Norma Angélica Tierrafria Enríquez
Expediente 532/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 05/10/2015
Partes del expediente
- Norma Angélica Tierrafria Enríquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
se declara que ha causado estado dicho proveído... Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo... se deja a disposición de la parte quejosa el documeto original por el plazo de noventa días...
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días concedido a la amparista por auto de once de agosto pasado para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el citatorio de veinticuatro de julio de dos mil quince -averiguación previa FTL/TLP-4/T3/00282/15-03-, transcurrió del diecinueve de agosto al ocho del presente mes, sin que lo hubiera realizado. En consecuencia, se tiene por precluido el derecho para señalar como diverso acto el que se indicó y se resolverá el presente asunto únicamente por cuanto hace a los actos reclamados que se precisaron en el auto de veinticuatro de julio de la presente anualidad. En ese sentido, del análisis de la demanda se observa que la justiciable señaló como actos reclamados la orden de detención, presentación, comparecencia o arresto por treinta y seis horas, así como su ejecución, atribuidos al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Dos de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia TLP-2; Agente del Ministerio Público de la Unidad Tres Con Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia TLP-4; y Director de la Policía de Investigación, Coordinación Territorial TLP-2, Unidad Dos Sin Detenido, todos de la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La autoridad indicada en último término no existe con tal denominación, según se advierte de la razón actuarial de veinticinco de junio pasado (foja 38), por tanto, no puede existir el acto de ella reclamado. Por otro lado, no son ciertos los actos reclamados de las autoridades restantes -con excepción de la orden de comparecencia reclamada de la autoridad citada en primer término, que será materia de estudio en párrafos precedentes-, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que exista medio de convicción en contrario. Ahora, es cierto el acto consistente en la orden de comparecencia, atribuida al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Dos de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia TLP-2 de la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, no obstante que haya negado su existencia al rendir su informe justificado, pues de las manifestaciones que expuso en dicha comunicación se advierte que efectivamente el veintiocho de mayo y uno de junio pasado, giró citatorios a la quejosa para que compareciera ante dicha representación social, con el apercibimiento de no hacerlo se haría acreedora a un arresto hasta por treinta y seis horas, lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexó a tal informe; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional considera que en la especie sobrevino de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados dejan de incidir en la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que los actos de autoridad ya no pueden producir efecto alguno, ya sea porque fueron sustituidos procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlos, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto los actos reclamados. Lo expuesto, se retoma de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como de la diversa emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese contexto, conforme a las razones que sustentan tales criterios, es menester para que se actualice la causal de improcedencia que se analiza, lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; y c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En ese sentido, como se dijo, de la documental remitida por la autoridad ministerial responsable se aprecia que el quince de mayo y uno de junio de la presente anualidad giró citatorio con apercibimiento a la quejosa para que compareciera ante dicha autoridad; sin embargo, el veinte de julio pasado dejó insubsistentes dichos mandamientos, así como sus respectivos apercibimientos, actuación que implica que los efectos de los actos reclamados fueron destruidos en forma total e incondicional, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación controvertida, como si se hubiera concedido el amparo. Bajo esta óptica, es incuestionable que con tal actuar de la autoridad responsable se colmaron los requisitos -antes anotados-, para tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio. En ese contexto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el juicio en que se actúa, de conformidad con el artículo 63, fracciones IV y V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, a las once horas...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de nueve de septiembre de dos mil quince, que en lo conducente dice: "Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días concedido a la amparista por auto de once de agosto pasado para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el citatorio de veinticuatro de julio de dos mil quince -averiguación previa FTL/TLP-4/T3/00282/15-03-, transcurrió del diecinueve de agosto al ocho del presente mes, sin que lo hubiera realizado. En consecuencia, se tiene por precluido el derecho para señalar como diverso acto el que se indicó y se resolverá el presente asunto únicamente por cuanto hace a los actos reclamados que se precisaron en el auto de veinticuatro de julio de la presente anualidad. En ese sentido, del análisis de la demanda se observa que la justiciable señaló como actos reclamados la orden de detención, presentación, comparecencia o arresto por treinta y seis horas, así como su ejecución, atribuidos al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Dos de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia TLP-2; Agente del Ministerio Público de la Unidad Tres Con Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia TLP-4; y Director de la Policía de Investigación, Coordinación Territorial TLP-2, Unidad Dos Sin Detenido, todos de la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La autoridad indicada en último término no existe con tal denominación, según se advierte de la razón actuarial de veinticinco de junio pasado (foja 38), por tanto, no puede existir el acto de ella reclamado. Por otro lado, no son ciertos los actos reclamados de las autoridades restantes -con excepción de la orden de comparecencia reclamada de la autoridad citada en primer término, que será materia de estudio en párrafos precedentes-, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que exista medio de convicción en contrario. Ahora, es cierto el acto consistente en la orden de comparecencia, atribuida al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Sin Detenido Dos de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia TLP-2 de la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, no obstante que haya negado su existencia al rendir su informe justificado, pues de las manifestaciones que expuso en dicha comunicación se advierte que efectivamente el veintiocho de mayo y uno de junio pasado, giró citatorios a la quejosa para que compareciera ante dicha representación social, con el apercibimiento de no hacerlo se haría acreedora a un arresto hasta por treinta y seis horas, lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexó a tal informe; documentales que tienen valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional considera que en la especie sobrevino de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De dicho precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados dejan de incidir en la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que los actos de autoridad ya no pueden producir efecto alguno, ya sea porque fueron sustituidos procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlos, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice es necesario una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto los actos reclamados. Lo expuesto, se retoma de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como de la diversa emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese contexto, conforme a las razones que sustentan tales criterios, es menester para que se actualice la causal de improcedencia que se analiza, lo siguiente: a) Que la autoridad responsable actúe en un determinado sentido, ya derogando, revocando o sustituyendo el acto reclamado; b) Que con ese actuar se destruyan todos sus efectos; y c) Como consecuencia de lo anterior, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En ese sentido, como se dijo, de la documental remitida por la autoridad ministerial responsable se aprecia que el quince de mayo y uno de junio de la presente anualidad giró citatorio con apercibimiento a la quejosa para que compareciera ante dicha autoridad; sin embargo, el veinte de julio pasado dejó insubsistentes dichos mandamientos, así como sus respectivos apercibimientos, actuación que implica que los efectos de los actos reclamados fueron destruidos en forma total e incondicional, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación controvertida, como si se hubiera concedido el amparo. Bajo esta óptica, es incuestionable que con tal actuar de la autoridad responsable se colmaron los requisitos -antes anotados-, para tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio. En ese contexto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el juicio en que se actúa, de conformidad con el artículo 63, fracciones IV y V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, a las once horas...
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la autorizada de la quejosa... resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto la promovente de amparo dé cumplimeinto al requerimeinto formulado...
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