quince de febrero del año en curso, y de ser así, informe en qué fecha fueron notificados de los mismos. Con el apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, se ordena enviar de nueva cuenta los oficios 4131/2019 y 4132/2019 a las autoridades responsables SECRETRARIA DE ENERGIA y COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, ambas con sede en la Ciudad de México, vía correo certificado con su respectivo acuse de recibo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2046/2017-IV-B, promovido por NORMA ARACELI GUZMÁN ARMENTA; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este juzgado, NORMA ARACELI GUZMÁN ARMENTA, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Comisión Federal de Electricidad y otras autoridades. (fojas 2 a 5) SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. (fojas 7 a 12) TERCERO. Ampliación de la demanda. El quince de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la quejosa ampliando su demanda respecto a las responsables Comisión Federal de Electricidad Distribución y Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos. (fojas 65 y 66). CUARTO. Envío del expediente de amparo para resolución. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 89), se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato; y el quince de mayo de dos mil dieciocho, se procedió al dictado de la sentencia respectiva. QUINTO. Revisión. El ocho de junio de dos mil dieciocho se tuvo a la quejosa interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente asunto, resolviendo el cuatro de octubre de dos mil dieciocho el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento a fin de notificar personalmente a la parte quejosa el contenido de los informes justificados y prevenirla para que ampliara su demanda. SEXTO. Ampliación de la demanda. En atención a lo anterior, el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se ordenó reponer el procedimiento y se ordenó dar vista a la parte quejosa con los informes justificados rendidos por las autoridades Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Centro Sur y Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, ambas de la Comisión Federal de Electricidad, para que manifestara si deseaba señalar como responsables a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, ante lo que el quejoso amplió su demanda de amparo respecto de las aludidas responsables. Cumplidos los lineamientos de la ejecutoria, se celebró de nueva cuenta la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado a las responsables consiste en: a) Multa por la cantidad de $43,848.00 (cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). b) Suspensión del suministro de energía eléctrica. c) Omisión de proporcionar suministro de energía eléctrica. d) Lectura correspondiente al periodo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete al uno de febrero de dos mil dieciocho, contenida en el aviso-recibo del medidor número 47V60B. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados, precisados con los incisos a), b) y c). La Comisión Federal de Electricidad (foja 17), Comisión Federal de Electricidad Distribución (fojas 72 a 77) y Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos (foja 82 a 85) Comisión Reguladora de Energía (foja 197) y Secretaría de Energía (200 a 202) al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclama, consistente en la multa que aduce la quejosa le fue impuesta; suspensión y omisión de proporcionarle servicio de energía eléctrica, sin que ofreciera prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, como la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni de autos se advierte constancia con la que se evidencie la existencia de la orden reclamada; procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época del Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, página 305 de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No escapa a este juzgador, que la parte quejosa ofreció como prueba la revisión de servicios y el aviso-recibo del periodo de cuatro de diciembre de dos diecisiete al uno de febrero de dos mil dieciocho, sin embargo de estos no se desprende la supuesta multa que dice la quejosa le fue impuesta, mucho menos, que se haya suspendido y dejado de prestar el suministro de energía eléctrica. Por tanto, la quejosa no desvirtuó la negativa de las autoridades responsables, de ahí que proceda el sobreseimiento en los términos indicados anteriormente. CUARTO. Existencia del acto reclamado precisado con el inciso d) del considerando segundo. La responsable Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos (fojas 82 a 85), al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la lectura del periodo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete al uno de febrero de dos mil dieciocho, contenido en el aviso-recibo del medidor 47V60B. En consecuencia, debe tenerse por cierto ese acto, pues la manifestación de la responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Además, la certeza del acto reclamado se robustece con el original del aviso-recibo del medidor 47V60B que acompañó la parte quejosa a la ampliación de su demanda de amparo. QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es fundada la causa de improcedencia hecha valer por Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, respecto al acto que se le reclamó, consistente en la lectura correspondiente al periodo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete al uno de febrero de dos mil dieciocho, contenida en el aviso-recibo del medidor número 47V60B. Así las cosas, en el caso, respecto a lo reclamado a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, de la citada ley, dado que lo reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para justificar el anterior aserto, es necesario precisar el contenido de los artículos citados, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." De la interpretación teleológica de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que violen o vulneren los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de ahí que no cualquier acto puede ser sometido al control jurisdiccional por la vía del amparo, sino únicamente aquellos, que provengan o se equiparen a los emitidos por una autoridad. En ese sentido, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto que se reclama no vulnera la esfera jurídica del particular, dado que quien lo emitió no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional. Así, al ser la finalidad del juicio amparo proteger a los particulares por actos u omisiones de autoridad que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, para