Norma Angelica Uribew Vázquez

Expediente 1776/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1776/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
21/01/2019

Partes del expediente

  • Norma Angelica Uribew Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III Toluca, Estado de México; veintiuno de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual comunica la determinación de diecisiete de enero pasado, por la que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Norma Angélica Uribe Vázquez. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencian que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues el presente asunto se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    III. Toluca, Estado de México; once de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Norma Angélica Uribe Vázquez por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en ese orden este órgano jurisdiccional procede a acordar lo relativo a dicha promoción en los siguientes términos: Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, Norma Angélica Uribe Vázquez promovió juicio de amparo en contra el acto reclamado que a continuación se precisa: El oficio DPSH/MAMG/3107/2018, de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual la Jefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en la Delegación Estado de México ISSSTE ordena la suspensión del pago de la pensión por viudez número 1571928, otorgada con motivo del fallecimiento de su esposo Pablo Gutiérrez López, por la compatibilidad de la pensión por viudez y directa. En ese orden, cabe puntualizar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio de amparo. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Sobre tal tópico, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El numeral transcrito prevé tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez en cuyo ámbito territorial deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, pero continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de cualquiera de ellos, a prevención, y 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese tenor, la competencia por razón de territorio en materia de amparo se fija en atención a un criterio unitario, relativo a la naturaleza del acto que puede tener ejecución material o bien, tratarse de actos de naturaleza meramente declarativa. Esto es, para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Sobre esta base, este juzgador federal estima carecer de competencia legal, para conocer de la demanda de garantías de referencia, al actualizarse la primera hipótesis señalada, en atención a las consideraciones siguientes: Toda vez que la parte quejosa señala como actos reclamados: El oficio DPSH/MAMG/3107/2018, de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual la Jefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en la Delegación Estado de México ISSSTE ordena la suspensión del pago de la pensión por viudez número 1571928, otorgada con motivo del fallecimiento de su esposo Pablo Gutiérrez López, por la compatibilidad de la pensión por viudez y directa. Ahora bien, del contenido del oficio de referencia se desprende que va dirigido a la quejosa sin embargo del desahogo de prevención de demanda la quejosa señala que su domicilio se encuentra ubicado en Calle Durazno, número 110, Colonia Loma Colorada, Código Postal 53420, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, domicilio en el cual se encontraba cobrando dicha pensión por concepto de viudez o concubinato a causa del fallecimiento de Pablo Gutiérrez López de la cual era concubina. En consecuencia, si bien es cierto se reclaman actos a una autoridad que tiene su domicilio en esta ciudad de Toluca, Estado de México; sin embargo, el oficio que se combate es de ejecución material en Naucalpan de Juárez, por ser el municipio en el cual la quejosa se encontraba cobrando dicha pensión, por tanto, el órgano jurisdiccional competente para conocer de la presente demanda de amparo, es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, dado que ejerce jurisdicción en el lugar en el que se está acatando materialmente el acto que por esta vía se reclama, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, primer párrafo, establece que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto requiera de ejecución material, se surtirá a favor de aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, es dable concluir que es competente para conocer de la presente demanda de garantías el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, por ser dentro de su jurisdicción, en donde se acatarán los actos materia de la litis. Apoya lo antes expuesto, la tesis publicada en la página 88, volumen 217-228, séptima parte, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 245025, Séptima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AÚN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO". De ahí que, sí existen datos suficientes que acreditan que el domicilio de la quejosa se encuentra ubicado en la residencia donde ese juzgado ejerce jurisdicción, por ser el lugar donde se encontraba efectuando el cobro de pago de pensión por viudez, resulta inconcuso que debe considerarse competente para conocer del presente asunto al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del último domicilio del beneficiario de las pensiones, siendo este el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª./J. 152/2009, publicada en la página 95, del tomo XXX, correspondiente al mes de octubre de 2009, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 166109, cuyos rubro y texto son: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Del mismo modo, apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J. 153/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 94, del tomo XXX, correspondiente al mes de octubre de 2009, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 166110, cuyo tenor es el que a continuación se transcribe: "PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículos 51, 52, 54 y 55, de los que se advierte que para fijar la competencia por materia en los juicios de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora, si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; de ahí que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías instaurado en su contra se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en los lugares en que exista esa competencia especial, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos juicios donde no exista la competencia especializada." Es así, que se considera que el acto reclamado se materializará en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por lo que, resulta evidente que el órgano competente para conocer de la demanda de amparo, lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Es aplicable en lo conducente la tesis 1a./J. 12/95 de la Primera Sala de la Supera Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, con registro 200455, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." En consecuencia, remítase el original del juicio de amparo 1776/2018-III, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que lo turne al juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda conocer de la demanda en cuestión y dentro del plazo que señala el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe si acepta o no la legal competencia que se plantea. Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, incluso en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de la materia, comisione a personal de actuaciones con el objeto de que se sirva notificar a la quejosa Norma Angélica Uribe Vázquez, o cualquiera de sus autorizados la presente determinación en el domicilio ubicado en Calle Durazno, número 110, Colonia Loma Colorada, Código Postal 53420, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta por medio del cual la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicita el acuse de recibo del oficio 45494/2018 por el que devolvió el original del juicio de amparo 1776/2018-III, del índice de este órgano jurisdiccional, con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, el cual se recibió en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito el veinte de diciembre pasado. En consecuencia, no obstante a que se acusó el recibo de estilo correspondiente a efecto de que dicho juzgado homologo federal esté en aptitud de acordar lo relativo acúsese nuevamente el recibo correspondiente. Finalmente, téngase por recibido el oficio enviado por el Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual acusa recibo del exhorto 3/2019 por el cual se le solicitó notificar a la quejosa el auto de cuatro de enero del año en curso e informa haber procedido a su diligenciación, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; cuatro de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta a través del cual la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, devuelve sin diligenciar el exhorto 590/2018-III, derivado del juicio de amparo en que se actúa, por el cual se le solicitó notificar a la quejosa Norma Angélica Uribe Vázquez, el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Acúsese recibo. Por otra parte, no obstante que de la comunicación de referencia se advierte la imposibilidad que tuvo el funcionario adscrito al juzgado exhortado de llevar a cabo la diligencia encomendada por las razones que expone en la razón de imposibilidad de dos de enero del año en curso, sin embargo de autos se advierte que mediante diversa diligencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, el actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se constituyó en el mismo domicilio ubicado en Calle Durazno, número Ciento Diez, Colonia Loma Colorada, código postal 53420, en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y dejo citatorio a la quejosa por conducto de Quetzalli Gutiérrez Uribe, quien refirió que ese es el domicilio de la buscada. Por tanto, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, incluso en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de la materia, comisione a personal de actuaciones con el objeto de que se sirva notificar a la quejosa Norma Angélica Uribe Vázquez, o cualquiera de sus autorizados el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en el domicilio indicado anteriormente. Notifíquese.

