Norma Angélica Quintana Carrera

Expediente 158/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
158/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/04/2021

Partes del expediente

  • Norma Angélica Quintana Carrera
  • Ana Karla Saucedo Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como asesor jurídico de los directos quejosos ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** y ****, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Recepción de la demanda Vista la demanda de amparo presentada por *, quien se ostenta como asesor jurídico de los directos quejosos *, *, *, *, *, *, *, *, * y * en la causa penal * del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo; reclamo de derechos que se formula en contra de un acto del juez de control del referido órgano jurisdiccional, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 20 y 21 constitucionales.. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 158/2021-5. Desechamiento de la demanda Del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte agraviada reclama del juez de Control del Sistema Acusatorio y Oral de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Celaya, la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno asumida en el recurso de revocación, dictada en la causa penal *, donde se confirma la decisión del juez de control en el sentido de negar la reapertura de la fase de investigación, como lo solicitó la parte agraviada. Destaca que la causa penal subyacente se encuentra en periodo de instrucción, específicamente, en la etapa intermedia. Al efecto, cabe apuntar que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el procedimiento penal comprende de tres etapas: I. La de investigación, que abarca las fases de: a) investigación inicial, que inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; y b) La complementaria, que comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. En la especie, el acto reclamado ocurrió en la etapa intermedia, habida cuenta que se generó después del cierre de la investigación. En virtud de lo anterior, este operador jurídico considera que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; así, de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. El citado criterio se encuentra en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro 2006589, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De lo anterior se colige que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que estos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial, en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la constitución o en los tratados internacionales que el Estado Mexicano tenga suscritos y no que solamente tengan una consecuencia procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. El prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que estos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por estos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que el agraviado obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En esta tesitura, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos consagrados en la constitución o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con él, en su caso, únicamente se vulneran derechos adjetivos o procesales y, la parte quejosa puede obtener al finalizar la causa penal de origen una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto solo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de cuya interpretación a contrario sensu, se obtiene que cuando dicho acto no sea susceptible de ocasionar una afectación material de "imposible reparación" respecto de un derecho sustantivo, el juicio de amparo indirecto será improcedente. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de aquellos que causen a la agraviada una violación inmediata y directa de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa. Ciertamente, el acto que se combate en esta instancia federal, constituye, en su caso, una violación que no es de imposible reparación, porque puede ser enmendada en sentencia definitiva, si la autoridad competente determina emitir fallo absolutorio en favor de la solicitante de la tutela federal. Por lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 5, fracción I de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, del propio ordenamiento legal, procede desechar la demanda de amparo de cuenta. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de índole personal, el proporcionado para tal efecto, no así los correos electrónicos que se indican en el escrito de demanda; sin embargo, serán tomados en consideración a efecto de que, en su caso, se establezcan vías de contacto efectivo en los supuestos que se estime conveniente. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las persona que autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho, como así lo exige dicho ordinal (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita, máxime que la promovente del amparo expresamente manifestó su oposición a la publicación de sus datos personales.

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