estar en aptitud de solicitarlo, el quejoso debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad. En ese contexto, una autoridad para efectos del juicio de amparo, será la que teniendo las características de orden público, otorgadas por la norma jurídica tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales, crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado a un en contra de ella. De modo que un acto de autoridad será aquel que entrañe una actuación o abstención de un órgano del Estado frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Lo anterior de acuerdo al concepto de "autoridad" contenido en la tesis XXVII/97, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997 de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio por ser de naturaleza pública es irrenunciable, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Para ello debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones jurídicas de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, entre otras áreas de la ciencia jurídica. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos humanos y garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Entonces, para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, a partir del supuesto de que el promovente tiene el carácter de gobernado, en que el particular se encuentra en un plano desigual frente al ente de gobierno, o en su caso, al particular que ejerce funciones propias de gobernante, protegido por los derechos fundamentales que le deben ser respetados de los cuales es titular por el solo hecho de existir. De ahí que sea preciso considerar las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, que son las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado, o del particular con funciones equivalentes, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado o al particular de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, cuyo rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". En este orden de ideas, estamos frente a actos de autoridad, ya sea que emanen de una autoridad formal o de un particular, este, sin potestad soberana, cuando sus mandatos afectan la esfera jurídica de los particulares, por sí y de manera unilateral, esto es, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales y del consenso de la voluntad del afectado, pues ello implica el ejercicio de facultades decisorias que les están atribuidas en la ley, y que por ende constituyen un Poder Ejecutivo, una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que no se agota, y por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Es necesario acotar que el criterio que debe servir de base para definir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse no tanto a la disposición directa de la fuerza pública y la naturaleza jurídica de quien lo emite, sino a la naturaleza del acto mismo. En esta línea de interpretación, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo (organismo público o particular), debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella. Indicado lo anterior, se tiene que en la especie se impugna el acto consistente la lectura correspondiente al periodo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete al uno de febrero de dos mil dieciocho, contenida en el aviso-recibo del medidor número 47V60B. Sin embargo, dicho acto no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, ha sido criterio reiterado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias número 2a.J 112/2010 y 2a./J 113/2010, que Comisión Federal de Electricidad, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, puesto que las características de ese acto tiene las siguientes notas distintivas: Su origen (aviso-recibo) es un acuerdo de voluntades. La relación jurídica que existe entre este organismo y la otra parte no es de supra subordinación, sino de coordinación, entre dos sujetos que se encuentran obligados por el acuerdo que asumieron. El corte de suministro de energía eléctrica, en su caso, implica que ante el incumplimiento del usuario se deja de prestar el servicio contratado en ejercicio del derecho legítimo de retención de la obligación, presente en cualquier relación contractual. Por tanto, este juzgador considera que COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, al emitir el aviso-recibo que se reclama en esta instancia constitucional, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa, que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Aun cuando el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece establece que: "para los efectos de esta Ley los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general"; lo cierto es que la procedencia del juicio, en esos términos, está condicionada a que los actos de particulares sean equivalentes a los de autoridad; esto es, que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación. Lo que no ocurre en la emisión del aviso-recibo, pues ello deriva ?como se dijo? de actos de una relación de coordinación entre la empresa y el usuario del servicio, derivada de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Es así que la Comisión Federal de Electricidad no realizó actos equivalentes a los de autoridad y, por tanto, el juicio de amparo improcedente. Al caso es aplicable, la jurisprudencia 2a./J.43/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época; Registro: 2006543; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II; Página: 888 de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia de la Época: Décima Época, Registro: 2016656, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h, Materia(s): (Común, Civil), Tesis: 2a./J. 30/2018 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.". En mérito de lo expuesto, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto a lo reclamado a Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del referido ordenamiento. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por NORMA ARACELI GUZMÁN ARMENTA, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución; de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy quince de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
Quedan 38 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Norma Angelica Elvira Lopez51/2022
- Norma Angelica Elvira Lopez1099/2022
- Norma Angélica Martínez Salinas915/2018
- Norma Angelica Mauro Arenas231/2019
- Norma Angelica Mauro Arenas517/2020
- Norma Angelica Mauro Arenas1678/2022
- Norma Beltrán Sánchez1831/2014
- Norma Blanca Sánchez Vega650/2017
- Norma Cabrera Macarti1070/2023
- Norma Calderon Espinosa1639/2022
- Norma Calva García910/2014
- Norma Campos Jiménez2695/2014