  4. Principal

    III)Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta por medio del cual el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remite el juicio de amparo 1430/2018 de su índice estadístico, formado con motivo de la incompetencia planteada en el diverso juicio de amparo 1776/2018-III; asimismo, hace del conocimiento el auto de seis de diciembre del año en curso, por el cual dicho órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado federal. Acúsese recibo. En ese sentido este juzgado de distrito no insiste más y el que provee considera acordar en los siguientes términos: Toda vez que Norma Angélica Uribe Vázquez promovió demanda de amparo en contra de la autoridad siguiente Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en la Delegación Estado de México del ISSSTE, contra el acto consistente en: 1). El oficio DPSH/MAMG/3107/2018, de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual la Jefa del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en la Delegación Estado de México ISSSTE ordena la suspensión del pago de la pensión por viudez número 1571928, otorgada con motivo del fallecimiento de su esposo Pablo Gutiérrez López, por la compatibilidad de la pensión por viudez y directa. Por tanto, con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que "bajo protesta de decir verdad", dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, y con cuatro copias de éste, de ser el caso, aclare la demanda de amparo, en los puntos que se precisarán más adelante y, entendiendo de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 236 y 237 de la Ley de Amparo. ÚNICO. "Bajo protesta de decir verdad", deberá señalar de manera clara y precisa el domicilio donde radica actualmente y en el cual cobraba la pensión de viudez. Lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo conducente respecto de la competencia del presente juicio de amparo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J. 152/2009, publicada en la página 95, del tomo XXX, correspondiente al mes de octubre de 2009, publicada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 166109, cuyos rubro y texto son: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 145, visible en la página 119, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA. EL JUEZ DE DISTRITO AL ABOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito se aboca al conocimiento de una demanda de garantías que se intentó por la vía directa, por virtud de haberse declarado incompetente un Tribunal Colegiado de Circuito, debe prevenir al quejoso en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo a fin de que, con el objeto de regularizar el procedimiento, satisfaga los requisitos que debe llenar la demanda de amparo indirecto previstos por el artículo 116 del propio ordenamiento jurídico; pues si el Juez de Distrito se limita a notificar el auto de radicación del asunto, a fin de que sea el quejoso el que lo recurra para que se regularice el procedimiento, se impone a éste una carga adicional procesal que transgrede el principio de igualdad procesal de las partes". Y la jurisprudencia P./J. 127/99, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1999, Tomo X, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL (PROTESTO LO NECESARIO) Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento al requerimiento inserto en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones se encuentra ubicado en calle Durazno número 110, colonia Loma Dorada, Código Postal 53420, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México el cual se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, con el objeto de que en auxilio de las labores de este juzgado, incluso en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de la materia, comisione a personal de actuaciones con el objeto de que se sirva notificar a la quejosa Norma Angélica Uribe Vázquez, o cualquiera de sus autorizados el presente proveído en el domicilio indicado anteriormente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización concedida por la comisión de carrera judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6826/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de dicha comisión, quien actúa con el Secretario Juan Alejandro de la Cruz Martínez Bohórquez que autoriza, firma y da fe.

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